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El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró esta mañana que México es un país de “puertas abiertas” para migrantes, en referencia a la nueva caravana con cerca de 3,500 extranjeros que partió ayer desde la frontera sur.

“La tradición en México es ejemplo, por ello es un país de asilo, es un país de puertas abiertas”, afirmó el funcionario, quien encabezó la conferencia matutina de hoy en sustitución del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien se encuentra aislado y en recuperación por su nuevo contagio de COVID-19.

López Hernández afirmó que el gobierno federal trabaja en conjunto con los gobiernos estatales y municipales para atender a los migrantes.

“Se está atendiendo a nuestros migrantes. El gobierno federal procura garantizar no nada más el libre tránsito por el territorio nacional sino que estén muy bien atendidos en cuanto a alimentación, en cuanto a prevención de la salud”, enfatizó.

Recordó que, recientemente, autoridades de la Ciudad de México trasladaron a un albergue a migrantes haitianos para atenderlos.

En ese sentido, señaló que la caravana que salió del sur del país está vigilada por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) apoyados por elementos de la Guardia Nacional. Y enfatizó en que las autoridades están al pendiente del desarrollo de la nueva caravana.

El escrutinio sobre la atención a los migrantes por parte del gobierno federal ha crecido desde el incendio del 27 de marzo pasado en Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 migrantes en una estación del INM.

La caravana, que partió ayer desde la frontera sur, busca llegar a la capital mexicana para exigir justicia por esta tragedia y denunciar las muertes causadas por la política migratoria del país.

Organizadores, donde figura la participación de la ONG Pueblos Sin Fronteras, se han referido a esta nueva caravana como un ‘Viacrucis migrante’. Participan personas migrantes procedentes de Venezuela, Colombia, Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, entre otros países.

Según organizaciones civiles, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos hacia Estados Unidos.

Foto: Twitter @EuniceRendon

Las autoridades detuvieron a tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) de Chihuahua, por su presunta relación con el incendio dejó 40 migrantes fallecidos en una estación migratoria de Ciudad Juárez.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la detención del jefe del Departamento de Recursos Materiales del INM en Chihuahua, Eduardo Apodaca; el subdirector del Grupo Beta de Protección de Migrantes, Juan Carlos Meza, y la funcionaria de migración Cecilia Rivera.

En tanto, las autoridades aún están tras la búsqueda del delegado del INM en Chihuahua, el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, contra quien también hay una orden de aprehensión.

Sin embargo, el delegado del INM en Chihuahua no podrá ser detenido debido a que un juez federal le otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión en su contra.

Recordemos que un magistrado había acordado la detención de seis personas por su vinculación con el caso, de las cuales sólo han sido cumplimentadas cinco.

El Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua también aprobó el jueves las citaciones del titular del INM, Francisco Garduño, y del jefe de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, para el próximo 20 y 21 de abril.

Garduño y Molina podrían ser procesados por presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.

El anuncio de la citación de Garduño se dio un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó la salida de su colaborador, e incluso defendió su trabajo al frente del INM.

Recordemos que el incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en Ciudad Juárez, organizaciones humanitarias y activistas han intensificado los cuestionamientos contra la gestión de Garduño, quien asumió la dirección del organismo migratorio en junio de 2019, seis meses después de que López Obrador llegara al gobierno.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer un informe en el que denunció violaciones a los derechos humanos y al trato digno cometidas por funcionarios del INM en agravio de más de 20 personas, incluidos menores, que se encontraban alojadas “en condiciones indignas” en centros migratorios de las localidades fronterizas de Saltillo y Piedras Negras, en el estado de Coahuila.

Ante las denuncias, la CNDH emitió una serie de recomendaciones dirigidas a Garduño para que se atienda la situación en esos centros y se capacite al personal en materia de derechos humanos.

La Fiscalía General de la República (FGR), acusó penalmente a directivos del Instituto Nacional de Migraciones (INM), entre ellos a su titular Francisco Garduño, por la muerte de 40 migrantes en un incendio a finales de marzo en una estación de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía señaló directamente a Garduño, por el presunto delito de homicidio de 40 personas, así como por lesiones a otros 25 migrantes que resultaron heridos.

Junto a Garduño, la FGR acusó penalmente a otros directivos del INM: Antonio “N”, Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes de acuerdo a la Fiscalía, “incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.

Aunque no trascendió la identidad del resto de los acusados, ha trascendido que uno de los acusados es Antonio González Guerrero, comisionado del INM en Chihuahua.

Recordemos que el pasado 27 de marzo se registró un incendio en una estación del INM en Ciudad Juárez que dejó un saldó de 40 personas sin vida. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó a los propios internos de originar el fuego al prender las colchonetas en señal de protesta ante una posible futura deportación.

Sin embargo, una grabación de las cámaras de seguridad mostró cómo algunos migrantes quedaron encerrados, en celdas cerradas con candados, mientras funcionarios del INM y de la empresa de seguridad privada, abandonaban las instalaciones.

Además de los hechos en Ciudad Juárez, a los acusados se les atribuye “un patrón de irresponsabilidad y de omisiones” en otro incidente “semejante” registrado el 31 de marzo de 2020 en Tenosique, Tabasco, que dejó una persona muerta y 14 lesionados.

“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo”, recalcó la fiscalía en su comunicado.

Sin que se haya pronunciado al respecto, Francisco Garduño compartió en redes sociales que se encontraba en Ciudad Juárez desde el primer momento que tuvo conocimiento del “lamentable hecho, permaneciendo atento al reporte de salud de cada herido”.

Los nuevos funcionarios acusados, se suman al migrante señalado de provocar el incendio, quien fue detenido junto a otras cuatro personas: tres funcionarios del INM y un elemento de seguridad de la empresa privada que operaba en el lugar.

López Obrador ha garantizado que el caso no quedará en la “impunidad” y ha prometido que se actuará contra quien resulte responsable, aunque ha preferido no posicionarse sobre Francisco Garduño.

En Broojula, Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y ex comisionado del INM, platica con Ana Paula Ordorica sobre la crisis migratoria y la fallida política en la materia.

Un juez de control vinculo a proceso, por los delitos de homicidio y lesiones, a tres agentes de migración, un guardia de seguridad privada y un migrante, presuntos responsables de la muerte de 40 migrantes el pasado 27 de marzo, en el incendio que se registró en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en la audiencia llevada a cabo ayer, ante el juez de control federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, se inició un juicio contra las cinco personas, sobre las que se habían girado órdenes de aprehensión desde la semana pasada.

Las ordenes de arresto eran por los delitos de homicidio doloso y lesiones, “como autores materiales por comisión por omisión” en contra de los agentes de migración Daniel “N”, Rodolfo “N”, Gloria “N” y el guardia de seguridad privada Alan “N”.

Por lo que corresponde a Jaison “N”, la FGR señaló que esta persona “fue vinculada como autor material por acción, de los delitos de homicidio y lesiones dolosos”. Se trataría del migrante que presuntamente inició el incendio dentro de la estación.

Y es que recordemos que según el relato oficial, el fuego lo iniciaron los propios migrantes al quemar colchonetas en protesta a su supuesta deportación.

La FGR señaló que tras la decisión del juez, se continuará con el resto de las investigaciones “sobre las responsabilidades penales de los distintos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) y sobre los particulares vinculados con los servicios de seguridad privada”.

A inicios de semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ajustó el número de muertos a 40 tras el incendio registrado.

Entre los muertos hay 6 migrantes hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y 7 venezolanos y se desconoce la identidad de la última persona fallecida, que se indicó perdió la vida a raíz de un traslado que tuvo.

Ayer, luego de una reunión con el presidente López Obrador, el padre Alejandro Solalinde ventiló que se trabaja en la conformación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, que sustituiría al Instituto Nacional de Migración (INM).

“Les puedo decir, que son personas de sectores muy amplios, donde va a haber representación en las iglesias de la academia, la Guardia Nacional fuerzas armadas pero también CNDH Conapred, las secretarías que tienen que ver con Educación Trabajo, Salud, todo esto van a estar también representantes de la casa de migrante”, apuntó Solalinde, quien adelantó que los militares que actualmente se encuentran en estas labores, a través del INM, ya no tendrían participación en la nueva coordinación.

El religioso también precisó que ya se analiza quien podría encabezaría la nueva instancia, sugiriendo que ya no sería el actual titular del INM, Francisco Garduño, quien ha sido ampliamente criticado por las políticas migratorias y por lo sucedido recientemente en Ciudad Juárez.

Solalinde precisó que esta propuesta está sobre la mesa desde la transición de gobierno, la cual se fue desarrollando al inicio del gobierno, aunque dijo, se vio interrumpida por los amagos del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El número de migrantes que solicitaron la condición de refugiado en nuestro país ascendió a un récord de 37,606 peticiones durante el primer trimestre de 2023, un incremento de 29.2% frente a los tres primeros meses de 2022.

“Tras el primer trimestre, el número de solicitantes de la condición de refugiado en México llegó a 37,066 lo que supera la cifra récord del primer trimestre del año pasado en 29.2%”, cuando se recibieron 29,109 peticiones, detalló el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez.

La cifra del primer trimestre de 2023 es cercana a las 40,910 solicitudes de refugio que se registraron durante todo 2020, en medio de la pandemia de la COVID-19, mientras que el mayor número de solicitudes en un año fue en 2021 con un total de 129,756 peticiones.

El repunte de este primer trimestre ocurre después de que México recibió 118,772 peticiones de migrantes que solicitaron asilo, la segunda cifra más alta tras la de 2021.

Por nacionalidad, los migrantes de Haití encabezan la lista de solicitudes de refugio en estos primeros 3 meses con 13,631 solicitudes; seguidos de los de Honduras, con 8,620; de Cuba, con 2,596; de Venezuela, con 2,547; y el Salvador, con 1,716.

Del total de migrantes que pidieron ser reconocidos como refugiados, solo 7,369 trámites fueron atendidos en los primeros tres meses, de los que un 68% recibieron una respuesta positiva.

Por país de origen, el mayor volumen de migrantes reconocidos como refugiados fueron los provenientes de Honduras, seguidos de los nacidos en Haití, Venezuela, El Salvador y Cuba.

Tan solo en marzo pasado, el número de solicitudes de refugio a México por migrantes ascendió a 12,549, un dato ligeramente inferior a las 13,116 peticiones del mismo mes de 2022.

En los últimos 10 años, la Comar ha recibido un total de 457,143 solicitudes de asilo por migrantes, de las que solo 98,397 han sido resueltas como positivas y 44,036 fueron rechazadas.

Los migrantes hondureños son los que encabezan la lista de solicitudes favorables en los últimos 10 años, seguidos de los venezolanos, salvadoreños, haitianos, cubanos, guatemaltecos y nicaragüenses.

La presencia de migrantes en las fronteras de nuestro país se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que crucen la frontera de manera irregular.

Esas devoluciones se aplican mediante el Título 42, una política implementada por el expresidente Donald Trump, que permite expulsarlos con el pretexto de la pandemia de la COVID-19.

El dato se conoce una semana después de que 39 migrantes murieran en un incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La noche del lunes de la semana pasada, después de una jornada de detenciones de migrantes en Ciudad Juárez, cerca de 70 personas permanecían retenidas en la estación migratoria, donde 39 de ellos fallecieron tras desatarse un incendio de causas todavía por determinar en el interior de la estación.

Según el relato oficial, el fuego lo iniciaron los propios migrantes al quemar unos colchones como protesta al enterarse de que iban a deportarlos.

Además de los 39 migrantes que perdieron la vida, también hubo 28 heridos, de los que cuatro han sido dados de alta y 24 continúan hospitalizados, algunos con pronósticos delicados.

Entre los muertos hay seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano

Lo que más ha generado polémico, fue el video que se filtró tras el incendio, en el que se muestra cómo los agentes de seguridad a cargo de la estación huyeron del lugar sin liberar a los migrantes quitando los candados que se encontraban colocados, mientras la estancia se llenaba de humo.

Esto ha abierto la puerta a especulaciones acerca de la presunta negligencia y omisión de los trabajadores, entre los que se encontraban empleados del INM y de la empresa de seguridad privada Camsa.

La cifra de muertos por el incendio de la semana pasada en la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, se elevó a 40, confirmó el gobierno federal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó en un comunicado que uno de los 28 heridos que dejó el siniestro murió durante el traslado aéreo desde Ciudad Juárez al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ) de la Ciudad de México.

Del total de los lesionados aún permanecen hospitalizados 23, precisó el gobierno.

En el caso de los pacientes en estado de pre-alta, que al momento son cinco, fueron canalizados a un hospital temporal del IMSS en Ciudad Juárez.

Durante el fin de semana las autoridades trasladaron vía aérea a seis de los heridos hacia el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y al CENIAQ. El resto de los lesionados permanecen en diferentes centros de salud de Chihuahua.

El director del Hospital General de Ciudad Juárez, Carlos Tadeo Perzabal, dijo este lunes que en ese centro permanecen internados once de los heridos que se encuentran en estado grave, debido a que tienen distintos órganos y sistemas afectados. Agregó que a dos de los pacientes les realizarán un procedimiento especial por una falla renal aguda.

Recordemos que por el caso se han girado órdenes de aprehensión en contra seis personas quienes enfrentan cargos por homicidio doloso y lesiones. La fiscalía federal también está investiga a otras personas.

Entre los procesados están tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos guardias de seguridad del centro de detención y un migrante que es señalado de haber iniciado el fuego.

En un video de una cámara de seguridad difundido, se mostró a unos guardias que salían caminando cuando comenzó el incendio en la celda en la que estaban recluidos decenas de migrantes sin hacer el más mínimo intento de liberarlos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este lunes que no habrá impunidad para los culpables del incidente.

Al ser interrogado sobre si sería procesado el titular del INM, Francisco Garduño, por incumplir la orden presidencial de no contratar empresas de vigilancia privada para la seguridad de instalaciones públicas, López Obrador pidió esperar el avance de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la República.

La seguridad del centro donde ocurrió el fatal evento estaba a cargo de la empresa privada Grupo de Seguridad Privada CAMSA.

En ese sentido, la SSPC informó que el Instituto Nacional de Migración tiene un primer contrato con la empresa, con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022, por el que se erogaron 151 millones 439 mil 389 pesos.

“Se dio continuidad al contrato y para el periodo de 01 de marzo al 31 de diciembre de este año 2023 se estableció uno nuevo, por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones. Este contrato será rescindido”, anunciaron las autoridades.

Aclaró que el Instituto no ha erogado cantidad alguna para este último e incluso el 28 de marzo dio vista al Órgano Interno de Control por las irregularidades de la empresa. Para el caso del convenio modificatorio de 2023, que cubrió el periodo enero y febrero, el monto erogado fue de 29 millones 335 mil 668 pesos, con 503 elementos por turno.

Sin embargo, señalaron que de acuerdo con información del IMSS, hasta enero de este año Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A de C.V. tenía registrados 30 trabajadores, cifra que aumentó a 44 en febrero, pero el 31 de marzo, es decir cuatro días después del incendio, la empresa dio de alta 417 trabajadores. De esta manera, al momento suman 478 empleados dados de alta en este sistema.

Ante ello, el IMSS emitió una opinión negativa de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social contra esta compañía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que hoy visitará Ciudad Juárez, tras el incendio que se registró en una estación migratoria de dicha ciudad el lunes pasado, y que dejó 39 migrantes sin vida.

“Voy a estar atendiendo la parte médica, básicamente, lo que me importa más es la atención a los heridos (…) voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida, ahora es lo fundamental”, dijo el mandatario.

López Obrador indicó que pedirá a los médicos “una revisión de todos los heridos para que no les falte nada”, aunque indicó que “no sabía” si visitaría a las víctimas o se reuniría con sus familiares.

Sus declaraciones se producen en medio de un sin fin de señalamientos sobre la actuación de su gobierno a raíz del incendio.

Y es que recordemos que bajo custodia del Estado, cerca de 70 migrantes procedentes de Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Venezuela se encontraban retenidos en la estación migratoria para su deportación.

Ante un presunto motín de los propios migrantes, se originó fuego al interior de las instalaciones y, según videograbaciones, el personal del INM y de la empresa de seguridad privada, dejaron el lugar con las puertas cerradas con candado, lo que evitó que los migrantes pudieran salir.

Entre los 39 migrantes que perdieron la vida se ha confirmado seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos. Otros 28 migrantes resultaron heridos, 5 de El Salvador, 10 de Guatemala, 8 de Honduras y 5 de Venezuela.

La mayoría de ellos se encuentran en estado de gravedad. López Obrador compartió que son atendidos en clínicas del IMSS, del ISSSTE y en un hospital público.

“Están siendo atendidos, se está dando apoyo para que no les falte nada, pero de todas maneras voy hoy y se van conmigo y se van a quedar allá el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y Zoé Robledo, director del Seguro Social”, añadió.

Ayer, las autoridades confirmaron que hay cinco detenidos, incluyendo tres funcionarios del INM, dos guardias privados y la persona que inició el incendio.

López Obrador afirmó que la muerte de estos migrantes es el segundo episodio más doloroso de su sexenio, después de la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó 137 muertes en 2019.

“Este (incendio de migrantes) me conmovió, me partió el alma, y me ayuda a enfrentar este dolor el que hemos venido haciendo mucho por los migrantes. Desde que llegué hay constancia de que he estado ‘duro y dale’, pidiéndole al Gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes”, justificó AMLO.

Remató asegurando que solicitó a la Fiscalía que actúe sin permitir la impunidad. “Esa es la diferencia con otros gobiernos, no vamos a ocultar la verdad, no vamos a proteger a nadie, pero es muy doloroso”.

Son cinco personas las detenidas hasta el momento en relación con la muerte de los 39 migrantes en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, según confirmó el gobierno federal.

“La Fiscalía General de la República había solicitado cuatro órdenes de aprehensión (detención). Pero (…) se finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión”, detalló en conferencia de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la fiscalía especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Detalló que son tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Por el momento, compartió, fueron cumplimentadas cinco de las órdenes de detención, aunque no precisó quién es la persona que todavía no ha sido puesta a disposición judicial.

Por otra parte, Herrerías detalló que se solicitó por parte de la FGR la documentación que acredite el funcionamiento de estas estaciones migratorias para saber cuáles son sus obligaciones “y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles”.

Fue la fiscal especial quien señaló que estas instalaciones, denominadas estancias provisionales, están creadas para alojar “de manera provisional” a personas que no acrediten su estancia regular en el país y hasta que se les lleve a otro tipo de instalación del INM.

Dentro de la estación se encontraban varios empleados de seguridad privada de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V, cuyos socios son David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que se pudo conocer una primera irregularidad en torno a la empresa: solo tenía reportados cuatro agentes de seguridad con 10 uniformes. “Sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados del país”.

Por esto, continuará la investigación de la que, aseguró Rodríguez, se deslindarán responsabilidades de la empresa pero también del INM.

Sobre la procedencia de los 39 migrantes fallecidos, Rodríguez dijo que seis son hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos.

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) dijo que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se iniciará el proceso para lograr la reparación del daño de los familiares de las víctimas.

“Sabemos que el dolor que genera una pérdida de vida no se supera jamás, pero es nuestra obligación proteger a las familias de las víctimas”, añadió.

Recordemos que el presidente ha prometido que no habrá impunidad tras el incendio, pero evadió responder si solicitará la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien es señalado como principal responsable de esta tragedia.

También prefirió no comentar si la empresa de seguridad privada a cargo de la estación migratoria está ligada al cónsul de Nicaragua.

“No va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables, y hablé con el fiscal (general, Alejandro Gertz) para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia. Que actúen con profesionalismo, absoluta libertad”, declaró AMLO.

El gobierno federal informó que tras las primeras investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), se identificó a 8 presuntos responsables del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de 39 migrantes.

“Al momento se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos”, dijo en una conferencia de prensa, la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Entre ellos se encuentran dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco agentes de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes.

La funcionaria dijo que el gobierno “reprueba la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de protección civil”.

Añadió que todos los posibles implicados en la tragedia “serán citados a rendir declaración, sean o no servidores públicos, entre ellos el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño o los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores.

“De ninguna manera se ocultarán los hechos, ni se protegerá a nadie. En este gobierno se castigan los abusos y violaciones a derechos humanos”, apuntó Rodríguez, quien fue la encargada de compartir los detalles del incendio por instrucción del presidente López Obrador.

También dijo que el INM se encargará del retorno de los cuerpos y movilidad migrantes y familiares, además de la atención de 27 migrantes que permanecen heridos en hospitales.

Recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció contacto con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela para coordinar la identificación y traslado de los cuerpos a sus países de origen.

“Se realiza una investigación seria y profesional y hasta llegar a la verdad que encabeza la FGR”, señaló Rodríguez, quien sostuvo que “hubo un delito grave” en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, cuestionando “¿Quién no permitió la salida de estas personas?”.

Por su parte, la fiscal especial en materia de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías, informó en la misma conferencia que la institución solicitó las primeras cuatro órdenes de aprehensión, contra un número similar de personas.

Precisó que las órdenes solicitadas son contra el migrante que inició el fuego en la instalación del INM, del que no se reveló su identidad, dos son contra agentes del INM y una contra un guardia de seguridad privado.

Además, dijo que la carpeta de investigación que está integrando la FGR es por los delitos de homicidio doloso, daño en propiedad ajena, y se analizaba los delitos de abuso de autoridad y lesiones.

Y es que reiteró que el incendio ocurrió la noche del pasado lunes cuando, según la versión del presidente y reiterada por la fiscal, los migrantes prendieron fuego a los colchones en señal de protesta tras recibir la notificación de que serían deportados.

López Obrador aseguró ayer que su gobierno “no oculta nada” y que no habría impunidad en el caso.

Y es que la presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen ilegalmente bajo el Título 42.

Amnistía Internacional denunció este miércoles la retórica “insensible y ofensiva” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras haber responsabilizado ayer a los migrantes del incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó un saldó de 39 muertos y cerca de una treintena de heridos.

“Es sumamente insensible y ofensivo que tanto el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera, como el INM en un comunicado oficial, hayan insistido en utilizar eufemismos para restarle gravedad a los hechos ocurridos y culpabilizar a las personas migrantes de los hechos”, denunció la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.

Así, la responsable de la organización ha incidido en que “las estaciones migratorias no son ‘albergues’, sino centros de detención”, a la par que ha recalcado que las personas “no están ‘alojadas’ ahí, sino privadas de su libertad”, replicando así el discurso de las autoridades federales.

El INM confirmó la madrugada del martes la muerte de cerca de 39 personas en un centro migratorio de de Ciudad Juárez, en Chihuahua, como consecuencia de un incendio que el propio López Obrador atribuyó a los internos que, según él, prendieron colchonetas en protesta por una supuesta futura deportación.

El suceso ha despertado polémica a nivel internacional, e incluso Naciones Unidas ha exigido una “investigación exhaustiva” de lo ocurrido. Ayer, comenzó a circular en redes sociales una grabación de las cámaras de seguridad del centro incendiado en la que se observa a empleados del INM abandonando a su suerte entre las llamas a los migrantes.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció la autenticidad del video, pero insistió en que se debían hacer las investigaciones correspondientes para saber qué fue lo que realmente ocurrió.

“Estos devastadores hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio?”, cuestionó Guevara Rosas.

Amnistía Internacional denunció que los países de la región, encabezados por Estados Unidos, han establecido una serie de políticas migratorias que son “cada vez más inhumanas”, pues obligan a las personas a emprender rutas “más peligrosas y que las ponen en una mayor situación de vulnerabilidad”.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) estableció hace dos semanas que la reclusión de personas migrantes en centros de detención no debe exceder de las 36 horas.

“Lo que sucedió en Ciudad Juárez es un recordatorio sobre la importancia de adecuar la normativa migratoria a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acabar con este mecanismo que ha causado innumerables daños, e incluso tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, a miles de personas migrantes”, dijo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Edith Olivares Ferreto, quien llamó a respetar lo establecido.

Se espera que esta tarde el gobierno federal ofrezca una conferencia de prensa, donde compartirán mayores detalles de lo ocurrido y las líneas de investigación que se siguen.

A pesar de ser un tema migratorio, que recae directamente en la Secretaría de Gobernación, su titular ha dicho que un “acuerdo” interno del gabinete, transfiere este tema a la cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard.

Sin embargo, ninguno de los dos funcionarios encabezarán la conferencia. El presidente adelantó que será la secretaria de seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien estará a cargo de compartir la información.

Por lo pronto, Estados Unidos anunció que dará un permiso humanitario a los migrantes que resultaron heridos en el incendio.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo a la agencia Efe que están “preparados para usar un permiso humanitario (…) para permitir que individuos gravemente heridos reciban cuidados intensivos” en centros de salud de Estados Unidos.

De último momento, el gobierno de Chihuahua aumentó a 39 la cifra de migrantes fallecidos tras el incendio, después de que se ajustara la noche de ayer a 38 la cifra.

“Ascienden a 39 las personas fallecidas en estos lamentables acontecimientos y un total de 28 personas siguen todavía hospitalizadas”, dijo el secretario de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña, a los medios de comunicación.

No obstante, no aclaró la identidad y procedencia de esta persona fallecida, o si se trataba de uno de los migrantes que se encontraban heridos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició su conferencia de prensa matutina expresando sus condolencias a los familiares y ciudadanos de los países de donde son originarios los migrantes perdieron la vida el pasado lunes en el incendio que se presentó en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Mi más sentido pésame a los familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos, y a los gobiernos de estos países. Informales que están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió”, dijo el mandatario.

Aunque indicó que tienen una información preliminar sobre lo sucedido, prefirió no comentar a profundidad, pues dijo, se busca tener todos los elementos para poder informar sobre lo que sucedió.

Dijo que la versión del gobierno que representa se dará a conocer esta tarde, en una conferencia de prensa que encabece la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

AMLO adelantó que está solicitando la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución y se finquen responsabilidades, pues aseguró, no habrá impunidad.

“Que se aclare bien quiénes fueron los responsables y que se finquen de manera específica las responsabilidades y se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia”, añadió el mandatario.

Fue en ese punto donde López Obrador garantizó que se va a seguir informando, y reiteró que no se ocultarán los hechos, sea cual sea la realidad. “No vamos nosotros de ninguna manera actuar de manera injusta ante esto que es tan doloroso, tan triste (…) no hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie. No se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad”.

Añadió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también está acompañando las investigaciones y está haciendo un informe de manera independiente.

Fiel a su estilo, y ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, el presidente acusó a la prensa de querer que el gobierno actúe de manera sumaria; sin embargo, dijo que se tiene que conocer realmente lo que sucedió.

“Lo planteo porque estoy viendo las redes sociales, a todos nuestros adversarios y la mayoría de los medios de comunicación”, reclamó.

Sobre el fenómeno migratorio, AMLO insistió en que México está haciendo bastante, de acuerdo sus posibilidades. Recordó que se está invirtiendo en Centroamérica para atemperar y tratar de tener el flujo migratorio. Recordó que la estrategia es atender las causas que originan la migración.

A los familiares de los migrantes que perdieron la vida, les dijo que se actuará de manera responsable, y advirtió que se va a castigar a quienes las investigaciones determinen como responsables. Dijo que se castigará solo si se corrobora que existió alguna laxitud, dolo o ineficiencia.

“No vamos a ocultar nada y no va a haber impunidad. No vamos a ocultar nada. No somos iguales a los que fabricaban delitos, ocultaban las cosas, torturaban para que se culparan (…) ya no es el tiempo de los gobiernos autoritarios que se padecieron en México cuando la mayoría de los medios que ustedes representan, con todo respeto, guardaban silencio y no les importan los derechos humanos y ahora como son temporadas de Zopilotes, ahora son los campeones del amarillismo, del sensacionalismo, trafican con el dolor humano y no es por justicia, sino porque están deseosos de regresar por sus fueros, para seguir robando como lo hacían. Políticos corruptos, traficantes de influencias, dueños de medios de información, periodistas famosos”, recriminó López Obrador.

El presidente sostuvo que su gobierno tiene la ventaja de contar con autoridad moral y política.

Finalizó indicando que si bien ayer se habló de 40 migrantes muertos, en el último informe que recibió se ajustó la cifra a 38. También reveló que en la estación migratoria se encontraba personal del Instituto Nacional de Migración (INM), y personal de una empresa de seguridad privada, con quien se tenía un contrato.

El gobierno confirmó en 39 el número de migrantes muertos por un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.

“Tras los lamentables hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecieron 39 personas y 29 más se encuentran graves”, señaló la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

El portavoz de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, había anunciado previamente que la cifra de fallecidos era de 40, sin embargo, la Fiscalía mantiene el saldo mortal en 39.

De acuerdo con la FGR, los migrantes identificados son de las siguientes nacionalidades: 1 colombiano, 1 ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos, aunque no se precisó cuántos eran fallecidos y cuántos heridos.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) detalló que el incidente ocurrió a las 21:30 de ayer, donde primero hubo un saldo inicial de 37 fallecidos, la mayoría de ellos de Centroamérica y Venezuela.

López Obrador responsabilizó a los migrantes, por una protesta que ellos mismos iniciaron y que originaron el incendio.

“Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron de iban a ser deportados, movilizados, y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego”, recriminó el mandatario.

López Obrador informó el director del INM, Francisco Garduño, y personal de la Fiscalía General de la República, se desplazaron al lugar de los hechos y ya investigan para deslindar las responsabilidades.

Antes del incidente, los agentes del INM habían hecho un operativo para remover de las calles a migrantes que piden limosna.

La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen por tierra bajo el Título 42.

En ese sentido, el gobierno de Estados Unidos se pronunció sobe lo sucedido. Se refirió a los hechos como un “desgarrador recordatorio” de los riesgos a los que se enfrentan los migrantes en su travesía.

“Quiero expresar mi más sentido pésame a las familias de quienes perdieron la vida en el trágico incendio de anoche en el centro de detención de Ciudad Juárez. Nuestros corazones están con sus seres queridos”, dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel.

El funcionario explicó que el gobierno de Joe Biden está “listo para brindar cualquier ayuda” que las autoridades mexicanas pudieran solicitarle mientras investigan las causas del incendio.

Por su parte el canciller guatemalteco, Mario Bucaro, responsabilizó a las redes de traficantes de personas, conocidas como “coyotes”, por la muerte de 28 connacionales en el incendio en el albergue de Ciudad Juárez.

Bucaro afirmó, durante una conferencia de prensa, que los traficantes de personas son “responsables” por trasladar a las personas de forma irregular. Confirmó que los guatemaltecos que fallecieron estaban por ser deportados por las autoridades mexicanas.

“Esperamos poder tener identificadas a todas las víctimas en las próximas 48 horas y comunicarnos con sus familiares”, detalló Búcaro.

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, pidió por medio de un comunicado, que se realice una exhaustiva investigación sobre este incendio.

El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó la muerte de 39 migrantes derivado de un incendio que se originó poco antes de las 22:00 horas de ayer en el área de alojamiento de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Esta autoridad informa que se interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido y, en su caso, se proceda en consecuencia. De igual forma se dio vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que intervenga en las diligencias de ley y de salvaguarda de las personas extranjeras”, dijo el INM.

El Instituto, que depende de la Secretaría de Gobernación, indicó que en la sede migratoria estaban alojados 68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica. Además de los 39 fallecidos, los 29 migrantes más resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados en estado delicado- y grave a cuatro hospitales de la localidad.

El INM señaló que se estableció comunicación con las autoridades consulares de los diferentes países, de donde son originarios los migrantes, para implementar las acciones que permitan su identificación plena.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió al incidente, que calificó de “algo muy triste”, asegurando que el incendio fue ocasionado por los mismos migrantes, ante la noticia de que serían deportados.

“Quiero informar algo muy lamentable, muy triste: anoche como a las 9:30 de la noche se produjo pues un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez, y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue, pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba causar esta terrible desgracia”, relató el mandatario.

Indicó que el director del INM, Francisco Garduño, se encuentra en el lugar de los hechos para dar seguimiento a las labores de identificación y atención, junto a otras autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR), quien será la encargada de proceder legalmente.

Más tarde, el vocero de la Presidencia, compartió un mensaje en redes sociales donde confirmó que el número de víctimas ascendió a 40.

Foto: Twitter @ferbelaunzaran

Cerca de 2,000 migrantes llegaron ayer al Puente Internacional Santa Fe, donde se encuentra la línea divisoria entre México y Estados Unidos, en Ciudad Juárez, para presionar y exigir a las autoridades estadounidenses su ingreso al país.

En una primera acción, los migrantes, centro y suramericanos en su mayoría, rebasaron un punto de revisión de autoridades de México, en el puente conocido como Paso del Norte, que limita las Ciudad Juárez y El Paso, Texas, Estados Unidos.

El objetivo de los migrantes fue ejercer presión y llamar la atención de las autoridades estadounidenses para que les otorguen permisos y les permitan cruzar para ir en busca del llamado “sueño americano”.

Entre los propios indocumentados que permanecen en nuestro país, cerca del cruce fronterizo, corrió el rumor de que llegando a dicho punto los dejarían ingresar.

Sin embargo, los agentes migratorios de Estados Unidos los esperaban armados y para impedir su paso instalaron una ‘concertina’ de seguridad, es decir, alambre de cuchillas enrollado, para evitar que cruzaran ilegalmente.

Debido a la llegada de más migrantes, sus reclamos fueron en aumento hasta que las autoridades estadounidenses golpearon a los que intentaban cruzar al tiempo que los amenazaron con armas de fuego.

Decenas de indocumentados refirieron que han intentado cruzar a Estados Unidos de forma legal, que han hecho el esfuerzo para tener una cita con las autoridades migratorias para conseguir asilo político, pero no han corrido con suerte ya que en la aplicación siempre les aparece un error al momento que conseguir la cita.

Debido a ello, dijeron, permanecerán el tiempo que sea necesario en la mitad del puente para poder ingresar a Estados Unidos. Ante tal escenario, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos formaron una barrera con decenas de policías para vigilar la zona.

Ciudad Juárez prácticamente está colapsada por la llegada masiva de migrantes. Los albergues están a su máxima capacidad y los migrantes que no alcanzan refugio duermen en las calles, enfrentando las bajas temperaturas de la región.

Y es que la región vive un flujo migratorio récord, con 2.76 millones de personas indocumentadas detenidas en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

El grupo de migrantes constituía “una potencial amenaza de ingreso masivo” al territorio nacional, informó al respecto un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Señaló que además de las barreras físicas en el Puente Internacional Paso Del Norte, también fueron colocadas barricadas temporalmente en el cruce hacia El Paso en el Puente de las Américas y en Stanton.

Para la noche de ayer, se reanudó el tráfico en ambas direcciones, añadió el funcionario estadounidense.

Foto: Twitter @EuniceRendon

El gobierno de Joe Biden propuso nuevas restricciones al acceso al asilo de los migrantes en la frontera con nuestro país, obligándoles a solicitarlo en países por los que transitan o a pedir cita en línea, una política que se ha acusado es similar a la que instauró Donald Trump.

Recordemos que el expresidente republicano Trump intentó activar en 2019 una medida para impedir que las caravanas que llegaban de Centroamérica entraran en Estados Unidos. Los tribunales se lo impidieron.

La nueva regla, sujeta a 30 días de revisión y comentarios, entraría en vigor cuando el 11 de mayo se levante el Título 42, una norma sanitaria activada por Trump en 2020 con la finalidad declarada de frenar la pandemia de COVID-19 y que permite bloquear a la inmensa mayoría de los migrantes en la frontera.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los migrantes no serán aptos para el asilo a no ser que cuenten con una autorización, hayan usado la aplicación CBP One para programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada (salvo si pueden demostrar que era imposible por una barrera del idioma, analfabetismo, fallo técnico…) o se les denegó el asilo en un país de tránsito.

Los niños no acompañados también estarían exceptuados de la presunción de “inelegibilidad de asilo”.

Hay más excepciones, como las “emergencias médicas agudas” o las “amenazas extremas e inminentes a su vida o seguridad”.

El gobierno de Estados Unidos afirma que es el único medio que tiene para hacer frente con la migración en la frontera, porque el Congreso no se pone de acuerdo sobre una política migratoria.

Sin embargo, los republicanos le acusan de haber perdido “el control efectivo de la frontera”, que en diciembre intentaron cruzar un promedio de 8,500 migrantes por día, la mayoría de ellos con la intención de pedir asilo.

Las nuevas reglas ya se vienen aplicando para grupos de migrantes de Ucrania, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

Según el DHS hasta el 17 de febrero más de 26,000 cubanos, nicaragüenses y haitianos recibieron autorización de viaje y miles de venezolanos (con acceso al programa desde octubre de 2022) ya han llegado. Un total de 33,800 solicitudes de venezolanos “han sido examinadas” y recibieron luz verde a finales de enero, informa el DHS.

Las autoridades estadounidenses han constatado un descenso del 97% en el número de migrantes procedentes de estos cuatro países entre el 5 y el 31 de enero.

“Estamos fortaleciendo la disponibilidad de vías legales y ordenadas para que los migrantes vengan a Estados Unidos, al mismo tiempo que proponemos más consecuencias para aquellos que no utilicen los procesos que Estados Unidos y sus socios regionales han puesto a su disposición”, afirma el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en un comunicado.

Según el gobierno se trata de “una medida de emergencia” para responder al esperado aumento del número de migrantes en cuanto se levante el Título 42 y está prevista “para una duración temporal”. No especifica qué la sustituiría.

Al menos 17 personas fallecieron luego de la volcadura que se registró ayer de un autobús que transportaba a un grupo de migrantes indocumentados, en una carretera de Oaxaca, confirmaron diversas autoridades.

Los hechos se registraron la tarde de ayer en la autopista Cuacnopalan, Oaxaca, km 87, a 15 kilómetros de la Plaza de Cobro Miahuatlán, en dirección a Oaxaca, informó Caminos y Puentes Federales (Capufe) a través de su cuenta en Twitter.

El camión accidentado es propiedad de la empresa transportadora de turistas Lopresti S.A de C.V., de acuerdo con fuentes de la Guardia Nacional, quienes confirmaron que en la unidad viajaban 51 personas en total.

Sin embargo, el secretario de Gobernación de Puebla, Julio Miguel Huerta Gómez, detalló que en el autobús viajaban 45 extranjeros indocumentados.

En el lugar fallecieron 15 migrantes y otro murió cuando era trasladado a un hospital de Puebla. En total fueron 16 migrantes los que fueron enviados al hospital General de Tehuacán, Puebla.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el grupo de indocumentados en su mayoría son colombianos, además de que se reportan haitianos y venezolanos. Medios locales reportaron cerca de 30 heridos.

En la actualización dada esta mañana, se reportan 5 migrantes en estado de gravedad y 8 más por darse de alta.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, explicó en redes sociales que tras el fatal accidente se enviaron servicios de emergencia a la zona, con el fin de brindar “todas las facilidades y atender a los lesionados”, además de que confirmó la muerte de varias personas.

En fotos difundidas por redes sociales, se aprecia como algunos pasajeros lograron salir por las ventanas del autobús en el que viajaban, que quedó semidestruido.

Al lugar de los hechos acudió personal de la Guardia Nacional, así como de Protección Civil y los servicios de emergencia de municipios cercanos de Puebla y Oaxaca y se informó que también agentes migratorios.

Recordemos que muchos migrantes centroamericanos y caribeños que buscan llegar a Estados Unidos, entran por el sureste y Oaxaca es uno de los estados más frecuentados.

Según organizaciones civiles, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en el país, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos hacia Estados Unidos.

Las muertes de migrantes que viajan hacinados en autobuses ha llamado la atención, y tan solo el 7 de febrero 14 migrantes murieron en un accidente similar en Nuevo León.

Foto: SERVICIO MÉDICO MIAHUATLÁN