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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió este martes en defensa de la investigación de su gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de los cuestionamientos que hiciera el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El mandatario afirmó que los elementos que presentó la Comisión de la Verdad de su Gobierno en agosto pasado son “sólidos” aunque el GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló inconsistencias en al menos 181 de un total de 400 capturas de pantalla usadas como evidencia.

“Son elementos sólidos y hay pruebas suficientes, hay más de una prueba en cada caso, es otro tipo de cosas, en el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa”, respondió el presidente al ser cuestionado sobre el tema.

Ayer, el GIEI dijo que tras un peritaje, no era posible garantizar “la originalidad de los mensajes” de sospechosos en la desaparición de los jóvenes en septiembre de 2014 presentados en capturas de pantalla en el reporte del gobierno.

López Obrador respondió que el GIEI se dividió y que es “un asunto complejo”, al denunciar que hay “intereses de por medio”.

“Había una especie de pacto de silencio y mucho encubrimiento porque no solo se cometió esta atrocidad, sino tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica, imagínense lo que ha costado el descubrir lo que sucedió realmente”, apuntó.

La polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas se ha reavivado en este octavo aniversario por el reporte de la Comisión de la Verdad que reconoció que fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles, incluyendo el Ejército, y que los da por muertos.

Además, la semana pasada, el diario estadounidense The New York Times publicó que “el caso penal y el nuevo relato se han venido abajo” mientras que el encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”.

Ante los cuestionamientos que se le han hecho, el presidente reiteró que se le tiene “toda la confianza” a Encinas, a quien llamó un “hombre íntegro, recto, e incapaz de falsear información”.

“Se tienen todos los elementos para sostener la investigación, y se van a seguir haciendo averiguaciones, y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia”, añadió AMLO..

Sobre los padres de los 43 jóvenes, López Obrador dijo entender “su situación tan delicada, tan triste”. “Lo que no aceptamos es que estos asuntos tan lamentables sean utilizados por zopilotes, por nuestros adversarios conservadores y la prensa que está a su servicio”, remató.

El gobierno federal negó que haya un uso político del informe que presentó la semana la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que concluyó que se trató de un “crimen de Estado”.

“Una de las afirmaciones que se han hecho frecuentemente del informe es que esta es una posición política del Gobierno, y nosotros queremos destacar que este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

El subsecretario defendió el informe, que da por muertos a los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014 y derivó el viernes pasado en el arresto de Jesús Murillo Karam, entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

El subsecretario reconoció que hay un “contenido político”, pero consiste en “esclarecer un crimen de Estado”. Detalló que las indagatorias se dividen en dos momentos: los antecedentes y hechos de la desaparición y la intervención de autoridades de diferentes órdenes de gobierno que encubrieron el crimen.

Explicó que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa cuenta con 41 mil 168 documentos proporcionados por instituciones como las secretarías de la Defensa Nacional, de Gobernación, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, además de testimonios de sobrevivientes.

Además se llevó a cabo el análisis de comunicaciones con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos durante las horas críticas de la desaparición los días 26 y 27 de septiembre de 2014. El ejercicio permitió ubicar 206 mil registros y 116 números telefónicos de personas clave vinculadas a la red de autoridades y policías municipales.

Alejandro Encinas calificó de “absolutamente falso” el que el informe no diga “nada nuevo” y que solo se base en una fuente de información como los detractores del gobierno, incluido el propio Murillo Karam, han señalado.

Negó que el informe sea igual a la llamada Verdad Histórica, la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

“La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo, era tomar camiones”, aseveró.

Señaló que han descubierto que la orden la dio José Luis Abarca, entonces alcalde del municipio de Iguala, y el grupo criminal Guerreros Unidos en colusión con otras autoridades.

Pese a los avances presumidos, reconoció que aún no identifican dónde están los cuerpos de las 43 víctimas. “¿Dónde están? Por supuesto, fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se está tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunas de las personas involucradas”, añadió.

El subsecretario aclaró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que tiene acceso a toda la información recabada sobre el caso.

Ayer, tras una convocatoria de Morena y partidos aliados (PT y PVEM), los integrantes de la Comisión de Gobernación y Población, se reunieron y aprobaron por unanimidad remover al presidente de dicha instancia legislativa, al priísta Alejandro Moreno.

Fue Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, quien planteó que en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se solicite la ratificación de esta decisión, y que la diputada Julieta Padilla Ramírez quedara al frente de la instancia legislativa, mientras el Pleno de la Cámara de Diputados decida sobre el tema.

El diputado Rafael Llergo Latournerie pidió emitir una excitativa para solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no retrasar la remoción de Moreno Cárdenas como presidente de la Comisión de Gobernación y Población, ya que alrededor de 15 legisladoras y legisladores han respaldado la petición.
Llergo Latournerie indicó que “la presencia de Moreno Cárdenas al frente de la Comisión causa un perjuicio a ese órgano legislativo, pues plantea serios cuestionamientos sobre la objetividad, calidad y ética con los cuales continuaría ejerciendo el cargo”.
La bancada del PT pidió al presidente de la Cámara de Diputados a que pueda hacer una remoción y cambio de la presidencia a la brevedad, toda vez el también dirigente nacional del PRI rompió el reglamento por conflicto de interés.
Recordó que se solicitó al Comité de Ética iniciar un proceso para saber si el diputado quebrantó la normatividad, y se investigara la obtención de beneficios económicos por el uso de la Comisión de Gobernación y Población, y determine los temas que ha incurrido en falta, lo cual sería suficiente para reemplazarlo.
En tanto, la diputada Julieta Padilla expuso que, ante la negativa del PRI de remover al diputado Alejandro Moreno, se están buscando las rutas para su destitución, siempre cuidando los procesos internos de la Cámara de Diputados. 

 “Hay distintas posibilidades de ruta, lo que se está cuidando por parte de las y los diputados que han solicitado su remoción son los procedimientos internos de la Cámara de Diputados, por eso fue que la sesión, en asuntos generales, se postergó para no obstruir y no dejar sin materia el procedimiento interno, porque quien tiene la facultad para removerlo es el Pleno”, aclaró.

Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, coincidió en que le corresponderá al Pleno cameral decidir respecto a la solicitud para remover a Moreno Cárdenas como presidente de la Comisión de Gobernación y Población.

Mier Velazco explicó que la solicitud de remoción será turnada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y le tocará a ese órgano de gobierno dirimir sobre dicho requerimiento, y llegar a un acuerdo sobre quién puede sustituir al diputado Moreno Cárdenas.

“No deben olvidar que la decisión superior deliberativa es del Pleno de la Cámara. La Jucopo sólo facilita, es un facilitador para el desarrollo de los trabajos legislativos, pero no sustituye la votación que, en lo individual o como grupo en el Pleno, hagan las y los diputados”, comentó.

Incluso subrayó que el Grupo Parlamentario del PRI tendrá la prerrogativa de proponer a la diputada o diputado sustituto. Y es que de acuerdo con la Junta de Coordinación Política, al conformarse la LXV Legislatura, le corresponde a dicha  bancada ocupar la posición.

Cuestionado sobre si el procedimiento para llevar a cabo la quinta reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población fue legal, el líder parlamentario respondió que “se hizo conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados”.

Y es que Alejandro Moreno reaccionó e indicó que la convocatoria que hicieron los diputados de Morena y aliados para que sesionara la comisión era “a todas luces ilegal”.

“Además de ser rubricada (la convocatoria) por secretarios cuyos nombramientos no han sido notificados, no se cuenta con elementos materiales que la justifiquen”, señaló el legislador priista en un comunicado. “La convocatoria resulta improcedente, puesto que no fueron distribuidos los dictámenes por ningún medio. De tal modo que, los integrantes no cuentan con la información que se discutirá y votará en la hipotética reunión convocada”, añadió.

Precisó que la convocatoria de Morena carece de validez, no sólo por la falta de comunicación formal a la Comisión sobre la integración de nuevos secretarios, sino que, además, la diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle y el diputado Gerardo Fernández Noroña causaron baja automática de la comisión, al acumular cuatro faltas durante el presente semestre.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Cámara de Diputados aprobó, por 17 votos a favor y 14 en contra, la opinión favorable a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política, en materia energética, misma que fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El documento de opinión se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y a la de Energía, para efectos del artículo 69 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En la opinión se incluyó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, así como la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4° constitucional, en materia del derecho al suministro de energía eléctrica, que presentó la diputada priísta, Carolina Viggiano.

Esta situación generó la molestia de los legisladores de oposición, al acusar a Morena y afines que incluir, sin previo aviso, la iniciativa de la priísta, con el fin, aseguran, de pretender que la bancada del PRI de su apoyo a la iniciativa.

“Refiere que en el dictamen se tomen en cuenta estas consideraciones para robustecer su fundamentación en materia de medio ambiente y uso sostenible de recursos naturales. Se estimó pertinente que también se incorpore la propuesta de adición de un artículo transitorio, con la finalidad de dar certeza a la ejecución de la transición energética a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), especialmente en lo relativo al fomento de diversas fuentes de energía eléctrica y sus posibles repercusiones en el medio ambiente”, se lee en la justificación de la iniciativa.

Sin embargo, la bancada priísta anunció su voto en contra por considerar que la iniciativa presenta un modelo agotado de generación de energía, desestima la transición hacia una matriz energética de fuentes limpias y renovables, fomenta la utilización de combustibles fósiles y evita la descarbonización de la economía.

El diputado Mariano González Aguirre del PRI indicó que votarán en contra porque el respectivo documento incluye una iniciativa de su grupo, lo cual se presta a la confusión. “Si utilizan su mayoría para pasar la iniciativa del Ejecutivo, adelante, pero que quede constancia de que el PRI está en contra del atropello y de no generar acuerdos”, puntualizó.

El diputado Alejandro Moreno, también dirigente nacional del troicolor, afirmó que la bancada votará en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que envió el gobierno federal, porque está al margen de sus atribuciones y de ley.

“No la habremos de aprobar, aunque al gobierno de Morena no le guste. Estamos por presentar una contrapropuesta legislativa que verdaderamente beneficie a los sectores más vulnerables y productivos, así como al campo”, aseguró.

Por parte de la bancada del PRD, la diputada Gisel Díaz Acevedo, señaló que la iniciativa sobre la cual se emite la opinión impacta en la salud de la población por la emisión de contaminantes, impide el cumplimento de los compromisos del T-MEC y el Acuerdo de París, además de que omite una política energética transparente, justa, eficiente y limpia que optimice beneficios sociales, económicos, ambientales y climáticos.

De la bancada del PAN, el diputado Héctor Israel Castillo Olivares subrayó que es necesario modernizar y cambiar el sistema eléctrico, “pero no con la postura y el planteamiento que hace actualmente el Ejecutivo”. Consideró que la transición debió empezar desde que inició el Ejecutivo Federal cambiando cuestiones en la CFE y luego en la Constitución.

Su compañero de bancada, el diputado Enrique Godínez del Río, consideró que el Ejecutivo planteó solamente una forma y una visión, y ésta es la única que se impone. “Cuando tuvimos tantos foros y debates que dan herramientas necesarias para tomar decisiones que pudieron haber acercado a una modificación a fin de enriquecer esta reforma. Finalmente, ni una coma, ni párrafo fue modificado ni consensuado con los demás grupos parlamentarios. Debimos haber tenido más altura en cuestión de la información que tuvimos en los foros”.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado Erasmo González Robledo de Morena, aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con Proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2022.

Con 31 votos a favor y 24 en contra se acreditó el documento que propone un gasto neto total por 7.8 billones de pesos, 74% corresponde a gasto programable, es decir, a las erogaciones que la Federación efectúa en cumplimiento de sus atribuciones, mientras que 26% son erogaciones de naturaleza no programable, las cuales se asocian al cumplimiento de obligaciones legales.

El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para los efectos de la programación legislativa, es decir, para que sea discutido en el Pleno.

En el dictamen aprobado hay una reducción en tres rubros importantes del presupuesto para los organismos autónomos y en poderes de la Unión como el Instituto Nacional Electoral (INE), a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por 8 mil 38 millones de pesos.

De los poco más de 8 mil millones de pesos que se recortan, 4 mil 913 millones son en el INE, 2 mil 935 millones al CJF, 65 millones a la SCJN, y 125 millones de la Cámara de Diputados. Éstos recursos serán reasignados a las Secretarías de Agricultura (2,700 mdp), del Bienestar (2,457 mdp), Salud (1,580 mdp), de Relaciones Exteriores (560 mdp), del Trabajo (500 mdp), de Educación Pública (116 mdp), y la Cámara de Senadores (125 mdp).

Morena y aliados anunciaron que acompañarán el dictamen bajo los términos planteados, pues lo calificaron como “un proyecto responsable” que prioriza el gasto orientado a los programas sociales diseñados para reducir desigualdades económicas, sociales y regionales.

Además, resaltaron que el presupuesto es congruente con el principio de austeridad republicana. Defendieron el recorte al lo destinado al INE. Los diputados de Morena subrayaron que al Instituto no se le hizo ningún descuento, “es un ajuste con un año electoral, frente a otro año que no es electoral”.

La bancada oficialista destacó la ampliación por mil 580 millones de pesos destinado para reforzar el programa de vacunación que garantiza la compra de vacunas contra el COVID-19, por lo que se contará con recursos por 30 mil 314 millones de pesos para 2022.

Sin embargo, pese a lo planteado por las bancadas de Morena-PT-PVEM, los diputados del PAN aseguraron que “el presupuesto no atiende las prioridades de los mexicanos. No vemos acciones contundentes para mitigar los efectos negativos de la crisis económica ni de la pandemia. El gasto atiende caprichos a seguir invirtiendo más recursos sanos a las megaobras faraónicas”.

Sostuvieron que el presupuesto obedece a una sola persona, en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y no a las necesidades del pueblo. Condenaron que a los municipios les están quitando recursos.

Margarita Zavala del PAN subrayó que “es un presupuesto que administra la pobreza, pero no la combate y necesitamos uno que la combata y genere crecimiento”.

En tanto la bancada del PRI dijo que está en contra del dictamen, porque el análisis no refleja las inquietudes externadas en parlamentos abiertos. El diputado Pedro Armentía López dijo que votarán en contra por las incongruencias que hay entre el discurso del grupo mayoritario y el Ejecutivo y la realidad. Hablan de la austeridad y de la transparencia, pero en la realidad piden una ampliación para gastos operativos en el ramo administrativo de las secretarías de Estado. “Quisiera que su voto fuera por convicción y no por sumisión, me queda claro que este proyecto no está acorde a la realidad que vive el país”.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Salomón Chertorivski manifestó que el problema con el dictamen es que todo lo que se ha suscitado a partir del ocho de septiembre “es una pantomima, no estamos haciendo un ejercicio con seriedad, de discusión, de entrarle a fondo de los temas, no se tomaron en cuenta las evaluaciones de programas, las consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación, las opiniones de las comisiones, todo el procedimiento se ha violentado, no nos han escuchado”.

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la gestión de la pandemia en Brasil aprobó ayer por la noche el informe final en el que se acusa al presidente, Jair Bolsonaro, de un total de nueve delitos, entre ellos el de crímenes contra la humanidad.

La CPI, instaurada en el Senado, dio luz verde al informe, elaborado por el principal relator de la comisión, el senador Renan Calheiros, por siete votos a favor y cuatro en contra.

La aprobación del informe, con la que la Comisión concluye seis meses de trabajo, supone la solicitud de imputación de un total de 78 personas, entre ellas Bolsonaro, y dos empresas por distintos delitos cometidos durante la pandemia de COVID-19.

El informe, de casi 1,290 páginas, será ahora remitido a la Justicia del país, el Tribunal Supremo y la Fiscalía brasileña, y también al Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, para que se valoren las solicitudes.

En concreto, el documento pide a estos organismos que se acuse a Bolsonaro de nueve crímenes relacionados con la pandemia, comisión de delito epidémico con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, curanderismo, prevaricación, empleo irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, delito de responsabilidad y delitos de lesa humanidad, este último delito juzgado por el TPI.

El informe incluye como pruebas imágenes del presidente animando a multitudes, declaraciones contra las vacunas o el apoyo del presidente a la cloroquina, medicamento ineficaz para la COVID-19. También detalla el retraso en la adquisición de vacunas o la oposición del gobierno a las medidas sanitarias, además del colapso del sistema.

Con respecto a Bolsonaro, también reclama a los abogados del Senado que exijan su salida de redes sociales debido a su “relevante papel” en la difusión de noticias falsas sobre la pandemia.

Por otro lado, en el texto se demanda también la acusación de los tres hijos del presidente, así como de ministros del gobierno, entre ellos el actual titular de Salud, Marcelo Queiroga; o el exministro del mismo departamento Eduardo Pazuello, así como el extitular de Exteriores Ernesto Araújo. El informe también acusa a empresarios, médicos y diputados federales, además de a dos empresas que firmaron contratos con el Ministerio de Salud, Need Medicines y VTCLog.

Rápidamente el presidente Jair Bolsonaro reaccionó; calificó de “payasada” el informe de la comisión. “Eso es una payasada”, declaró el mandatario en una entrevista con la emisora Jovem Pan, quien sin embargo admitió que un informe de esa naturaleza “causa muchos problemas”.

Bolsonaro aseguró que no está preocupado con su futuro, pues el informe de la comisión parlamentaria “no vale nada”, pero reconoció que “hacia afuera de Brasil la imagen es pésima” y afecta hasta a la economía del país.

“Hay quien cree que aquí tenemos una dictadura, que yo meto presos a los periodistas, que cerceno la libertad de expresión, que maté gente en la pandemia, y eso influye en la gente que quiere invertir en Brasil y luego no invierte”, declaró.

Una jueza federal de Estados Unidos emitió este viernes una decisión que prohíbe a Apple la exclusividad de los sistemas de pago en las compras a través de la tienda de aplicaciones App Store.

La magistrada Yvonne González Rogers estimó que cuando la firma fundada por Steve Jobs impide a los desarrolladores informar a sus clientes que existen alternativas más baratas a las compras mediante la App Store se está produciendo una violación de las leyes antimonopolio.

El fallo, sin embargo, mantiene la polémica comisión del 30% que Apple cobra a los desarrolladores de software, y respalda el derecho de la empresa a ofrecer únicamente la App Store como tienda de aplicaciones en sus productos.

El veredicto de este viernes es el último episodio en la batalla legal que mantienen Apple y la empresa de videojuegos Epic Games, que en un juicio de tres semanas en mayo pasado trató de demostrar ante la jueza que la firma basada en California, ejerce como un monopolista.

En el centro de la disputa se halla la pregunta de si la App Store es un monopolio y la empresa de Cupertino se está aprovechando de ello y perjudicando a los consumidores, tal y como sostienen desde Epic, o si por el contrario compite libremente con alternativas como Google Play, como argumenta la defensa.

En este sentido, el fallo de Rogers fue más cercano a los intereses de Apple que a los de Epic, ya que si bien prohíbe a la empresa de la manzana seguir teniendo exclusividad en los pagos, deja claro que no se puede tildar a Apple de monopolio.

“La Corte ha confirmado hoy lo que siempre hemos sabido: que la App Store no viola las leyes antimonopolio. Como ha dicho la Corte, ‘el éxito no es ilegal'”, celebraron desde la compañía que ahora dirige Tim Cook en un comunicado tras conocer la decisión judicial.

La euforia de la empresa se entiende porque, aunque no podrá mantener la exclusividad en los pagos y eso puede suponerles una cierta pérdida de negocio, si la jueza hubiera decidido echar abajo otros elementos clave del funcionamiento de la App Store como la comisión del 30%, las consecuencias habrían sido devastadoras para los intereses de la compañía.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes el anteproyecto de acuerdo por el que se establece el financiamiento público previsto para los partidos políticos, correspondiente al ejercicio 2022.

Los institutos políticos recibirán por concepto actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas un total de 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos.

Rubro de financiamiento público Monto de financiamiento público
Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes $5,543,960,204
Actividades específicas $166,318,806
Franquicia postal $110,879,204
Franquicia telegráfica $693,490
Total $5,821,851,704

 

La presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, indicó que la distribución a cada partido quedará definida una vez que se concluya el desahogo de los medios de impugnación, por lo que estimó que a finales de agosto y, sin duda, el 1º de septiembre habrá claridad sobre la asignación de la bolsa sin que se tenga que detenerse la definición presupuestal.

En tanto, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados, señaló que, al igual que en procesos anteriores, en este punto únicamente se considerará el monto total de las prerrogativas, por estar pendientes impugnaciones sobre los resultados del Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Explicó que la definición de la bolsa total será finalmente distribuida entre los partidos con registro nacional en función de la fórmula aritmética constitucional que contempla el Padrón Electoral y la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de la cifra final.

El INE detalló que el cálculo de la bolsa del financiamiento público anual se realizó considerando el número total de personas inscritas en el Padrón Electoral nacional, con corte al 31 de julio de este año, que asciende a un total de 95 millones 170 mil 381 personas, así como el 65% del valor de la UMA que corresponde a 58.25 pesos.

El acuerdo será sometido a consideración del Consejo General para su posterior inclusión en el proyecto de presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022 que el INE remita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La diputada del PRI, Dulce María Sauri, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a que se investigue y aclare, de manera pronta y expedita, el derrumbe ocurrido en la Línea 12 del Metro.

La propuesta busca que se finquen las responsabilidades conducentes a los funcionarios y exfuncionarios por su posible responsabilidad en las fallas que ha presentado el servicio.

En el punto de acuerdo también se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a que destituya a la titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, debido a las fallas recurrentes que se han presentado durante su gestión.

“Esta es la mayor tragedia sucedida en la historia de la capital del país, desde el terremoto de 2017; sólo que esta vez no fue un desastre natural, sino un accidente por el fallo de una estructura”, dijo la diputada.

La propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Adicional, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Kenia López Rabadán presentó un punto de acuerdo para crear una comisión especial plural que investigue, de manera objetiva, lo sucedido en la línea 12 del Metro.

También propuso la comparecencia del ex jefe de gobierno y actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que explique los señalamientos que se han hecho a la construcción de esa obra.

La legisladora expuso que en la construcción de la línea 12 hubo “peculado, pagos indebidos, retrasos en la entrega, fraude, tráfico de influencias, uso indebido del ejercicio público y desvío de recursos”.

Sin embargo, con 13 votos a favor y 20 en contra, los legisladores de Morena y bancadas aliadas frenaron la propuesta, al considerar que es “carroñera” y no es un tema de “urgente y obvia resolución”.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que durante las campañas electorales y hasta el día de la Jornada Electoral, se abstenga de difundir logros de gobierno, incluyendo lo relacionado con programas sociales, obra pública y cualquier información que pueda incidir en las preferencias electorales.

La medida se deriva de una queda que el PRD y Movimiento Ciudadano presentaron en contra del presidente por la presunta difusión de propaganda gubernamental, así como la probable trasgresión al principio de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, por lo expuesto durante la conferencia mañanera del pasado 16 de abril.

A decir de los quejosos, se indicó que en la mañanera se recurrió a propaganda gubernamental al exponer logros de su gobierno, como la entrega de becas y apoyos sociales en tres entidades federativas.

La Comisión estimó que se consideran constitutivas de propaganda gubernamental, con la exaltación de logros o acciones gubernamentales, además de que tales declaraciones estuvieron acompañadas de la reproducción de imágenes, particularmente una tabla que contenía datos sobre tres entidades federativas en las que se señalaron cifras de las personas beneficiarias, aun y cuando en las mismas se están llevando a cabo los procesos electorales federal y locales.

Se enfatizó que tras el análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que no se trató de manifestaciones espontáneas, sino que fueron preparadas para su emisión pública, pues contenían gráficas y datos previamente obtenidos por el gobierno federal.

La Comisión advirtió la existencia de un riesgo inminente de que vuelva a ocurrir tal conducta y se ponga en riesgo los principios rectores del proceso electoral.

La medida incluyó la instrucción de que dicho contenido sea eliminado del material que se encuentra en Facebook y en YouTube, además de las redes sociales y plataformas oficiales del presidente y del gobierno federal.

Tras la medida alcanzada por la Comisión del INE, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, respondió asegurando que el “INE censura”.

“Para el INE no es suficiente quitar candidaturas de manera arbitraria y desproporcionada, ahora intenta censurar al Presidente. Una prueba más de su parcialidad, le hacen el trabajo sucio al PRIAN”, señaló a través de una serie de mensajes de Twitter.

Se lanzó de nuevo contra Lorenzo Cordova y Ciro Murayama, de quienes dijo, quieren silenciar al presidente, mientras usan los medios, recursos y las redes institucionales del INE  para difundir sus acciones políticas.

Los exhortó a renunciar y a afiliarse a un partido para hacer frente así al movimiento que encabeza el presidente López Obrador.

Y aunque Morena se quejó, la noche de ayer se eliminó de plataformas digitales la conferencia del 16 de abril.

Al respecto, esta mañana el presiente indicó que “hay que cuidar… y ayúdenme ustedes, no me pregunten cosas que sean comprometedoras”.

AMLO indicó que si la prensa le cuestiona temas partidistas o de asuntos relacionados con la elección, él debe contestar, pues sino se perdería el sentido de las conferencias.

Esgrimió y dijo que aunque hay temas que no puede tocar, sí hablará de la democracia, de la participación ciudadana, de que sean elecciones limpias, que se respete la decisión de la ciudadanía, entre otros, “sin que se incline la balanza” hacia algún partido o candidato.

La dirigencia nacional de Morena informó que la noche de ayer, durante la reunión de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, se acordó la ruta de trabajo para dar cumplimiento a la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido, que ordenó reponer el proceso de selección del o la candidata para la gubernatura en Guerrero.

Dicha candidatura había sido asignada al senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, sobre quien hay diversas denuncias de delitos sexuales, lo cual llevó a una fuerte presión para que le fuera retirada.

La dirigencia de Morena indicó que para dar inicio con la reposición del proceso de la selección de la candidatura a la gubernatura de Guerrero, se solicitó a la Comisión Nacional de Encuestas de Morena llevar a cabo una encuesta en dicha entidad.

En ese sentido, la secretaria general del partido Citlalli Hernández, indicó que para el nuevo ejercicio se realizarán nuevas valoraciones, aunque no se ofrecieron mayores detalles.

La dirigencia, a cargo de Mario Delgado, señaló que en los próximos días se informará el resultado de dicha reposición de procedimiento, así como el registro definitivo de la candidatura a la gubernatura de Guerrero, la cual se tendrá que definir a más tardar el próximo 10 de marzo.

Y debido a que no se aceptó el proyecto original que la Comisión de Honor y Justicia presentó sobre las quejas en contra de Salgado Macedonio, fue el senador de licencia quien informó que debido a que no perdió sus derechos políticos, buscará una segunda oportunidad para conseguir la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

En Twitter, Salgado Macedonio indicó que estaba listo para participar en la encuesta. “Somos respetuosos de sus decisiones y vamos nuevamente a la competencia. Seremos respetuosos de los resultados. En la encuesta Félix, es la respuesta. ¡Hay toro!”.

Quien también ocupó las redes sociales para hablar de sus aspiraciones políticas, fue Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien en un inicio buscaba la candidatura de Morena y la perdió contra Salgado Macedonio. El hermano de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), anunció que no volvería a participar en el proceso interno.

“No soy factor de división, no voy a prestarme a las guerras intestinas ni tampoco seré instrumento útil a los adversarios de Morena (…) por ello, he decidido retirar mi participación del proceso interno de Morena a la gubernatura”, indicó Sandoval Ballesteros, a cuyo mensaje reaccionó Salgado Macedonio, agradeciendo a su “querido compañero y hermano” el gesto “patriótico”, que dijo, abonará al proyecto de la Cuarta Transformación.

Según se ha reportado, son tres mujeres quienes buscan la candidatura de Guerrero del partido. Son: Nestora Salgado, Beatriz Mojica y Adela Román.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que la Comisión Nacional de Elecciones se reunió la tarde de ayer para analizar los términos de la resolución que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) emitió el sábado pasado sobre la candidatura del partido a la gubernatura de Guerrero.

“Luego de explorar las vías para su cabal cumplimiento, la Comisión decretó un receso para continuar sus trabajos el día mañana y estar en condiciones de tomar las determinaciones conducentes”, detalló Delgado, indicando que será este mismo lunes cuando se defina el tema.

Delgado Carrillo dijo que la Comisión Nacional de Elecciones “acatará la resolución del órgano de justicia partidaria en estricto apego a Derecho y a sus facultades estatutarias”.

Recordemos que la Comisión Nacional de Elecciones está integrada por Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN); Citlalli Hernández, secretaria general del mismo; Esther Gómez, secretaria de la Diversidad Sexual; Carlos Evangelista, secretario de Combate a la Corrupción y Alejandro Peña, senador de la República.

Y es que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena propuso, vía Zazil Carreras, integrante de dicha comisión, “juzgar con perspectiva de género” e inhabilitar a Félix Salgado Macedonio, por las acusaciones que hay en su contra de delitos sexuales.

Sin embargo, la presidenta del órgano jurisdiccional y dos de sus integrantes rechazaron el proyecto; Eloísa Vivanco, Donají Alba y Alejandro Viedma votaron contra el proyecto presentado, en el que se establecía que Salgado Macedonio había incurrido en “conductas contrarias a los documentos básicos de Morena” y transgresiones a los artículos 6, inciso h y 49 inciso a, así como a la declaración de principios del partido.

Milenio informó que la dirigencia nacional de Morena convocó a cuatro personas para asistir a la sede nacional del partido, para recibir información de la situación de la candidatura en Guerrero: el propio Salgado Macedonio está convocado, al igual que Luis Walton Aburto, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo.

Sin embargo, fue esta madrugada que Pablo Amílcar, hermano de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), emitió un comunicado en el que manifestó que ha “decidido retirar mi participación del proceso interno de morena a la gubernatura” de Guerrero.

Indicó que desde cualquier trinchera estará impulsando la llamada Cuarta Transformación, pero enfatizó que las aspiraciones, por más legítimas que sean, tienen que someterse a los objetivos y luchas colectivas.

En su comunicado, el morenista señaló que ante el escenario electoral, los adversarios de la transformación, “la derecha más retrógrada” quiso hacer creer que el golpeteo y la división eran al interior de Morena, esto en referencia a las acusaciones y campaña para que se le quitara la candidatura a Salgado Macedonio.

“No soy factor de división, no voy a prestarme a las guerras intestinas, ni tampoco seré instrumento útil a los adversarios de Morena (…) por ello he decidido retirar mi participación del proceso interno de Morena a la gubernatura”, se lee en su carta.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, órgano responsable de la vigilancia de la fiscalización superior anunció que se realizarán mesas de trabajo para analizar, conjuntamente con el Titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, y los Auditores Especiales responsables de las auditorías de los informes de auditoría a la Cuenta Pública 2019.

“Citar a todos los auditores especiales, y al auditor superior de la Federación, a una reunión a la Cámara de Diputados, el día lunes a las 12 del día, esto con la finalidad de conocer y ampliar información pertinente a los informes enviados a la misma Cámara de Diputados, no sólo la del aeropuerto, sino que profundicemos y revisemos metodologías y que tengamos el seguimiento constante de éstos informes”, dijo el diputado Mario Alberto Rodríguez, presidente de la comisión.

Indicó que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación realizará las investigaciones correspondientes conforme a sus facultades y llevará a cabo los procedimientos legales y administrativos que establece el marco legal aplicable, para que llegado el momento se puedan deslindar las responsabilidades a que hubiese lugar, si fuera el caso.

El legislador añadió que otra de las acciones es que se solicitó a la Unidad de Evaluación y Control (UEC), qué es, quién funge como Órgano Interno de Control de la propia Auditoría, que inicie las investigaciones correspondientes al auditor especial Agustín Casos Rafael, por su desempeño en la fiscalización que hizo en el informe del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Sobre lo anunciado esta mañana por el presidente López Obrador, respecto a que solicitaría a la Cámara de Diputados una investigación sobre el caso, el legislador de Movimiento Ciudadano dijo que no era necesario que el presidente solicitara la investigación, pues ellos saben sus funciones.

“Esa investigación ya se giró, veía yo hoy la declaración del Presidente diciendo que nos va a decir, no tiene nada que decirnos, nosotros sabemos nuestra responsabilidad y además hay independencia de autonomía de los órganos legislativo y Ejecutivo”.

El segundo debate electoral entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, programado para el próximo 15 de octubre, a celebrarse en Miami, Florida, será virtual, anunció hoy la comisión que los organiza.

El anuncio de la decisión de la Comisión para los Debates Presidenciales tiene lugar después de que tanto el presidente Trump como numerosos funcionarios de La Casa Blanca hayan dado positivo a COVID-19.

La decisión ha sido adoptada, según indicó la comisión, para “proteger la salud y seguridad” de todas las personas involucradas, y significa que los dos candidatos participarán desde sitios distantes.

“Los participantes en el debate y el moderador, Steve Sculli, productor ejecutivo y editor político de la Red C-SPAN, estarán ubicados en el Centro Adrienne Arsht para las Artes en el Condado Miami Dade, de Florida”, señaló la comisión.

Todavía ayer, dos días después de que el presidente Trump salió del hospital naval Walter Reed y retornó a La Casa Blanca, los portavoces de su campaña señalaron que el presidente estaba dispuesto a debatir con Biden quien ha insistido en que seguiría la recomendación de los expertos.

Sin embargo, el presidente Donald Trump afirmó esta mañana que no participará en un debate virtual, y sostuvo que la Comisión para los Debates Presidenciales “trata de proteger” al candidato demócrata con esa decisión.

“No voy a hacer un debate virtual”, dijo a Fox News. “Es inaceptable para nosotros”, añadió el republicano.

Por su parte la campaña de Joe Biden informó que el candidato contestará directamente a preguntas de los votantes la próxima semana, ante la negativa de Trump a participar en el debate virtual.

Incluso sugirió a la comisión cambiar de fecha el encuentro, con el fin de que el republicano “no evada” su deber.

“Ante la negativa del presidente a participar el 15 de octubre, esperamos que la Comisión de Debates mueva el ‘town-hall’ (formato que incluye preguntas de ciudadanos) de Biden-Trump al 22 de octubre, para que el presidente no pueda evadir su responsabilidad”, dijo la portavoz de la campaña de Biden, Kate Bedingfield, en un comunicado.

En la misma entrevista con la cadena Fox, el presidente Trump aseguró estar listo para reanudar sus mítines de campaña y reconoció el tratamiento experimental recibido tras contagiarse del coronavirus, aunque no hay manera todavía de determinar si esos medicamentos han surtido efecto.

“Me siento bien, muy bien, creo que estoy perfecto. Me siento tan bien que me encantaría tener un mitin de campaña esta misma noche”, declaró el mandatario añadiendo que no cree ser contagioso de Covid-19. “en lo absoluto”, remató.

La Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos implementará cambios al formato de dichos eventos tras el “desastroso y caótico” encuentro de anoche entre el presidente Donald Trump y Joe Biden.

El debate “demostró la necesidad de añadir estructuras al formato de los siguientes debates a fin de garantizar una discusión más ordenada de los temas”, anunció la comisión este miércoles.

El moderador Chris Wallace tuvo enormes dificultades para controlar el debate, que tuvo lugar en Cleveland, debido a las frecuentes interrupciones, principalmente de Trump.

Una posibilidad que se está discutiendo es darle al moderador la capacidad de cerrar el micrófono de uno de los participantes mientras su oponente está hablando, según una persona con conocimientos en el tema que habló con la condición del anonimato.

El próximo debate presidencial tendrá formato de asamblea pública y tendrá lugar el 15 de octubre en Miami.

Al respecto, Biden calificó este miércoles la actitud de su rival en el debate presidencial de “vergüenza nacional”, en referencia a las continuas interrupciones, que recibió varios llamados de atención del moderador.

“Quizás no debería decir esto, pero el presidente de Estados Unidos se condujo de una forma que creo que fue una vergüenza nacional”, dijo el demócrata durante un acto de campaña en Alliance, en Ohio, un estado clave para llegar a La Casa Blanca, donde Biden es favorito, según las encuestas.

“No sólo me atacó a mí y a mi familia. También atacó al moderador”, dijo el exvicepresidente de Barack Obama.

Wallace, de Fox News, pidió un debate más ordenado, y en un momento mirando a Trump, dijo: “El país estaría mejor servido si permitiéramos que ambas personas hablen con menos interrupciones. Le estoy pidiendo, señor, que lo haga”.

“Pídeselo a él también”, respondió el presidente. “Bueno, francamente, usted ha interrumpido más que él”, replicó Wallace.

Biden también se refirió a la polémica luego que Trump se negara a condenar a los grupos supremacistas blancos y enviara un mensaje de aliento al grupo Proud Boys, una formación de extrema derecha fundada en 2016 y que está vinculada a varios episodios de violencia contra manifestantes antirracistas.

Adicional, Biden dijo que los estadounidenses no se quedarían de brazos cruzados si el presidente Donald Trump pierde y se niega a retirarse, un día después de que el mandatario volvió a negarse a decir si aceptaría los resultados de las elecciones del 3 de noviembre.

“El presidente se retirará. El pueblo estadounidense no lo tolerará. Ninguna agencia toleraría que eso suceda”, sostuvo el candidato demócrata.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco, indicó este viernes en un informe, que hay elementos para acreditar que la muerte de Giovanni López se trata de una ejecución extrajudicial.

“Es evidente, que, de acuerdo con los derechos humanos violentados, y acorde a la línea jurisprudencial  internacional y demás lineamientos, se está ante un caso de una ejecución extrajudicial, en la que se privó de la vida a Alejandro Giovanni López Ramírez”, pues, precisa, su fallecimiento ocurrió cuando se encontraba bajo la custodia de elementos policiales y en  instalaciones del gobierno municipal.

Giovanni López, de 30 años, murió tras ser detenido por la policía municipal el pasado 4 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, por cometer una falta administrativa y presuntamente por agredir a los policías, según la versión oficial; aunque familiares y vecinos afirman que fue por no llevar cubrebocas, esto como parte de las medidas emitas por el gobierno estatal.

El organismo estatal afirma que López fue golpeado de manera excesiva  por parte de los agentes de la Policía municipal al momento de detenerlo, por lo que todo indica que su fallecimiento fue a consecuencia de las lesiones que sufrió.

Para la CEDHJ, “todos los golpes y lesiones ocasionados fueron de  manera consciente y desproporcionada”, por lo que al golpear en repetidas ocasiones a López, los agentes policiales generaron actos de tortura, violando su derecho a la integridad personal.

Añade que los actos cometidos por los agentes de la Policía Municipal en contra de Giovanni, fueron realizados con la total intención de someterlo, causarle sufrimientos e intimidarlo. Señala que la intención de causarle sufrimiento e intimidarlo mediante los golpes es “clara y notoria”.

Mientras la autopsia señala como causa de la muerte un “trauma craneoencefálico”, la Comisión indica en su informe que “lo más razonable de la causa de muerte de Alejandro Giovanni López Ramírez fue el uso de la fuerza pública”.

La muerte de López ha provocado una ola de protestas que empezó en Jalisco y se ha extendido hasta Ciudad de México. La represión de las  manifestaciones ha provocado más movilizaciones.

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