Tenemos que partir de la base de que elecciones no equivale a democracia. Si democracia se redujera al simple hecho de votar tendríamos que decir que Rusia, Hungría, Venezuela, Nicaragua y tantas autocracias son democracias.
La verdadera intención de la elección del próximo domingo la dijo con todas sus letras su principal impulsor. Me refiero al hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando reiteró en diversas ocasiones que su legitimidad provenía del respaldo popular obtenido en las urnas, a diferencia de los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, quienes —según él— carecen de esa legitimidad porque no son elegidos por el pueblo.
Una de las declaraciones más claras sobre este tema la hizo en su Mañanera del 19 de junio de 2024: “Quiero dejar de manifiesto que la gente quiere participar y elegir a jueces, magistrados y ministros. Eso yo creo que está fuera de discusión. La mayoría de los mexicanos quiere participar para elegir a los jueces”.
Si la mayoría quiere la elección de ministros, jueces y magistrados ¿por qué estamos viendo acciones desesperadas del gobierno para lograr que salgan a votar aunque sea un 10 por ciento de los 99 millones de votantes que integran la Lista Nominal actual? ¿Por qué están repartiendo acordeones con los números que deben poner en las 10 boletas que en promedio recibirá quien acuda a votar?
Y ¿no debería entonces de haber un umbral mínimo de votación para considerar que la elección es válida? ¿un umbral de más del 50 por ciento, dado que el expresidente y padre de la elección de los integrantes del Poder Judicial, dice que la mayoría de los mexicanos quieren participar en esta elección?
Seamos claros: esto es una simulación. Es una farsa en la que el oficialismo ha querido involucrar a los ciudadanos. Nos ha colocado en un dilema: votar y con ello participar en la farsa de que este solo hecho es igual a democracia, o abstenernos y con ello dejar el campo libre al oficialismo.
La elección de jueces no es el final de la historia. Es el principio. Es aceptar que a partir de ahora los jueces responden a intereses, en el mejor de los casos, del oficialismo, en el peor a los de criminales. Así, la elección no es una solución al enorme problema de Estado de Derecho que sí existe. Es más bien un nuevo problema.
¿Qué va a pasar si en la elección solo participa una ínfima minoría? Tira la falacia de que los 35 millones de votos pro-Sheinbaum en 2024 fueron para desmantelar el Poder Judicial.
La elección nació mal, del ánimo de venganza y revancha de AMLO, y desde entonces todo ha empeorado. Tómbolas; movilización partidista; coerción y amenaza a funcionarios para salir a votar; cuotas a los gobernadores para que saquen a empleados con un acordeón a rellenar papeletas. Es una elección en la que resulta prácticamente imposible llegar informados a votar. Y una vez que se emitan los votos, vendrán nuevas trampas.
Y es que las boletas que no se usen no se van a destruir. Se enviarán junto con las actas a los 300 consejos distritales del INE, donde se realizará el conteo. Este procedimiento es distinto al de otras elecciones, ya que el escrutinio detallado no la hacen los ciudadanos en la casilla. La noche del 1 de junio no se darán a conocer ganadores ni tendencias. Será hasta el 15 de junio cuando concluya el cómputo nacional, se haga la declaración de validez y se entreguen constancias de mayoría a los “ganadores”. Pero desde ya pueden entregarnos la constancia a los perdedores: todos los mexicanos que creemos en la importancia de un Poder Judicial independiente y fuerte.
Columna publicada en El Universal