La creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en proyectos del gobierno en nuestro país generan preocupación en materia de respeto a los Derechos Humanos y de transparencia, declaró este miércoles el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) en México.
Guillermo Fernández-Maldonado, quien asumió la representación en septiembre del año pasado, dijo que existen riesgos al asignar labores de seguridad pública a integrantes del Ejército, ya que éstos cuentan con un entrenamiento diferente al de una corporación policial de carácter civil.
“Hay pautas al respecto porque estamos hablando de cuerpos diferentes entrenados para situaciones diferentes y que incluso las órdenes operativas, el tipo de armamento corresponden a situaciones de conflicto armado o de guerra”, declaró Fernández-Maldonado en entrevista con la agencia The Associated Press (AP).
A esto se suma el riesgo de se registren violaciones a los Derechos Humanos al conferir labores policiales a fuerzas castrenses.
Fernández-Maldonado dijo que, ante la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de conferirle a las Fuerzas Armadas el control de proyectos de infraestructura y otras áreas administrativas, el gobierno debe aplicar criterios para transparentar la utilización de recursos.
Recordemos que el gobierno federal ha encargado a las Fuerzas Armadas la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles; la administración de aduanas y de puertos; las operaciones y ganancias generadas a través de Tren Maya, entre otros proyectos.
“Otro aspecto que me parece fundamental es el tema de rendición de cuentas, es decir, tradicionalmente ha sido difícil, y no sólo en México, sino en muchos países, la rendición de cuentas por parte del Ejército, muchas veces con el argumento de seguridad nacional”, agregó Fernández-Maldonado.
El exrepresentante adjunto de ONU-DH en Colombia reconoció que se han logrado avances en el plan para capacitar en materia de Derechos Humanos a los elementos de la Guardia Nacional, creada por López Obrador y que está conformada principalmente por integrantes de las Fuerzas Armadas que fueron transferidos a la agencia policial.
Fernández-Maldonado aprovechó para comentar sobre el tema migratorio que afecta a la región, Dijo que los gobiernos de México y Estados Unidos deben trabajar de forma conjunta, a través de proyectos de inversión, para atender las causas que ocasionan el desplazamiento.
Al respecto, Amnistía Internacional alertó sobre el hecho de que pese a rechazar la militarización del país, el gobierno de López Obrador ha desplegado más efectivos militares como parte de su estrategia de seguridad pública que las administraciones de sus predecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón
En el apartado de las fuerzas de seguridad, la organización expresó su preocupación ya que se siguen realizando detenciones arbitrarias y recurriendo a un “uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”.
El informe destaca que AMLO emitió en mayo del año pasado un decreto que permite mantener el despliegue de Fuerzas Armadas para operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024, a pesar de que dicho decreto “carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales”.
