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La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió este viernes un proceso disciplinar en contra de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) por posible conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio), en la final del Mundial Qatar 2022 que disputó en diciembre pasado contra Francia.

El proceso disciplinar contempla posible incumplimiento de los artículos 11 y 12 del Código Disciplinario de la FIFA.

Fue el pasado 18 de diciembre, cuando Argentina se proclamó campeona del mundo tras superar en penaltis a Francia después del 3-3 que se registró en el tiempo de compensación.

Durante los festejos sobre el terreno de juego, algunos jugadores hicieron gestos que provocaron las quejas de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que lamentó las burlas “anormales” contra Kylian Mbappé.

En concreto, se referían a los cánticos en el vestuario encabezados por el guardameta Emiliano Martínez y en los que pedía “un minuto de silencio” por Mbappé, autor de los tres goles de Francia durante la final.

Además, el mismo Martínez, sobre la cancha, se colocó en sus genitales el trofeo al mejor portero del Mundial (un guante), una imagen que se viralizó y dio la vuelta al mundo.

La FIFA, según informó en un comunicado, también comenzará un procedimiento a la AFA por el posible incumplimiento del artículo 44 del Reglamento de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y del Reglamento de Marketing y Medios de Comunicación del mismo torneo.

Finalmente, la Comisión Disciplinaria de la FIFA comunicó la sanción a las federaciones de Ecuador, México y Serbia de diferentes multas económicas por los cánticos y conductas inapropiadas de sus aficiones durante el Mundial.

La Federación Ecuatoriana deberá afrontar una multa de 20,000 francos suizos, además de asumir la sanción del cierre de una parte de su estadio, “a raíz de los cánticos” de sus aficionados durante el encuentro que disputó ante Qatar.

En tanto, la Federación Serbia de Fútbol fue sancionada con una multa de 50,000 francos suizos y con el cierre de una parte de su estadio por incumplir los artículos 13 (discriminación) y 12 (conducta incorrecta de los jugadores) del Código Disciplinario de la FIFA por los cánticos “y la conducta inapropiada” de su afición durante el enfrentamiento con Suiza.

Finlalmente, la Federación Mexicana de Fútbol deberá cubrir una multa de 100,000 francos suizos y tendrá que disputar un partido a puerta cerrada por los cánticos de la porra mexicana durante los partidos que disputó con Polonia y Arabia Saudí.

Foto: Twitter @fifacom_es

Tras el motín que se vivió el pasado fin de semana en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, que según autoridades locales tenía como fin liberar a Ernesto Alfredo Piñón, alias ‘El Neto’, líder del cártel de los Mexicles, el director del penal fue cesado.

La fiscalía de Chihuahua confirmó que Alejandro Alvarado, director del Cereso, fue separado de su cargo, además de que es investigado, al igual que otros funcionarios, por sus posibles vínculos con los hechos violentos que se registraron.

Se detalló que específicamente se busca deslindar responsabilidades sobre el ingreso de objetos prohibidos al penal, omisiones en los protocolos internos y por la autorización de actos fuera de la ley.

El saldo del motín fue de 17 muertos, cerca de 20 heridos y al menos 30 reos fugados. Sin embargo, el número de fallecidos relacionados con el episodio ha aumentado a 26 derivado de las operaciones que se han llevado a cabo para recapturar a los presos.

Y es que el domingo, un grupo armado a bordo de vehículos blindados llegó al penal en Ciudad Juárez y abrió fuego contra custodios del centro penitenciario, lo que derivó en la fuga de los reos, entre ellos ‘El Neto’.

Ernesto Alfredo Piñón estaba preso desde 2009, y en 2010 fue condenando a más de 200 años de prisión por secuestro y homicidio, según datos de la fiscalía de Chihuahua.

Autoridades federales confirmaron que ‘El Neto’ controlaba el penal, al grado de tener una serie de celdas VIP, donde había televisores, vinos, internet, y donde incluso se encontró una caja fuerte con cerca de 2 millones de pesos, así como túneles en el interior de la prisión.

Para reforzar la seguridad, ayer, 300 elementos del Ejército llegaron a Ciudad Juárez, y autoridades federales y locales confirmaron el traslado de 191 internos del Cereso a diferentes penales del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió este martes en defensa de la investigación de su gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de los cuestionamientos que hiciera el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El mandatario afirmó que los elementos que presentó la Comisión de la Verdad de su Gobierno en agosto pasado son “sólidos” aunque el GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló inconsistencias en al menos 181 de un total de 400 capturas de pantalla usadas como evidencia.

“Son elementos sólidos y hay pruebas suficientes, hay más de una prueba en cada caso, es otro tipo de cosas, en el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa”, respondió el presidente al ser cuestionado sobre el tema.

Ayer, el GIEI dijo que tras un peritaje, no era posible garantizar “la originalidad de los mensajes” de sospechosos en la desaparición de los jóvenes en septiembre de 2014 presentados en capturas de pantalla en el reporte del gobierno.

López Obrador respondió que el GIEI se dividió y que es “un asunto complejo”, al denunciar que hay “intereses de por medio”.

“Había una especie de pacto de silencio y mucho encubrimiento porque no solo se cometió esta atrocidad, sino tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica, imagínense lo que ha costado el descubrir lo que sucedió realmente”, apuntó.

La polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas se ha reavivado en este octavo aniversario por el reporte de la Comisión de la Verdad que reconoció que fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles, incluyendo el Ejército, y que los da por muertos.

Además, la semana pasada, el diario estadounidense The New York Times publicó que “el caso penal y el nuevo relato se han venido abajo” mientras que el encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”.

Ante los cuestionamientos que se le han hecho, el presidente reiteró que se le tiene “toda la confianza” a Encinas, a quien llamó un “hombre íntegro, recto, e incapaz de falsear información”.

“Se tienen todos los elementos para sostener la investigación, y se van a seguir haciendo averiguaciones, y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia”, añadió AMLO..

Sobre los padres de los 43 jóvenes, López Obrador dijo entender “su situación tan delicada, tan triste”. “Lo que no aceptamos es que estos asuntos tan lamentables sean utilizados por zopilotes, por nuestros adversarios conservadores y la prensa que está a su servicio”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió esta mañana indagar al gobierno del ex presidente Felipe Calderón y al de Estados Unidos por el operativo “Rápido y Furioso”, que de 2006 a 2011 introdujo armas estadounidenses a México.

El mandatario dijo desconocer si existe una investigación internacional contra Calderón por el operativo, como afirmó ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero consideró necesaria una indagatoria a ambos gobiernos.

“Desde luego que sí (debe investigarse a ambos gobiernos), pero yo no tengo más información sobre esto; la Fiscalía seguramente debe de saber qué investigaciones hay abiertas”, respondió al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina.

Recordemos que el operativo “Rápido y Furioso” fue un acuerdo del gobierno de Calderón con Washington para permitir la entrada de más de 2,000 armas estadounidenses para rastrear a grupos criminales en territorio mexicano, aunque no tuvo éxito.

Ayer, el secretario de Gobernación afirmó que existe una investigación internacional en contra de Calderón relacionado a este tema.

AMLO crítico de la intervención en seguridad de Estados Unidos, afirmó que “suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación y de que se enteraron en el Gobierno de Calderón, de eso no hay duda”.

“En su momento se abrió un expediente, no sé si mantenga vigente o si ya le dieron carpetazo porque involucra a los dos gobiernos, no es nada más un asunto de la delincuencia”, añadió.

El ex presidente Felipe Calderón ha negado las acusaciones del gobierno de Morena, al argumentar que busca “desviar la atención” de la reforma para destruir al Instituto Nacional Electoral (INE) y las filtraciones del colectivo Guacamaya sobre el Ejército.

“Ahora sí el secretario anda muy perdido: no hay ninguna ‘investigación internacional’, ninguna, sobre ‘tráfico de armas’ en mi contra. Adán Augusto no atinaría siquiera a decir qué agencia la encabeza”, escribió Calderón en Twitter.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 “no va a detenerse” ante el reciente reclamo de los familiares, que aún exigen presentarlos con vida.

“Ya está bastante avanzada la investigación, hay muchos elementos, de todas maneras se está pidiendo la opinión del grupo asesor, se están pidiendo otras consultas y no va a detenerse la búsqueda”, sostuvo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen tras la marcha del viernes pasado de los padres de los 43 jóvenes en la que exigieron pruebas “objetivas, científicas e indubitables” de que están muertos, como da por hecho el informe presentado hace dos semanas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

López Obrador, quien creó la Comisión para la Verdad al asumir la presidencia, prometió que “se le va a dar continuidad” a la investigación, porque “es un compromiso con los padres”, pero defendió los hallazgo de la investigación.

“Lo que nos interesa mucho mucho, desde luego a los padres, es saber dónde están los muchachos, sus restos, qué pasó con ellos. Sí hay en el informe evidencias, hay declaraciones de lo que hicieron con ellos, cosas muy crueles, pero tiene que tenerse certeza completa”, añadió.

Y es que la polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014 se ha reavivado tras el informe que presentó el 18 de agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.

El mandatario prometió que “de conformidad con la investigación, se sabe quiénes participaron”, por lo que “no va a haber impunidad y todos los que participaron van a ser juzgados”, tanto en su desaparición como en el presunto encubrimiento que hicieron las autoridades del caso.

“Esas órdenes de aprehensión ya se están tramitando ante los jueces y ya se están aplicado. Pero es lo que tiene que ver con los crímenes, sea desaparición, sea asesinato, eso es lo que sucedió con los muchachos, y luego es el encubrimiento”, manifestó.

Al respecto, este lunes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al gobierno federal garantizar la verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas.

El organismo internacional solicitó en un pronunciamiento que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga “una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas”.

Esto, indicó, para determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas”.

Recordemos que hasta ahora, el detenido de mayor perfil es Jesús Murillo Karam, quien estaba al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante el caso, y quien desde el viernes pasado permanece en prisión y fue vinculado a proceso.

La ONU-DH coincidió con el informe en rechazar la llama Verdad Histórica, como se conoce la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que afirmaba que policías corruptos entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Guerrero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este lunes que no habrá impunidad para las personas que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, e indicó que todos están siendo juzgados, esto tras la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam.

“Estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó, ahora el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos”, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador aseguró que existe una “gran corresponsabilidad” de muchas personas en la desaparición de los estudiantes, ocurrida en Guerrero el 26 de septiembre de 2014, pero dijo que quienes participaron de manera directa “son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra”.

Cuestionado sobre si debería detenerse al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), el mandatario indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) o los jueces los que determinarán si hay otros involucrados.

“Lo van a decidir en absoluta libertad, lo mismo si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables aparecen nuevas versiones más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces”, apuntó el mandatario.

Negó que las órdenes de aprehensión hayan tardado en presentarse, pues aseguró que se hizo una “investigación minuciosa” y que se actuó “con mucho profesionalismo”, refiriéndose así al informe presentado el pasado jueves por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que concluyó que el acto fue un “crimen de Estado”.

“Fueron muchos expertos nacionales y extranjeros, y se hizo una investigación a fondo, y ellos sin injerencia de ningún funcionario público, ni del presidente, elaboraron el informe, y ellos sin injerencia de nadie, ni del presidente, hicieron la lista de los que consideraban responsables, tanto de la desaparición de los jóvenes, como del ocultamiento de los hechos”, sostuvo.

El presidente hizo estas declaraciones cuestionado sobre la detención del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Murillo Karam, el pasado viernes acusado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.

López Obrador indicó que más allá de las pruebas que se presenten, el exfuncionario reconoció ser el responsable de la investigación que derivó en la “verdad histórica”.

“En el caso del procurador Murillo Karam, su detención independientemente de las declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía”, dijo López Obrador al presentar un fragmento del mensaje que ofreció el ahora titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero en una reunión con los padres de los normalistas.

Recordemos que el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a la Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada Verdad Histórica, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.

El presidente López Obrador adelantó que pedirá al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que comparta mayores detalles, lo “sustancial” del caso, para que no quede “ninguna duda” sobre la investigación de lo ocurrido con la desaparición de los normalistas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que su postura ya es conocida, que solo presentaría denuncias contra los expresidentes si el pueblo así lo decidía en la consulta que se realizó el año pasado sobre este tema.

López Obrador dijo esto al ser consultado sobre lo informado ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) en relación a las investigaciones que tiene en curso contra el expresidente Peña Nieto.

Afirmó que su postura es que “miráramos hacia adelante”, procurando no repetir actos ilegales y de corrupción, y no quedarse “anclado” con denuncias y que predominara la venganza.

El presidente señaló que pese a su postura, los procedimientos legales que existen, contra quien sea, deben seguir su curso, pues él no puede pedir al fiscal, Alejandro Gertz Manero, o a cualquier otra dependencia, que no actúe.

Precisó que será la autoridad correspondiente quien tendrá que resolver, aunque eso es distinto a que el gobierno haya presentado nuevas denuncias.

Sobre si el expresidente Peña Nieto debe regresar al país para enfrentar las acusaciones que se le formulan, López Obrador dijo que no es una decisión que le corresponda a él, sino a la Fiscalía.

“No es mi fuerte la venganza. Y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón, sino ya hubiésemos presentado denuncias en contra de Calderón o en contra de Fox, o de Zedillo, o de Salinas”, respondió AMLO.

Recordó que cuando él era parte de la oposición, presentó denuncias contra varios expresidentes, pero señaló que como ya tiene tiempo, lo más probable es que estén en el archivo.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que se encuentra integrando carpetas de investigación en contra del expresidente Peña Nieto, por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Señaló que hay un caso que incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, que ha sido blanco de denuncias por parte del presidente López Obrador, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.

Además, la Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz Manero, señaló que a partir de denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales vinculadas al también exgobernador del Estado de México.

Finalmente, precisó que existe otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó esta tarde que se encuentra integrando carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En un boletín emitido esta tarde, la Fiscalía señaló que hay un caso que incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, que ha sido blanco de denuncias por parte del presidente López Obrador, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.

Además, la Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz Manero, señaló que a partir de denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales vinculadas al también exgobernador del Estado de México.

En ese punto, la FGR precisó que esta carpeta requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, lo que ayudará a judicializar el caso.

Finalmente, precisó que existe otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.

Recordemos que fue en junio pasado, ante los cuestionamientos de la prensa en sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informar sobre la investigación en contra del exmandatario.

Gómez Álvarez confirmó que la UIF presentó ante la Fiscalía una denuncia por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, refiriendo que la investigación se  desde aperturó desde octubre de 2021.

La UIF detectó que dos empresas dirigidas por la familia de Peña Nieto recibieron alrededor de 500 millones de dólares en contratos del gobierno mientras él era presidente; y aunque no mencionó el nombre de dichas empresas, se indicó que eran una especie de distribuidoras, de las que el expresidente era accionista.

Gómez agregó que Peña Nieto había recibido transferencias de dinero de un familiar, aparentemente vinculado a las dos compañías, por alrededor de 26 millones de pesos después de dejar el cargo.

“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”, sostuvo Gómez al intervenir en la conferencia de Palacio Nacional.

Detalló que en agosto de 2019, EPN recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos, todas estas por movimientos de transferencias bancarias, de parte de un familiar del exmandatario desde una cuenta en México a otra en España.

Gómez añadió que el mismo familiar aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por un valor de 29 millones de pesos. Dicha persona registró retiros de las cuentas por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó esta mañana que el gobierno federal investiga al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien se ha convertido en un actor incómodo para su administración, y quien en el último revés a la 4T otorgó una suspensión a la empresa Iberdrola para no pagar una multa cercana a 10 mil millones de pesos.

“Este juez al que mencionó (Gómez Fierro), nosotros lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola, estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos”, respondió el mandatario al ser consultado sobre actos de corrupción que se han dado al interior del Poder Judicial.

López Obrador reflexionó que cualquier servidor público, sea del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, no debe gozar de impunidad. Sostuvo que si hay delitos o se demuestra de hay corrupción en el actuar de un juez, se debee presentar una denuncia y ser el Consejo de la Judicatura quien resuelva.

En ese sentido, dijo que la investigación que se realiza sobre Gómez Fierro, existe la sospecha de que hubo falsificación de documentos.

“Si terminamos de descubrir que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos, vamos a proceder legalmente. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos, cero impunidad”, añadió AMLO.

Insistió en que se trate de quien se trate, si se está afectando el interés general o se está cometiendo una injusticia, se debe denunciar.

Y es que Gómez Fierro ha resuelto en temas que al gobierno federal le han entorpecido sus planes. Además del amparo a Iberdrola, esta semana concedió una suspensión definitiva en contra de la política de la Secretaría de Energía que obligaba comprar gas a Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pero no son los únicos casos: otorgó 9 suspensiones definitivas contra la ley Eléctrica de AMLO; fue el responsable de conceder la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT); Suspendió por tiempo indefinido a la Ley de Hidrocarburos, que daba preponderancia a Pemex en la materia, y ordenó restablecer por tiempo indefinido los límites al poder dominante de Petróleos Mexicanos en el sector.

López Obrador se ha referido a Juan Pablo Gómez, como uno de los jueves que están acostumbrados a defender a grupos de intereses creados.

“Es entendible porque son jueces que defienden a los grupos de intereses creados, unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero, pero a mi no me toca investigar, por qué lo hacen, nosotros lo que tenemos que hacer es defender siempre los intereses de la nación”, dijo en una de sus conferencias matutinas.

Pese a los señalamientos realizados, López Obrador descartó que vaya a presentar una iniciativa de reforma para limpiar el Poder Judicial. “Yo soy más partidario de que la reforma del Poder Judicial surja al interior del Poder Judicial a que sea con una iniciativa para cambiar la Constitución y reformar de esa manera el Poder Judicial”, remató.

En entrevista con El Heraldo Televisión, Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que la investigación que se abrió y que involucró al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados nunca fue con él directamente, sino contra una empresa ligada al legislador.

Además, reconoció que fue ilegal la filtración de dicha carpeta. “Es incorrecto que se haya filtrado una carpeta de investigación, efectivamente, porque además apareció un documento que yo había firmado y ciertamente incompleto”.

Dijo que aunque Mier hace referencia a una filtración que sucedió en mayo, no era la primera vez que había una filtración ilegal de la carpeta de investigación, pues ocurrió otra en julio del año pasado.

Nieto Castillo explicó que la investigación hacía mención a un cheque de 97 mil pesos que se depositó en la cuenta del morenista, pero aclaró que “no tenía que ver nada que ver con una actividad ilícita”.

“En el documento digo que Ignacio Mier no tiene relación, y que la transferencia, el cheque que se había depositado a su cuenta era de una empresa de la que él es accionista y por lo tanto no había ninguna irregularidad”, señaló el extitular de la UIF-.

El ahora miembro de los equipos de transición de Tamaulipas e Hidalgo, dijo que se tergiversaron las cosas en torno a dicha investigación, pues reconoció que se recibió una denuncia a la que se le dio trámite, y que en reunión con el gobernador Miguel Barbosa se planteó que existía dicha problemática, pero nunca se involucró directamente a Ignacio Mier.

Defendió que la reunión con Barbosa se dio en el marco de los encuentros que solía tener con muchos gobernadores, asegurando que él tiene una buena relación con Ignacio Mier. “Es un problema de poblanos, que se tendría que resolverse en Puebla” y no estar impactando a nivel nacional.

Al respecto, esta  mañana el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro reconoció que Nieto comenzara a poner las “cosas en su lugar”.

“Reconoce filtración ilegal, tergiversación de una carpeta de la UIF e insiste en que nunca hubo una ilegalidad de parte mía”, y acompañó su mensaje con un fragmento de la entrevista de Nieto.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer esta mañana que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una carpeta contra el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta sería la primera acusación formal contra Peña Nieto, a pesar de los reiterados señalamientos de actos de corrupción durante su administración.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho de la lucha contra la corrupción el tema principal de su gobierno, no había actuado contra ninguno de sus antecesores; ello ha levantado la sospecha de un supuesto pacto entre EPN y AMLO.

Sin embargo, la denuncia presentada por la UIF no significa que en automático se proceda penalmente contra el priísta. Será ahora la Fiscalía quien determine si presenta cargos formales.

Pablo Gómez, titular de la UIF, indicó que se detectaron que dos empresas dirigidas por la familia de Peña Nieto recibieron alrededor de 500 millones de dólares en contratos del gobierno mientras él era presidente.

No mencionó el nombre de las empresas, pero dijo que eran una especie de distribuidoras, y que el expresidente era accionista.

Gómez agregó que Peña Nieto había recibido transferencias de dinero de un familiar, aparentemente vinculado a las dos compañías, por alrededor de 26 millones de pesos (1.3 millones de dólares) después de dejar el cargo. El funcionario agregó que las cuentas de Peña Nieto y las de las empresas no han sido bloqueadas.

“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”, sostuvo Gómez al intervenir en la conferencia de Palacio Nacional.

Detalló que en agosto de 2019, EPN recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos, todas estas por movimientos de transferencias bancarias, de parte de un familiar del exmandatario desde una cuenta en México a otra en España.

Recordemos que Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo, donde se ha dejado ver disfrutando de una vida de lujos.

Gómez añadió que el mismo familiar aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por un valor de 29 millones de pesos. Dicha persona registró retiros de las cuentas por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) está investigando a Pemex por sospechas de quema excesiva de gas natural así como otras infracciones en otro gigantesco campo petrolero, según dos fuentes con conocimiento del tema.

La agencia Reuters señala que en 2019, la petrolera, que está bajo presión internacional para limpiar sus prácticas operativas, elogió al campo Quesqui en el estado de Tabasco como el hallazgo energético más importante en la región en tres décadas.

Expertos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), regulador del sector, realizaron una visita sorpresa ayer al sitio, añade Reuters.

Las preocupaciones se centraron en la “quema excesiva de gas” y otras posibles violaciones del plan de desarrollo de Pemex, detallaron.

Reuters informó el mes pasado que la CNH había decidido multar a Pemex por violar el plan de desarrollo en un campo similar en el estado Veracruz. Esas infracciones en el yacimiento de Ixachi también provocaron una excesiva quema de gas.

No estaba claro qué consecuencias tendría para la compañía la investigación sobre Quesqui. Pero las fuentes dijeron que cualquier hallazgo de irregularidades, especialmente en relación con la quema de gas, sería un golpe para el gobierno federal, ya que la presión internacional y de los bonistas de Pemex está aumentando para frenar la práctica que libera gases de efecto invernadero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó en 2019 a Quesqui como un campo con “mucho potencial” que ayudaría a cumplir su promesa de reactivar Pemex con sus reservas probadas, probables y posibles de 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

La semana pasada prometió abordar las altas tasas de quema de gas, calificándola como “lo más irracional que puede haber, el estar comprando gas y tener que quemarlo aquí, con la contaminación que implica”.

El año pasado, México quemó niveles récord de gas en un número cada vez mayor de lugares, según demostró un estudio científico.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) aseguró que en sus dictámenes no se considera el factor del mantenimiento como la causa del accidente de la Línea 12 del Metro que ocurrió el 3 de mayo de 2021 y que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

“Como se realiza en toda investigación, se estudiaron y analizaron todas y cada una de las posibles causales para llegar a una conclusión con dichos dictámenes, los cuales indican específicamente que no se considera el mantenimiento como la causa que originó la falla de la estructura”, explicó en un mensaje a medios el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.

La aclaración de la Fiscalía se dio después que el periódico El País publicara documentos que mostraban que tres de los cuatro peritajes externos contratados por la dependencia para analizar las causas del colapso indicaban la existencia de fallas en la inspección y el mantenimiento de la estructura.

“La información entregada a la reportera es incompleta y hacer conclusiones con ella es tendencioso. Hacer alusión a lo referido en la mencionada documentación en fragmentos sin contexto e información integral de la investigación resulta sesgado, subjetivo y parcial”, acusó Lara.

Además, insistió en que los dictámenes judiciales realizados por la Fiscalía “concluyen claramente” que el colapso se debió a los defectos graves de la construcción y el diseño inadecuado de la estructura.

Lara dijo que la Fiscalía capitalina “no litiga en medios” e insistió en que la información mencionada debe guardar secrecía “por ley” para no afectar al proceso y al derecho de las partes, por lo que no ahondarán en el tema hasta que esté permitido.

Por último indicó en que en la carpeta de investigación se incluyen “miles de diligencias, así como cientos de pruebas de laboratorio y estudios en las materias de criminalística, fotografía, vídeo, arquitectura, ingeniería civil en puentes y mecánica, seguridad industrial y estructural, topografía y geotecnia principalmente”.

Recordemos que el 3 de mayo de 2021, un tramo elevado de la línea 12, en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac, colapsó, provocando que un vagón cayera sobre una vialidad quedando encallado en forma de “V”, accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a salir en defensa del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre quien dijo tener información de movimientos bancarios provenientes de la la Universidad de las Américas (UDLA), aunque en ninguna había indicios de actos de corrupción.

“Ya tengo información sobre algo parecido; sin embargo, en la información que llegó a mis manos no hay elementos para poder presumir de que hay actos de corrupción. De todas maneras, vamos a ver lo que tú estás planteando”, respondió AMLO a un reportero que llevó documentos que confirmaban el “flujo financiero” de las cuentas de la  Universidad a diversas cuentas vinculadas con Gertz Manero.

López Obrador relató que el titular de la FGR desde hace mucho tiempo es dueño de la Universidad, que dijo, es una filial que se desprendió hace años de la Universidad de las Américas de Puebla. “Creo que él originalmente estaba en la Universidad de las Américas y luego se dividieron y él se hizo cargo de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México desde hace bastante tiempo”.

Como ha sucedido en otros casos, el presidente dijo que este tipo de acusaciones y señalamientos debían tomarse con mucho cuidado, ya que son conocidas las diferencias y confrontaciones que hay entre el fiscal general y otros grupos de abogados.

“Cuando hay pleito de abogados son pleitos… ¡Qué bárbaro! Entre abogados, sí, pero nosotros lo que hacemos es que actuamos con justicia, con rectitud y no nos dejamos llevar”, añadió López Obrador.

Recordemos que en marzo pasado, El Universal publicó que Gertz Manero utilizó la UDLA  para enviar fuertes cantidades de dinero a sus cuentas bancarias, así como a la de familiares en México y el extranjero, incluso cuentas en paraísos fiscales.

El diario reportó que de acuerdo con un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las cuentas bancarias de la Universidad registraron movimientos que beneficiaron al Fiscal y su familia por al rededor de 150 millones de pesos.

A un año del derrumbe de la Línea 12 del Metro, en el que murieron 26 personas y cerca de un centenar de heridos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el gobierno capitalino acompaña a las víctimas y se les ha acompañado en los procesos de reparación del daño, además de que no descansarán hasta tener en operación la Línea 12 del Metro con completa seguridad.“Como persona y como Jefa de Gobierno siempre he estado y estaré del lado de las víctimas y de la justicia (…) han recibido una indemnización económica por parte del Metro, apoyo económico por parte del gobierno, así como becas, vivienda y empleo y apoyo económico de un fondo establecido por la Fiscalía”, dijo la morenista en un mensaje difundido esta mañana a través de sus redes sociales.

La mandataria local aseguró que le hará justicia con las víctimas y familias afectadas, pues gracias a la investigación “científica, profesional y detallada” que presentó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se determinó que en lugar de emprender un largo camino de juicios, se facilitara un proceso de reparación integral que permite el sistema penal.“Claro, siempre de acuerdo con cada una de las víctimas, entonces se establecieron procesos de reparación del daño, que consisten en indemnización económica a las personas lesionadas y familiares de personas fallecidas, entre otros apoyos. Hay procesos penales contra personas físicas y morales que aún continúan y algunas víctimas que han decidido seguir con sus juicios, están en su derecho”, agregó.Respecto a la rehabilitación de la Línea 12, Claudia Sheinbaum explicó que hasta el momento todas las empresas constructoras han apoyado en los trabajos, los cuales en todo momento han sido orientados conforme lo ha estipulado el Comité Técnico Asesor, el cual se formó en agosto de 2021.La Jefa de Gobierno explicó que desde la segunda mitad del 2021 inició el acopio de acero, la capacitación de soldadores y el comienzo de las labores de reforzamiento y se espera que en mes y medio entren a una fase de mayor intensidad con 32 frentes de obra; para su realización se habrán habilitado 17 mil toneladas de acero estructural para fabricar 32 mil 600 piezas como vigas, tensores, abrazaderas y puntales.“Nuestro objetivo es que los usuarios de la Línea 12 estén seguros y que podamos completar la obra de ser posible este año. Estaremos informando cada semana para que ustedes conozcan el avance de la obra”, añadió la mandataria capitalina.La Jefa de Gobierno detalló que en cuanto al tramo subterráneo de la Línea 12 se inició la rehabilitación integral que incluye el sistema de drenaje, la sustitución y mejoramiento de siete curvas, entre otros trabajos.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo esta mañana que fue algo muy lamentable y triste lo sucedido, pero defendió la labor de la Jefa de Gobierno, quien dijo, desde el primer momento entró en contacto con las víctimas y sus familiares.

Destacó que ya hubo reparación del daño en lo material, y que se da seguimiento a la investigación que está a cargo de la Fiscalía capitalina; además de que hay el compromiso de rehabilitar la Línea 12 lo antes posible dada la importancia que el servicio tiene para toda la población del oriente de la Ciudad.

Recordó que las empresas constructoras decidieron participar, sin cobrar, en la rehabilitación de la obra, especialmente la que pertenece al empresario Carlos Slim, Carso-ICA. “Él está asumiendo toda la responsabilidad, sin gastos para el gobierno de la Ciudad, cosa que nosotros reconocemos”.

Reiteró su confianza a la Jefa de Gobierno, quien dijo es una persona sensible y que cumple con su trabajo. También dijo que como en todo, no faltan los “politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano”. Mencionó que los conservadores no son sensibles ni inteligentes para cuestiones de atención al pueblo, pues no conviven con él.

En Broojula te presentamos un recuento de lo que ha pasado en el último año, y cómo avanza este caso, que ha estado plagado de irregularidades y que al día de hoy no tienen a ningún responsable tras las rejas.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este martes que integrantes de alto rango de la Secretaría de Marina (Semar) involucrados en un operativo sobre el caso Ayotzinapa son investigados y ya han declarado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se dio la instrucción de que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía. Todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones del presidente llegan luego de que ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), divulgó un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa en el que se reveló un video del 27 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes, en el basurero de Cocula.

En las imágenes se muestra a miembros de la Marina siendo parte activa en la manipulación de pruebas durante la investigación de los hechos, específicamente en el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los 43 estudiantes secuestrados, según la primera versión oficial del caso.

Al respecto, López Obrador dijo esta mañana que la investigación del caso sigue abierta. “Es un compromiso que tenemos, de dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, apuntó. Informó que los expertos del GIEI le presentaron el informe, incluido el video, previo a ser difundido a medios de comunicación.

“Se va a continuar con la investigación, ellos van a continuar un año más colaborando y se sigue haciendo la investigación”, agregó el presidente, quien prometió que se entregará toda la información que el gobierno y las Fuerzas Armadas tienen disponibles acerca del caso. “No se oculta nada”, subrayó.

“Toda la información del Ejército se ha puesto a disposición de la Comisión (para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa) y la Fiscalía especial, y esa es la instrucción que tienen y la están cumpliendo”, sostuvo López Obrador.

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre. Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, los estudiantes fueron entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Esta versión siempre fue cuestionada por los familiares de las víctimas y por el GIEI, que en los dos anteriores informes, presentados en 2015 y 2016, señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en el basurero.

El gobierno de López Obrador reabrió el caso en 2018 y tiró definitivamente la versión oficial del gobierno de Peña Nieto al identificar restos no calcinados de dos de los estudiantes, Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero. Estas dos identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.

Reportes pasados del GIEI y otras instituciones, así como algunos testigos, ya habían señalado en el pasado la participación de las Fuerzas Armadas en el caso, pero este nuevo informe reveló más vínculos con el suceso.