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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México realizaron un operativo en las inmediaciones de la delegación Tláhuac en donde detuvieron a tres hombres, a quienes tras una revisión les incautaron varios fajos de billetes de dinero en efectivo.

 

Algunos medios señalan que la suma alcanzaba los 3.5 millones de dólares (mdd), mientras que otros reportan que rondaba el medio millón de dólares. Algunos otros reportes indican que el monto era de un millón de pesos y “algunos” dólares. Hasta ahora las autoridades no han confirmado el monto de dinero que portaban.

 

La detención se logró en un retén que se encontraba instalado en la esquina de Avenida La Turba y Gullermo Prieto, en donde se le indicó a los tripulantes de un auto Challenger color rojo detenerse para revisión, sin embargo el conductor hizo caso omiso de la orden e intentó darse a la fuga, logrando avanzar cerca de dos kilómetros para posteriormente ser alcanzados por elementos de la SSP .

 

Al momento de ser detenidos, los ocupantes de auto indicaron que el dinero es resultado de la compra-venta de autos, actividad a la que indicaron se dedican, aunque serán las autoridades quienes corroboren la procedencia de dichos recursos.

 

Los tres hombres fueron trasladados a la agencia 50 del Ministerio Público.

 

Con información de El Universal / Foto: Twitter

JOSÉ WOLDENBERG

REFORMA

 

 

 

 

Vivimos en el reino de la opinión. Cada quien tiene una. Y los comentaristas políticos no somos una especie ajena a ello. No podemos serlo, el oficio, al parecer, demanda veredictos sucintos y contundentes. El “pequeño” problema es que los hechos han empezado a ser prescindibles y las percepciones ocupan su trono. La “realidad” -lo que a estas alturas quiera decir- con sus complejidades, pliegues, embrollos, dificultades, puede ser exorcizada del discurso siempre y cuando uno tenga adjetivos suficientes para conjurarla. Es más sencillo reforzar prejuicios que intentar explicar o siquiera narrar lo que sucede. Malos tiempos, como quizá lo sean todos.

 

Vayamos al espinoso tema de la fiscalización de los recursos de los partidos durante las campañas electorales. Solo, por lo pronto, a las cifras que ilustran la magnitud y complejidad del asunto. Un piso de información (creo) necesaria. 3,254 campañas debieron ser fiscalizadas: 335 de diputados locales por el principio de mayoría relativa, 51 de diputados de representación proporcional, 22 gobernadores, 1848 presidentes municipales y 998 regidores. Esa fiscalización de campañas locales es una nueva encomienda para el INE fruto de la reforma del 2014. ¡Y prepárense para lo que viene!: en junio hubo elecciones en 4 estados, el próximo año además de las federales, habrá votaciones en 30 entidades.

 

El tope de gastos de campaña que no fija el INE -sino que se encuentra establecido en una fórmula en cada legislación local-, fue para los candidatos a gobernador en Coahuila de 19.2 millones de pesos, en el Estado de México de 285.6 y en Nayarit de 20.5. Si tomamos en cuenta que el número de electores en cada uno de esos estados era, respectivamente, de 2.1 millones, 11.3 millones y 814 mil, el gasto por elector autorizado era de 9.32, 25.24 y 25.13 pesos en cada uno de esos estados. No resulta extraño entonces que el rebase del tope fuera más probable en Coahuila que en los otros dos.

 

En Coahuila los partidos reportaron como gastos las siguientes cifras (para todas las elecciones: gobernador, Congreso y presidencias municipales): Coalición PAN 39.8 millones de pesos (todas las cifras han sido redondeadas); Coalición PRI 32.1 y PRI solo 17.3; PRD 4.4 y Morena 12.2. Pero el INE detectó que la coalición en torno al PAN había omitido gastos por 6 millones de pesos; la coalición en torno al PRI 4.6 y el PRI 2.3; PRD 101 mil pesos y Morena 2.6 millones.

 

En el Estado de México, donde solo hubo elección para gobernador, los partidos reportaron como gasto lo siguiente: PAN 95.8 millones; Coalición PRI 116.1; PRD 56.3; PT 18.0 y Morena 122.3. No obstante, el INE encontró gastos no reportados por los siguientes montos: PAN 59.2 millones; Coalición PRI 52.1; PRD 71.4; PT 10.8 y Morena 16.1.

 

Si uno suma los resultados de gastos no reportados de todas las elecciones -aquí solo hemos presentado una pequeña muestra- el monto crece hasta 270 millones de pesos que los partidos no incluyeron en sus informes y que el INE -auxiliado por los institutos locales- encontró y puede documentar (no a “ojo de buen cubero”). ¿Cómo lo hizo? Monitoreando la publicidad en la vía pública, en los medios impresos, realizando visitas de verificación a los eventos de los partidos, a sus respectivas casas de campaña y atendiendo quejas de los partidos.

 

La tarea de fiscalización -en su nuevo formato- no es sencilla. Los legisladores decidieron centralizar en una sola institución (INE) lo que en el pasado realizaban 33 institutos (el Federal y 32 locales). Esa tarea debe hacerse en un tiempo muy ajustado (45 días) porque además la misma reforma (2014) estableció como causal de nulidad de la elección el rebase del tope de gasto de campaña en un cinco por ciento, siempre y cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar no fuera superior al 5 por ciento de los votos.

 

Leo una conmovedora novela de Ian McEwan, La ley del menor (Anagrama, 2015). El personaje central es una juez del Tribunal Superior británico que desahoga conflictos familiares. Es una mujer sabia, sensible, con temple, acostumbrada a lidiar con las contrahechuras de la existencia, y sabe por experiencia propia que la ley, a la que rinde tributo -porque sin ella la vida en sociedad sería una jungla-, en ocasiones es también una “serpiente venenosa”.

 

Luego de que la tarde de ayer se llevaran a cabo los servicios funerarios de Juan Mena López y Juan Mena Romero, víctimas del socavón que se formó en el paso exprés a la altura de Cuernavaca, los familiares de los fallecidos  comenzaron los acercamientos con las autoridades para “reparar” el daño ocasionado.

 

Sin embargo una fuente allegada a la familia indicó que la oferta que les hiciera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la constructora responsable de la obra, fue rechazado pues consideraron que el monto no corresponde a la pérdida del sustento de toda la familia.

 

Sergio Martínez, amigo y ex patrón de los dos fallecidos, dijo que la SCT ofreció 500 mil pesos, monto similar al que ofreció la empresa constructora, sin embargo “el ofrecimiento que están haciendo definitivamente no se va a aceptar, ya está el abogado de la familia negociando un monto razonable, aunque sabemos que no hay precio que pague dos vidas”.

 

Por su parte el Secretario Gerardo Ruiz Esparza aseguró que  la indemnización es por “el mal rato” que pasó la familia, declaraciones que han causado indignación entre los familiares, pues lo calificaron de “insensible” ante la magnitud de la tragedia.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

El Economista

 

 

CREDITO: 
Vidal Llerenas Morales

Se trata de la partida 33701 etiquetada como “Seguridad pública y nacional”

 

Por mucho tiempo existió una partida secreta propiamente dicha, ya que no se podía auditar, ni se conocía el detalle de su distribución. De hecho, Pablo Gómez encabezó la denuncia de la misma y logró que durante el gobierno de Ernesto Zedillo ésta desapareciera.

 

Ahora, debido a que gastamos cantidades crecientes en seguridad sin ningún control, tenemos otra partida que no sabemos a qué se destina y que se ha incrementado de manera exponencial a lo largo del ejercicio fiscal. Se trata de la partida 33701 “Seguridad pública y nacional”. Durante el sexenio pasado ésta se presupuestaba en alrededor de 900 millones de pesos (mdp) y se ejercían al final del ejercicio poco más de 2,000 mdp cada año.

 

A partir del 2013, la partida se presupuesta en alrededor de 700 mdp y se ejercen alrededor de 9,000 mdp. Es decir, el gobierno ha ejercido más de 40,000 mdp, cuando presupuestó menos de 3,000.

 

De acuerdo con el clasificador de gasto del gobierno federal, la partida tiene que destinarse a “la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales, cuya realización implique riesgo, urgencia o confidencialidad”. Con esos argumentos, no se detalla el uso de los 40,000 mdp, sólo sabemos quien los gasta. Más de 7,000 mdp los ejerce la Policía Federal, pero cerca de 1,000 mdp, la Marina y más de 700 mdp, la Secretaría de la Defensa.

 

Llama la atención que se trata de un partida de capítulo 3000, es decir, para pagar servicios, desglosada como 3300, es decir, servicios profesionales, científicos y técnicos y 3307 o sea, de protección y seguridad. Esto significa que instituciones como la Policía Federal o la Marina gastan miles de millones de pesos en servicios de seguridad. Es como si instituciones como el IMSS o el ISSSTE gastarán miles de millones bajo el obscuro concepto de servicios de salud. Lo correcto es que este gasto, en todo caso, se registrara en los capítulos de personal, equipo, servicios o inversión de acuerdo a lo que realmente se destinaron los recursos.

 

El mal uso de la partida por parte del gobierno federal es casi confeso. Muy probablemente a eso se debe que el pasado 27 de junio se haya modificado en el Diario Oficial, el clasificador por objeto de gasto para incluir una nueva partida, la 33905. En la que se dice que se incluyen contratos en materia de seguridad, en temas como asesoría, equipo y mantenimiento. Las partidas de la nomenclatura 339 corresponden a la subcontratación de servicios con terceros o proyectos de prestación de servicios. Lo que al parecer sucede, es que no estamos construyendo capacidad institucional en nuestros organismos de seguridad y lo que en realidad pasa, es que subcontratamos buena parte de lo que hacen, con los enormes riesgos que eso representa.

 

La pregunta obvia es si la contratación de sistemas de seguridad como el de Pegasus se realizó con estas partidas y la respuesta es que seguramente sí. Un intermediario mexicano, relacionado con altos funcionarios del gobierno, se contrató para prestar servicios de seguridad, en este caso de espionaje, sin mayor control alguno, ni en el precio, ni en la operación. Para eso siempre existen recursos adicionales y un tratamiento que les asegura librarse de los más mínimos requerimientos de transparencia. Gracias a lo opaco de nuestro gasto en seguridad, ya tenemos una nueva y muy jugosa partida secreta en el gobierno federal, que urge transparentar.

 

 

Foto: Archivo APO

La Fiscalía General de Colombia concluyó que las campañas presidenciales del actual mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, y de su principal competidor, Óscar Iván Zuluaga recibieron financiamiento de la empresa brasileña que se ha visto envuelta en una red de corrupción a nivel internacional Odebrecht.

 

“Compartimos con esta corporación todos los elementos materiales probatorios de naturaleza testimonial y documental que a la fecha tiene en su poder la Fiscalía y que permiten concluir, certeramente, que en relación con las campañas presidenciales 2014-2018, Odebrecht asumió costos relacionados con las mismas, y que los dineros se pagaron desde el Departamento de Operaciones Estructurales”, señaló el Ministerio Público de Colombia a través de un informe que se ha filtrado este jueves.

 

La filtración surge días antes de que venza el plazo para que las autoridades den a conocer las sanciones a estos actos de corrupción.

 

 

Recordemos que el pasado mes de marzo, el presidente Santos ofreció un mensaje de “perdón” por los “hechos revelados alrededor de su campaña”, aunque hacía referencia a la contienda de 2010, siendo ahora que se revela que también se financió su campaña de 2014.

 

Con información de El País / Foto: Archivo APO

Este miércoles se confirmó que Paul Manafort, ex coordinador de la campaña presidencial de Donald Trump, recibió más de 17 millones de dólares por trabajos de consultoría política que hizo para el Partido de las Regiones, grupo político prorruso de Ucrania que estuvo en el Gobierno años atrás.

 

En un documento del Departamento de Justicia, el ex coordinador de campaña indicó que su empresa, DMP International, fue contratada entre 2012 y 2014, tras registrarse como agente extranjero para poder brindar los servicios.

Sin embargo, el también empresario estuvo al frente de la campaña de Trump durante cinco meses, hasta que se supo de su cabildeo con gobiernos extranjeros; Manafort no es único colaborador de Trump que realizó dichos trabajos, pues en marzo, Michael Flynn hizo lo mismo para una asesoría de una empresa turca. En lo que coinciden ambos caso, es que el registro ante autoridades se realizó después de haber realizado el trabajo.

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

RICARDO ALEMÁN

MILENIO

 

 

No es novedad hablar del “cochinero” en las elecciones mexicanas. La costumbre, terca, coloca a PRI, PAN y PRD como los principales artífices de “cochineros” electorales en el país. Incluso, el eslogan “la mafia del poder” alude a esos tres partidos y sus respectivos gobiernos como ejemplo del “cochinero” electoral.

 

Sin embargo, nada se sabe del “dinero negro” que partidos como Morena, entre otros, metieron a procesos electorales como el del Estado de México.

 

Por ejemplo, todos recuerdan el audio­espionaje al candidato del PT al Estado de México, Óscar González, quien, en la asamblea en la que declina a favor del partido rojo, reveló que los candidatos de Morena “traen un chingo de dinero”.

 

Está claro que nadie sabe qué es “un chingo de dinero”, sobre todo en una campaña electoral. Sin embargo, el pasado 12 de junio apareció una pista del “chingo de dinero” que manejó el partido Morena en el Estado de México.

 

Según el portal noticias.red —especializado en información mexiquense —, el partido Morena destinó casi 200 millones de pesos para el pago de “operadores políticos” en al menos 102 de los 125 municipios que comprende la geografía del Estado de México. Todo ello durante las elecciones del pasado 4 de junio.

 

Los detalles del gasto y de la “operación política” dejan ver no solo el nombre del operador en cada municipio mexiquense, sino —sobre todo— el monto del dinero destinado para un concepto titulado “reporte de pagos a estructura de referentes”.

 

No se sabe si esos casi 200 millones de pesos son parte de las prerrogativas oficiales de dinero público legal que entrega el INE a los partidos; tampoco si el dinero fue reportado como parte de los gastos de campaña y —por consecuencia— tampoco se conoce su origen.

 

Lo que se sabe es que Morena pagó puntual a cada uno de los casi mil operadores, la cantidad de 25 mil pesos mensuales de enero a mayo, y que finalizó la relación político-­laboral con un pago de 80 mil pesos durante junio, el mes de la elección.

 

Se trata de un listado de 19 páginas que detalla los nombres de 922 personas que operaron para Morena durante todo el proceso electoral en el Estado de México.

 

Es un listado elaborado con precisión, en papel membretado de Morena, con una referencia estadística y las cantidades respectivas, una clave de referencia al municipio asignado a cada operador, así como la sección electoral en la que tiene encomendada la labor de promoción del voto y traslado de los votantes.

 

Se pudo probar la existencia de los nombres, la secciones electorales y pertenecen al partido Morena. En municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl trabajaron, según las pruebas del “cochinero”, más de 100 integrantes de esa estructura.

 

Pero las revelaciones no terminan ahí. El paquete informativo —que se puede consultar en la página La Otra Opinión http://laotraopinion.com.mx/ (http://laotraopinion.com.mx/) — también revela el monto de toda la operación político­electoral a lo largo de los primeros cinco meses del año: de enero a mayo.

 

En cada uno de esos meses los integrantes de las “estructuras” recibieron 25 mil pesos —más de 10 veces el salario mínimo mensual—, mientras en el decisivo mes de junio el pago fue de 80 mil pesos, a manera de finiquito. “El pago está pendiente”, se lee en la columna correspondiente a junio, en el documento.

 

En total, cada operador habría ganado 205 mil pesos durante los seis meses de trabajo, mientras que la erogación total de Morena sería de 189 millones 10 mil pesos, tan solo por el pago de las llamadas estructuras, gasto que según una revisión preliminar puede no haber sido reportado ante la autoridad electoral.

Según la misma pesquisa, los casi 200 millones de pesos que gastó Morena en operadores políticos equivalen a casi 70 por ciento del tope de campaña. Aquí vale recordar que la entonces candidata, Delfina Gómez, se comprometió a reducir en 50 por ciento el tope de gasto de campaña. Es decir, algo así como 142 millones de pesos.

 

Si a lo anterior —a los 189 millones de pesos— se suman los 114 millones de pesos que la señora Delfina Gómez dijo haber invertido en su campaña, entonces la candidata de Morena al gobierno mexiquense habría gastado 303 millones de pesos, cifra que supera por 161 millones de pesos el tope de campaña del partido rojo.

 

Sin embargo, hasta hoy nadie ha explicado el origen de esos casi 200 millones de pesos que Morena gastó en casi mil operadores políticos. Nadie ha desmentido la extensa información que documenta ese gasto y no existe una investigación del INE, la Fepade o de otra autoridad electoral.

 

Por eso la pregunta: ¿dónde está la verdadera mafia del poder?

 

Al tiempo.

Esta tarde, la diputada independiente Eva Cadena sufrió un revés, pues Ricardo Ramírez Nieto del PRI, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, dio a conocer que fueron desechadas dos pruebas que presentó la ex morenista en su defensa, por lo que se continuará con el proceso de desafuero.

 

Ramírez Nieto afirmó que las pruebas que presentó la Fiscalía Especial de Delitos Electorales (Fepade) fueron admitidas, entre los que forman parte los videos dados a conocer por el diario El Universal, que son básicamente sobre lo que sustenta el caso contra la legisladora.

 

“Hay unas pruebas que fueron desechadas y unas que fueron admitidas, las que fueron desechadas son con motivo de un mal planteamiento, no cumplen los requisitos legales para poder admitirlas y consecuentemente, aplicando la ley, pues las desechamos”, afirmó el priísta.

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

Eva Cadena, ex diputada de Morena y protagonista de varios videos en los que se aprecia recibe dinero por parte de una mujer no identificada, dijo que el recurso que recibió en el tercer video era para  para “pagar el rescate” por secuestro de un funcionario de la entidad y no por un favor político.

 

Según lo declarado por Cadena, se trata de Martín Gelasio Castillo Calipa, quien se encuentra desaparecido desde el 17 de febrero y que laboraba en la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), “fue un apoyo (el dinero recibido) para una persona que estaba secuestrada y que evidentemente fue malintencionado, estamos hablando del delegado de CONAFOR que no ha aparecido, de Martín Gelasio Calipa. Fueron recursos que se entregaron a la familia del delegado, que por cuestiones éticas creo que no tenemos que manejar mucho, porque el delegado aún permanece desaparecido, pero lo metieron en la misma carpeta y estamos cubriendo todos los asuntos”, aseguro la diputada al acudir a una de la audiencias por las denuncias que recaen en su contra.

 

 

Cadena solicitó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz se apegue a la ley y considere las pruebas que en breve aportará, las cuales indicó darían un giro al proceso legal que le siguen en contra por diversos delitos.

Con información de Milenio / Foto: Archivo APO

Los fiscales generales de Maryland, Brian Frosh, y del Distrito de Columbia, Karl Racine, presentaron esta mañana una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, argumento que ha recibido dinero de parte de gobiernos extranjeros por negocios de los que no se ha desvinculado totalmente.

 

En una rueda de prensa en Washington, el fiscal general del Distrito de Columbia, Karl Racine, aseguró que la demanda se cursó esta mañana ante un tribunal federal por una “flagrante violación” por parte de Trump de las provisiones constitucionales contra la influencia del dinero de intereses extranjeros o nacionales, dado que varios “millones en pagos y beneficios de gobiernos extranjeros” han ido a parar a las cuentas de Trump desde que llegó a la Casa Blanca.

 

Los fiscales generales consideran que “nunca antes en la historia de este país” un presidente había tenido una conjunción tan grande de intereses económicos de los que no se ha desvinculado, y ponen “la democracia en riesgo”, y es que aseguran que a pesar de que cedió el control de su emporio inmobiliario a sus dos hijos, Trump “optó por conservar la propiedad de su compañía”.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

En conferencia de prensa convocada esta tarde, el chofer de Ricardo Monreal, delegado en la demarcación Cuauhtémoc de la Ciudad México, Alejandro Bernal, informó sobre la detención que sufrió la tarde de ayer por presunta compra de votos.

 

Bernal indicó que el dinero y arma que se reportó le encontraron a bordo del vehículo, fueron sembrados por los policías tras ser detenido de forma arbitraria. Se detalló que él se encontraba con Monreal como parte de su trabajo (incluso sin ser día laboral), por lo que se encontraba en el municipio de Ecatepec.

 

Al ser identificado, se envió a agentes a detenerlo directamente y no por una supuesta invasión al carril del Mexibús como se informó en un  principio. Indicó que se le realizaron cuatro revisiones, en las que no se encontró nada fuera de lo común, sin embargo, en una revisión posterior con un perro policía, se ordenó su detención al “encontrar” el arma y dinero, misma que nunca tocó pues no pertenecía a él.

 

Respecto al dinero señaló que los 10 mil 583 pesos que estaba en su cartera, si eran de él, pues fue el pago que recibió por su quincena laboral, sin embargo los fajos restantes nunca los había visto. En cuanto al auto, sostuvo que está a nombre de Monreal, pues es para quien presta sus servicios.

 

Indicó que luego de ser presentado ante el MP, consiguió llevar su juicio en libertad bajo garantía y su defensa la llevará un abogado externo a la Delegación.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

 

Luego de que en conferencia de prensa asegurara que presentaría una demanda por el presunto desvío de recursos del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Veracuz, Eva Cadena o como le llaman en redes sociales #LadyBolsitas, se presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para presentar la querella.

 

La denuncia busca que se investigue el destino de recursos, que de acuerdo a Cadena, se utiliza para financiar las actividades políticas y giras de su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador.

 

La ahora diputada independiente volvió a insistir en que una parte del dinero que recibe Morena de parte del Congreso veracruzano, se destina para el exjefe de gobierno capitalino y otro tanto es utilizado para el pago de candidatos municipales; al respecto reveló nombre como el de Ivonne Cisneros Luján, candidata a síndica en Xalapa, y Benito Soriano, candidato a regidor quinto en Coatzacoalcos, quienes han incurrido en estas prácticas.

 

Con información de Proceso / Foto: Twitter

La madrugada de este jueves fue aprobada en el Congreso de Jalisco con 31 votos a favor, dos abstenciones y cinco votos en contra la iniciativa #SinVotoNoHayDinero. La iniciativa busca reducir en 60% el financiamiento a los partidos políticos en el estado.

 

 

 

Se informó que los diputados locales aprobaron que en los años electorales el dinero que reciban los partidos dependa del número de personas que convenzan para votar y que en los años no electorales, exista una disminución de 20% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para calcular cuánto van a recibir los partidos políticos.

 

 

El diputado independiente Pedro Kumamoto, fue impulsor de la propuesta, por lo que tras conocerse la noticia indicó que “el país que queremos es posible”.

 

Con información de Milenio / Foto: Archivo APO

En un nuevo video revelado por el diario El Universal, la diputada local de Veracruz Eva Cadena, quien ya había sido exhibida en tres videos más, señala a la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, como “operadora financiera” directa del presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

 

Video AQUÍ

 

En el video, Cadena platica con una mujer, a quien le indica que hasta donde sabe, ella (Nahle) es quien le maneja “los dineros a él (AMLO)”

La interlocutora indica que sus “amigos” quieren participar en la campaña de AMLO con 5 millones de pesos que “ya están listos”; en el transcurso del video, se señala a esos amigos (que las presentaron) como “cercano o pariente de Amado Malpica”, quien es coordinador de dipuatdos de Morena en Veracruz.

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en que los mil 500 millones de dólares que aparecen en el presupuesto para este año fiscal, destinados a seguridad fronteriza, es en realidad un adelanto para la construcción del muro.

“No se equivoquen. Estamos empezando a construir el muro y vamos a mantener afuera a los pandilleros, criminales y los traficantes de drogas y de personas que amenazan a nuestros ciudadanos y a nuestra seguridad”, sostuvo el republicano.

Y es que Trump busca revertir la noción que se tiene sobre que el acuerdo presupuestario para financiar la operación del gobierno los próximos cinco meses significó un revés para una de sus principales promesas de campaña: la construcción del muro en la frontera con México.

El mandatario aseguró que lo estipulado en la iniciativa actual, representan fondos suficientes “para pagar un adelanto por el muro”, aunque aseguró que la partida será destinada a reparar y reemplazar barreras y bardas ineficientes o en mal estado.

 

 

 

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO

El director de Presupuestos de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, aseguró esta tarde que el presidente Donald Trump convertirá en ley esta semana el proyecto que evita una paralización del Gobierno de Estados Unidos, y sostuvo que ante la negativa de destinar financiamiento para el muro, el magnate solicitará una nueva partida presupuestaria para la construcción fronteriza en el ejercicio fiscal 2018.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Mulvaney sostuvo que a pesar de no contemplar la construcción del muro, el proyecto actual asignó 1.500 millones de dólares para la seguridad fronteriza.

El funcionario destacó que cuando a fines de este mes Trump pida financiamiento para el año fiscal 2018, que comienza en octubre, la solicitud incluirá fondos para el muro, una de las prioridades del mandatario.

 

 

 

Con información de Reuters / Foto: Archivo APO