Salvador García Soto

EL UNIVERSAL

Pese al repudio creciente de la sociedad civil y de la oposición en el Senado, el nuevo intento del presidente Peña Nieto y su grupo político por secuestrar a la naciente Fiscalía General de la República (FGR) avanza con el apoyo cínico del PRI y sus nefastos aliados verdes, pero también con tres posibles “traidores” en el PAN, que venderían su voto para nombrar fiscal al peñista Raúl Cervantes: Javier Lozano Alarcón, quien ya hizo público su apoyo a la infamia del #FISCALCARNAL; Ernesto Cordero, el ex secretario de Hacienda amigo del grupo ITAM, y el más priísta de los senadores panistas, Roberto Gil Zuarth, quien ha obtenido grandes beneficios políticos y económicos en sus negociaciones con el gobierno de Peña Nieto.

Esos tres panistas, si votaran con el PRI-PVEM, podrían darles los tres votos que le faltan al bloque oficialista para alcanzar la mayoría simple y aprobar la Ley de la Fiscalía General, y si lo hacen traicionarían no sólo a su partido, que definió como posición rechazar el “pase automático” y el nombramiento del procurador Cervantes por carecer de autonomía e independencia probadas para ocupar la FGR, sino también Lozano, Cordero y Gil Zuarth se convertirían en “traidores” de toda la sociedad, por avalar un nombramiento que va totalmente en contra de la exigencia y la aspiración de los mexicanos por tener una fiscalía autónoma, independiente y libre de las presiones políticas que sólo han pervertido y politizado la ineficiente procuración de justicia en nuestro país.

Justo el lunes pasado la Universidad de las Américas de Puebla daba a conocer un estudio realizado por sus académicos que midió el nivel de impunidad en naciones de todo el mundo y México, vergonzosamente, aparecía como el primer lugar en impunidad del continente americano y como el cuarto lugar en esa penosa condición en todo el planeta. El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, informó que según ese estudio hay severas fallas en los sistemas de impartición y procuración de justicia en nuestro país que se reflejan en que sólo 0.7% de los delitos denunciados reciben sentencia condenatoria, es decir, que el nivel de impunidad en el castigo a los delitos alcanza el 99.3%. Además documenta violaciones graves a derechos humanos, falta de jueces (sólo 4 jueces por cada 100 mil habitantes) y en cambio muchos policías, 359 por cada 100 mil habitantes, por encima incluso del promedio mundial, que es de 319, pero con una total ineficiencia en la persecución de los delitos y la procuración de justicia.

¿Es acaso ese nivel de impunidad lo que quieren preservar el presidente Peña Nieto aún después de su sexenio? Porque el nuevo fiscal duraría en el cargo 9 años y nombrar a un fiscal como Cervantes, comprometido y ligado a los intereses políticos del PRI y del grupo mexiquense, perpetuaría esa impunidad y la falta de acceso a la justicia que padecemos los mexicanos. Por eso sorprende el nivel de
cinismo de los senadores priístas, encabezados por su coordinador Emilio Gamboa Patrón, y del coordinador del PVEM, Pablo Escudero, señalado también por obtener grandes beneficios, económicos y políticos, de sus negociaciones con el gobierno peñista.

Al cinismo del PRI hay que sumarle la irresponsabilidad de su cuestionado dirigente nacional, Enrique Ochoa, quien reafirmó ayer, en la reunión plenaria de sus senadores, el apoyo de su partido al nombramiento del llamado #FISCALCARNAL. “Que quede aquí patente el apoyo del PRI al trabajo destacadísimo que está haciendo Raúl Cervantes como procurador… Nosotros consideramos que tiene la
trayectoria, el profesionalismo y el desempeño público para tener la altísima responsabilidad de ser el fiscal general de la nación”

¿En verdad Ochoa Reza cree que los mexicanos somos idiotas o, en su desfachatez, hace como que no entiende que lo que se le cuestiona a Cervantes no es su trayectoria profesional, sino su total cercanía y sumisión al PRI y al presidente Peña, de quienes fue abogado y representante y de los que por tanto no tendría la independencia necesaria para investigar por un claro conflicto de interés?

Ese es el tema de fondo y ayer lo volvieron a denunciar más de 200 organizaciones civiles que rechazan la imposición de Cervantes y pugnan por “Una Fiscalía que sirva”; pero en su intento de preservar su corrupción e impunidad no quieren verlo Peña Nieto y su partido, con sus aliados verdes y esquiroles panistas: lo que harían si imponen a un fiscal a modo es matar a una institución autónoma antes de nacer, y de paso matarnos la esperanza de justicia y de combate a la corrupción e impunidad a todo un país. Y todo por proteger sus intereses y su suciedad después de este sexenio.