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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que no interpondrá ninguna denuncia contra su antecesor Enrique Peña Nieto, por presuntamente utilizar parte de los recursos que obtuvo mediante sobornos para pagar campañas en su contra.

“No vamos a meter ninguna denuncia contra expresidentes. Vamos a esperar que la Fiscalía termine de reunir los expedientes y sean ellos quienes determinen si hay culpables o no”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador aseguró que su postura sigue siendo que no haya persecución, venganzas políticas, y que se aplique la ley con rigor, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad”.

Insistió en que será el pueblo quien decida si debe investigarse a los expresidentes en la consulta que se realizará en 2021, misma que fue solicitada por él y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el mes pasado.

Y es que de acuerdo con versiones periodísticas, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, afirma que el expresidente Peña Nieto utilizó parte de los sobornos que recibió de Odebrecht en la campaña presidencial de 2012 para desprestigiar a López Obrador y a la entonces candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota.

Lozoya abundó en su declaración que el entonces coordinador de campaña, Luis Videgaray ordenó pagar a asesores y analistas políticos, quienes debían entregarle directamente el resultado de su trabajo.

Además, esta semana se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) denunció al expresidente Peña Nieto por el delito de traición a la patria, al haber ordenado pagos por más de 121 millones de pesos que habrían sido repartidos entre miembros del Congreso para que aprobaran la reforma energética, que abrió el sector a la iniciativa privada tras décadas de monopolio estatal.

Al respecto, López Obrador dijo que él no podría detener ningún proceso de la FGR ya que es un organismo “autónomo”. Reiteró que su Gobierno siempre respetará la máxima de “al margen de la ley nada, por encima se la ley, nadie”.

“Se va a impartir justicia sin tendencias, ni consignas. Es un caso muy relevante porque está implicando a altos funcionarios, y es además. Es un tema electoral también porque se sostiene que este dinero, que fueron sobornos, se utilizó para campañas”, lamentó.

AMLO afirmó que se están viviendo tiempos “interesantes”, y aseguró que por primera vez no existe una consigna del presidente “ni a favor ni en contra de nadie”.

Del mismo modo, afirmó que sea cual sea la decisión de las autoridades, tanto el pueblo como las personas acusadas deben estar tranquilas porque se aplicará la ley con rigor.

Reiteró su confianza en la FGR, e indicó que como órgano autónomo tiene por primera vez un fiscal recto e íntegro, incapaz de actuar de manera indebida, lo cual debe de dar seguridad incluso a los implicados porque se impartirá justicia sin sesgos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este lunes que le “perjudica” que su hermano, Pío López Obrador, haya denunciado penalmente al periodista Carlos Loret de Mola, que filtró videos suyos recibiendo dinero en efectivo de parte del ex titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, David León Romero.

“No estoy de acuerdo con él, yo creo que no debe pedirse un castigo así para nadie y más si es mi hermano. Porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del Gobierno que represento”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

Recordemos que el pasado 20 de agosto se filtraron dos videos del 2015 en los que Pío López Obrador, hermano del presidente, recibía sobres con dinero en efectivo por parte de David León. Los implicados alegaron en su momento que el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido (Morena) a las elecciones locales del estado de Chiapas.

Este domingo, Loret de Mola reveló en su columna con The Washington Post que el hermano del mandatario presentó una denuncia penal contra él por ese caso, pidiendo una sanción de 12 años de cárcel.

“Yo no tengo nada que ver con esto, pero absolutamente nada. Y en vez de ayudarme esa denuncia de mi hermano me perjudica”, añadió el presidente al asegurar que no tiene hermanos “en lo que tiene que ver con las funciones públicas”.

El mandatario dijo que Loret de Mola no tiene de qué preocuparse ya que “no se va a hostigar o perseguir a nadie”.

“Están muy molestos, la prensa vendida y alquilada de otros tiempos, la prensa conservadora. Pero no vamos a violar el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la libre expresión, a la libertad de prensa. No vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa”, sostuvo AMLO.

López Obrador, señalado por varias organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch a raíz de su trato a la prensa en sus conferencias matutinas, aludió que una cosa es dar réplica en las mañaneras y otra ir al ministerio público y querer censurar a los medios.

Foto: Youtube – LATINUS

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, presentó ante la Fiscalía de Delitos Electorales (FEDE) una denuncia en contra de Mario Delgado, a quien acusa de utilizar recursos público con fines políticos-electorales.

A través del abogado Eduardo Nuñez, quien estuvo acompañado de un grupo de Diputados federales, Muñoz Ledo acusó a Delgado Carrillo de haber sacado un “grotesco provecho” de su posición como servidor público y líder de la bancada morenista la Cámara de Diputados.

“En su intención de agazapar la Presidencia de Morena, el hoy denunciado ha sacado un indebido e ilegítimo provecho de su posición como legislador federal, como Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y como Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena”, señala la denuncia.

El también Diputado acusa a Mario Delgado de promocionar su imagen y propuestas en un espacio que debería ser ajeno a los intereses y asuntos de la vida interna del Partido, en referencia a la Cámara de Diputados; obtener provecho y difusión indebido, y aprovecharse de los recursos de origen público a los que tiene acceso.

Señaló que los recursos públicos los utilizó a su favor disfrazándolos como parte de su actividad como legislador.

Además, denuncia que su rival por la presidencia de Morena ha hecho un despliegue de propaganda de su imagen y propuestas mediante la colocación de diversos y “sumamente costosos” anuncios espectaculares en la vía pública de diversos Estados como Nuevo León, Veracruz y Guerrero; la difusión de su candidatura mediante perifoneo en vehículos automotores que exhibían espectaculares promoviendo su candidatura, y mediante el uso de las principales redes sociales.

Indicó que lo grave es que ha impulsado su candidatura, echando mano de la estructura del Partido en la Cámara de Diputados.

Muñoz Ledo lamentó que Mario Delgado solo busca el poder sólo por el placer de ostentarlo. Señala la obtención indebida de ventaja electoral, sacando provecho de los cargos de elección popular, siendo que éstos deben ser exclusivamente para servir al pueblo y no para servirse de él; la utilización indebida de recursos públicos para posicionarse electoralmente; la compra de consciencias, y el despilfarro en despoblado de recursos del pueblo.

“Es más que obvio que los actos realizados por Mario Martín Delgado Carrillo han afectado gravemente el proceso, y han repercutido en la certeza y la legalidad de esta elección, ya que usando una cantidad exorbitante de recursos económicos logró hacerse de una indebida ventaja en la carrera por la dirigencia del Partido, lesionando irreparablemente la equidad en la contienda”, enfatizó el abogado de Muñoz Ledo.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pospuso la sesión programada para esta tarde, en la que se preveía fuera discutido el proyecto correspondiente a la renovación de la dirigencia de Morena.

Se analizarían las denuncias interpuestas en contra del proceso de renovación, que está en marcha y que es organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE). El TEPJF indicó que la sesión se posponía debido a presuntas “inconsistencias, errores y omisiones”.

Las denuncias apuntaban a la falta de reglas, ausencia de equidad, certeza y objetividad en la elección mediante la aplicación de encuestas.

El proyecto de sentencia del magistrado presidente, Felipe Fuentes, que comenzó a circular ayer por la tarde (y que fue ventilada por uno de los aspirantes a la dirigencia) propone revocar el proceso de encuesta en curso y avalar la prórroga implícita de mandato, hasta pasado el Proceso Federal Electoral 2021.

Con dicha resolución, el dirigencia nacional provisional, Alfonso Ramírez Cuéllar, y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena se mantendrían en el cargo.

Al respecto, Mario Delgado calificó como grave que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pretenda dejar sin efectos el proceso de encuesta para la renovación de la dirigencia nacional de Morena que el propio Tribunal definió, pues advirtió que está en juego su credibilidad rumbo al proceso electoral del 2021.

“Es grave que el TEPJF se retracte de sus resoluciones, lo que está en juego es su credibilidad y es delicado porque será el árbitro para el 2021”, sostuvo el aspirante a dirigente nacional de Morena.

El diputado indicó que el Tribunal Electoral tiene que actuar con responsabilidad y generar certidumbre, sin embargo, destacó que con esta decisión está sembrando dudas, pese “a la ratificaron de la convocatoria del INE que ellos mismos realizaron en sus términos”.

Mario Delgado recordó el llamado que realizó el sábado pasado a que se retirarán ya todas las impugnaciones en el Tribunal y se dejará correr la encuesta para que la gente decida la nueva dirigencia de Morena, aunque reconoció que hay muchas resistencias.

Señaló que debido a que va adelante en prácticamente todos los sondeos, “hay un interés en que no lleguemos a la dirigencia de Morena”.

Concluyó afirmando que el proceso de renovación de Morena mediante encuesta, dará una dirigencia con autoridad y legitimidad.

Por su parte Porfirio Muñoz Ledo, otro de los aspirantes a la dirigencia, calificó la intención del TEPJF como un “atropello a la democracia mexicana”.

El también diputado acusó que el Tribunal “corrupto” que ordenó inconstitucionalmente violar los estatutos de Morena, ahora se retracta de un proceso que está por terminar y propone otro para después de las elecciones intermedias.

A través de sus redes sociales, Muñoz Ledo advirtió que él y Citlalli Hernández, quien busca la secretaría general del partido, ganaron “2 a 1 la primera fase y estamos arrollando en la segunda” que termina el próximo jueves.

“Los principios vencieron al dinero y el TEPJF entrega la victoria deliberadamente al dinero y al caciquismo”, señaló el aspirante.

Las y los senadores de Acción Nacional presentaron esta tarde una denuncia de hecho en contra del subsecretario Hugo López-Gatell, por las omisiones y negligencias en que ha incurrido en el manejo de la pandemia.

“Sus intereses personales han causado pérdidas irreparables y una crisis sanitaria de la que aún no logramos recuperarnos como país”, dijo la senadora Lilly Téllez, quien en recientes semanas se sumó a la bancada blanquiazul tras su renuncia a Morena.

Los legisladores señalaron que la denuncia de por actos, omisiones y negligencias en la atención y manejo de la pandemia, también es en contra de las autoridades federales administrativas que resulten responsables o que se relacionen con la comisión de algún delito que, inclusive, pueden ser de aquellos que se persiguen de oficio.

Acusaron que el manejo y atención de las autoridades federales que se encuentran obligadas a atender la emergencia sanitaria, especialmente el de Hugo López-Gatell, han sido deficiente, incurriendo en actos, omisiones y/o negligencias que atentan contra la vida y la salud de las personas.

Aseguraron que resultó increíble que a pesar de lo que sucedía en otros países y que ocurriría algo parecido en México, el Gobierno Federal decidiera vender millones de cubrebocas a China y luego, recomprarlos a un precio mucho mayor que el se vendieron originalmente.
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De igual forma, acusaron que no se tomaron las precauciones para capacitar al personal médico y hospitalario en todo el sistema de salud público para brindar la atención adecuada a las personas enfermas de COVID-19, ni mucho menos se les entregó el equipo adecuado de protección.

“Esto es negligencia y ha costado la vida de miles de personas al igual que ha afectado la salud de muchas otras”.

Lamentaron que ante la situación, en marzo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidiera a los mexicanos que cargaran consigo amuletos y estampitas de santos y vírgenes para hacer frente al coronavirus.

En la denuncia se señala que López-Gatell Ramírez informó a la población mexicana que las mascarillas o cubrebocas no evitan contagios de la enfermedad y que otorgan “una falsa sensación de seguridad”.

Afirmaron que existe una grave omisión al no recomendarse, o deseablemente, obligarse mediante acto administrativo alguno el uso de cubrebocas en determinados contextos, tanto para servidores públicos como a particulares.

Se dijeron en contra de que se esté ordenando una apertura apresurada de actividades no esenciales, pues ponen en situación de riesgo a la población.

“El número de personas fallecidas han hecho que México ocupe el tercer lugar a nivel mundial, tan sólo debajo de Estados Unidos y Reino Unido. Esto se debe las reiteradas acciones, omisiones y negligencias de las autoridades encabezadas por el C. Hugo López-Gatell Ramírez que han costado la vida de más de 47 mil personas”, precisaron los  senadores.

Los panistas indicaron que aún se puede dar un giro en la estrategia de control del COVID-19 en México, empezando con que se sancione penalmente a los responsables de las miles de muertes y de las afectaciones a la salud de las personas y se ponga al frente a personas con capacidad técnica que eviten que lleguemos al pronóstico que elaboró la Universidad de Washington, en donde indican que en nuestro país habrá más de 118,000 fallecimientos, al próximo 1 de diciembre.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció este martes y congeló las cuentas de políticos opositores tras las protestas contra el tratado de aguas con Estados Unidos, y que desató la toma de la presa ‘La Boquilla’ en Chihuahua.

La UIF informó del bloqueo de cerca de 50 cuentas bancarias, incluyendo la del exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de Eliseo Compeán, alcalde de la ciudad de Delicias del Partido Acción Nacional (PAN), opositores acusados de estar detrás de las protestas.

Sin embargo, Santiago Nieto, titular de la UIF, aclaró este martes que denunció a Reyes Baeza por el presunto desvío de 129 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Esta acusación, precisó, correspondería al caso de la “Estafa Maestra”, un caso de corrupción revelado en el sexenio anterior en el que el gobierno de Enrique Peña Nieto y gobiernos estatales armaron un esquema irregular de contratos públicos.

“Presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, informó Nieto en sus redes sociales.

La UIF también congeló cuentas de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Río Conchos y de Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH).

Las acciones dela UIF llegan luego del enfrentamiento entre agricultores y la Guardia Nacional que provocó la muerte de una mujer, y dejó varios heridos.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha acusado a políticos opositores de estar detrás del conflicto por motivos electorales. Además, informó que habrá denuncias contra manifestantes que causaron daños a plantas de generación de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En tanto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, del PAN, y la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, se han acusado mutuamente de mentir sobre el cumplimiento de los compromisos del tratado. Corral reafirmó que el gobierno federal ha politizado el conflicto y ha tratado de intimidar a los manifestantes con la Guardia Nacional.

Foto: Twitter @DonVocero

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este lunes, ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia penal contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Secretario de Salud, Jorge Alcocer; y el Subsecretario Hugo López-Gatell, por la labor deficiente y omisa en el manejo de la pandemia.

La denuncia que Acción Nacional interpuso es por los delitos de sabotaje y ejercicio indebido del servicio público.

El recurso legal fue presentado por el coordinador general jurídico del PAN, Raymundo Bolaños Azócar, quien afirmó que el “buen juez por su casa empieza”, esto en relación a la intención del gobierno federal de enjuiciar a los ex presidentes.

“Todas las acciones omisivas, toda la falta de hacer del gobierno federal, se concluye que ha saboteado las instituciones de salud del Estado mexicano, la falta de realización de pruebas del Covid, la terquedad de aferrarse a un modelo centinela que no trae certeza ni seguridad en la cantidad de contagios y muertos, la falta de lineamientos administrativos que obliguen a los ciudadanos, que orienten a los ciudadanos a la necesidad del uso de cubrebocas” sostuvo el panista.

Indicó que se denunció también la falta de reorientación de los recursos hacia la atención de la pandemia y en su lugar dirigirlos a las obras faraónicas de la 4T, como lo son el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya.

“Lo que estamos pidiendo son peritajes que nos ayuden por vía de especialistas epidemiológicos, por vía de especialistas socioeconómicos a saber cuáles eran las causas reales y por eso es que ofrecemos estas periciales para que se investigue, se diga a partir de expertos cuáles son las omisiones y los alcances de esas omisiones también”, indicó.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que la denuncia se presentó ante la negativa del gobierno federal de realizar una auditoría externa por especialistas al manejo del Covid en México.

Indicó que a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Salubridad General, las autoridades federales, especialmente el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, han sido por demás deficientes y negligentes en su actuación.

Cortés Mendoza destacó que las contradicciones que se suscitaron entre las autoridades administrativas federales, porque mientras las autoridades sanitarias recomendaban mantener la “sana distancia” y no abrazar, ni saludar con la mano, además de permanecer en casa, AMLO hacía lo contrario en sus giras de trabajo al mantener la cercanía con las personas e inclusive, invitando a la población a salir.

“Cada decisión y cada contradicción”, sostuvo, “nos han llevado a la crisis sanitaria actual y debe investigarse y sancionarse a los responsables, empezando por Hugo López-Gatell, persona a cargo del manejo de la pandemia, lo cual constituye un hecho notorio”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó este lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), retirar uno de sus spots, en el que cita al papa Francisco porque el organismo considera que vulnera el laicismo del Estado mexicano.

“Los conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. El papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio”, refiere AMLO en uno de sus spots correspondientes al informe de su segundo año de gobierno.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró que en le mensaje del mandatario se hacen alusiones al papa Francisco y al evangelio, expresiones que contrarían el principio de laicidad.

Además, el INE dijo que atentan contra la independencia y neutralidad del Estado mexicano y los servidores públicos respecto a las iglesias y creencias religiosas.

El organismo considera también que el uso de los términos “conservadores” y “comunismo” no tienen nada que ver con “la información de la gestión pública” hecha por el presidente en su segundo año de gobierno.

Dichas expresiones “menoscaban a las fuerzas políticas opositoras” en periodo electoral, pues se celebrarán elecciones locales en los estados de Hidalgo y Coahuila el próximo octubre.

Por todo ello, el INE dio la razón a la denuncia presentada por los Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), ordenando retirar el video de medios de comunicación y redes sociales.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este miércoles ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) una denuncia de hechos contra Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, y de David León Romero, por la presunta comisión de delitos electorales.

La denuncia se presentó luego de que el pasado 20 de agosto se dieron a conocer videos y audios en los que presuntamente aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo para financiar a Morena y a su entonces dirigente nacional.

David León, quien fuera designado por AMLO para asumir la dirección de la empresa estatal de distribución de vacunas, medicamentos y equipos médicos del gobierno, reconoció en twitter la veracidad de los videos y admitió la entrega de recursos para esos fines.

El PAN señaló que el propio presidente aceptó, el 21 de agosto pasado, la autenticidad de los mismos, así como la entrega de recursos de León Romero a su hermano y los cuales tenían como destino final el apoyo de Morena y para gastos que se generaban en los eventos.

Además, denunciaron, reconoció que tenía una cuenta bancaria donde recibían recursos de particulares para fines electorales.

Acción Nacional exigió que se investiguen de forma exhaustiva, el origen, uso, reporte y destino de los sobres de dinero, las cantidades, así como ingresos y gastos del día a día de las actividades políticas del ahora presidente de la República.

La dirigencia del PAN mencionó que en la denuncia se hace referencia a los posibles apoyos ilegales que funcionarios de Chiapas realizaron para favorecer a Morena y López Obrador, como se registró en el video que salió a la luz pública donde se estiman aportaciones en efectivo por casi 10 millones de pesos.

“Por estas razones, Acción Nacional solicita que se investigue la integración de los informes anuales de Morena, las aportaciones privadas, nombres de aportantes, cuentas de origen y destino final de los recursos contrarios a la legislación”, señaló el partido.

Piden sean investigados y sancionados en caso de proceder, por el posible uso de recursos públicos en las precampañas, campañas o gasto ordinario en favor de Morena, en cualquier proceso electoral, así como actos financieros de Pío López Obrador, David León Romero y las Asociaciones “Movimiento de Regeneración Nacional”, “Honestidad Valiente”, “Proyecto Alternativo de Nación”, “No nos vamos a dejar” y “Austeridad Republicana”, todos destinados a la formación y financiamiento de Morena y sus candidatos.

La denuncia que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) sigue generando reacciones, y esta vez fue la del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien es mencionado de haber regalado un automovil al expresidente Enrique Peña Nieto.

Lozoya refiere la existencia de una Egoteca o “Museo del Presidente” que Grupo HIGA construyó para Peña Nieto al inicio de su administración, en una ubicación hasta ahora desconocida con exactitud, pero que se sabe está en el Estado de México

En dicho Museo eran colocarían los regalos, reconocimientos e historial del presidente.

Lozoya Austin relata que en el marco de de una sus visitas a Veracruz, con motivo de las celebraciones del “Día de Marina”, Javier Duarte se le acercó a EPN en las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta.

Al subir al avión presidencial, Peña Nieto dijo: “miren lo que me regaló el gober”, mostrando el contenido de la carpeta.

“Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto: Este Ferrari pertenció al Presidente López Mateos, y a un lado estaban las llaves del auto”, cuenta Lozoya en su denuncia, mismo que refiere, fue llevado al “Museo del Presidente”.

Al respecto, este viernes, Duarte utilizó sus redes sociales para asegurar que dicha afirmación era mentira.

“Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno”, dijo el expriísta.

Afirmó que en su vida se he subido a un automóvil de la marca italiana (Ferrari), además de que nunca ha comprado uno y mucho menos regalado alguno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de “pesadilla” las revelaciones sobre sobornos y corrupción que revelara el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía General (FGR).

“Me estaba yo desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandalosa. (…) Es mucho más fuerte (que una serie de televisión). Es una denuncia muy grave”, dijo López Obrador al ser cuestionado sobre si ya había leído el documento.

En la denuncia, Lozoya revela nombres y montos de sobornos que ordenaron el expresidente Enrique Peña Nieto y su entonces colaborador, Luis Videgaray. Precisa los monto que legisladores de opositores, principalmente del PAN, recibieron a cambio de apoyar las reformas estructurales.

En la denuncia señala a al menos 16 personas entre estas a Peña Nieto, al exmandatario Felipe Calderón, e incluso al
expresidente Carlos Salinas de Gortari. También a Ricardo Anaya quien ya ha anunciado que tomará medidas legales, a secretarios de estado y altos funcionarios de las pasadas administraciones.

López Obrador aseguró que ya tenía “conocimiento” de la denuncia y, a su modo de ver, “todo indica” que el documento no es “apócrifo”. Admitió que no terminó de leerla pues además de ser extensa, no quería tener “pesadillas”. Aseguró que lo que revela, de ser cierto, es “muy grave”.

“No significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en esta caso la Fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen”, puntualizó el presidente.

Tal como lo ha manifestado en los últimos días, López Obrador confió en que se llame a los involucrados que se mencionan en la denuncia a declarar.

“Que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule y no haya silencio. Que se sepa todo”, subrayó el presidente, quien dijo desconocer quién filtró la denuncia.

Uno de los personajes más señalados por Emilio Lozoya en su denuncia de hechos es Luis Videgaray, cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), y a quienes el exdirector de Pemex señala como los responsables de orquestar redes de corrupción durante la pasada administración.

Y aunque Videgaray había decidido no hablar sobre lo señalamientos que se han hecho en su contra, este jueves emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que rechaza los dichos de Lozoya.

“Las múltiples imputaciones que me hace Emilio Lozoya son falsas. Además, son absurdas, inconsistentes y temerarias”, expuso el exsecretario de Hacienda.

Dijo que lo dicho por Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. Aseguró que el único responsable de la grave situación legal que enfrenta toda su familia es el propio Emilio Lozoya.

Videgaray señala que no le sorprende los actos de Lozoya, pues el culpar a otros para salvarse, es una actitud que corresponde con su personalidad.

Tampoco se dijo sorprendido de que Lozoya lo intente culpar de sus actos indebidos, pues “es ampliamente sabido” que no llevaban una buena relación desde que colaboraron, debido al mal manejo financiero que Lozoya hizo de Pemex.

El también exsecretario de Relaciones Exteriores indicó que está atento del requerimiento que la autoridad le pudiera hacer, para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

“No voy a permitir que por una venganza política se me difame, y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes”, remató Videgaray.

Se dio a conocer la denuncia de hechos que Emilio Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), en relación a las redes de corrupción que se tejieron durante las administraciones anteriores dentro de Pemex, y de algunos otros casos de relevancia nacional.

Con la denuncia, el exdirector de Pemex busca que las autoridades le otorguen un criterio de oportunidad y/o le proporcionen un salida alterna en estricto apego a la ley, respecto a los procedimiento que hay en su contra y en contra de su familia.

En el documento, de 63 hojas más un anexo, el exfuncionario detalla los sobornos entregados por Odebrecht en México, y cómo se sobornó al gobierno mexicano, a su presidente, a secretarios de estado y al Poder Legislativo, mediante diversos actos, entre los que destacan la entrega de dinero y promesas de beneficios.

Lozoya señala que los actos de corrupción y sobornos ocurrieron desde el gobierno de Felipe Calderón, y concluyeron con el sexenio de Enrique Peña Nieto, siento durante la negociación de al reforma energética cuando se agudizaron los hechos.

“Durante ese lapso, el grupo o persona jurídica Odebrecht no sólo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado Mexicano, sino que, además, participó activamente junto con otras grandes empresas, influenciando la política energética del país mediante la reforma energética”.

Tal como ya se había informado, en la denuncia se señala directamente a Enrique Peña Nieto (EPN) y a Luis Videgaray, de ser quienes daban las indicaciones de cuánto dinero y a quién se le debía de entregar.

Se menciona que Odebrecht sabía que los recursos que “aportó” a partir del 2013 eran en su mayoría para influenciar y apoyar las gestiones que el presidente (Peña Nieto) negociaba en el Congreso.

Lozoya relata que en 2011, Peña Nieto y Luis Videgaray le pidieron asumir la Coordinación de Asuntos Internacionales de la campaña electoral, con la encomienda de “gestionar recursos de empresas extranjeras para financiar la campaña electoral”, pues había que cubrir muchos gastos.

Detalla que el primer “apoyo” que Lozoya pidió a Odebrecht para la campaña de EPN fue por seis millones de dólares, a cambio, se le prometió a Luis Weyll “beneficios” cuando ganaran la presidencia.

Se detalla una relación entre Peña Nieto y Marcelo Odebrecht; desde que el priísta era gobernador del Estado de México, el dueño de Odebrecht le habría ofrecido apoyar sus aspiraciones políticas. Todo se remontó a una gira que EPN y equipo (Juan Armando Hinojosa, David López y Arnulfo Valdivia) realizaron a Brasil en 2010.

Lozoya relata que en un encuentro posterior, ya como presidente electo, EPN se reunió con Marcelo Odebrecht en compañía de Ildefonso Guajardo, Luis Videgaray y el General Roberto Miranda. Por parte de Odebrecht estuvieron presentes CarlosFadigas (Braskem), Luis Weyll y Roberto Bischoff (Braskem México).

“Reitero que todos los pagos que se realizaron fueron por instrucción de Luis Videgaray Caso, quien desde la campaña fue mi superior y a quien siempre le reporté”.

En su denuncia, Lozoya Austin menciona que cuando EPN ganó la presidencia, lo invitó a trabajar en su administración como director de Pemex, posición que aceptó aunque aclara “yo no conocía bien a Enrique Peña Nieto ni a Luis Videgaray Caso”.

Lozoya Austin detalla que en febrero de 2013, EPN y Videgaray le indicaron que se requería entregar montos importantes de dinero a la oposición, para que ésta votara a favor de ciertas Reformas Estructurales del interés del Presidente Enrique Peña Nieto.

“Yo intervine principalmente en la aprobación de la Reforma Energética, entregando a través de terceros ciertos recursos en bolsas bancarias transparentes (que permitían ver la denominación de los billetes) y maletas a senadores integrantes de la Comisión de Energía en el Senado de la República y un Diputado Federal”.

Aclaró que la negociación con los legisladores del PAN fueron más bien una “extorsión; mencionó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury. Afirma que la actitud del grupo de panistas era “brutal”, pues además de extorsionarlo a él, presionaban y extorsionaban a los grupos gasolineros y contratistas de Pemex.

Lozoya Austin relata que a cambio de ganar el contrato de Tula 1, Luis Weyll ofreció apoyar al gobierno federal con seis millones de dólares adicionales. “Los sobornos entregados siempre tendrían como consecuencia un beneficio para Odebrecht, merced al sometimiento generada por los sobornos”.

El exdirector de Pemex señala que EPN y Videgaray establecieron como enlace para entregar los sobornos a legisladores a David Penchyna, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado, a quien en septiembre de 2014, se le entregó un “apoyo económico” por seis millones de pesos.

Adicional, relata que Luis Videgaray le ordenó recibir a Ricardo Anaya, y a Ernesto Cordero. Refiere que al excandidato presidencial se le entregaron 6 millones 800 mil pesos, como apoyo a sus aspiraciones a llegar a la gubernatura de Querétaro, misma que disputaba con el entonces senador Francisco Dominguez, a quien Anaya Cortés dijo “odiar” por “corrupto”.

En la denuncia se señala que Francisco Olascoaga era quien poseía el video que se filtró este lunes, donde se entregan los sobornos al enlace de los legisladores de Acción Nacional.

Lozoya enfatiza que “Odebrecht sí tuvo una participación relevante en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero también tuvo una gran participación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa”.

Afirma en su denuncia, que en el sexenio de Felipe Calderón se “gestaron sólidos esquemas de corrupción, precisamente, con Odebrecht, a través de Braskem”.

Relata que la planta de Etileno XXI fue la inversión más importante que hizo Braskem en México. Menciona que aunque otros grupos como Grupo Alfa o Grupo Desc hubieran querido dicho contrato, por razones estrictamente políticas se le dio a Braskem.

Sobre el tema de Etileno XXI, menciona a José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, quienes “impulsaron evadir la discusión de los detalles de dicho contrato”. Los señala de que cuando asumieron la dirección de Pemex, Meade y González Anaya redujeron drásticamente el presupuesto de inversión en exploración y producción, lo cual materializó los incumplimientos que se habían alertado.

“Pareciera que no sólo se beneficiaron de los sobornos en el otorgamiento del contrato, sino además, años después, lograron materializar las clausulas de incumplimiento”.

Acusa a Felipe Calderón de haber dado instrucciones a José Antonio Meade, entonces secretario de energía, y a Ernesto Cordero y José Antonio González Anaya, a través de la Secretaría de Hacienda, de hacer que el contrato de la planta pasara las revisiones necesarias. “Entre el 2012 y 2014 dichos funcionarios siguieron en contubernio con Luis Videgaray Caso para satisfacer pretensiones en el contubernio de dicho contrato en perjuicio de todos los mexicanos”.

En 2013, Meade llamó telefónicamente a Lozoya, para solicitarle dos cosas: no criticar un crédito otorgado al Sindicato Petrolero de 2012, ya que él había participado en dicho proceso, y no revisara el contrato de Etileno XXI ya que alegó ser de suma importancia para Peña Nieto, además de que él también había participado en dicho proceso.

En la denuncia también se señala que por instrucciones de Luis Videgaray, en 2014 se entregaron más de 8 millones de pesos a González Anaya (4 millones 390 mil pesos) y a José Antonio Meade (4 millones), además de 4 millones de pesos adicionales a Carlos Treviño.

Emilio Lozoya asegura que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray presionaron para la asignación de contratos o negocios con grupos de interés, nacionales y extranjeros, con quienes tenían compromisos, ya fuera de índole personal, económico o político.

Lozoya Austin finaliza reiterando que a pesar de los actos de intimidación perpetrados en su contra por Luis Videgaray y Peña Nieto, fueron ellos quienes instrumentaron para configurar una asociación de corte delictivo, dirigida a enriquecerse no sólo del erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño, contraer deuda a cargo del erario público y aprovecharse económicamente de está en perjuicio de la Nación.

“Denuncio formalmente hechos posiblemente constitutivos de delito en contra de quien o quienes resulten responsables y/o en contra de las siguientes personas: Enrique Peña Nieto, quien fuera presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Felipe Calderón Hinojosa, quien fuera Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Luis Videgaray Caso, quien al momento de los hechos fungía como Secretario de Hacienda y Crédito Público; Francicso Javier García Cabeza de Vaca, entonces Senador de la República; Francisco Domínguez Servién, quien fuera Senador de la República; Salvador Vega Casillas, quien fuera Senador de la República; Jorge Luis Lavalle Maury, quien fuera Senador de la República; David Penchyna Grub, quien fuera Senador de la República: José Antonio Meade Kuribreña, quien fuera Secretario de Energía y Secretario de Relaciones Exteriores al momento de los hechos; José Antonio González Anaya, quien fuera Consejero de Pemex y posteriormente Director General del IMSS y de Pemex respectivamente; Carlos Treviño Medina, entonces funcionario de Hacienda y Pemex, y posteriormente Director General de Pemex respectivamente; Rafael Caraveo Opengo, entonces funcionario del Senado de la República; Lourdes Mendoza, entonces periodista, y Catrlos Salinas de Gortari, entonces comisionista y cabildero del PAN.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este lunes en transparentar todo lo relacionado al caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de corrupción, aunque dijo, se que debe respetar “el debido proceso”.

En su conferencia matutina, López Obrador explicó en primer lugar se debe cancelar el contrato “leonino” de la planta petroquímica Etileno XXI, relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El acuerdo a 20 años, firmado con Pemex durante la presidencia de Felipe Calderón, ha sido considerado abusivo por el mandatario, al obligar a la petrolera a importar gas para cumplir con sus disposiciones, lo que le ha generado millonarias pérdidas.

“Ese contrato se tiene que cancelar, o sea, es mi opinión, por ser un contrato leonino, se tiene que revisar”, dijo el gobernante sobre la planta ubicada en el estado Veracruz, y que ha tomado relevancia en los señalamientos de Lozoya Austin.

El consorcio entre Braskem, filial de Odebrecht, y la mexicana Idesa aseguró que ha efectuado “exhaustivos procesos de investigación interna, con abogados independientes, que concluyeron que no había actividad inapropiada o vínculo de éstas con actos de la constructora Odebrecht en México”.

A través de un comunicado recordó que el contrato, que significó 5,200 millones de dólares de inversión, se gestó en 2008 y 2009, entre tres y cuatro años antes de los actos de corrupción que se le imputan a Odebrecht en México, y si una de las partes lo incumple “debería pagar sumas o penalidades a la otra”.

Sin embargo, accedió a solucionar la insuficiente producción local de etano, incluso a “desarrollar una terminal de importación” del producto, la “única solución” al problema, según dijo. “Confiamos en que cualquier diálogo con la autoridad se dará en el marco del Estado de Derecho y la legalidad”, agregó.

AMLO indicó que el pueblo de México debe saber “toda la verdad”, además de que al ser un asunto de interés público “nacional” se debe “conocer toda la denuncia”.

Llamó a la Fiscalía General de la República, institución que denunció a Lozoya, a informar sobre la denuncia al completo, los implicados y el manejo indebido de dinero. Pidió incluso que se vea en redes sociales y la televisión “el
vídeo que se asegura entregó el señor Lozoya a la Fiscalía” y que exhibiría la red de sobornos en las altas esferas del poder durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Esto es sano y ayuda a purificar la vida pública”, remarcó el presidente.

En segundo lugar, pidió recuperar todos los bienes y recursos “mal habidos, y por último, reiteró que si el pueblo lo decide por “consulta ciudadana” se enjuiciará a expresidentes manchados por la corrupción. Aunque él, en la eventual consulta, votaría que “no” porque su “fuerte” no es la “venganza”.

Luego de que se informara sobre la denuncia de hechos que presentó el exdiretor de Pemex, Emilio Lozoya, en torno a los casos de corrupción en el sexenio pasado, y en la que apuntó a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray de ser los responsables de pagar cerca de 500 millones de pesos en sobornos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un posicionamiento.

El tricolor aseguró que el partido de hoy, en un claro intento de deslindarse de lo que ocurrió al interior del partido en el pasado, no es ni será “tapadera de nadie”.

“Reafirmamos que estamos a favor de la lucha contra la corrupción y de que se sancione a cualquier funcionario público que haya violado la ley”, precisó el partido.

Desde la llegada de Emilio Lozoya a nuestro país, y cuando se comenzaron a filtrar algunos de los señalamientos en contra de excolaboradores del gobierno federal, Alejandro Moreno, actual dirigente nacional del PRI, ha dicho que los actos de corrupción son individuales y, quien los cometa, debe enfrentar todo el peso de la ley.

Pidió que no “igualar la conducta de un individuo a la de una institución”, en referencia al partido.

Incluso en ese momento señaló que no hay registro, ni en el padrón actual ni en el histórico, de que Emilio Lozoya hubiera militado en el PRI. Sin embargo, ahora las acusaciones de Lozoya Austin han alcanzado directamente a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, dos figuras del priísmo de los últimos años.

A finales del mes pasado, Alejandro Moreno tuiteó una foto con Peña Nieto, a propósito de su cumpleaños, en el que le llamó “amigo”.

Ayer, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dio a conocer que Emilio Lozoya había presentado una denuncia de hechos, en la que señaló directamente al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, de haber sido quienes le ordenado recibir los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y dirigir más de 100 millones de pesos a la campaña presidencial de 2012.

Adicional, indicó que se destinaron alrededor de 400 millones de pesos en sobornos en el Congreso de la Unión para “convencer” a legisladores, principalmente de oposición, aprobar las reformas estructurales de 2013 y 2014.

John Ackerman, miembro del Comité Técnico de Evaluación para los aspirantes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), quien la semana pasada acusó de que las quintetas presentadas a la Juopo, estaban amañadas, parece haber reculado e indicó que la elección de los nuevos consejeros del INE fue “imperfecta pero positiva”.

A través de sus redes sociales, el también académico reiteró que su denuncia sobre la integración de las quintetas, fue para evidenciar las “graves irregularidades en el proceso de selección de los consejeros del INE”.

Al referirse a la elección de los consejeros y consejeras la tarde de ayer por el Pleno de la Cámara de Diputados, dijo que sin su denuncia no se hubiera logrado el desenlace de ayer, “ciertamente imperfecto pero positivo”, y por el contrario, hubieran entrado al INE cuatro “cuates de la burocracia electoral imperante”.

Y es que recordemos que Ackerman acusó que se incluyeron en las quintetas a personas con trayectorias cuestionables y que incluso tenían conflictos de interés con los propios integrantes del Comité Técnico.

Entre los señalamientos que hizo fue a Javier Aparicio, de quien dijo, fue cómplice en el “fraude electoral” del Estado de México en 2017; Acusó a Jessica Rojas de ser una “operadora” electoral en el EdoMex, mientras que Carla Humphrey le cuestionó haber fue asesora de Alonso Lujambio y Arturo Sánchez en el entonces IFE. También señaló a Eunice Rendón de ser prima hermana de Ciro Murayama.

El esposo de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sanoval, dijo que en caso de que no se hubieran cuidado los perfiles que fueron electos, “hubiera sido un desastre y preparado el camino para más fraudes electorales en el futuro”.

Sobre los nuevos consejeros y consejeras del INE, dijo que nadie tiene un cheque en blanco, y añadió que ess responsabilidad de toda la ciudadana seguir exigiéndole a todos y cada uno de los consejeros electorales que no sólo hagan valer la ley sino que se conviertan en verdaderos guardianes de la democracia.

Aclaró que no “entró un solo representante de Morena”, sino tres ciudadanos independientes y una representante del PRIAN (en alusión a Carla Humphrey) . “Un claro signo de los nuevos tiempos democráticos y también de que lo viejo no termina de desaparecer de todo”.

Su llamado no quedó ahí, pidió poner en la mira “de una vez” el próximo proceso de selección de consejeros de 2023, año en que terminan sus mandatos Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela a quien señaló de ser una de las consejeras más cercanas al PRI, y José Roberto Ruiz, el único consejero independiente hasta la fecha según Ackerman.