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Estados Unidos planea poner fin el próximo 11 de mayo a una norma sanitaria que permite las expulsiones expres en la frontera con México, conocida como el Título 42, informó este miércoles el Departamento de Justicia.

En un documento presentado ante la Corte Suprema en las últimas horas, el gobierno del presidente Joe Biden aseguró que cuando se levanten las declaraciones de emergencia nacional y emergencia de salud por la pandemia de COVID-19, también se suspenderá el Título 42.

“En ausencia de otros desarrollos relevantes, el final de la emergencia de salud pública terminará con el Título 42 “, señala el documento presentado ante el Supremo, que analiza una demanda de varios estados que buscan mantener la restricción migratoria.

La Casa Blanca informó la semana pasada que dejará de considerar al COVID-19 como una emergencia nacional el 11 de mayo.

A partir de esa fecha, el Ejecutivo estadounidense también planea imponer una nueva restricción al asilo en la frontera: quienes no hayan solicitado refugio en un tercer país ni tampoco hayan pedido un permiso humanitario para entrar a Estados Unidos serán expulsados a nuestro país, según detalla el documento.

Recordemos que a finales de diciembre, la Corte Suprema ordenó a la Administración Biden mantener el Título 42 de manera provisional, mientras decide sobre un demanda presentada por los fiscales de 19 estados que desean preservar la normativa.

Desde entonces, el gobierno ha decidido expandir el uso de las restricciones para permitir las expulsiones de las personas provenientes de Cuba, Nicaragua y Haití.

Como consecuencia, la cifra de arrestos de migrantes en la frontera ha disminuido, alcanzando su punto más bajo en dos años en enero pasado.

El uso del Título 42, que también es utilizado para expulsar a venezolanos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, ha sido criticado tanto por legisladores demócratas como por organizaciones en defensa de los derechos humanos.

A finales de enero, un grupo de 80 congresistas demócratas, encabezado por el senador Robert Menéndez, criticó en una carta la decisión de Biden de expandir el Título 42, calificando la regla de una “burla de la ley nacional e internacional”.

El exsecretario de Estado de Estados Unidos en la administración Trump, Mike Pompeo, reveló en su libro “Never Give An Inch”, que el canciller Marcelo Ebrard aceptó a nombre del gobierno federal, el polémico programa de retorno de migrantes a nuestro país, conocido como “Quédate en México”, que se instauró en el gobierno del republicano.

Sin embargo, esa no fue la única revelación que Pompeo hizo en su recién publicado libro. También indicó que Ebrard Casaubón hizo la solicitud de que el acuerdo fuera de carácter privado, para que el gobierno federal pudiera negarlo si así le convenía.

“Marcelo, este es el trato: si el Estado y el Departamento de Seguridad Nacional no pueden regresar a casi todos los solicitantes de asilo a México en 14 días, vamos a cerrar por completo la frontera mexicana (…) Puedes decirle a tu jefe que llame al presidente (Donald Trump); él sabe que te estoy haciendo llegar este mensaje, pero fue muy claro. 14 días o nada”, relata Pompeo en el capítulo 7 de su libro, haciendo referencia a una reunión que sostuvieron el 15 de noviembre del 2018.

Y aunque ofreció la ayuda de Estados Unidos para el cuidado de los migrantes expulsados, Pompeo le habría dejado claro a Ebrard que Estados Unidos “no necesitaba su permiso”. “Queremos que haya cooperación, pero no es un requisito”, advirtió el entonces funcionario estadounidense..

Fue en ese momento cuando Ebrard preguntó si dicho acuerdo debía ser público, o que el gobierno de nuestro país pudiera afirmar que no existía ningún acuerdo y que incluso se oponía al mismo.

“Me vale un bledo lo que digas. Lo que sea que te ayude internamente, es cuestión tuya”. Según Pompeo, se le indicó a Ebrard que el gobierno de México era libre de quejarse por la política de Trump y “fingir que no lo había suscrito”.

El estadounidense cuenta que se ocultó el acuerdo a la propia embajadora de México en Washington, Martha Bárcena, con quien se sabe, Ebrard tuvo muchas diferencias en la conducción de la política exterior de nuestro país, específicamente en la relación México-Estados Unidos.

A través de una carta publicada en su cuenta de Twitter, el canciller desmintió los señalamientos que hiciera el ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Dijo que su propósito y labor como canciller de México ha sido y es salvaguardar y proteger el interés nacional.

Ebrard afirmó que todo lo relatado en el libro es parte de una campaña basada en ideas antimexicanas que buscan presentar a nuestro país como una amenaza, ante la cual se debe construir un muro.

En su carta, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que el objetivo de la administración Trump siempre fue la firma de un acuerdo de tercer país seguro que obligaría permanentemente a México a otorgar asilo a los migrantes que fueran deportados de Estados Unidos y que hubieran pasado por nuestro país.

“Esto nunca se aceptó, a pesar de ciertas voces que pensaban que era mejor la firma de un acuerdo similar al de Turquía con la Unión Europea, en el que México aceptara dinero a cambio de un compromiso que, en nuestro caso, resultaba de costos incalculable. Haber evitado la imposición de un acuerdo de tercer país seguro es un logro del presidente López Obrador” dijo el canciller en su documento.

Sobre la supuesta reunión que se relata del 15 de noviembre de 2018 en Houston, Ebrard indicó que el propio ex secretario confirmó en su momento que no se aceptó ningún acuerdo, sino que solo se escuchó la posición estadounidense.

Afirmó que la postura de México fue y continúa siendo la de rechazar la firma de un acuerdo bilateral que comprometa el país de manera permanente.

La asociación Pueblos Libres Sin Fronteras convocó a la primera caravana migrante de 2023 que partirá mañana de Tapachula, Chiapas Estados Unidos, ya que los cientos de migrantes llevan más de dos meses varados sin atención del Instituto Nacional de Migración (INM).

Esta nueva caravana, llamada “Paz de Cristo”, caminará desde Tapachula con banderas blancas en señal de paz, además de llevar bolsas de plástico para recoger la basura por donde pase el contingente.

Jesús Hernández, líder de la agrupación, detalló este viernes que este primer contingente de personas saldrá cerca de las 8:00 hora local con personas de distintas nacionalidades que han padecido por dormir en las calles en medio del frío y el sol.

En su mensaje a medios, solicitó al gobierno federal que les apoye para llegar a su primer parada: Oaxaca, donde pedirán ayuda humanitaria y autobuses.

“Si ustedes se dan cuenta, los migrantes llevan más de dos meses varados y hay situaciones difíciles donde el gobierno no se da cuenta”, denunció.

La caravana partirá tras la nueva política migratoria de Estados Unidos, que el pasado 5 de enero anunció que acogerá a 30,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela al mes con un programa especial, pero deportará de inmediato a México al resto que llegue por tierra.

A pesar de ello, migrantes venezolanos intentarán cruzar porque consideran que ya han sacrificado “todo”.

La caravana refleja el flujo migratorio récord en la región, como muestra la detención de 2.76 millones de indocumentados en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

Durante 2022, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), México recibió 118,478 peticiones de migrantes que solicitaron asilo, la segunda cifra más alta tras la de 2021 con 131,448 casos.

Autoridades encontraron y rescataron este miércoles a 269 migrantes indocumentados que viajaban hacinados dentro de un tráiler en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.

Los hechos se registraron en el tramo carretero de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo, donde elementos de la Guardia Nacional se percataron de la presencia de los migrantes durante una inspección.

Los 269 extranjeros, según los datos de la policía estatal, iban de San Cristóbal de Las Casas a la Ciudad de México.

La detención del tráiler ocurrió en uno de los retenes en la entrada de Chiapa de Corzo, a unos kilómetros donde ocurrió la emblemática tragedia de migrantes de 2021, cuando murieron 56 migrantes indocumentados en un accidente carretero mientras viajaban en condiciones similares.

Las autoridades detuvieron al operador de la unidad de transporte de carga y a otra persona señalada como la responsable de cobrarles por llevarlos a la frontera de Estados Unidos.

Aunque las autoridades no precisaron sus identidades, durante el aseguramiento bajaron del tráiler más hombres que mujeres, la mayoría jóvenes.

Los migrantes fueron trasladados por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional a la estación de migración en Tuxtla Gutiérrez.

De ellos, 261 son originarios de Guatemala; tres de El Salvador; tres de Ecuador y dos de Honduras; 20 son menores de edad no acompañados y seis personas entre adultos, niñas y niños quienes viajaban en núcleo familiar.

Y es que la región vive un flujo migratorio récord, como refleja la detención de 2.76 millones de indocumentados en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

Durante 2022, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), nuestro país recibió 118,478 peticiones de migrantes que solicitaron asilo, la segunda cifra más alta tras la de 2021 con 131,448 casos.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, una conferencia de prensa para comentar los resultados de la X Cumbre de Líderes de América del Norte que se realizó ayer en la Ciudad de México.

Y aunque no aclaró si Biden, Trudeau y AMLO llegaron a un acuerdo para no abordar durante la cumbre la disputa comercial que Estados Unidos y Canadá abrieron contra la política energética de México por considerar que discrimina a sus empresas, dijo que esperaba que el mecanismo de consultas, establecido en el T-MEC, tenga “buenos resultados”.

Instó a México a apostar por las energías limpias y pidió que siga los consejos del enviado estadounidense por el Clima, John Kerry, a quien definió como “el líder del mundo que sabe más sobre cambio climático”.

Entre los temas que se abordaron en la cumbre, en fentanilo, Salazar indicó que el presidente Biden y la delegación estadounidense pidieron una mayor persecución del tráfico de esta droga, mientras que México insistió en que Washington frene el tráfico de armas proveniente de Estados Unidos a nuestro país.

En ese sentido, Salazar declaró que Biden “ha sido el campeón histórico” contra las armas en Estados Unidos.

El embajador también aprovechó para señalar que su gobierno trabaja con México para que haya “más extradiciones” de narcotraficantes, esto después de la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El diplomático optó por no abundar en casos específicos, entre ellos el de Ovidio, capturado la semana pasada, previo al arranque de la Cumbre.

“Ahí vamos trabajando para hacer más extradiciones”, sostuvo el embajador sin ofrecer más detalles.

Sobre la crisis migratoria, otro de los asuntos clave en la Cumbre, el embajador pidió que los migrantes no sean utilizados como herramienta política, ni en “Estados Unidos, ni aquí, en México”.

Salazar llamó a los legisladores demócratas y republicanos del Congreso de su país, a “hallar soluciones” e impulsar una reforma migratoria en el país que permita al gobierno de Joe Biden aumentar la inversión en la frontera.

“Se requiere un sistema seguro, ordenado y que proteja los derechos de la gente migrante”, explicó Ken Salazar.

El nuevo plan de control migratorio anunciado por los Estados Unidos podría vulnerar los derechos humanos fundamentales, advirtió este miércoles el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

“El derecho a solicitar asilo es un derecho humano, independientemente del origen de las personas, de su situación migratoria o de la forma en que llegaron a la frontera”, dijo Türk en una declaración.

El alto funcionario destacó que las medidas anunciadas van “en contra de la prohibición de las expulsiones colectivas y del principio de no devolución”.

La semana pasada, el presidente Joe Biden anunció un nuevo plan migratorio que implica que personas que lleguen de forma irregular a la frontera sur de país serán objeto de expulsiones inmediatas y una prohibición de entrar en territorio estadounidense durante cinco años.

Como parte del plan, Biden permitirá el ingreso mensual de hasta 30,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que cuenten con un patrocinador financiero en el país y lleguen en avión para no sobrecargar a los agentes que patrullan la frontera.

Y es que muchos migrantes que buscan escapar de la pobreza o la violencia que se vive en sus países de origen emprenden una ruta llena de peligros para llegar a territorio estadounidense.

La economía estadounidense depende en gran medida de la mano de obra extranjera, además de que Biden prometió a su llegada a La Casa Blanca brindar refugio a los solicitantes de asilo y poner fin a las políticas de su predecesor, Donald Trump contra la inmigración irregular.

En noviembre pasado, las detenciones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron una cifra récord de 230.000 personas.

El tema fronterizo es una de las principales debilidades políticas de Biden, señalan especialistas; es una piedra en su camino para la reelección si se presenta a un segundo mandato en el cargo como tiene pensado según sus consejeros.

Hasta ahora Biden ha mantenido bajo perfil frente a las críticas de la oposición, pero también de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Ayer, durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en nuestro país, Biden volvió a destacar su nueva política migratoria, señalando que las acciones que su gobierno ha tomado han contribuido para bajar el número de migrantes que llegan a la frontera.

El tema migratorio fue uno de los asuntos centrales de la Cumbre, que reunió a los presidentes Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El principio internacional de no devolución garantiza que nadie debe ser devuelto a un país donde pueda sufrir torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Un juez federal bloqueó temporalmente que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a una política del expresidente Donald Trump que lleva a los solicitantes de asilo a esperar en nuestro país a la celebración de sus audiencias en las cortes migratorias estadounidenses.

El juez de distrito Matthew Kacsmaryk, en Texas, suspendió la cancelación de la iniciativa hasta que se resuelvan los recursos legales de Texas y Missouri, pero no ordenó su restablecimiento.

“Es una política de sentido común evitar que la gente entre en nuestro país de forma ilegal”, tuiteó el gobernador de Texas, Greg Abbott, tras el fallo. “Texas gana de nuevo, por ahora”.

El fallo podría ser un revés temporal para el gobierno de Joe Biden, que podría apelar.

Con Trump en La Casa Blanca, unos 70,000 solicitantes de asilo se vieron forzados a esperar en México sus audiencias en base a la política introducida en enero de 2019.

Biden, quien dijo que “va en contra de todo lo que defendemos como una nación de inmigrantes”, por lo que la suspendió en su primer día como presidente. Esto ha provocado una larga y tortuosa batalla legal y administrativa.

Kacsmaryk, nombrado por Trump en Amarillo, ordenó que se restableciera la política en 2021. La Casa Blanca cumplió tras acceder a los cambios exigidos por México, pero no la aplicó de forma generalizada y solo unos pocos miles de personas fueron enviados a nuestro país.

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en junio pasado que Biden tenía capacidad para poner fin a lo que técnicamente se conoce como Protocolos de Protección de Migrantes y es más conocido como ‘Quédate en México’.

Pese al fallo de la Corte, el caso fue devuelto a Kacsmaryk para una de las cuestiones principales: determinar si la actuación del ejecutivo era “arbitraria y capciosa” y, por lo tanto, violaba la ley federal de elaboración de regulaciones.

En su fallo de 35 páginas, el juez señaló que era probable que un informe de octubre de 2021, que era el último esfuerzo del gobierno para concretar el final de la política, violase la ley.

Entre otras cosas, dijo, el Ejecutivo no consideró los beneficios de la medida, incluyendo la reducción de la inmigración ilegal y de las “solicitudes de asilo no meritorias”.

El próximo domingo se conmemorará el Día Internacional del Migrante, mientras en Estados Unidos y México, la situación se está agravando. Durante diciembre de 2018, las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a más de 14 mil mexicanos, mientras que en septiembre de este año, los detenidos fueron 64 mil.

Autoridades han alertado que la crisis migratoria que enfrentan los dos países podría incrementarse a partir del próximo 21 de diciembre, día en que se dejará de aplicar el Título 42, política implementada en 2020 por el gobierno de Trump y que ha mantenido la administración de Joe Biden. 

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, sobre la crisis migratoria y los efectos que tiene para los dos países y la región.

Un alto funcionario qatarí involucrado en la organización de la Copa del Mundo, situó por primera vez la cifra de migrantes muertos en los preparativos del torneo en cerca de 500, un dato superior a cualquiera ofrecido antes por Doha.

El comentario de Hassan al-Thawadi, secretario general del Comité Supremo para la Organización y el Legado de Qatar, surgió durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan.

La cifra ya levanta polémica y enciende las alertas de una nuevo ola de críticas por parte de los grupos de derechos humanos referentes al costo de la celebración del primer Mundial en Oriente Medio entre la mano de obra migrante que ha construido los estadios, las líneas de metro y las nuevas infraestructuras necesarias para el torneo, valoradas en más de 200,000 millones de dólares.

En la entrevista, de la cual Morgan ha publicado fragmentos en internet, el periodista le pregunta a al-Thawadi: “¿Cuál cree que es el total honesto y realista de trabajadores migrantes que murieron como resultado del trabajo que están haciendo para el Mundial en total?”

“La estimación es de unos 400, entre 400 y 500”, respondió al-Thawadi. “No tengo la cifra exacta. Es algo que hemos discutido”.

Esa cifra no se había hecho pública oficialmente antes. Incluso los reportes del Comité Supremo que van desde 2014 a finales de 2021 solo incluyen el número de trabajadores fallecidos en la construcción y remodelación de los estadios que ahora están albergando los partidos.

Esos datos contemplaban un total de 40 muertos. De ellos, 37 eran lo que los qataríes describen como incidentes no laborales, como ataques cardíacos, y tres fueron accidentes laborales. Un reporte también recoge por separado una muerte por coronavirus durante la pandemia.

Al-Thawadi hizo referencia a esas cifras al hablar sobre las obras solo en estadios durante la entrevista, justo antes de ofrecer la estimación de “entre 400 y 500” para toda la infraestructura del torneo.

En un comunicado, el Comité Supremo intentó calmar las reacciones al decir que al-Thawadi hizo referencia a las “estadísticas nacionales para el periodo entre 2014 y 2020 para todos los decesos laborales (414) en todo el país, que cubren todos los sectores y nacionalidades”.

“El secretario general, Hassan Al Thawadi, declaró al programa “Uncensored” de Piers Morgan que hubo 3 muertes relacionadas con el trabajo y 37 muertes no relacionadas con el trabajo en los proyectos del Comité Supremo de Entrega y Legado. Este dato se documenta anualmente en los informes públicos del SC y abarca los 8 estadios, las 17 sedes que no son de competición y otros lugares relacionados con el ámbito del SC”, dijo Qatar en un comunicado.

Según esta fuente, las cifras que citó Al Thawadi, que habló de “entre 400 y 500 obreros emigrantes fallecidos”, corresponden “a las estadísticas nacionales que cubren el período 2014-2020 para todas las muertes relacionadas con el trabajo (414) en todo el país, abarcando todos los sectores y nacionalidades”.

Esta cifra está lejos de las 6,500 que el periódico británico The Guardian documentó para un reportaje a principios de 2021.

“Cada año la seguridad en estos sitios está mejorando. Creo que en general, la necesidad de una reforma laboral indica que hay que hacer mejoras. Esto es algo que reconocimos antes de llevar a cabo la candidatura. Las mejores que se han producido no ha sido por la Copa del Mundo. Hemos tenido que hacerlas por nuestros valores”, admitió Al Thawadi.

Y es que desde que la FIFA le concedió el torneo a Qatar en 2010, el país ha tomado algunas medidas para reformar su legislación laboral. Esto incluye eliminar el llamado sistema de contratación kafala, que ataba a los trabajadores a sus empleadores, que tenían poder de decisión sobre si podían dejar sus puestos o incluso el país.

Qatar ha adaptado también un salario mínimo mensual de 1,000 riyales qataríes (275 dólares) para trabajadores y exige suplementos para alimentación y alojamiento para los empleados que no reciben esos beneficios directamente. También ha actualizado sus normas de seguridad para evitar muertes.

Sin embargo, los activistas han instado al gobierno qatarí a hacer más, especialmente para garantizar que los trabajadores reciben sus salarios a tiempo y están protegidos de los empleadores abusivos.

La afirmación de Al-Thawadi renueva también las dudas sobre la veracidad de los reportes, tanto gubernamentales como privados, sobre trabajadores muertos y heridos en todos los estados del Golfo Pérsico, cuyos rascacielos han sido levantados por migrantes de naciones asiáticas como India, Pakistán y Sri Lanka.

Estados Unidos activó un plan que ayudará a poner fin al Título 42, normativa sanitaria utilizada para expulsar de forma exprés a los migrantes que llegan a su frontera sur con el pretexto de la pandemia de COVID-19.

El anuncio llega después de que un juez federal le diera al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) un plazo de cinco semanas para suspender la norma.

“Estamos activando nuestros planes” para cuando se levante el Título 42, dijo el subsecretario interino del DHS, Blas Nuñez-Neto, en una llamada con periodistas.

Cuando sea suspendida la normativa puesta en marcha por el expresidente Donald Trump, se aplicará el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al gobierno para deportar e incluso imponer penalidades a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles.

Entre los planes del Ejecutivo están incluidas medidas para reducir los tiempos de procesamiento, aplicar sanciones a quienes crucen la frontera de manera ilegal y trabajar con gobiernos de la región, incluyendo México, para hacer frente a los coyotes y traficantes de personas, explicó Núñez.

“Hay más de 23,000 agentes en la frontera y hemos incrementado significativamente nuestra capacidad de detención para poder transportar a los migrantes y deportarlos”, señaló el funcionario.

Nuñez adelantó además que, como parte de su preparación, la Administración de Joe Biden está en conversaciones con gobiernos de la región para poder deportar a venezolanos a terceros países.

“Se han usado terceros países para repatriar venezolanos históricamente y es algo que vamos a seguir haciendo”, aseguró el funcionario.

Y es que recordemos que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela y a principios de octubre el gobierno de Biden alcanzó un acuerdo con México para poder expulsar a los migrantes de este país suramericano que llegan a la frontera sur.

La semana pasada, el juez federal Emmet Sullivan, del distrito de Columbia, emitió un fallo obligando al gobierno a acabar con el Título 42, al que califico de “arbitrario y caprichoso”.

El Título 42 tiene su origen en una ley del siglo XIX diseñada para detener “la introducción” de enfermedades contagiosas. Con el pretexto de esa normativa, Estados Unidos no permite a los migrantes solicitar asilo cuando llegan a su territorio y son expulsados del país por la vía rápida.

La principal diferencia entre normativas consiste en que el Título 8 obliga a las autoridades a trasladar a los indocumentados a centros de detención durante varias horas donde pueden pedir asilo, mientras que el Título 42 permite resolver la deportación en 15 minutos y sin espacio para el asilo.

La resolución judicial de Sullivan no solo tumbó una de las últimas barreras impuestas por Trump a la inmigración que quedaban en pie, sino que supuso un desafío para la Administración de Biden en un momento en que se registran detenciones récord de migrantes indocumentados en la frontera con México.

Solo en octubre hubo 230,000 arrestos en la frontera con México, con más de 78,400 expulsiones del territorio estadounidense. Bajo el Título 42, Estados Unidos ha expulsado a más de 2.5 millones de migrantes, según datos de la organización International Rescue Committee.

El Instituto Nacional de Migración (INM), que depende de la Secretaría de Gobernación, informó que ha detenido en solo cuatro días a 16 mil 096 personas migrantes provenientes de 46 países, quienes transitaban de manera irregular por diversas entidades del país.

Las detenciones, que el INM llama “rescates”, se dieron entre el pasado 17 y 20 de noviembre en 22 estados.

Detalló que la mayor cantidad de personas migrantes extranjeras detenidas en esos cuatro días son originarias de países de Centro y Sudamérica: Venezuela, 4 mil 968; Guatemala, 2 mil 987; Nicaragua, mil 385; Honduras, mil 311 y Ecuador, mil 285.

Las entidades donde fueron identificadas son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

La autoridad migratoria indicó que ante el aumento de personas en tránsito irregular por el país y los peligros a los que son expuestas por los traficantes de migrantes, así como por las bajas temperaturas que pueden poner en riesgo su vida y su salud, se determinó incrementar los centros de atención de puertas abiertas para los migrantes.

Dichos centros se establecieron en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Durango, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas.

“El INM refrenda el compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto y salvaguarda a los derechos de quienes ingresan y transitan por territorio mexicano”, señaló el Instituto.

Las detenciones en nuestro país se dan cuando Estados Unidos ha alertado sobre un número récord de cruces de migrantes en la frontera con México, incluidos 187,000 venezolanos sólo en el año fiscal 2022.

Autoridades estadounidenses habían anunciado el mes pasado un plan, acordado con México, para devolver a migrantes venezolanos que entran ilegalmente a Estados Unidos.

Sin embargo, a principios de este mes, un juez estadounidense declaró ilegal la orden de la época de la pandemia de COVID conocida como Título 42, utilizada para expulsar a los migrantes a México, lo que complica la estrategia del presidente Joe Biden para disuadir el cruce de la frontera.

Desde entonces, miles de migrantes se han visto obligados a acampar en malas condiciones en distintos puntos de México, generando una crisis que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) insiste en negar.

l presidenteAl menos 853 migrantes murieron en los últimos 12 meses en su intento de cruzar la frontera de México con Estados Unidos de forma irregular, por lo que 2022 se coloca como el año más letal en la historia.

Según informes de organizaciones civiles, con base en datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense, esta cifra supera las 546 muertes registradas en el año fiscal 2021.

Los informes precisan que la cifra solo considera a migrantes identificados o procesados en territorio estadounidense, es decir, no reporta aquellos que han fallecido en territorio mexicano.

La información oficial señala que muchos de los migrantes se han ahogado en el río Bravo, mientras que otros han perecido por las altas temperaturas en el desierto. Otros han perdido la vida al intentar escalar los muros y caer.

Y es que la región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo en el año fiscal de 2022 a más de 2.76 millones de indocumentados, un número inédito.

Durante la administración del presidente Joe Biden, que comprende de enero 2021 a septiembre 2022, más de 3.89 millones de migrantes han sido detenidos en la frontera, superando los periodos de Trump y Obama en comparativa con el mismo periodo.

Algunas de las organizaciones que alertan sobre la situación son Espacio Migrante y Movimiento Juventud 2000, cuyo director José María García Lara, ha señalado que es “alarmante porque está la cifra también de quienes incluso no aparecen, hay muchos desaparecidos.

Mucha gente queda prácticamente en el cerro, en el desierto o en el mismo mar después de que no son recuperados, asegurando que esa cifra es incluso más grande que la oficial, advirtió el activista.

En tanto Paulina Olvera Cáñez, de Espacio Migrante, condenó las políticas migratorias de Estados Unidos y México, pues dijo que la militarización y la persecución “orillan a las personas en tránsito a tomar rutas más peligrosas y eso causa más muertes”.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de El Paso, Texas, dispararon ayer balas de goma contra migrantes venezolanos para disuadir una protesta en la que los extranjeros exigían, de manera pacífica su ingreso a la Unión Americana.

Cientos de migrantes venezolanos, que se encuentran en casas de campañas en la frontera entre ambos países, se manifestaron para mostrar su desacuerdo con las políticas migratorias que surgieron hace unas semanas y que no les permiten llegar a Estados Unidos.

Los inconformes, quienes ondearon banderas de México, Estados Unidos y Venezuela, caminaron en el borde del río Bravo, a unos metros del muro fronterizo.

Esa acción provocó la molestia de los agentes de la Patrulla Fronteriza que vigilan el sector, tras lo cual dispararon balas de goma para alejar a los migrantes.

Al comenzar los disparos de balas de goma, los migrantes respondieron con piedras.

En dicha jornada la patrulla fronteriza retuvo a uno de los líderes de la marcha, el artista mexicoestadounidense Roberto Márquez “Robenz”, y a un venezolano, lo que desató reclamos de los manifestantes, que empezaron a correr de regreso a México.

Tras el incidente, la cancillería  informó en un mensaje de Twitter que pidieron a Estados Unidos un informe sobre lo ocurrido.

“México reitera que el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad debe ser la base de la actuación de todas las autoridades migratorias y rechaza cualquier potencial uso excesivo de la fuerza”, escribió Roberto Velasco, jefe la unidad de América del Norte de la cancillería.

A pesar de que Estados Unidos no es firmante del Pacto migratorio de la ONU, tiene el derecho de gestionar el funcionamiento de sus bordes fronterizos, la entrada de ciudadanos de otras nacionalidades y definir el estatus migratorio de quienes entren a su territorio.

Y es que a partir del pasado 12 de octubre, cientos de venezolanos se encuentran varados en las fronteras sur y norte del país, debido a que Estados Unidos cerró su frontera terrestre y sólo admite procesos de asilo a los migrantes de Venezuela que ingresen al país por la vía aérea.

Al respecto, el viceministro de Venezuela para América Latina y el Caribe, Rander Peña, informó este martes que 385 migrantes, 299 provenientes de México y 86 de Ecuador, regresaron al país caribeño a través del “Plan Vuelta a la Patria”, un programa gubernamental que comenzó en septiembre de 2018 para facilitar el retorno de personas que optaron por volver a su nación.

“En nombre del presidente Nicolás Maduro, recibimos a 86 venezolanos que retornan desde Ecuador a través del Plan Vuelta a la Patria, y 299 venezolanos que retornan de México, a través de un vuelo especial subsidiado por (la aerolínea estatal) Conviasa. ¡Han tomado la mejor decisión: volver a casa! Bienvenidos”, dijo el funcionario en su cuenta de Twitter.

Con la llegada de estos dos grupos, han retornado 1.004 migrantes en los últimos 12 días, de los cuales 528 regresaron de Perú, 299 de México y 177 de Ecuador, según las autoridades.

El gobierno federal aseguró que es el tercer país del mundo que más solicitudes de refugio recibe, al registrar 387,541 pedidos desde 2013 a la fecha, y de los que 330,960 corresponden a la presidente administración.

“Es uno de los fenómenos que ha irrumpido en esta administración. Desde 2021, México es el tercer país con el mayor número de solicitantes de condición de refugiado a nivel mundial”, afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

El funcionario destacó que 85.4% de las solicitudes recibidas de 2013 hasta ahora, corresponden al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De estas peticiones, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha reconocido 92,319, de las que 79.377, es decir, el 86 % del total, han sido durante este sexenio.

Además, el subsecretario de Gobernación destacó que el gobierno de la 4T ha otorgado más de 1.6 millones de documentos migratorios.

En esa cifra, destacó más de 217,000 tarjetas de visitante regional; 21,214 permisos para trabajadores fronterizos, cerca de 268,000 visas humanitarias, y la recepción de 118,528 migrantes por los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) de Estados Unidos o “Quédate en México”.

También apuntó más de 414,000 residentes temporales y alrededor de 269,000 residentes permanentes, mientras que el resto son solicitudes de refugio en trámite o concedidas.

Encinas resaltó la apertura del actual gobierno al citar que, al inicio del sexenio, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), había 1 millón de extranjeros en el país, de los que 70% eran ciudadanos norteamericanos.

“Hoy tenemos 1.5 veces más de gente que está haciendo una muy importante aportación al desarrollo de nuestro país”, sostuvo.

A pesar de las cifras dadas por el funcionario, el gobierno ha recibido críticas por el despliegue de más de 20,000 elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur para tareas migratorias, aun así el presidente López Obrador defendió este jueves que en México “no hay xenofobia”.

El canciller Marcelo Ebrard insistió este jueves que México “es el país que da más refugio” en medio de la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos, quienes desde la semana pasada se enfrentan la expulsión inmediata de Estados Unidos bajo el Título 42.

El secretario de Relaciones Exteriores rechazó las críticas de organizaciones que acusan al gobierno de México de colocar “muros” con la participación de más de 20,000 miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en tareas migratorias en las fronteras norte y sur.

“Somos el país que da más refugio, no sé de qué están hablando. México es el país o uno de los países del mundo que tiene más refugiados. Si te refieres en particular a quienes provienen del sur de México, estamos dando, más menos para darnos una idea, cuatro o cinco veces más refugio de lo que hacíamos hace un año”, declaró el funcionario.

Negó que haya “miles” de venezolanos varados en México como se ha estado hablando en los últimos días, después de que la semana pasada Estados Unidos implementara la deportación inmediata a nuestro país de ciudadanos de Venezuela que llegaran por vía terrestre.

Ebrard insistió en que en México hay 77,000 venezolanos residentes, y prometió “darles oportunidades” a los migrantes de Venezuela que regresen de Estados Unidos por la nueva política migratoria. “El que quiera quedarse en es este país, es bienvenido”, dijo.

Las medidas de Estados Unidos ocurren en medio de un aumento de la llegada de venezolanos a la frontera con México, donde entre octubre de 2021 y agosto de este año, más de 150,000 venezolanos fueron arrestados, casi el triple de los 50,499 en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, reportes de distintas organizaciones y medios de comunicación, señalan que estaciones migratorias en el norte del país, como en Ciudad Juárez o Matamoros, se encuentran saturadas por los migrantes venezolanos que esperan ingresar a Estados Unidos o que han sido deportados de dicho país.

México volvió a registrar cifra récord en la recepción de remesas, luego de que en los primeros ocho meses del año se recibieron 37 mil 933.99 millones de dólares de los connacionales en el extranjero, un aumento de 15.16% respecto al mismo periodo de 2021, informó Banco de México (Banxico).

Las remesas de mexicanos en el extranjero suman 28 meses con incrementos sostenidos a tasa anual. En los primeros ocho meses del 2021, el monto captado fue de 32 mil 940.98 millones de dólares

Entre enero y agosto de 2022, la remesa promedio individual fue de 390 dólares, superior en 11.04% a la media de 373 dólares en el mismo periodo de 2021.

El número de operaciones totales pasó de 88.23 millones a 97.39 millones en igual periodo, donde la mayoría de los movimientos fueron transferencias electrónicas.

Tan solo en agosto pasado, el monto de las remesas fue de 5 mil 121.52 millones de dólares, un 16.5% más que el monto de 4 mil 748.75 millones de dólares del octavo mes de 2021.

Sin embargo, llama la atención que se recibieron cerca de 175 millones de dólares menos que en julio pasado, es decir, que el mes previo, con lo que hay una diferencia negativa de alrededor del 3%, pues en julio el monto fue de 5 mil 296 millones de dólares.

El aumento en el envío de remesas sigue con la tendencia al alza marcada desde mayo de 2020, mientras que, en marzo del mismo año, al comienzo de la pandemia, se superó por primera vez la cifra de 4,000 millones de dólares recibidos desde el extranjero.

Al cierre de 2021, México sumó un total de 51.585,7 millones de dólares en remesas, una cifra récord que representó un aumento del 27% respecto del monto recibido en 2020.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha agradecido en reiteradas ocasiones a los cerca de 38 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, e incluso los ha calificado de “héroes”. Y aunque en múltiples ocasiones se ha indicado que esto no es un logro del gobierno, él lo ha expresado para destacar las finanzas fuertes que su administración mantiene.

Cerca de 4.9 millones de hogares y unos 11.1 millones de adultos reciben remesas de sus familiares en el exterior, según un reporte del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó al gobernador de Texas, Estados Unidos, Greg Abbott, por declarar como terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. Dijo que eso era simple “politiquería”.

“Habría que ver si le corresponde a él hacer esa declaratoria, si no tiene que ver con el gobierno federal, pero en noviembre son las elecciones y ellos siempre utilizan con propósitos electorales lo migratorio y por eso es que toman estas medidas”, denunció el mandatario mexicano en su rueda de prensa diaria.

López Obrador se refirió a la orden ejecutiva que Abbott, del partido Republicano, emitió este miércoles para designar como terroristas a los cárteles que trafican fentanilo a Texas, en particular el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El político estadounidense también envió una carta al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, para exigir que los designe como terroristas en la clasificación federal.

López Obrador cuestionó la medida del texano y lo vinculó con las políticas antiinmigrantes que ha adoptado previo a las elecciones de noviembre, donde busca su reelección.

“Nosotros hemos dicho con mucho respeto que, quien no trate bien a nuestros paisanos, no creo que vaya a contar con votos de mexicanos o de hispanos. Ya las cosas están cambiando, no vamos nosotros, por ejemplo, a permitir maltrato. Todo esto es politiquería”, manifestó López Obrador.

El mandatario recordó que hace un par de meses, Abbott implementó un operativo para revisar los frenos de los tráileres en la frontera, lo que generó “grandes colas, bloqueó la frontera de Estados Unidos con México causando muchísimos daños al comercio”.

Por ello, AMLO acusó a legisladores y gobernantes en Estados Unidos, “de los dos partidos”, republicanos y demócratas, de pensar que prácticas como “hacer muros, maltratar a los migrantes y reprimirlos”, les va a dar votos.

Pero argumentó “que ya no funcionan esas prácticas porque en Estados Unidos, en México, en todo el mundo, hay mayor toma de consciencia”.

“La gente no se deja manipular y, si el señor quiere reelegirse, debería tomar en cuenta que ahí en Texas, muchos mexicanos, muchos hispanos y en todo Estados Unidos ya no se ve bien que se esté maltratando a los migrantes”, añadió.

No es el primer desencuentro entre el gobierno federal y el de Texas, cuyo gobernador, además de buscar la reelección, se perfila como posible aspirante presidencial en 2024.

En sus últimos escándalos, Abbott tomó la decisión de enviar en autobuses a cientos de migrantes en los últimos meses a estados que votan por los demócratas.