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Argentina llegó a un nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aliviará la carga de pagos por casi 45,000 millones de dólares que debía encarar entre 2022 y 2023, informó este viernes el presidente Alberto Fernández.

“Quiero anunciarles que el gobierno de Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dijo el presidente en un mensaje. “Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento”, señaló el mandatario.

El acuerdo alcanzado en la madrugada de hoy alivia la carga de vencimientos de deuda que se concentró sobre este año (unos 19,000 millones de dólares) y el próximo (otros 20,000 millones). Además, había otro pago previsto en 2024 por más de 4,000 millones.

“Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada. Prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del gobierno nacional. Tampoco dispone saltos devaluatorios”, añadió Fernández.

En concreto, Argentina se comprometió a reducir su déficit fiscal a 0.9% del Producto Interno Bruto en 2024, con metas de 1.9% en 2023 y de 2.5% en 2022, informó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una rueda de prensa.
El año pasado, con un crecimiento económico de 10%, el déficit fue de 3%.

El acuerdo también prevé un crecimiento en 2022 de 5,000 millones de dólares de las reservas internacionales, que actualmente ascienden a poco más de 38,000 millones.

El gobierno de Fernández comenzó formalmente sus conversaciones con el FMI en agosto de 2020, y ahora el acuerdo debe ser ratificado por el Congreso. Recordemos que en este proceso ha intervenido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien apenas en recientes días pidió al FMI asumir su responsabilidad en el endeudamiento de Argentina.

Representantes de la caravana migrante, que recorre México con rumbo a Estados Unidos, llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para regularizar a sus cerca de 500 integrantes y permitir el paso hacia el norte a quienes deseen continuar su ruta.

“Nuestras exigencias se han cumplido al 100%”, señaló Irineo Mujica, activista de Pueblos Sin Fronteras que acompaña a la caravana y quien estuvo presente en la reunión.

En declaraciones a la prensa, el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría Gobernación, Rabindranath Salazar, indicó que ahora toca a todos cumplir el acuerdo que está “basado en la ley”.

“Ahora toca a todos hacer realidad el acuerdo de ese documento, es a lo que nos estamos comprometiendo y, en el caso de Gobernación, a ser garante de que todas las partes cumplan lo que a cada quien corresponde. Es un buen acuerdo y, sobre todo, está basado en la ley”, afirmó Salazar Solorio.

Con eso, el gobierno federal enviará una comitiva para hacer un censo en la Casa del Peregrino, en la Ciudad de México, donde se encuentran los migrantes desde que llegaron a la capital el pasado domingo.

Según los participantes, se atenderá individualmente las necesidades de cada persona y le darán prioridad a los casi 100 niños que están en el albergue.

Además, las autoridades se han comprometido a reunirse nuevamente con la caravana el 17 de enero para supervisar el cumplimiento de los acuerdos.

La caravana, en su mayoría de personas provenientes de Centroamérica y Haití, llegó a las instalaciones de Segob  después de hacer una parada en Palacio Nacional y el Senado. Los integrantes han pedido constantemente que se les otorguen residencias permanentes y que se permita el paso a quienes deseen continuar su ruta hacia Estados Unidos.

El grupo partió el pasado 23 de octubre desde Tapachula, Chiapas, frontera con Guatemala. Cuando salieron de la localidad, la caravana se contaba en miles. Sin embargo, conforme fueron pasando los días el número se fue reduciendo.

Los agentes migratorios se han acercado durante las últimas semanas para ofrecer visados humanitarios, algo que ha hecho que muchos abandonaran la ruta.

Desde su arribo a Ciudad de México, la actividad de la caravana ha sido intensa. El pasado miércoles se reunieron con la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la Suprema Corte resolvió que es válido el acuerdo que publicó su gobierno en noviembre pasado, con el que pretendía blindar los diferentes proyectos de infraestructura al clasificarlos como de seguridad nacional.

Y aunque la Corte no resolvió la validez de dicho acuerdo, el mandatario abordó por ese lado el fallo emitido ayer.

“La otra buena noticia es que la Corte también resuelve que es válido el acuerdo que emití, que di a conocer, y que solamente tengo que y tenemos como gobierno que presentar los informes para que haya transparencia”, sostuvo en su rueda de prensa diaria.

Y es que ayer, uno de los ministros de la Corte, cuya identidad no fue revelada, prohibió reservar la información relacionada con las obras prioritarias impulsadas por el gobierno federal, tales como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras.

La Corte dijo que era procedente la suspensión de los efectos y las consecuencias del acuerdo que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional.

La decisión llega luego de que se admitiera a trámite una controversia constitucional promovida por el INAI, quien señaló que tras un análisis al acuerdo se advirtió que transgredía los principios de supremacía constitucional y legalidad, toda vez que realizaba una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a los proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad.

Pese al falló, el ministro se negó a suspender el resto de los puntos del acuerdo, por lo que seguirán surtiendo efecto, salvo aquellos que tengan que ver con el acceso a la información.

Recordemos que el presidente López Obrador ha defendió el acuerdo al señalar que lo que busca es agilizar los proyectos y evitar que amparos los puedan detener; y ha negado que detrás de la medida esté la intención de ocultar información.

El acuerdo clasifica como de seguridad nacional las obras del gobierno en diversos sectores, lo que implica que, si las instancias correspondientes no autorizan los proyectos en un máximo de 5 días hábiles, se entenderá que el permiso es concedido, mediante la figura de la afirmativa ficta.

El presidente aseguró este miércoles que su gobierno cumplirá con publicar los informes de transparencia. “Siempre dijimos que iba a ser así, que no era un asunto de transparencia, no era ocultar información, sino era para poder avanzar, simplificar los trámites, entonces fueron muy buenas decisiones de la Corte”, manifestó.

Enfatizó que el acuerdo queda vigente para no detenerse por trámites, incluso trámites impuestos por las mismas dependencias de gobierno. Dijo que el acuerdo lo firmó para que “camine el elefante y que no nos detengamos”.

El mandatario criticó sus “adversarios” por acusarlo de ocultar información e incluso de preparar un golpe de Estado. “No hay ningún problema, es que últimamente están magnificando las cosas en la desesperación, todos los que se dedicaban a aplaudirle al régimen”, afirmó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó algunos de los efectos del acuerdo publicado por el gobierno federal el pasado 22 de noviembre, con el que pretendía blindar los diferentes proyectos de infraestructura federales al clasificarlos como de seguridad nacional.

Uno de los ministros de la Corte, cuya identidad no ha sido revelada, prohibió reservar la información relacionada con las obras prioritarias impulsadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tales como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras.

“Es procedente la suspensión para que se suspendan (…) todos los efectos y las consecuencias del Acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, señala el fallo de la Corte.

El revés dado a las acciones del gobierno llegan luego de que se admitiera a trámite una controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), quien dijo que tras un análisis al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se advirtió que transgredía los principios de supremacía constitucional y legalidad, toda vez que realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a los proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad.

Pese al falló, el ministro se negó a suspender otros puntos del acuerdo, por lo que seguirán surtiendo efectos todos los puntos salvo aquellos que tengan que ver con el acceso a la información. Hasta ahora, el INAI es el único órgano publico que ha impugnado el acuerdo ante la Corte.

El presidente López Obrador ha defendió el acuerdo al señalar que lo que busca es agilizar los proyectos y evitar que amparos los puedan detener. Ha negado que detrás de la medida esté la intención de ocultar información.

Recordemos que el acuerdo presidencial clasifica como de seguridad nacional las obras del gobierno en sectores como comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energético, puertos, aeropuertos, y cualquier otro que se considere estratégico, lo que implica que si las dependencias correspondientes no autorizan los proyectos en un máximo de 5 días hábiles, se entenderá que el permiso, licencia o dictamen favorables ya existen, mediante la figura de la afirmativa ficta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador  (AMLO) entregó esta mañana los Premios Nacionales de Ingeniería y de Arquitectura 2020 al ingeniero Francisco José Garaicochea y Petrirena, por su labor en el ámbito de la industria petrolera nacional y al arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora, quien participó en la obra de la Basícilica de Guadalupe.

“Nos da mucho gusto que en Palacio Nacional se entreguen estos reconocimientos muy merecidos. (…) Dos sabios en sus especialidades. Creo que es un día muy especial para todos los mexicanos, para el gobierno que encabezo, el hacer este homenaje a estas dos personalidades excepcionales”, dijo el mandatario.

Durante el acto, López Obrador destacó las acciones que impulsa el gobierno federal a partir de la ingeniería y la arquitectura, como la preservación de sitios de la época prehispánica que concentran la riqueza cultural del país. Dijo que también se trabaja en la conservación de infraestructura de la época colonial y en la reconstrucción de templos dañados por los sismos de 2017 y 2018, cuya conclusión está programada para 2022. 

Además, resaltó el Programa de Mejoramiento Urbano en colonias marginadas. Dijo que se construyen espacios culturales, educativos, recreativos y deportivos en cien municipios del país; de forma paralela, anotó, el gobierno federal construye y rehabilita puertos, presas, canales de riego, aeropuertos y vías férreas.

En su oportunidad, el presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ricardo Rodríguez Romero, quien al reconocer la importancia de la labor de sus colegas, dijo que a los ingenieros y a los arquitectos los distingue la coincidencia que se resume en una idea: no se puede construir destruyendo.

“Estamos aquí para sumar, para aportar conocimiento, experiencia y talento. Así hemos logrado construir y seguiremos construyendo México”, añadió.

Aprovechó la tribuna de Palacio Nacional para hacerle una reiterarle que en el trabajo social y en la corrupción no está solo; le dijo que con la suma de esfuerzos del gobierno y de la sociedad, es factible alcanzar metas que parecían inalcanzables. Además, dijo que en el combate a la corrupción, los ingenieros y arquitectos comparten su pensamiento.

Fue en ese punto donde le hizo una invitación a “reflexionar” sobre el acuerdo que publicó a finales del mes pasado, en el que el gobierno catalogó las obras de infraestructura como de interés público y seguridad nacional”, lo cual fue tomado como una medida para ocultar información y no rendir cuentas.

“Trabajando juntos, gobierno y sociedad civil, alcanzaremos las metas del México que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Por ello, pugnamos por la transparencia y lo invitamos a reflexionar sobre el acuerdo publicado recientemente que declara diversas obras públicas como de seguridad nacional”, dijo Rodríguez Romero.

Le dijo a López Obrador que con voluntad política, las obras deberán ser de la mejor calidad, al menor costo y dentro del tiempo proyectado.

Finalmente, el arquitecto fray Gabriel Chávez de la Mora, quien fue reconocido con el Premio Nacional de Arquitectura, le pidió a AMLO no hacer recortes presupuestales, y por el contrario, otorgar más recursos a las entidades que velan por la protección, restauración, reconstrucción o mantenimiento de edificios del amplio patrimonio cultural de México.

Por su parte el ingeniero Francisco Garaicochea y Petrirena recomendó al presidente la construcción de plantas criogénicas que permitirán aprovechar el condensado que se produce en los principales yacimientos del litoral de Tabasco. Reprochó al gobierno federal que la inyección de nitrógeno en Cantarell no ha sido remediada hasta la fecha.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que, tras un análisis realizado, se advirtió que el acuerdo publicado por el gobierno federal en el que cataloga las obras de infraestructura del Gobierno como asuntos de interés público y de seguridad nacional, “transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad”.

El Instituto indicó que el acuerdo realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a la información de la sociedad.

Por lo tanto, se concluyó que existe “una posible violación” al artículo 6 de la Constitución, pues “la seguridad nacional y el interés público son causales de reserva de la información” y la clasificación de la misma debe realizarse por los sujetos obligados caso por caso, fundando y motivando la determinación y cumpliendo los requisitos de la prueba de daño.

Además, dijo que al precisar que la información será de seguridad nacional, abre la posibilidad de impugnación, mediante el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, de las resoluciones en que se ordene la entrega de la misma información.

Por ello, anunció que recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una controversia constitucional contra el acuerdo, pues “se detectó un riesgo inminente y evidencias en la interpretación directa e indirecta de este acto de autoridad” del Poder Ejecutivo Federal en menoscabo del derecho de acceso a la información.

La presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, aseguró que el acuerdo representa un obstáculo a la aplicación del principio de máxima publicidad, en la medida en que dificulta la difusión y entrega de información relacionada con proyectos de infraestructura.

Recordemos que el pasado el 22 de noviembre, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), apareció un acuerdo “en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

Con ese decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que busca agilizar el desarrollo y evitar que los megaproyectos que se construyen en su administración como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles, sean frenados mediante recursos judiciales como los amparos.

El acuerdo, sin embargo, fue tachado por la oposición de incentivar la opacidad. En respuesta, López Obrador aseguró dicho acuerdo solo sirve para “agilizar trámites” y que no se detengan las obras y no para evitar rendición de cuentas.

El Tren Maya, una de las obras insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lleva un retraso de al menos cinco meses debido a la burocracia existente y a fallas geológicas, según reveló este viernes el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

“Esos trámites nos han complicado cinco meses de retrasos. El burocratismo de Semarnat, Sedatu y Conagua han retrasado el avance”, explicó Jiménez Pons durante una visita de trabajo a las obras en entrevista con la agencia Efe.

Otro factor de retraso se ha dado durante los trabajos en el subsuelo, pues se han tenido que nivelar varios tramos entre tres y seis metros, pues a consecuencia del cambio climático se detectaron irregularidades en los terrenos. “Es increíble ver que en las fallas geológicas de suelo hay una diferencia de hasta seis metros entre el terraplén y las viejas vías”, subrayó Jiménez Pons.

El Tren Maya, que debería estar listo para finales de 2023, es un proyecto prioritario de López Obrador con una inversión de alrededor de 200,000 millones de pesos para construir cerca de 1,554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A finales de octubre, Jiménez Pons informó al Senado que el costo de la obra había crecido en 60,000 millones de pesos debido al aumento de tramos de doble vía, su electrificación y a un mayor número de estaciones.

La información llega luego de que el pasado lunes, el gobierno federal publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el cuerdo “en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

El presidente ha defendido dicho acuerdo para que las obras no sean detenidas por obras o falta de permisos.

La Semarnat y la Sedatu, dependencias federales que han dado acompañamiento a las trabajos en 15 áreas naturales protegidas por donde pasa el Tren Maya, han realizado observaciones al proyecto en materia de impacto ambiental y a la fecha aún tienen pendientes la liberación de vías en el tramo 1 y 2.

En este sentido, Adrián Montemayor, gerente de prensa de Fonatur, confió en que los organismos responsables de las autorizaciones en materia ambiental den “luz verde” a principios del 2022 y con ello inicie la fase 2 de las obras con el tendido de durmientes y rieles.

Al menos 53 senadores de oposición pidieron a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, interponer un recurso de inconstitucional contra el acuerdo del presidente que cataloga las obras de infraestructura del gobierno federal como asuntos de interés público y de seguridad nacional, y que blinda la información al respecto.

El lunes pasado, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se publico un acuerdo “en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

Con ese acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que busca agilizar el desarrollo y evitar que los megaproyectos que se construyen en su Administración como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles sean frenadas mediante recursos judiciales como los amparos.

El acuerdo, sin embargo, fue tachado por la oposición de incentivar la opacidad, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que lo impugnará pues vulnera el derecho de acceso a la información.

Ante la petición de los senadores, Sánchez Cordero dijo que someterá “a consulta jurídica” la solicitud que le hicieron los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y del PRD para que interponga una controversia constitucional en contra del acuerdo del Ejecutivo Federal.

Tras el debate que se llevó a cabo sobre el tema, Sánchez Cordero sostuvo que quería “tener una opinión jurídica” con el objetivo de contar con los argumentos sobre el interés y la legitimación del Senado para promover la controversia constitucional.

La legisladora del PAN, Kenia López Rabadán, indicó que el reto para la Presidenta del Senado era enorme, pues tendrá que definirse entre cuidar y destacar su carrera como jurista constitucional o someterse al gobierno autoritario de López Obrador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, indicó que el acuerdo del Ejecutivo tiene “una razón válida” para considerar de interés público los proyectos estratégicos de infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de turismo en las zonas en donde se llevan a cabo, pues se necesita respaldar a las regiones rezagadas.

Monreal señaló que alrededor de 80 legisladoras y legisladores no están de acuerdo con que Sánchez Cordero presente, de manera unilateral, una controversia contra el acuerdo presentado por el Presidente de la República.

Después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del acuerdo por el cual los megaproyectos del gobierno federal serán considerados de “interés público” y “seguridad nacional”, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD rechazó el acuerdo y anunció que interpondrá los recursos necesarios para derogarlo, ya que atenta contra el marco de legalidad vigente.

“La ciudadanía tiene derecho a una obra pública fundamentada y que cumpla con los dictámenes y requisitos que marca la ley, así como elaborada bajo un proceso transparente. Este acuerdo pasa por encima de estos principios para que las órdenes de la Presidencia de la República se cumplan a cabalidad”, dijo el perredista.

Enfatizó que el acuerdo obliga a todas las dependencias a dar autorizaciones provisionales por 12 meses a los proyectos del gobierno federal aunque no cuenten con los dictámenes, permisos ni licencias correspondientes.

Además, recordó que al ser considerados “de seguridad nacional”, se obstaculizarán los procesos de transparencia y rendición de cuentas, por lo que organizaciones de la sociedad civil y periodistas han alertado sobre el alto riesgo de corrupción de dichos proyectos.

Zambrano Geijalva aseguró que el acuerdo busca proteger a las Fuerzas Armadas, las cuales son las principales constructoras de dichas obras, sobre todo después de que fueran denunciados hechos de corrupción en contratos con empresas fantasmas para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles.

En tanto, el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, indicó que desde Acción Nacional se rechaza el “decretazo” de AMLO que simple y sencillamente pretende opacar todas sus obras públicas.

En ese sentido, el diputado Gabriel Quadri indicó que desde la Cámara de Diputados, propondrán una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo que dijo, pisotea todas las normas ambientales, de transparencia y rendición de cuentas en proyectos de infraestructura…

Por su parte la diputada del PAN, Margarita Zavala, afirmó que el acuerdo publicado rebasa todos los límites de un Estado constitucional de Derecho. Otras voces de la bancada panista señalaron que el acuerdo es sumamente grave y claramente inconstitucional. Advirtieron que con el acuerdo el gobierno federal oculta del escrutinio público cualquier obra y ocurrencia que tenga.

Juan Carlos Romero Hicks, integrante de la bancada panista, también señaló que se analizarán los medios para impugnar lo que llamó una “aberración” anticonstitucional, que atenta contra la transparencia y el acceso a la información.

Quien también anunció que impugnará el acuerdo del presidente fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya que indicó que luego de analizar los alcances del acuerdo, el Pleno determinó ejercer este control constitucional, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.

“Se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información”, resolvió el INAI.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que analiza de fondo el Acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el que los proyectos y obras del gobierno federal  son considerados de interés público y seguridad nacional.

El INAGI indicó que la revisión se realiza a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados.

El Instituto recordó que en el artículo primero, el documento señala expresamente que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

Explicó que al ser la “seguridad nacional” una de las causales de reserva de información, prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advertía que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.

Por ello dijo que las áreas especializadas del Instituto estudian los alcances del Acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna.

“El INAI, como órgano garante del derecho de acceso a la información (…) evalúa si dicho Acuerdo no se contrapone a lo establecido en dicho marco normativo”, remató el Instituto.

En más reacciones que ha generado el acuerdo publicado por el gobierno, este martes José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, denunció en Twitter que a raíz de este acuerdo, “cada día es más evidente que Andrés Manuel López Obrador cree estar por encima de la ley”.

“Ordenó por decreto, que todos sus proyectos favoritos reciban permisos, sin cumplir con los estudios requeridos y que sean considerados ‘de seguridad nacional’, exentos de la ley de transparencia”, advirtió Vivanco.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a quienes lo han criticado por no haber asistido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP26.

En un primer comentario, dijo que aunque no asistió, estuvo muy bien representado por el canciller Marcelo Ebrard, quien aseguró “lo hizo muy bien”.

Sin embargo, sus dichos no quedaron ahí. Dijo que hasta ahora, uno de los acuerdos más relevantes de la COP26 ha sido la declaratoria para acabar con la deforestación para 2030, propuesta que aseguró nació en México a partir del programa que él ha impulsado desde que llegó al poder, Sembrando Vida.

” A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea?, de Sembrando Vida. Y un dato adicional, porque también ahí están ¿no?, pendientes, que no había firmado México el programa de reforestación, si el programa lo propusimos nosotros”, dijo AMLO.

En ese sentido, dijo que en la carta que le envió al presidente Joe Biden a raíz de la visita de su enviado especial para temas climáticos, John Kerry, expuso su estrategia en cuanto a la protección del medio ambiente.

Resaltó que México es el país del mundo con el programa más importante de reforestación. Añadió que no hay ningún país en el mundo que esté invirtiendo mil 300 millones de dólares al año para reforestar.

Las descalificaciones de López Obrador fueron más allá; dijo que si en verdad se busca proteger el medio ambiente, lo que todos los líderes y países deberían hacer es actuar y no solo abordar el tema en el discurso.

Reprochó que mientras cumbres como la COP26 se llevan a cabo, al mismo tiempo están los países más poderosos aumentando la producción de petróleo.

“Al mismo tiempo que están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente, para enfrentar el cambio climático, están planteando incrementar la producción, la extracción de petróleo”, recriminó el presidente Incluso criticó que los Jefes de Estado que se dieron cita en la COP26 llenaron de aviones particulares la zona, pues todos llegaron por esa vía a la cumbre, olvidándose de la contaminación que generan.

“Ya basta de hipocresía y de modas, lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo, de esto es lo que voy a hablar ahora que voy a la ONU. No voy a llevar el avión presidencial”, remató López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó este jueves que existe un acuerdo con el gobierno de Cuba para adquirir su vacuna Abdala contra la COVID-19.

“Hay un acuerdo con el Gobierno de Cuba para adquirir vacunas, nada más que todavía no se ha podido concretar”, afirmó el mandatario durante su conferencia matutina.

Expuso que esto es resultado de la relación de cooperación “sobre todo en el campo médico con Cuba”, y adelantó que su gobierno seguirá trabajando junto a la Isla.

Recordemos que recientemente, Cuba vendió cinco millones de dosis de Abdala a Vietnam y envió 900,000 unidades a Venezuela.

AMLO añadió que aunque se puede adquirir la vacuna producida en Cuba, México trazó desde el principio una estrategia integral de vacunación que por el momento solo contempla a los mayores de 18 años.

Y ese que en agosto pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio una opinión técnica favorable sobre la vacuna Abdala, desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba.

De acuerdo con la Cofepris, el biológico “es elaborado con la proteína recombinante del dominio de unión al receptor del virus SARS-CoV-2”.

Hasta ahora nuestro país ha aprobado ocho vacunas anticovid para su uso de emergencia: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Sputnik V, Moderna y Janssen, además de Covaxin, que todavía no se aplica en el país.

López Obrador recordó esta mañana que el gobierno ha destinado más de 40 mil millones de pesos a la adquisición de vacunas para garantizar el abasto y cumplir con su promesa de que todos los mayores de 18 años cuenten con al menos una dosis de la vacuna al finalizar octubre.

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un posicionamiento respecto al caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, luego de las fotografías que se difundieron este fin de semana en el que se le observa cenando en un restaurante de la Ciudad de México.

La Fiscalía indicó que el exfuncionario “sigue siendo procesado” judicialmente por la trama de sobornos de Odebrecht.

“Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte, que lleva el caso”, detalló la FGR a través de un comunicado.

Recordó que, tras ser extraditado desde España el año pasado, el exdirector de Pemex “solicitó el criterio de oportunidad”, figura jurídica que le permitió acceder a beneficios procesales a cambio de colaborar con la justicia.

El Ministerio Público relató que Lozoya denunció el 11 de agosto del año pasado a sus “socios y encubridores”, y aportó “diversas pruebas que se han ido desahogando; lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht”.

Y es que Lozoya, excolaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, es acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos; ante esas acusaciones, cerró un acuerdo con la Fiscalía y denunció que el exmandatario Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron a usar los sobornos de Odebrecht para comprar el voto de legisladores opositores a favor de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tachó de “inmoral”, “imprudencia” y “provocación” el que Lozoya fuera a cenar a un restaurante de lujo, y pidió a la Fiscalía aclarar lo sucedido.

Al respecto, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó esta tarde que mantiene en las listas de control migratoria, conocida como alerta migratoria, a Emilio Lozoya.

“Lo anterior, con el propósito de verificar y registrar los movimientos de la persona mencionada en los puntos destinados al tránsito internacional de personas, ya sea aéreos, marítimos o terrestres, así como informar de los mismos a las autoridades internacionales”, señaló el INM.

Foto: Twitter @lumendoz

México y Estados Unidos dieron paso a una nueva etapa de cooperación en materia de seguridad, al anunciar el ‘Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Publica, y Comunidades Seguras entre México y los Estados Unidos’, que sustituye la Iniciativa Mérida.

Los funcionarios de ambas delegaciones coincidieron con lo expuesto con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien ha dicho que la Iniciativa Mérida había fracasado en su ofensiva militar antidrogas desplegada hace 13 años.

“Después de 13 años de la Iniciativa Mérida, es hora de un nuevo enfoque integral para nuestra cooperación en seguridad”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, al iniciar el primer Diálogo de Seguridad de Alto Nivel.

“Adiós al Plan Mérida, Bienvenido Entendimiento Bicentenario”, señaló por su parte el canciller Marcelo Ebrard.

Blinken abundó que el nuevo enfoque pone a los dos países como socios igualitarios y abordará las causas fundamentales de los problemas de seguridad, como la pobreza, la corrupción y el acceso a la salud para tratar adicciones.

“Tenemos que hacer más para acabar con el tráfico de armas, estupefacientes y el tráfico de personas, fortalecer la seguridad fronteriza y portuaria, desmantelar los sistemas financieros que sostienen al crimen organizado, erradicar la impunidad y hacer responsables a los violadores de derechos humanos”, añadió el funcionario estadounidense.

Y es que López Obrador ha insistido en diversas ocasiones en que EUA debe invertir en comunidades pobres expuestas a la criminalidad, tanto en México como en Centroamérica, lo que ha dicho ayudaría a contener la creciente migración ilegal. Tan solo ayer un total de 652 migrantes centroamericanos, incluidos muchos menores que viajaban solos, fueron detenidos en Tamaulipas.

Como parte de la Iniciativa Mérida, Washington desembolsó 3,300 millones de dólares en asistencia militar y asesorías. Pero López Obrador asegura que el plan fracasó en su objetivo de desmantelar a las organizaciones criminales y en cambio disparó la violencia.

Sin embargo, Estados Unidos reivindica que la Iniciativa Mérida fortaleció la cooperación, el profesionalismo y la transparencia de las agencias policiales de nuestro país.

A inicios de agosto, México demandó a nueve grandes fabricantes y dos distribuidores de armas por un comercio “negligente e ilícito” que alienta el narcotráfico y la violencia en el país; el gobierno sostiene que entre 70% y 90% de las armas ilegales que incauta entraron desde Estados Unidos.

“Nos centraremos más intensamente que antes en la raíz y el núcleo de las fuerzas que nos amenazan, abordando las razones subyacentes por las que continúan existiendo y creciendo”, dijo por su parte el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

El nuevo enfoque recalca, no obstante, que se mantendrá la persecución a los criminales. “Las organizaciones criminales están (…) aprovechando las nuevas tecnologías. Por lo tanto, debemos ser igualmente creativos y ágiles”, añadió Blinken.

“Ambos países han sufrido los efectos de la adicción de sustancias, la violencia con armas de fuego, las drogas ilegales, las armas, la trata y el contrabando de personas, así como del crimen organizado en nuestras comunidades. Para enfrentar las complejas amenazas del siglo XXI, es necesario trabajar de manera coordinada, con una visión regional y un enfoque moderno de salud pública y desarrollo como parte de una estrategia de cooperación integral entre nuestros países. Con pleno respeto por nuestras soberanías, cada uno de nosotros reconoce nuestra responsabilidad compartida y nos comprometemos a avanzar como socios para encontrar soluciones respaldadas por la justicia, la cooperación efectiva en la aplicación de la ley y un enfoque basado en datos para desarrollar estrategias en contra del crimen organizado”, se expresa en la declaración conjunta que emitieron ambos gobiernos.

Entre las acciones concretas que involucrará el nuevo entendimiento, las delegaciones subrayaron:

  • Firma de un Memorándum de Entendimiento para reducir la adicción a las drogas y los daños asociados con el propósito de desarrollar planes para prevenir el consumo de drogas, proporcionar tratamiento basado en evidencia y expandir la justicia alternativa a través de la educación y una mejor capacidad para proporcionar sistemas de alerta temprana y rastrear la demanda.
  • Nuevas subvenciones del Programa Integral de Abuso de Opioides, Estimulantes y otras Sustancias (Comprehensive Opioid, Stimulants, and other Substances Abuse Program, COSSAP).
  • Nuevas subvenciones de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA) para apoyar el tratamiento y la prevención del uso de opioides para personas en riesgo.
  • Crear la Red para la Prevención del Homicidio, que proporcionará una plataforma para el intercambio de mejores prácticas en la prevención del crimen y la violencia.
  • La creación de un equipo multidisciplinario de fuerza de tarea sobre homicidios para la atención de delitos de alto impacto vinculados a organizaciones criminales transnacionales, con énfasis en el uso de laboratorios forenses, para facilitar y apoyar la investigación de crímenes y su enjuiciamiento.
  • México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) firmarán un Memorándum de Entendimiento para lanzar el Programa de Control de Contenedores Portuarios de la UNODC y con esto fortalecer el control y la gestión de los envíos entrantes de precursores químicos.

 

México y Rusia firmaron un acuerdo de cooperación espacial para la a exploración y utilización del espacio ultraterrestre con “fines pacíficos”, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“En virtud de la instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se firmó un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia, sobre cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos”, apuntó la SCT.

La firma del acuerdo se dio en el marco de la visita de la delegación rusa a los festejos de los 200 años de la consumación de la Independencia de México, que se celebró el pasado lunes 27 de septiembre.

La firma del acuerdo la llevó a cabo la SCT a través de su organismo descentralizado, la Agencia Espacial Mexicana (AEM), y se suscribió con el vicedirector general de la Corporación Estatal Espacial Roscosmos, Sergey Valentinovich Saveliev.

En el acuerdo se expresa el interés de ambas naciones por establecer y desarrollar una cooperación equitativa y mutuamente benéfica para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre y la aplicación práctica del equipo espacial.

Se detalla que se trabajará con base en áreas como: ciencia espacial y exploración del espacio ultraterrestre; percepción remota de la Tierra desde el espacio; comunicaciones por satélite y uso de las tecnologías de información y los servicios asociados.

Además, también habrá cooperación en navegación por satélite; biología y medicinas espaciales y en viaje tripulados, entre muchos otros puntos. “Las actividades pioneras de Rusia en materia espacial han sido inspiración para el mundo entero”, expresó el director general de la AEM, Salvador Landeros Ayala.

Ambas partes coincidieron en destacar el talento de la juventud, y de las y los científicos y tecnólogos mexicanos, por lo que con este acuerdo se promoverá el intercambio académico.

Recordemos que recientemente se formalizó la constitución de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), que impulsada por México y suscrita por 18 países, busca insertar a la región en el desarrollo espacial.

El consorcio brasileño-mexicano Braskem-Idesa y Petróleos Mexicanos (Pemex) llegaron a un acuerdo para modificar el contrato de suministro y construir una terminal para la importación de etano en el sureste del país con una inversión de 400 millones de dólares.

Braskem-Idesa dijo que acordó con Pemex el cambio de los compromisos de volumen mínimo de suministro de etano luego de resolver “diferencias históricas” que venían discutiendo las partes desde hace varios meses.

“El acuerdo permitirá la sostenibilidad a largo plazo de nuestra planta, ubicada en Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río”, precisó la empresa.

De acuerdo con medios locales, el nuevo volumen mínimo de suministro será de 30,000 barriles por día hasta la puesta en marcha de la terminal de importación de etano. En el contrato original que se suscribió en el 2010 se contemplaba el suministro de 66,000 barriles diarios de etano por 20 años.

Asimismo, las partes aprobaron la construcción de una terminal de importación de etano, que estará ubicada en la Laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, e implicará una inversión de 400 millones de dólares.

La puesta en marcha de la terminal de importación está prevista entre el segundo semestre de 2024 y febrero de 2025, pero los plazos podrían cambiar si las licencias se demoran.

Braskem-Idesa precisó que el acuerdo está sujeto a la aprobación final de los Consejos de Administración de ambas partes, así como de los acreedores del consorcio brasileño-mexicano.

Recordemos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había cuestionado el anterior convenio con Braskem-Idesa y afirmó que implicaba un sobrecosto en el precio de 25%. Además de que Pemex recibió penalizaciones por incumplir el volumen pactado con el consorcio brasileño-mexicano.

En más de Pemex, este martes se confirmó que Sergio “Checo” Pérez, de la escudería Red Bull en la temporada 2021 de la Fórmula Uno, le ganó una demanda por 2.8 millones de dólares a la Petrolera, por haber incumplido un acuerdo para patrocinarlo.

Pérez, quinto de la clasificación de pilotos del campeonato de Fórmula Uno, demandó por más de 56 millones de pesos a MGI Asistencia Integral, empresa outsourcing de Petróleos Mexicanos, luego de que incumplió con un contrato firmado en el 2018.

Pemex había patrocinado a Pérez en temporadas previas de Fórmula Uno, pero tras el cambio de gobierno en el 2018, la empresa alegó tener otras prioridades y en el 2019 ya no apareció entre los patrocinadores del corredor de 31 años.