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La bancada de Morena en el Senado ha propuesto que tan pronto el titular del Ejecutivo deje el cargo, pueda ser nombrado como legislador en la Cámara Alta y con ello gozar de fuero.

Fue el senador Alejandro Rojas Díaz-Durán, suplente de Ricardo Monreal, quien anunció una iniciativa para que los expresidentes opten por ser senadores de la República, tan pronto terminen su administración.

Ante la polémica que surgió, señalando que esta iniciativa busca beneficiar al presidente Andrés Manuel López Obrador, el morenista aclaró que en caso de aprobarse, entraría en vigencia hasta 2030, esto significa que ningún expresidente anterior, incluido López Obrador, gozaría de dicho derecho.

“Con ello en mente, propongo una reforma al artículo 56 de la Constitución que valora la experiencia y el capital político de nuestros expresidentes en beneficio de nuestro país. Es esencial reconocer y aprovechar el conocimiento adquirido en la dirección de nuestra nación”, explicó el legislador.

La propuesta contempla que los expresidentes puedan optar por un escaño en el Senado por un periodo de seis años, sin necesidad de ser electos en las urnas; no integrarán el quórum legislativo (no tendrán que pasar lista); no recibirán remuneración alguna ni tendrán derecho a la dieta correspondiente. Tendrán derecho a la voz y no podrán ser reconvenidos por sus opiniones. A esto habría que sumarle el fuero constitucional del que se les dotaría.

Recordemos que López Obrador ha sido enfático en señalar que tan pronto termine su administración, se retirará de la vida política del país y no volver a tener ninguna aparición pública comentando sobre temas de interés nacional.

Rojas Díaz-Durán explicó que esta iniciativa ya tiene antecedentes en otras partes del mundo, como sucede con los expresidentes en Paraguay e Italia, que continúan aportando al bienestar de sus naciones.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, reaccionó al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ayer confirmó que su fuero constitucional seguía vigente, además de que desestimó las denuncias y orden de aprehensión que había en su contra.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el gobernador dijo que a poco más de un año, la Suprema Corte había dejado claro que siempre tuvo la razón y que en todo momento actuó con estricto apego la verdad.

“La corte revierte la burda persecución política en mi contra y de mi familia, así como reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada por una mayoría legislativa facciosa en la Cámara de Diputados”, sostuvo el panista.

Afirmó que la resolución de los ministros de la Corte calificaba como ilegal la actuación de los Diputados de Morena en su intento por desaforarlo, y por otro lado, destacaron la ilegalidad de un juez federal que sin motivo ni fundamento intentó removerlo “a la mala” como gobernador.

Sostuvo que las denuncias promovidas en su contra fueron fabricadas por Morena, y estaban sustentadas en mentiras. Además, acusó que el proceso de desafuero fue impuesto por el partido en el gobierno para sacar “tajada política” en los procesos electorales del 2021 y 2022.

Recordemos que apenas este año, Tamaulipas renovó gobierno estatal, siendo el candidato de la alianza encabezada por Morena, Américo Villarreal, quien se impuso en la elección, con lo que arrebató al PAN la entidad.

Cabeza de Vaca indicó que el juez de control que lo acusó, en lugar de observar la Constitución, se dejó intimidar y actuó por consigna a pesar de la falta de elementos y de las inconsistencias del proceso.

“La decisión de la Suprema Corte es muy importante porque va más allá de Tamaulipas al hacer valer la Constitución y el federalismo frente a los intereses políticos sectarios”, añadió.

Dijo que con la decisión de ayer, el Poder Judicial sienta un precedente que libera de amenazas y sometimiento político a otros gobernadores, pero también a diputados locales, magistrados, así como a fiscales autónomos estatales.

“Reconozco a las instituciones y a la separación de poderes. Agradezco a las y los tamaulipecos que siempre confiaron en mí, en mi honor, en mi historia; en una historia de lucha por defender siempre a Tamaulipas y a su gente. Como se los dije desde el inicio que todo esto empezó: he demostrado mi inocencia, sacudiré mi honra del lodo que por motivaciones electorales han aventado sobre mí y seguiré trabajando con nuevos bríos por mi estado y por México”, sostuvo el gobernador.

Finalizó asegurando que él al igual que los tamaulipecos, nunca se doblegará frente al poderoso y mucho menos ante la mentira.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió esta tarde dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso del Estado de Tamaulipas, sobre el fuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como de una orden de aprehensión que se había girado en su contra.

En la primera demanda, el Congreso local impugnó la validez del Dictamen de Declaración de Procedencia iniciado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del panista; mientras que, en la segunda, impugnó tanto la solicitud de orden de aprehensión realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), como la orden respectiva expedida por un juez penal en contra del Titular del Poder Ejecutivo local.

En el primer caso, la Sala de la Suprema Corte reconoció la validez del Dictamen de Declaración de Procedencia referido y estableció que ese pronunciamiento no elimina, por sí mismo, la inmunidad procesal de la que goza el gobernador de dicha entidad federativa, es decir, su fuero constitucional.

En este sentido, el Alto Tribunal consideró que el procedimiento para retirar la inmunidad procesal del Ejecutivo de una entidad federativa es complejo pues en éste interviene la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y posteriormente el congreso de la entidad federativa correspondiente quien, en última instancia, decide si un servidor público estatal puede ser enjuiciado penalmente por la comisión de un delito federal durante el periodo en el que ejerce su cargo.

Así, la Sala resolvió que el efecto de la Declaración de Procedencia que realice la Cámara de Diputados solamente es para ser comunicada a la legislatura local a fin de que ésta determine lo que corresponda conforme a la facultad ya mencionada, sin que ello implique una vulneración a la competencia del Poder Legislativo de Tamaulipas.

Por consiguiente, el Máximo Tribunal declaró infundada la controversia y reconoció la validez del Dictamen citado.

Por otra parte, en relación con la controversia interpuesta para reclamar la solicitud de orden de aprehensión realizada por la FGR, y la orden de aprehensión expedida por un juez penal en contra del García Cabeza de Vaca, la Primera Sala advirtió que estas autoridades no solo desconocieron y vulneraron las facultades del Congreso local al considerar que el Titular del Poder Ejecutivo es susceptible de ser imputado por la comisión de delitos federales; sino que además, se sustituyeron en éste, pues el despliegue de sus facultades en contra del gobernador requiere que previamente se determine que tal funcionario es susceptible de ser procesado penalmente conforme al procedimiento constitucional antes descrito, es decir, el desafuero.

A partir de lo expuesto, la Primera Sala concluyó que tanto la solicitud de orden de aprehensión, como la decisión de emitirla, vulneran una facultad constitucionalmente asignada en favor del Congreso del Estado de Tamaulipas, por lo que declaró su invalidez.

Recordemos que el proceso de desafuero y la orden de aprehensión contra el gobernador del PAN comenzaron en 2021 a solicitud de la Fiscalía General de la República, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal. Posterior, la Cámara de Diputados desaforó al gobernador, sin embargo, el proceso siguió en el Congreso local.

El gobernador era señalado de participar en posibles operaciones de lavado de dinero por más de 100 millones de pesos, recursos que provenían de actos de corrupción.

Un juez suspendió de manera provisional la orden de captura que se encontraba vigente en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que es acusado de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado agraviado no deberá ser privado de su libertad personal, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”, notificó el lunes el juez octavo de distrito de Tamaulipas.

Y es que el pasado 19 de mayo, un juez emitió una orden de captura en contra de García Cabeza de Vaca, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) lanzó una alerta migratoria para dar con el paradero del gobernador.

Y aunque había señalamientos de que García Cabeza de Vaca estuviera ya en Estados Unidos, ayer reapareció en una reunión de trabajo con su gabinete en la sede del gobierno de Tamaulipas.

Ante el amparo interpuesto por el gobernador, el juez estimó que García Cabeza de Vaca mantiene “la protección o inmunidad procesal penal que la propia Constitución Política del Estado de Tamaulipas le otorga”. Para que entre en vigor la suspensión temporal de la orden de captura, el juez fijó una fianza de 100,000 pesos al gobernador.

También convocó a una nueva audiencia para el 7 de junio en la que se decidirá si se suspende la orden de captura de manera definitiva.

La Cámara de Diputados aprobó en días pasados levantar la inmunidad judicial del gobernador para permitir que fuera procesado, pero el Congreso de Tamaulipas votó a favor de mantener su fuero. Sin que la Suprema Corte de Justicia aclarara la situación jurídica en la que quedó García Cabeza de Vaca, la Fiscalía obtuvo la orden de captura de parte de un juez.

El gobernador denunció que dicha orden de captura obedece a “motivos políticos” y que “se tomó en Palacio Nacional”, apuntando así al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que en evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, se giró una orden de aprehensión en su contra, a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que se mantiene vigente e intocable el fuero que la ley le otorga.

A través de un posicionamiento público, el mandatario denunció que no se le ha dejado defenderse, pues no se le ha permitido conocer y comparecer a la carpeta de investigación.

El panista sostuvo que la orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) demuestra que se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del gobierno federal, y de su partido.

Añadió que todo coincide con que la preferencia electoral de los ciudadanos a favor de Morena va en “franco declive”.

“No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno. Eso solo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional”, enfatizó el mandatario estatal.

Adelantó que como lo ha hecho desde que que iniciaron los ataques en su contra, se defenderá de “frente” a las falsas imputaciones, pese a reconocer que el piso no es parejo y que la ley ha quedado “sepultada por el capricho”.

Sobre los señalamientos que hizo el gobernador, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que es una cuestión que está tratando la Fiscalía, que recordó, es autónoma; se deslindó de las acciones que se han emprendido.

“Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores. que esa es su doctrina, la hipocresía”, sostuvo AMLO.

Al decir que como titular del poder Ejecutivo no puede encubrir a nadie y actuar como tapadera, pidió dar a conocer el oficio que el gobierno de Estados Unidos envió a México solicitando información del gobernador en relación a una investigación que llevan a cabo por el posible delito de lavado de dinero.

Explicó que si no compartía el oficio, los adversarios tendrían elementos para decir que todo se trata de una persecución política, lo cual negó; aunque dijo que si se llegaba a dar el caso de que al gobernador se le detuviera en EUA, cómo iba a quedar México, “como tapadera”.

Finalmente, se informó que el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria a nombre de García Cabeza de Vaca, a solicitud de la Fiscalía.

“Con el propósito de verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación -aéreos, marítimos o terrestres- del territorio nacional”, indicó el INM.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el Congreso estatal, donde el PAN, partido del mandatario estatal tiene mayoría, determinó que no procedía la homologación de la declaración de procedencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los legisladores del estado ‘protegieron’ al gobernador.

El Congreso de Tamaulipas indicó el viernes pasado que García Cabeza de Vaca, en su calidad de gobernador constitucional, debía seguir fungiendo en el cargo público para el que fue electo en 2016, por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de la entidad.

“Según estas disposiciones, cuando se trate de servidores públicos del ámbito local, corresponde en última instancia al Congreso del estado determinar si procede la homologación de la declaración de procedencia realizada por la Cámara y, en su caso, el retiro del fuero, ya que la declaratoria federal tiene un efecto puramente declarativo”, justificaron los legisladores locales.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien deberá resolver el desafuero del gobernador.

“No tiene fuero, pero el Congreso de Tamaulipas lo protegió, es un proceso legal, yo creo que va a ser resuelto por la Corte, van a decidir cuál es el procedimiento adecuado, correcto y no nos adelantemos, ni en favor de una opción o de otra”, dijo AMLO al ser cuestionado sobre el tema..

Tras lo expresado por el mandatario, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, consideró de igual forma que el gobernador ya no tiene protección legal. “La Cámara de Diputados ya votó la declaración de procedencia, por lo tanto en mi opinión efectivamente ya no tiene fuero”, afirmó este lunes Sánchez Cordero.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Pero el caso ha tomado notoriedad debido a que falta poco más de un mes para las elecciones del próximo 6 de junio.

El PAN, principal opositor del gobierno federal, y el propio García Cabeza de Vaca, han insistido en calificar los hechos como una persecución política.

Ayer, el panista publicó en sus redes sociales un video en el que muestra el certificado fiscal que expidió un notario público con su declaración patrimonial y el pago de los impuestos correspondientes, esto ante las acusaciones de la UIF en relación a la compra-venta de un inmueble en la Ciudad de México.

“Ante las falsas acusaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en relación a la compra-venta de un departamento en la CDMX”, dijo García Cabeza de Vaca en su mensaje, quien aseguró que declaró y pagó los impuestos correspondientes a dicha transacción.

En el video se observa un documento, mientras una voz explica que, “aquí se muestra el certificado fiscal emitido por el notario público, de la compra-venta del departamento, donde se reporta el pago de los impuestos correspondiente.

Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de Morena por el Distrito 11 en Puebla y quien busca su reelección al cargo, fue detenido este miércoles por policías de la Ciudad de México, debido a una acusación de delitos sexuales.

De acuerdo con información dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, un menor de 15 años lo acusó de realizarle tocamientos corporales; el denunciante dijo a los agentes de la policía que mientras se encontraba con el sujeto por cuestiones de trabajo, este comenzó a tocarlo de manera inapropiada, por lo que se dirigió con el gerente del inmueble en busca de apoyo.

Los policías explicaron que, tras recibir la alerta, se aproximaron a la calle Roma, en la colonia Juárez, donde empleados de un hotel tenían detenido a un hombre, quien, de acuerdo con el adolescente, intentó abusar sexualmente de él.

Tras resguardar al menor de edad y orientarlo para presentar su denuncia y recibir apoyo legal y psicológico, los agentes detuvieron al diputado de 63 años, y después de informarle sus derechos de ley, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.

Al momento de su detención, el sujeto advirtió a los policías que que no podían llevar a cabo su detención porque tenía fuero por ser diputado federal. Recordemos que Huerta Corona inició su periodo como diputado el 29 de agosto de 2018, finalizando su gestión el 31 de agosto de 2021.

La Fiscalía señaló que la defensa del acusado presentó diversas documentales para acreditar que su representado cuenta con fuero constitucional “por lo que la investigación continuará sin detenido”; horas más tarde, el diputado de Morena fue liberado.

“Es necesario señalar que en caso de que el representante social reúna los datos de prueba necesarios para judicializar la carpeta de investigación, solicitaría un juicio de procedencia para buscar su desafuero”, señaló la Fiscalía.

Por la tarde, y en conferencia de prensa de la Cámara de Diputados, el legislador indicó que todo se trató de un “intento de extorsión y chantaje”.

Dijo que tras mi detención, se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, y l no existir evidencia pericial alguna, se determinó dejarlo en libertad; negó haber recurrido a su fuero para obtener su libertad.

“Quiero mencionar que además de diputado soy abogado y que desde un inicio tuve la disposición para aclarar el tema ante las autoridades judiciales, en ningún momento recurrí a mi fuero que está contenido en la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso en su artículo 11, párrafo 3, el cual señala que “no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal”. Continuaré pendiente del proceso que se siga por las investigaciones que de este asunto deriven. Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz”, precisó el morenista.

Pidió a las autoridades que se deslinden las responsabilidades, y advirtió que si alguien está detrás de la acusación en su contra, irá hasta las últimas consecuencias.

El presidente de México podrán ser imputado y juzgado por cualquier delito cometido a partir de mañana, después de que este viernes se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a los artículo 108 y 111 de la Constitución mexicana, que implican cambio al fuero especial presidencial.

Con las nuevas disposiciones, los presidentes podrán ser juzgados mientras ocupen el cargo por delitos como traición a la patria, corrupción y delitos electorales, entre otros, como cualquier otro ciudadano.

Y aunque la noticia se difundió como que se acaba el fuero presidencial, especialistas refieren que es falso que desaparezca, pues el trámite de desafuero para que pueda ser imputado, se conserva.

Para proceder penalmente contra el presidente sólo se necesitará acusarlo ante el Senado, el cual atenderá el caso conforme a la legislación vigente. Para esto, serán derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el acuerdo.

Recordemos que el pasado 26 de noviembre, el Senado aprobó con 89 votos a favor y 23 en contra de los cambios al fuero presidencial, casi dos años después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentara la iniciativa.

La publicación en el DOF de da luego de que fuera aprobador por las legislaturas estatales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como un “hecho histórico” la aprobación que se dio la tarde de ayer en el Senado a la reforma que elimina el fuero presidencial y abre la puerta a que los mandatarios puedan ser juzgados mientras están en funciones.

La reforma, que tras haber quedado aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado debe ser ratificada por la al menos la mitad más uno de la mayoría de los congresos estatales, modifica el artículo 108 de la Constitución, que establece que el presidente solo puede ser acusado de traición a la patria y delitos graves mientras esté en el cargo.

La modificación añade que podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común.

“Ahora con esta iniciativa, con esta reforma a la Constitución, se va a poder juzgar al presidente por cualquier delito, como cualquier ciudadano”, celebró el presidente en su conferencia matutina.

El mandatario consideró la reforma como “un gran avance” luego de más de 150 años de mantener el “privilegio” en la Constitución; confió en que la modificación entrará en vigor antes de terminar el año, esperando tener el apoyo de 17 de los 32 congresos estatales.

Recordemos que la iniciativa que envió estuvo casi dos años estancada por falta de consensos en el Congreso. La reforma fue finalmente aprobada en septiembre por la Cámara de Diputados y ayer por el Senado, donde obtuvo 89 votos a favor y 23 en contra.

El Senado aprobó esta tarde la reforma constitucional que elimina el fuero presidencial para que así los mandatarios del país puedan ser juzgados mientras estén en el cargo, una iniciativa impulsada por el actual titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con 89 votos a favor y 23 en contra, la Cámara Alta ratificó la reforma constitucional, que había sido aprobada en septiembre pasado por la Cámara de Diputados y que ahora tiene que ser validada por la mayoría de los 32 Congresos estatales del país.

Recordemos que López Obrador, envió la iniciativa en febrero pasado por segunda vez, ya que su primer propuesta no prosperó en el Congreso. En ella AMLO solicitaba a los legisladores la supresión del fuero al considerarlo un privilegio.

La reforma modifica el artículo 108 de la Constitución, que hasta ahora establece que el presidente solo puede ser acusado de traición a la patria y delitos graves mientras esté en el cargo.

La nueva propuesta añade: “Podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común”.

Cuando la Cámara de Diputados aprobó a principios de septiembre la iniciativa, López Obrador lo consideró “un hecho histórico” y deseó que en un futuro se suprima el fuero para otros servidores públicos, “para que estemos en igualdad de circunstancia”.

La supresión del fuero forma parte de las promesas que AMLO hizo en campaña, y se enmarca en el combate a la corrupción y la supresión de privilegios que ha impulsado. Sobre ello, recordemos que López Obrador solicitó una consulta ciudadana para 2021 en la que la ciudadanía decida si el gobierno debe investigar y en su caso denunciar por corrupción a los expresidentes del país.

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, logró un acuerdo con los otros coordinadores parlamentarios para que la reforma pudiera avanzar. Para lograr el apoyo, el morenista estableció un compromiso de iniciar por separado la modificación constitucional para que también puedan ser imputados y llevados a juicio penal los diputados federales y senadores.

En ese sentido, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el dictamen que busca que las y los legisladores federales puedan ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.

El proyecto de decreto se deriva de una iniciativa que presentaron los coordinadores de todos los Grupos Parlamentarios en la plenaria del 19 de noviembre pasado, y que adiciona un párrafo tercero al artículo 108 de la Constitución Política. El dictamen se aprobó con 18 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebró este jueves “el hecho histórico” de que la Cámara de Diputados aprobara retirar el fuero a los presidentes y se les pueda juzgar por delitos cometidos durante su mandato.

“Es un hecho histórico que se apruebe quitar este fuero al presidente. Ojalá y se siga el mismo ejemplo y se pueda aplicar esto a otros servidores públicos, representantes populares, para que estemos en igualdad de circunstancia”, expresó en su conferencia matutina.

Con una mayoría calificada de 420 votos a favor, 15 abstenciones y cero en contra, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen de reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución.

El texto establece que los mandatarios podrán ser imputados o juzgados por delitos cometidos “durante el tiempo de su encargo” como corrupción “y todos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”.

El dictamen fue remitido al Senado para su estudio y ratificación, un proceso para el que López Obrador no cree que “haya ningún problema”.

Posteriormente, más de la mitad de los congresos estatales tendrán que aprobar el nuevo texto para que sea incluido en la Constitución.

“Esta fue una iniciativa que enviamos al Congreso. Fue uno de los compromisos que hicimos a lo largo de mucho tiempo de lucha desde la oposición, y nos comprometimos que al llegar al Gobierno se iba a terminar con el fuero presidencial”, recordó el dirigente.

El presidente también aplaudió la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que echó para atrás la prohibición del INE para transmitir las conferencias mañaneras en Hidalgo y Coahuila, debido a las elecciones que tendrán.

“Solo apuntar que de acuerdo al Tribunal Electoral estas conferencias, estos diálogos circulares sin censura y con absoluta libertad, no interfieren con los procesos electorales”.

AMLO indicó que el Tribunal coincidió con lo que él ha venido sosteniendo, acerca de que las mañaneras no se consideran propaganda, sino garantizar el derecho de los mexicanos la información.

López Obrador acusó que sus adversarios lo querían limitar y censurar, por lo que tuvieron que recurrir a la instancia correspondiente para impugnar la decisión del INE.

Los Diputados  aprobaron esta tarde reformas a los artículos 108 y 111 Constitucional, lo que permitirá que el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos electorales y de corrupción, así como otros considerados graves.

Con 420 votos a favor, cero en contra y 15 abstenciones, el Pleno aprobó, en lo general y particular, la eliminación del fuero presidencial.

El dictamen pasará ahora al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Fue el presidente quien en las últimas semanas insistió en sus conferencia de prensa matutina, que “pedía con todo respeto” a los legisladores que la reforma fuera la primera en ser discutida al inicio del periodo ordinario de sesiones.

El dictamen avalado señala que “durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano”.

El coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, aseguró que con la reforma aprobada se terminaba con la figura del presidente impune e intocable.

“Ahora podrá ser juzgado por corrupción, fraudes electorales y delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano”, indicó Delgado Carrillo.

Sin embargo, la bancada panista rechazó las afirmaciones de Morena y sus aliados, pues aseguraron que no se trata de una eliminación del fuero a la figura presidencial.

Señalaron que debe ser en un proceso ante el Senado donde se decida si la denuncia en contra del Jefe del Ejecutivo procede. Indicaron que lo único que se hizo fue ampliar el catálogo de delitos por el que se le podría procesar.

“No se elimina el fuero, se mantiene el texto del párrafo 4 del artículo 111 que establece que dicha acusación deberá realizarse ante Cámara de Senadores. Si se quisiera eliminar, el párrafo debía quitarse”, expresó el panista Marcos Aguilar Vega.

El Pleno de la Cámara de Senadores rechazó la reforma constitucional en materia de fuero, con 97 votos en contra, cuatro en favor y cuatro abstenciones, con lo que no alcanzó la mayoría calificada para ser avalada; por ello, regresó a la Cámara de Diputados.

Esta minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos había sido devuelta por los diputados al Senado debido a que le realizaron cambios, al eliminar que también a los senadores y diputados se les quitará el fuero para que pudieran ser juzgados por diversos delitos y sólo que quedó la ampliación de los delitos para el Presidente de la República.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, expuso que el Pleno de este Senado, en su condición de cámara de origen, no aprueba las reformas realizadas por la Cámara de Diputados, en función de revisora al Artículo 108 de la Constitución.

Debido a ello, dijo, se actualiza el supuesto normativo previsto en la fracción E del Artículo 72 constitucional, que establece que si las adiciones o reformas hechas por la cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos de la cámara de su origen volverán a aquella para que tome en consideración las razones de la de origen.

Al ponerse a debate el dictamen de la minuta se provocaron señalamientos encontrados entre los senadores Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y Martí Batres Guadarrama, que defendía el dictamen en sus términos como lo envió la colegisladora, ambos de Morena.

Ramírez Aguilar explicó que en el dictamen original se decidió incluir también a los diputados federales y senadores, y la colegisladora lo volvió a enviar y solamente dejan al Presidente de la República y no quisieron someterse a esa figura jurídica.

En ese sentido, lanzó un llamado a la Cámara de Diputados, y en particular a los diputados de Morena, a que “no traicionen los principios del movimiento, toda vez que acordaron quitar privilegios al Poder Legislativo, y terminaron excluyendo al Senado y a ellos mismos de la propuesta relacionada con el asunto del fuero.

El senador Martí Batres señaló que los senadores no deben equivocarse, pues lo que hicieron los diputados está bien, pues en realidad se reducen los delitos con los que legisladores federales pueden ser sometidos a proceso penal, ya que sólo sería estos que se aplican al presidente.

Y es que los diputados suprimieron de la minuta que los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión también puedan ser juzgados por las causales que señala la reforma constitucional, como lo había aprobado el Senado.

Establece que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y aquellos ilícitos contenidos en el segundo párrafo del Artículo 19 de la carta magna.

Dicho párrafo señala que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como ilícitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La minuta que se devolvió a los diputados señala que para proceder penalmente contra del titular del Ejecutivo Federal sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del Artículo 110 constitucional y este órgano legislativo resolverá con base en la legislación penal aplicable.

La Cámara de Diputados avaló la minuta que recibió del Senado que reforma la Constitución para establecer que el Presidente de la República pueda ser acusado por diversos delitos graves, entre ellos actos de corrupción y delitos electorales.

El Pleno la aprobó por mayoría calificada, en lo general y en lo particular, con 420 votos a favor, 29 en contra y cinco abstenciones. El documento fue devuelto al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Se establece que el jefe del Ejecutivo federal podrá ser acusado y procesado penalmente por actos de corrupción, delitos electorales y los señalados en el artículo 19 constitucional: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación (genocidio, financiamiento a organizaciones terroristas, bloqueo de actividades de inteligencia, entre otros), del libre desarrollo de la personalidad (por ejemplo, corrupción de menores de edad, turismo sexual en contra de menores de edad) y de la salud (narcotráfico).

Recordemos que el Senado de la República aprobó la minuta el pasado 26 de marzo, y la turnó a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual modificó la minuta para dejarla en los términos de la iniciativa del Ejecutivo federal.

El Senado, en el artículo 108, había establecido que los integrantes del Congreso de la Unión también podían ser acusados por estos mismos delitos, lo cual se eliminó.

Mario Delgado, coordinador parlamentario de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que esta semana se votará la minuta que llegó del Senado para terminar con el fuero constitucional del presidente de la República y los legisladores.

Agregó que con la aprobación de las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución, se dará un paso fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ya que se ampliarán las causales y se agilizará el procedimiento del retiro de la inmunidad política al Ejecutivo federal, diputados y senadores.

Delgado Carrillo explicó que ahora el Presidente y los legisladores podrán ser juzgados por traición a la patria, violación, delitos electorales, corrupción, desaparición de personas, delitos en materia de armas de fuego y explosivos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos o cualquiera de los señalados en el artículo 109.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que la Cuarta Transformación “nos demanda urgentemente dar pasos contundentes para desterrar la corrupción y la impunidad, por ello esta semana se dará un paso fundamental para que nadie esté por encima de la ley, empezando por el Presidente y los legisladores”.

Detalló que, para el retiro del fuero en el caso de diputados y senadores, ocurrirá cuando amerite el caso previa declaración de procedencia realizada por la Cámara de Diputados. En el caso del Presidente, tendrá que ser acusado ante el Senado de la República, el cual resolverá mediante el voto de dos terceras partes de sus miembros presentes la acusación respectiva.

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela retiró inmunidad al líder opositor Juan Guaidó para abrir el camino a su enjuiciamiento.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, dijo que el decreto aprobado en la sesión autoriza seguir con “el curso legal de todas las investigaciones necesarias y los juicios (…) para que haya justicia en nuestro país”.

La decisión crucial ocurre en medio de las protestas que se han registrado en los últimos días en la capital y otras ciudades por la severa escasez del suministro de agua y los recurrentes apagones, que han dejado 47 detenidos y han escalado las presiones sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

“Que hoy la justicia esté funcionando nos debe llenar de esperanza”, afirmó Cabello durante la sesión al defender la decisión contra Guaidó.

El dirigente oficialista sostuvo que la Constituyente debió decidir el retiro del fuero porque la Asamblea Nacional “no existe” ya que está “en desacato” de las decisiones del Poder Judicial.

La resolución fue por una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el Gobierno, quien ordenó levantar la inmunidad parlamentaria a Guaidó para enjuiciarlo por violar una orden del máximo tribunal que le prohibió desde finales de enero salir del país, mientras enfrenta un proceso que le abrió la Fiscalía General.

Desafiando la medida del máximo tribunal, el jefe del Congreso salió del país a finales de febrero y realizó una gira de 10 días por Sudamérica en la que se reunió con algunos mandatarios que han mantenido un abierto respaldo al movimiento opositor venezolano y que desconocieron la reelección de Maduro para su segundo sexenio.