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Tenemos que partir de la base de que elecciones no equivale a democracia. Si democracia se redujera al simple hecho de votar tendríamos que decir que Rusia, Hungría, Venezuela, Nicaragua y tantas autocracias son democracias.

La verdadera intención de la elección del próximo domingo la dijo con todas sus letras su principal impulsor. Me refiero al hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando reiteró en diversas ocasiones que su legitimidad provenía del respaldo popular obtenido en las urnas, a diferencia de los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, quienes —según él— carecen de esa legitimidad porque no son elegidos por el pueblo.

Una de las declaraciones más claras sobre este tema la hizo en su Mañanera del 19 de junio de 2024: “Quiero dejar de manifiesto que la gente quiere participar y elegir a jueces, magistrados y ministros. Eso yo creo que está fuera de discusión. La mayoría de los mexicanos quiere participar para elegir a los jueces”.

Si la mayoría quiere la elección de ministros, jueces y magistrados ¿por qué estamos viendo acciones desesperadas del gobierno para lograr que salgan a votar aunque sea un 10 por ciento de los 99 millones de votantes que integran la Lista Nominal actual? ¿Por qué están repartiendo acordeones con los números que deben poner en las 10 boletas que en promedio recibirá quien acuda a votar?

Y ¿no debería entonces de haber un umbral mínimo de votación para considerar que la elección es válida? ¿un umbral de más del 50 por ciento, dado que el expresidente y padre de la elección de los integrantes del Poder Judicial, dice que la mayoría de los mexicanos quieren participar en esta elección?

Seamos claros: esto es una simulación. Es una farsa en la que el oficialismo ha querido involucrar a los ciudadanos. Nos ha colocado en un dilema: votar y con ello participar en la farsa de que este solo hecho es igual a democracia, o abstenernos y con ello dejar el campo libre al oficialismo.

La elección de jueces no es el final de la historia. Es el principio. Es aceptar que a partir de ahora los jueces responden a intereses, en el mejor de los casos, del oficialismo, en el peor a los de criminales. Así, la elección no es una solución al enorme problema de Estado de Derecho que sí existe. Es más bien un nuevo problema.

¿Qué va a pasar si en la elección solo participa una ínfima minoría? Tira la falacia de que los 35 millones de votos pro-Sheinbaum en 2024 fueron para desmantelar el Poder Judicial.

La elección nació mal, del ánimo de venganza y revancha de AMLO, y desde entonces todo ha empeorado. Tómbolas; movilización partidista; coerción y amenaza a funcionarios para salir a votar; cuotas a los gobernadores para que saquen a empleados con un acordeón a rellenar papeletas. Es una elección en la que resulta prácticamente imposible llegar informados a votar. Y una vez que se emitan los votos, vendrán nuevas trampas.

Y es que las boletas que no se usen no se van a destruir. Se enviarán junto con las actas a los 300 consejos distritales del INE, donde se realizará el conteo. Este procedimiento es distinto al de otras elecciones, ya que el escrutinio detallado no la hacen los ciudadanos en la casilla. La noche del 1 de junio no se darán a conocer ganadores ni tendencias. Será hasta el 15 de junio cuando concluya el cómputo nacional, se haga la declaración de validez y se entreguen constancias de mayoría a los “ganadores”. Pero desde ya pueden entregarnos la constancia a los perdedores: todos los mexicanos que creemos en la importancia de un Poder Judicial independiente y fuerte.

Columna publicada en El Universal

Al dar un balance de la situación en Acapulco, el presidente López Obrador dijo que iría al puerto sólo si fuera necesario. “Si es necesario voy a ir, pero no quiero hacer de esto un espectáculo, no quiero hacer lo mismo que se hacía antes”, dijo AMLO desde la comodidad de su escritorio en Palacio Nacional.

Esto fue durante uno de sus primeros mensajes post Otis. A la fecha, la única imagen que tenemos del presidente en Acapulco es la del Jeep atorado en el lodo la tarde de la devastación. Algo que fue exactamente un espectáculo como el que dice el presidente que quiere evitar.

Ayer, durante la conferencia mañanera, un reportero le volvió a preguntar al presidente si tiene pensado ir y reunirse con la gente en Acapulco en los próximos días. La respuesta fue que él no puede exponerse.

“En Azteca hicieron unos reportajes y le abrieron el micrófono a gente para que me mentaran la madre. Entonces, no puedo exponerme, no es Andrés Manuel; si se tratara de Andrés Manuel, respondería yo como cuando estábamos en la escuela, como cuando estaba yo estudiando en Tepetitán, que había algo y decíamos: ‘A la salida nos vemos’. Pero, no. Soy el presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial. No soy Andrés Manuel, soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningunee. O sea, prestarme, caer en una provocación, que eso es lo que quieren.”

Queda claro que el Andrés Manuel López Obrador que presumía poder caminar entre la gente y que se sentía la voz del pueblo ya no existe. El presidente sabe que sus acciones y sus omisiones le han generado enemistades y que entre ese pueblo, al que le gusta hacer referencia, ya no todos son incondicionales ni sus admiradores. Mejor se queda resguardado en su Palacio. Así no se expone.

Esta admisión viene después de otro reconocimiento: que pudo haber avisado antes sobre la fuerza de Otis, pero que decidió no hacerlo. Prefirió dejar el asunto en un simple twit que fue visto por muy pocas personas y por ello Otis pegó en el puerto cuando los ciudadanos siguieron con sus rutinas. Entre ellos, varios marineros que murieron cuando sus embarcaciones se hundieron o fueron arrasadas por el huracán. Esos marineros y pescadores que hoy o han sido confirmados muertos o están desaparecidos no tendrían que haber estado en las embarcaciones si el gobierno federal, estatal y/o municipal hubiesen avisado de forma enérgica y con la alarma que ameritaba sobre la fuerza de Otis.

El presidente hace espectáculo cuando no debe y decide dejar a la gente a su suerte para supuestamente no hacer espectáculo cuando lo que se requiere es que la autoridad acompañe y ayude a las víctimas. No exponerse es una simple excusa.

Apostilla: Las cuentas no son el fuerte de este gobierno. En dinero, dicen que van a construir una refinería con 8 mil millones de pesos y ya va en 17 mil millones de dólares el costo de Dos Bocas. El Tren Maya se dijo que costaría 150 mil millones de pesos pero ya va en 500 mil millones. En vidas, la pandemia tuvo un exceso de muertes de 800 mil personas y los datos oficiales hablan de 334 mil. En desapariciones el presidente decidió despedir a Karla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda con tal de no admitir que van 46 mil desaparecidos en su sexenio. Y en muertes en Acapulco, las funerarias reportan 350 muertes mientras el gobierno se empeña en minimizar lo ocurrido y prefiere dejar en 45 los fallecidos por Otis.

Columna completa en El Universal

Bajo la premisa de que lo que el pueblo pone, el pueblo debe poder quitar, Andrés Manuel López Obrador está impulsando un cambio constitucional para permitir la figura de la revocación de mandato, de tal forma que, en el 2021, su nombre aparezca en la boleta electoral para ver si el pueblo quiere que siga o no siendo el presidente de México.

Habiendo tantos problemas en el país, vale la pena preguntarnos si meternos en un galimatías como el de la duración de los presidentes en su encargo es uno que apremie hoy en México. Y es que para AMLO la premisa es sencilla: que el pueblo decida si sigo o no en el poder. Pero veamos dos ejemplos de dos democracias mucho más consolidadas que la mexicana, para entender lo complejo que puede ser abrir la caja de la revocación del mandato en México.

En octubre pasado, en una pequeña ciudad de Massachusetts llamada Fall River, el alcalde Jasiel Correia fue arrestado por cargos de fraude y falsificación en su declaración de impuestos. Resulta que Correia, además de ser político, juntó dinero de inversionistas para supuestamente desarrollar una aplicación de mercadotecnia. En lugar de esta inversión, el joven de 26 años se gastó los 230 mil dólares de los inversionistas en joyería, ropa, un Mercedes Benz y para su campaña de alcalde.

Cuando es acusado de fraude, Correia se rehúsa a abandonar el cargo. Un número suficiente de ciudadanos juntó las firrmas necesarias para obligar a una consulta de revocación de mandato y una nueva elección que se llevó a cabo el martes 12 de marzo.

El resultado: 61 por ciento de los ciudadanos votaron por revocarle el mandato. Fue un claro mandato popular el que este joven abandonara la alcaldía. Pero… la segunda pregunta hecha a los ciudadanos de Fall River fue: ¿quién debe quedarse en el lugar de Correia, en caso de votarse su salida? La alternativa estaba entre cinco candidatos, uno de
ellos el mismo Correia, quien fue el que más votos recibió para ser el nuevo alcalde.

Así, el mandato popular fue revocarle el mandato a Correia…y reelegirlo. Todo el mismo día.

 

Columna completa en El Universal