La Cámara de Diputados aprobó este viernes el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de la solicitud que presentara la Fiscalía General de la República (FGR) que lo acusa de supuestos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
#ÚltimaHora Con 302 votos a favor, 134 en contra, 14 abstenciones se avala dictamen de Sección Instructora, relativo al procedimiento de declaración de procedencia en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, solicitado por la @FGRMexico en contra del gobernador del estado de Tamaulipas. pic.twitter.com/QM5P9xvMpB
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 30, 2021
El debate se extendió por más de seis horas y marcó el cierre del período de sesiones ordinarias. El proceso fue aprobado con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.
“La Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria: ha lugar a proceder en contra del gobernador del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri. “Comuníquese la presente resolución”, se indicó en el texto final.
Con esto, se remite dicha solicitud al Congreso de Tamaulipas, que también deberá analizar y someter a votación el desafuero de García Cabeza de Vaca. A nivel local es el PAN quien tiene mayoría legislativa.
El mandatario estatal fue desaforado únicamente por el delito de defraudación fiscal equiparada, mientras que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no fueron acreditados.
Cabeza de Vaca, que culminaría su sexenio el próximo año, ha rechazado los cargos; mientras el PAN y otras organizaciones han llamado al respetar la ley y la Constitución, calificando el proceso como un “abuso de poder”.
Frente a una gran pancarta que decía “¡basta de persecución política! ¡Alto al uso electoral de la justicia”, que levantaron congresistas opositores en medio del salón de debates, el coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que la motivación del proceso “no es el combate a la corrupción” sino la “urgencia de incrementar distractores ” de cara a las elecciones de junio próximo.
A los cuestionamiento se sumó también la diputada del PAN, Adriana Dávila, quien acusó, sin mostrar pruebas, al mandatario Andrés Manuel López Obrador de haber ordenado la investigación de la Fiscalía, y afirmó que la acción contra García Cabeza de Vaca era una “venganza” del mandatario..
Por su parte, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, negó los señalamientos de los opositores de que el proceso contra García Cabeza de Vaca respondía a una maniobra del gobierno, e indicó que su grupo parlamentario será recordado por impulsar acciones para hacer frente a un “estado fallido, un narcoestado”, en referencia a Tamulipas.
A la discusión en la Cámara de Diputados no acudió García Cabeza de Vaca, mientras que su representación legal, el abogado Alonso Aguilar Zínser, se presentó vía remota, ya que la sesión fue semipresencial.
Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR investigaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Les presento mi postura ante la decisión tomada este día en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. pic.twitter.com/kzhDDYe1Ye
— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) April 30, 2021
En un video publicado en sus redes sociales, el gobernador indicó que con la aprobación de su desafuero, Morena consuma un nuevo golpe a la Constitución, a la democracia y al federalismo. “Es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno”, dijo el mandatario estatal.
Advirtió que la ley en México vive “días oscuros”, pues no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos.
“Sé que mi suerte se decidió hace mucho tiempo; mucho antes de qué se me acusara, justo desde el momento en que alce la voz para defender los intereses de las y los tamaulipecos (…) el odio al adversario, al que piensa diferente, se ha convertido en política pública de este gobierno federal”.
“Es claro que cuando hay consigna ninguna prueba o razonamiento jurídico es suficiente para que impere la verdad y la razón. Y es que en este desafuero no es una causa de justicia, sino una venganza política; el uso sucio de las instituciones del gobierno federal”, sostuvo el panista.
Señaló concretamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de ser utilizada para inventar delitos y fabricar culpables que puedan distraer la atención de los malos resultados que ha dado el gobierno federal.
