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El presidente estadounidense Joe Biden puso fin de manera oficial a la “emergencia nacional” que su antecesor, Donald Trump declaró a fin de usar dinero del Pentágono para construir el muro a lo largo de la frontera con nuestro país.

La Casa Blanca publicó este jueves una carta de Biden a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la que notificaba al Congreso que había rescindido la proclama de febrero de 2019 hecha por sel republicano.

Se trató de una formalidad, dado que Biden ordenó detener la construcción del muro fronterizo poco después de haber asumido la presidencia.

En su carta, el presidente dijo que la declaración de emergencia nacional hecha por Trump había sido “injustificada” y que él había dado la instrucción de que “ni un dólar más de los contribuyentes estadounidenses sea destinado a construir un muro fronterizo”.

También ordenó una revisión de todo el dinero gastado en el proyecto hasta la fecha.

Y es que aunque Estados Unidos ha estado construyendo muros fronterizos por décadas tanto en gobiernos demócratas como republicanos, Trump hizo del muro un tema central de su primera campaña presidencial, y prometió construir uno que abarcara la frontera entera. Además aseguró que México pagaría por él.

Trump se hizo de cerca de 6,000 millones de dólares de fondos militares bajo la emergencia nacional que él mismo declaró después que el Congreso se negó a aprobar el monto que deseaba para el muro, llevando al paro de actividades del gobierno más largo en la historia del país.

Adicional, el presidente Joe Biden informó este jueves que su gobierno cerró acuerdos para adquirir 200 millones de dosis adicionales de vacunas contra el Covid-19.

“Justo esta tarde, firmamos contratos finales para 100 millones más de dosis del laboratorio Moderna y 100 millones más de vacunas de Pfizer”, dijo tras recorrer la sede de los Institutos Nacionales de Salud cerca de Washington.

México recibió en diciembre pasado un 44.3% menos de turistas internacionales que en el mismo mes de 2019, al pasar de 4 millones 714 mil 361 a 2 millones 627 mil 455 de viajeros, principalmente por la pandemia de la Covid-19.

Sin embargo, la caída representó un 53.5% en su comparación anual en el total de visitantes, pues en 2019 se recibió a 9 millones 316 mil turistas, mientras que en 2020 fueron 4 millones 330 mil.

Del total de turistas de internación que ingresaron al país durante diciembre de 2020, 71.1% correspondió a turistas por vía aérea y el restante 28.9% a turistas por vía terrestre.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este miércoles que el principal descenso, de un 48.9%, se dio en los turistas llegados por vía aérea, que en diciembre del año anterior representaron poco más 2 millones de personas y en 2020 fueron sólo 1.05 millones de viajeros. Los turistas fronterizos decrecieron un 42.7% en diciembre hasta llegar a los 1.1 millones de viajeros.

A raíz de esta crisis sanitaria, México perdió en diciembre el 48.8% de sus ingresos de divisas producidos por el turismo respecto al mismo mes de 2019. Los viajeros internacionales dejaron en el país 1,269.9 millones de dólares en el último mes de 2020, mientras que en diciembre del año anterior gastaron 2,480.9 millones de dólares.

El gasto promedio de cada turista aumentó al pasar de 266.29 dólares en diciembre de 2019 a 293.25 dólares a finales del 2020.

Aunque la caída del turismo a finales de año sigue siendo muy acentuada, los datos del último trimestre mejoraron considerablemente frente a la caída de más del 60%  que se registró en julio y agosto de 2020, lo que según analistas se puede interpretar como una paulatina reactivación del mercado.

La industria turística, que aporta el 8.7% del producto interno bruto (PIB), no se recuperará por completo hasta 2023, según las estimaciones de Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Un grupo de investigadores, científicos, analistas, escritores e intelectuales, enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la que le hicieron una serie de peticiones para salvar vidas, en el marco de la pandemia de Covid-19 que atraviesa México y el mundo.

Los firmantes señalaron que la carta responde a los propios dichos del presidente, sobre que le interesa escuchar a la sociedad y sus preocupaciones en todos los temas, ahora en especial aquellos que se relacionan a la pandemia, así como a sus graves consecuencias en la economía y la sociedad.

“Ante la tragedia que estamos viviendo, la prioridad que debe movernos hoy es salvar muchas más vidas de las que se logran preservar”, por lo que propusieron: destinar una inversión pública de recursos mucho mayor que la actualmente dirigida a las vacunas, para lo cual solicitaron la cancelación temporal de los megaproyectos de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto de Chapultepec.

Dichos recursos deben destinarse a la compra de suficientes vacunas que hayan pasado todas las exigencias de pruebas clínicas fase 3, para inmunizar a toda la población.

Sin embargo, sobre este tema, esta mañana el presidente López Obrador dijo que el gobierno tiene los recursos suficientes, y disponibles para pagar las vacunas.

“Tenemos presupuesto, no hay escasez de recursos, no hay escasez de dinero. Si tenemos que pagar hoy 10, 20, 30, 100 millones de dólares para vacunas, tenemos el dinero en dólares para que de inmediato se pague”,

Otra de las peticiones de los firmantes es dirigir recursos a la investigación científica y a la innovación, indispensables para producir vacunas en México, no sólo contra el virus que provoca la Covid, sino también en previsión de otras pandemias que aparecerán en un futuro.

Le solicitaron convocar al Consejo de Salubridad General para que, con base en lo planteado por los expertos, garantice y supervise una planificación y una aplicación rigurosas y transparentes de las prioridades, por sector, para la aplicación de las vacunas.

Enfatizaron que debe garantizarse que las prioridades para la vacunación no sigan una lógica política, sino una prelación avalada por criterios científicos y técnicos.

Llamaron a que se publique día a día la progresión de la campaña de vacunación, con datos precisos, en una página abierta que el gobierno ponga al servicio de toda la población.

En sus propuestas está el hacer el uso de cubrebocas obligatorio en todas las dependencias federales y estatales, para lo cual sería necesario distribuir cubrebocas de calidad a la población que lo necesite.

Insistieron en desarrollar un plan de cuarentena y seguimiento de las personas que llegan a México desde países con altos números de contagios y pedir a pasajeros que vienen del extranjero certificados de resultados negativos a la prueba de Covid19.

“El único gran proyecto debe ser salvar las vidas de los habitantes de México, comprando, aplicando, produciendo y distribuyendo masivamente vacunas contra la Covid-19”, se lee en la carta.

Entre los firmantes aparecen miembro del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV);  académicos e investigadores de distintas universidades como la Autónoma Metropolitana (UAM), la Nacional Autónoma de México (UNAM), de Colima, Guanajuato, Coahuila, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Colegio Nacional, del Instituto de Tecnología y Educación Superior de Monterrey, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), del Colegio de México (Colmex), de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), del Colegio de la Frontera Norte (Colef), entre otras.

En la nutrida lista aparecen nombres como el de Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, María Marván, Ángeles Mastretta, Mauricio Merino, Xavier Tello, José Woldenberg, Catalina Pérez Correa. Trabajadores del INAH, la CONABIO, la ENAH y el INCMNSZ.

Figuran legisladores como Emilio Álvarez Icaza (senador independiente), Tonatiuh Bravo Padilla (diputado federal, MC), José Alberto Galarza Villaseñor (senador, MC), Ana Lilia Herrera Anzaldo (diputada federal, PRI), Verónica Juárez Piña (diputada federal, PRD), Beatriz  Paredes Rangel (senadora, PRI), Éctor Jaime Ramírez Barba (diputado federal, PAN), Juan Carlos Romero Hicks (diputado federal PAN), e incluso un senador de Morena Germán Martínez.

También aparecen profesionistas, comerciantes, amas de casa, estudiantes, artesanos y economistas.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló este miércoles que durante la anterior administración del gobierno de la Ciudad de México, que encabezó Miguel Ángel Mancera, utilizó 12 empresas fantasma para lavar cerca de 1,000 millones de pesos.

MCCI señala cuatro contratos con un valor conjunto de 976 millones de pesos adjudicados por la Secretaría de Finanzas (Sefin) a cuatro empresas entre los años 2017 y 2018 para funciones que la dependencia realizaba sin costo desde 2014. Los servicios consistían en realizar la solicitud de devoluciones del pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a los trabajadores del gobierno local.

En la investigación, se encontró que las compañías beneficiadas se relacionaron a su vez con otras ocho por medio de direcciones, socios y números telefónicos. “Las 12 empresas movieron en 2018 más de 1,500 millones de pesos entre ellas con transferencias en dólares y depósitos a varias cuentas, una de ellas en Ginebra, Suiza”, dijo MCCI.

La investigación detalla que el primero de los contratos se firmó cuando Mancera todavía era el Jefe de Gobierno,  y cuando el subsecretario de Desarrollo y Capital Humano en la Sefin era Miguel Ángel Vásquez, quien hoy está en prisión, acusado de desvío de fondos.

Los otros tres contratos se firmaron cuando José Ramón Amieva sustituyó a Mancera, cuando comenzó su campaña para un curul en el Senado. “Los mismos documentos federales, parte de una investigación abierta sobre este caso, señalan que este patrón es propio de ‘esquemas para lavar dinero, posiblemente derivado del desvío de recursos públicos'”.

No es la primera vez que hay acusaciones contra funcionarios de la pasado administración capitalina. El lunes pasado, la Fiscalía local informó sobre una solicitud para desaforar al diputado Mauricio Toledo, al que acusa de “enriquecimiento ilícito” cuando era delegado de Coyoacán. En febrero pasado, la FGJ-CDMX informó sobre el arresto de Miguel Ángel Vásquez, operador financiero del gobierno local durante el mandato de Mancera por un presunto caso de corrupción valorado en 293 millones de pesos.

Al respecto, esta tarde en su conferencia de prensa diaria, la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay distintas órdenes de aprehensión, derivadas de la investigación que se realiza. Adelantó que “pronto” se exhibirá el vínculo con empresas fantasmas asociadas a dicho fraude.

“Entonces hay diversos actos de corrupción que están vinculados con servidores, bueno, no son servidores públicos, son delincuentes que trabajaron en la administración anterior”, dijo la morenista.

Investigación completa en MCCI

Autoridades federales insistieron esta mañana que México recibirá la próxima semana un cargamento con las 200,000 primeras dosis de la vacuna Sputnik V, esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acordara con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la compra de 24 millones de dosis.

“El primer embarque llegaría la próxima semana. Alrededor de 200,000 vacunas en el primer embarque”, informó el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer Aguilar, durante la conferencia de prensa matutina, a la que por segundo día no asistió el presidente López Obrador, quien se encuentra en aislamiento debido a su contagio de Covid-19.

Ferrer detalló que el gobierno está “estudiando todos los aspectos técnicos” como el volumen de la carga y la dimensión de las aeronaves necesarias para el traslado de las dosis, algo de lo que se encargan las Fuerzas Armadas.

Aunque el funcionario aseguró que el fármaco ruso da “una nueva esperanza para atender a un mayor número de población” frente a una pandemia que este lunes superó los 150,000 muertos en nuestro país.

El titular del INSABI detalló que hoy podría firmarse el contrato para la adquisición de la vacuna rusa, el cual está a cargo del subsecretario Hugo López-Gatell y el secretario Jorge Alcocer; una vez que se defina la fecha de firma, se establecerá cuándo sería el pago que finiquite el mismo, y a partir de ahí, sea un periodo de aproximadamente una semana para que lleguen las primeras dos a México.

Llama la atención que se confirme la llegada del fármaco para la próxima semana, cuando todavía no ha sido autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su uso de emergencia en México.

Sobre ese tema fue cuestionado Ferrer Aguilar en la conferencia matutina, sin embargo, dirigió su respuesta a otra cuestión. Se limitó a decir que todos los laboratorios con quienes la Secretaría de Salud establece contacto, envían tres requisitos para explorar el registro sanitario, el cual se va nutriendo conforme avanza la plática.

“Te voy a decir algo: aunque existan vacunas en diferentes países del mundo (…) todos los país estamos volcados a buscar esas vacunas; entramos en negociación con ellos, en este caso la negociación va avanzada y está a punto de firmar ese contrato y con la intervención que hizo el señor presidente con el presidente de Rusia Vladimir Putin pues esto se aceleró; entonces es  posible que ya estemos firmando el convenio el contrato hoy”, añadió.

Incluso dijo que según informes de la Secretaría de Hacienda, México tiene 4,000 millones de dólares para que cualquier vacuna que esté a disposición, pueda ser pagada y con ello asegurar su llegada.

El acuerdo con Rusia por las nuevas dosis de su vacuna se suma a las ya comprometidas con otros laboratorios: 34.4 millones de la estadounidense Pfizer; 77.4 millones de la británica AstraZeneca y 35 millones de la china CanSino.

El plan de vacunación de México, que comenzó el 24 de diciembre, avanza de forma lenta. Al día de hoy se han suministrado 624,105 dosis de la vacuna de Pfizer, y solo 28,715 personas han recibido las dos dosis necesarias de esta vacuna.

Según ha informado el gobierno federal, el objetivo es haber vacunado este enero a todo el personal de salud, comenzar en febrero a vacunar a los adultos mayores y en 2022 haber inmunizado de forma gratuita a los 126 millones de mexicanos.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó esta tarde una conferencia de prensa en la que habló sobre los trabajos que se realizan en el Metro, luego del incendio que mantiene sin servicio a las línea 1,2 y 3 de la red.

En la conferencia, hizo referencia a la información que ha circulado acerca de que Metro tenía menos recursos que años anteriores, lo cual derivó en que no se le diera mantenimiento al servicio.

“Que también quede muy clara la información de lo que se hizo en el Metro durante el 2019 y el 2020, y decir que pues es obviamente falso que el Metro no tenía mantenimiento (…) hubo indicadores muy importantes de trabajo durante 2019 y 2020 (…) de mejora sustantiva del Metro; y el compromiso del Gobierno de la Ciudad, del Metro de la Ciudad de México de sacar adelante al Metro, de modernizarlo como nos comprometimos desde el primer día”.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo aseguró que, al concluir su administración, se entregará un Metro que brinde un mejor servicio a los usuarios sin aumentar el precio del boleto, con la más alta tecnología y más eficiente, del que se tenía en 2018.

En cuanto al presupuesto del STC Metro, la directora general, Florencia Serranía Soto, detalló que como parte del Capítulo 2000 Materiales y Suministros en 2018 se destinaron mil 205.50 millones de pesos (mdp), en 2019 mil 512.50 mdp, y en 2020 fueron mil 910 mdp, lo que significa que en 2020 se destinó 58% más que en 2018.

Sobre la Partida 2961, referente a refacciones, señaló que en 2018 se destinaron 746.6 mdp, en 2019 mil 72.60 mdp, y en 2020 fueron mil 209.50 mdp, un 62% por ciento más que en 2018.

Serranía Soto hizo referencia a algunos indicadores que hablaban del trabajo que han venido haciendo. Detalló que en 2018 se presentaron 35 mil 372 averías, mientras que para 2019 se presentaron 30 mil 544 y en 2020 se registraron 25 mil 415, lo que representó 28% menos averías que en 2018.

“Las mayores mejorías se observaron en los equipos mecánicos, generación de aire, sistema de puertas, mando y control de los trenes, y tracción frenado; también se presentaron menos averías en la generación de energía, equipos de comunicación, pilotaje automático, cajas, señalización y registro”, sostuvo la funcionaria.

Habló de la fiabilidad en el servicio, es decir, kilómetros que se recorren antes de sufrir una avería; del número de eventos de retrasos en todas las líneas; de los tiempos de espera en estación, así como de la modernización de escaleras eléctricas y las carpetas de investigación que se abrieron por robo a pasajeros.

Sobre los trabajos que se llevan a cabo para retomar el servicio en las líneas que siguen con afectaciones, la directora del Metro explicó que, a 11 días del incendio, se tiene completada la revisión del funcionamiento de los transformadores 2, 3 y 4 que se encuentran en el edificio siniestrado; la instalación de un puesto central de control de energía emergente fuera del edificio; y la rehabilitación de la conexión de los transformadores hacia el puesto central de control.

Explicó que siguen en proceso la verificación de los sistemas de control y pilotaje automático, mientras que se tiene un avance del 20% en la remoción de escombros y limpieza se ha realizado de manera simultánea a otros trabajos y según lo han permitido los peritajes en el lugar; así como un avance del 90% en la entrada en operación con sistemas de seguridad y control para cada Línea.

“Tenemos un avance del 90 por ciento en los sistemas de seguridad y control para cada Línea, vamos muy bien, vamos en tiempo. Estamos llevando a cabo todas las acciones que tenemos que hacer para llegar el lunes a la reapertura del servicio de Línea 1 y estén seguros todos de que estamos haciendo el máximo esfuerzo para poder lograrlo”, sostuvo.

Los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD exigieron al gobierno federal un Plan de Vacunación eficaz y con acceso para todas y todos los mexicanos, acusando que la vacuna está siendo utilizada para fines electorales.

Aseguraron que el mal uso de la vacuna representa una estrategia fraudulenta para engañar al pueblo mexicano y para que la 4T se perpetúe en el poder, aprovechándose de la situación tan lamentable que se vive  cusa de la pandemia.

El llamado conjunto de los partidos de oposición, señalaron, es parte de los esfuerzos que están haciendo con la sociedad civil, para no permitir que México se conduzca a través de la soberbia, la indiferencia, la opacidad y el control absoluto.

Recordaron que desde marzo del año pasado, mes en el que inició el confinamiento, las autoridades federales han actuado con indiferencia al prestar mayor atención a proyectos faraónicos en lugar de atender la emergencia sanitaria; señalaron que se han desmantelado fideicomisos y arrebataron 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud para supuesta compra de vacunas, lo cual hasta la fecha no ha sido transparentado.

Alertaron que la situación en los hospitales es cada vez es más crítica, pues además de que no hay medicamentos, no hay insumos suficientes para atender a pacientes. “La austeridad de la que tanto ha presumido Morena es homicida”.

Exigieron transparentar los contratos firmados con empresas privadas para la adquisición de vacunas contra la Covid-19.

“Necesitamos acciones contundentes en materia económica y social. Es necesario el fortalecimiento de las instituciones; está claro que la pandemia ha reflejado la incapacidad del Gobierno Federal para combatir esta crisis y se refleja ante un régimen autoritario”, afirmaron los dirigentes del PRI, PAN y PRD.

Aprovecharon para recordar que la oposición comienza a unir fuerzas en todo el país para cambiar la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y no permitir que “la mayoría” en el Congreso de la Unión siga tomando decisiones dictadas desde Palacio Nacional que afecten de manera directa al bienestar de la sociedad.

Artículo 19 expresó su preocupación ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en cuanto a la existencia de los organismos autónomos.

Y es que el presidente ha indicado que preparará una reforma administrativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasen a ser parte de secretarías del gobierno federal, lo que implicaría su eliminación y pérdida de autonomía.

Entre las opciones, señaló AMLO, podría considerarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para asumir las funciones del IFT, mientras que podrán ser la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o incluso la Fiscalía Anticorrupción quienes asuman las funciones del INAI.

“Los organismos constitucionales autónomos cumplen una función como contrapesos al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales como de servidores y servidoras públicas. Estos organismos que son y han sido herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a la información, los cuales permiten el ejercicio de otros derechos, son razón por la cual resulta fundamental garantizar su existencia e independencia”, indicó la organización.

Advirtió que delegar las funciones del INAI y del IFT a dependencias del gobierno representaría un retroceso para la democracia y para las conquistas ciudadanas.

Artículo 19 recordó que en este gobierno han continuado prácticas de opacidad que reiteran la importancia de la existencia y autonomía del INAI. Muestra de ello es que 2019 fue el año en que se interpusieron más recursos de revisión en contra de la Oficina de la Presidencia de la República desde 2003, con 513.

Al recordar que el argumento dado por el presidente radica básicamente en que son organismos que “han salido muy caros” para el país, se señala que es evidente que lo que se busca es acabar con los contrapesos institucionales.

La tesorera de la Federación, Galia Borja Gómez, dio a conocer esta mañana el monto que se ha recaudado de las aportaciones “voluntarias” de los empleados del gobierno federal, luego del llamado que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que se donara una parte de los sueldos y aguinaldos.

Según lo expuesto en la conferencia matutina, al 8 de diciembre se ha recaudado 8.6 millones de pesos derivado del decreto de austeridad que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril y en el que se establece la reducción voluntaria de sueldos y aguinaldos, del 5 al 25 por ciento, desde subdirectores hasta el presidente.

La tesorera indicó que los lineamientos para el pago del aguinaldo se publicaron el 6 de noviembre de este año e indicaban una progresividad desde un día hasta 20 días del aguinaldo que podrían aportarse de manera voluntaria.

El presidente López Obrador precisó que los recursos obtenidos se destinarán en el equipamiento del sector salud y el fortalecimiento de programas sociales.

La funcionaria explicó que los servidores públicos realizaron un depósito directamente a la Tesorería de la Federación para recaudar las contribuciones, “de esa forma los recursos entran directamente a la Ley de Ingresos, eso sí, a un renglón muy específico para que posteriormente se pudiera dar la correspondiente ampliación presupuestal y el gasto saliera, como todo el demás gasto del gobierno federal, vía presupuesto, y de esta forma va a estar plasmado en la cuenta pública que se presentará en los próximos meses”, explicó.

Detalló que en en específico, los recursos se destinarán a la compra de 80 ambulancias para los hospitales rurales que atiende el programa IMSS Bienestar, con un costo total de de 147.8 millones de pesos, mismo que incluirá los recursos obtenidos por el sorteo del avión presidencial.

Al respecto, la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Sarabia, informó que en el Sorteo del avión presidencial, se vendieron 3 millones 347 mil 353 billetes a 500 pesos cada uno, lo que dio como resultado mil 823 millones 676 mil 500 pesos, de los cuales se pagaron en premios mil 272 millones 727 mil 260 pesos y en pago de impuestos, comisiones a vendedores de billetes y gastos de operación se erogaron 286 millones 817 mil 590 pesos.

El remanente de utilidad fue de 264 millones 131 mil 650 pesos, mientras que la utilidad de beneficio social fue del 96% del sorteo, sumando los premios que se dieron a la población, a las escuelas, a los hospitales, los impuestos, las comisiones y los remanentes.

En la conferencia, el presidente aprovechó para hacer un llamado a la población a ayudar a seguir “empujando” el elefante (gobierno), que cuando comenzó su administración encontraron “echado, reumático, mañoso”.

El mandatario dijo que gracias a todas las acciones que se han hecho en los dos primeros años de su gobierno, se ha logrado “parar” al elefante y comenzar a empujarlo, pero dijo, es necesario el apoyo de todos los mexicanos para que siga caminando, incluso que llegue a correr.

“Todos tenemos que empujar al elefante, me tienen que ayudar a seguir empujando al elefante, porque estamos hablando de décadas, de mucho tiempo, de injusticias, de corrupción, de prepotencia, de influyentismo, de desprecio al pueblo, racismo, clasismo, discriminación”, sostuvo López Obrador.

Dijo que es necesaria la trasformación del país, que implica seguir enfrentando las resistencias, no sólo manifestaciones políticas opositoras o presiones de grupos de intereses creados, sino también dar paso a un cambio de mentalidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este viernes que se está negociando con los nuevos socios de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) la devolución de 200 millones de dólares al gobierno derivados de la compra con sobreprecio de la planta de Agronitrogenados.

“Al parecer ya aceptaron devolver el dinero, nos están pidiendo unos plazos y lo estamos considerando. Desde luego el plazo no debe rebasar el 2024”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Detalló que al ser en plazos, se estaría considerando pago de intereses para que no haya pérdida de lo que se va a recibir y anticipó que ese dinero será utilizado para la compra de la vacuna contra el Covid-19, así como para fortalecer el sistema de salud en el país.

Y es que ayer se dio a conocer que la empresa Alianza Minerometalúrgica Internacional (AMI), un grupo de socios encabezados por el empresario Julio Villarreal, acordaron adquirir el 55% de Altos Hornos de México, además de reparar el daño por la venta de la planta.

Del mismo modo, celebró la firma de este acuerdo “porque de esa empresa vive mucha gente. Se está llevando a cabo esta operación para que haya nuevos accionistas”, dijo.

Señaló que desde el principio su gobierno estaba de acuerdo en que se llevara a cabo la operación de adquirir la empresa, pero siempre se ponderó que se reparara el daño y se regresara el dinero invertido en esta planta calificada como “chatarra”.

“Nos importa mucho que se repare el daño, sí tiene que castigarse a los responsables, pero lo que queremos es que se regrese el dinero”, declaró.

Recordemos que la compra de Agronitrogenados costó al gobierno en 2013 cerca de 650 millones de dólares en total, según datos de la Audiencia Superior de la Federación (ASF). Los 200 millones de sobreprecio corresponderían a la primera evaluación que se hizo de la planta en su estado original antes de ser adquirida.

Por último, López Obrador apuntó que la extradición desde España de Alonso Ancira, hoy expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, “se va a dar”, pero aclaró que el asunto quedaba en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de los jueces.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto sabía sobre los desvíos de dinero público que se hacía mediante diversos mecanismos, todos relacionados a prácticas de corrupción.

“Mi hipótesis, evidentemente, es que en todos los casos Peña Nieto estaba enterado, en razón de que en un sistema presidencial como este no había posibilidades de que no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”, sentenció el titular de la UIF en entrevista con el diario La Jornada.

Nieto expuso que cuando asumió la dirección de la UIF, encontró que dicha oficina servía para “fines políticos y de presión” a los opositores del gobierno de Peña Nieto.

El funcionario reveló que la información aportada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, permitió ampliar la investigación a 70 personas.

“Setenta personas están siendo revisadas por nosotros. Tenemos casos en los que ya hay un análisis, en otros denuncia penal, vista administrativa, bloqueo de cuentas inclusive, y solicitudes ante la Fiscalía General de la República. Y así hemos estado desarrollando la investigación respecto de todas las personas involucradas en el proceso”, precisó Nieto Castillo.

El titular de la UIF habló sobre las investigaciones contra Rosario Robles, vinculada al caso de la llamada Estafa Maestra; indicó que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Luis Videgaray, excanciller y exsecretario de Hacienda, envió esta tarde un mensaje a su excompañera de gabinete, Rosario Robles. Le dijo que la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar inocentes. “Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad”.

El mensaje de Videgaray llega luego de que se confirmara que Robles Berlanga buscará acogerse al criterio de oportunidad y ser testigo protegido de la FGR en relación al caso de la ‘Estafa Maestra’.

Con esto, la exfuncionaria busca recuperar su libertad y reducir las penas que se le pudieran imponer por su presunta participación en el desvío de recursos.

El abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, indicó que su clienta tomó la decisión de “ir contra con quien realmente pudiera tener algún tipo de participación o responsabilidad en la parte, sobre todo de las campañas, que es Luis Videgaray; en la parte electoral, en la parte de la campaña, en los fondos que se utilizaron en la campaña, en los cuales Luis Videgaray tuvo injerencia, y fue quien dio instrucciones expresas para que se utilizaran recursos para la campaña del expresidente Peña Nieto”

El abogado descartó que dentro de las declaraciones que hará Rosario Robles ante la FGR se pretenda buscar al expresidente Peña Nieto, ya que dijo no hay ningún tipo de vinculo que llegue por parte de su clienta al exmandatario, pues todo fue directamente con Videgaray.

Sobre la información compartida por el equipo legal de Rosario Robles, Videgaray emitió un comunicado en el que dijo que lamentaba que se optara por acusarlo sin fundamentos con la intención de librar su situación legal.

Negó los dichos del abogado de la también exjefa de gobierno del Distrito Federal. Dijo que por más cosas que diga Robles, lo que no podrá hacer es probar mentiras. “Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada ‘Estafa Maestra’, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, sostuvo Videgaray.

Añadió que como servidor público siempre actuó dentro del marco legal; recordó que las únicas pruebas que han surgido en su contra respecto al supuesto desvío de recursos son los dichos de personas que quieren eludir su responsabilidad.

Aseguró que las ampliaciones presupuestales que recibieron tanto la Sedatu como Sedesol (al igual que cualquier otra dependencia) cuando él estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda, se hicieron con estricto apego a la Ley.

Indicó que quererlo involucrar en presuntos desvíos de recursos cuando él estaba al frente de la cancillería, la cual afirmó no tiene nada que ver con el manejo de recursos públicos, pone en evidencia la falta de escrúpulos y lógica de los señalamientos hechos por su excompañera de gabinete.

Luis Videgaray aseguró que la nueva estrategia legal anunciada por el abogado defensor de Robles es errada e inmoral, además de que en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. “La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables”.

El exfuncionario federal reiteró que está dispuesto a atender el llamado de la autoridad competente, y contribuir al esclarecimiento de la verdad.

“No voy a permitir que se me difame, y por ello habré de defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes. El mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley”, concluyó.

La Alianza Federalista respondió a las declaraciones que esta mañana hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre sus demandas. Indicaron que aplazar el diálogo para agotar plazos es una afrenta que lastima al federalismo.

Recordaron que el Presupuesto 2021 deberá estar aprobado el 15 de noviembre, por lo que urgieron al presidente López Obrador a dialogar antes de esa fecha.

A través de un pronunciamiento, los gobernadores que conforman la Alianza Federalista aseguraron que no pretenden dividir a México y mucho menos promover que otros estados reciban menos recursos. “Lo que buscamos es un Presupuesto2021 más justo y eficiente para todos”.

De igual forma hicieron un llamado al mandatario a que deje de dividir a los mexicanos. Añadieron que los gobernadores de la Alianza Federalista no son opositores a su gobierno, y por el contrario, han dejado clara su postura de trabajar por el bien del país y por un México más justo para todos.

En los mensajes que emitieron los gobernadores de la Alianza, Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, reiteró que el objetivo de la Alianza Federalista no era dividir ni confrontar, sino que buscaban defender lo que cada estado y sus ciudadanos merecen. “No se trata de exigir más, se trata de exigir solo lo que nos corresponde”

Coincidió en que no buscan que se le quite a otros estados o que se les deje en el olvido. Indicó que buscan un nuevo presupuesto 2021 que beneficie a todos.

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, indicó que la reunión que buscan sostener con el presidente López Obrador es para que escuche sus propuestas, que tienen el único objetivo de obtener los recursos justos para los habitantes de cada estado.

Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato, pidió al presidente recibir a la Alianza Federalista, para discutir la propuesta del Presupuesto 2021, ya que como se presenta hasta el día de hoy, tendría serias repercusiones para el Estado.

Sobre los dichos del presidente de que no recibió la carta que enviaron los gobernadores opositores en la que plantearon propuestas concretas que beneficien a los estados y municipios, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó que dicha aseveración era falsa. “Presidente, exigimos justicia para las y los mexicanos en el presupuesto 2021″.

Y es que esta mañana, el presidente López Obrador dijo que los gobernadores de la Alianza Federalista le han faltado al respeto. Los acusó de hacer un espectáculo del tema, de no ser serios.

En ese sentido, dijo que si quieren seguir tratando sus asuntos, será el secretario de Hacienda y la secretaria de Gobernación quienes les atienda, pues se debe de respetar la investidura presidencial.

“Ese es el caso, que nos respetemos, que cada quien actúe de conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes, que no actuemos con exabruptos, que haya respeto y también libertad de expresión, manifestación de las ideas. Yo no les estoy diciendo que ellos no hablen, no, que se expresen, que se manifiesten, porque también yo voy a ejercer ese derecho”, sostuvo AMLO.

Al afirmar que 2021 será un año “extremadamente complicado” para las finanzas estatales y municipales, los gobernadores que integran la Alianza Federalista hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a posponer la discusión del Sistema de Coordinación Fiscal (pacto fiscal) para concentrarse en el Presupuesto 2021.

“Nuestra posición es que ningún estado del país puede recibir menos recursos en términos reales que en el año 2020. Así de claro”, dijeron los gobernadores en una carta dirigida al mandatario federal.

Para lograr que ningún estado reciba menos recursos para el próximo año, indicaron que se debe realizar la distribución geográfica de recursos pendientes tales como los correspondientes al INSABI y a la SCT.

Adicional, pidieron garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura, que tengan un impacto sobre la reactivación económica de los estados.

Sugirieron generar un fondo de estabilización en caso de que no se alcance la meta de la Recaudación Federal Participable, usando los remanentes de operación del Banco de México, o subejercicios del PEF 2020 y 2021.

Propusieron la creación del Fondo para atención de emergencias sanitarias Covid-19 en entidades federativas para compensar el impacto que los gastos por Covid-19 tuvieron en las finanzas estatales en 2020 y que la pandemia seguirá teniendo en 2021.

En ese sentido, señalaron que el contar con al menos los mismos recursos por parte de la federación para los estados, permitirá atender las necesidades prioritarias de la población en áreas como salud, seguridad, educación e infraestructura y fomentar la reactivación económica nacional.

Los diez gobernadores que firmaron la carta puntualizaron que todos los estados se verán afectados por la caída propuesta en gasto federalizado, por lo que llamaron a todos los gobernadores del país, independientemente de los agrupados en la Alianza Federalista, a suscribir la petición.

Recordemos que la Alianza Federalista está integrada por los gobernadores de Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Guanajuato y Chihuahua, mientras que la GOAN está conformada por los mandatario de Quintana Roo, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas.

Ante la polémica que se ha desatado entre el gobierno federal y gobernadores de oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que no les debe nada a los gobiernos estatales que amenazan con romper el pacto federalista.

AMLO celebró que se los mandatarios locales quieran hacer una consulta para conocer el sentir de la ciudadanía, aunque les advirtió: “no es conmigo, es con la Constitución”.

El mandatario señaló que el pacto federal no se puede romper como lo han planteado los gobernadores de oposición porque “esto tiene que ver con la Constitución”. Sostuvo que se tendría que llevar a cabo una reforma para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto.

Insistió en que el presupuesto federal no se distribuye a capricho, esto ante la demanda de los gobernadores inconformes de acceder a mayores recursos.

López Obrador sostuvo que a los estados se les entrega un monto anual, de acuerdo a la población, pobreza y otros parámetros, lo cual “obedece a un mandato constitucional. Estos acuerdos se empezaron a establecer desde 1980, por la Ley de Coordinación Fiscal”.

En el caso específico del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, AMLO aseguró que no se le debe nada como lo ha denunciado el mandatario estatal. El presidente pidió a los gobernadores que “no manipulen”, y reiteró que el gobierno federal actúa en el marco de la legalidad.

López Obrador sugirió a los gobernadores comprobar si es que no han recibido recursos. Dijo que el tema de las participaciones se ha utilizado con fines electorales.

La Alianza Federalista está compuesta por los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó este martes el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 77 bis 17, y se modifica el párrafo segundo del artículo 77 bis 29, de la Ley General de Salud.

Dichas modificaciones le permitirían al gobierno federal disponer de cerca de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar.

El documento fue avalado en lo general por 28 a favor, 6 en contra y cero abstenciones, y en lo particular por 29 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.

De acuerdo al texto del dictamen, los recursos acumulados en el Fondo de Salud para el Bienestar seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, las necesidades de infraestructura, abasto y distribución de medicamentos y otros insumos y el acceso a exámenes clínicos, conforme lo establece el artículo 77 bis 29 de la Ley.

Se modifica el párrafo segundo del mismo artículo para que, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 77 bis 17, los recursos que integran el patrimonio del Fideicomiso permanezcan afectos al mismo hasta el cumplimiento de sus fines.

El artículo Segundo Transitorio especifica que el Instituto de Salud para el Bienestar instruirá a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que, a más tardar el 1 de abril de 2021, concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese Fideicomiso, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Recordemos que este año se asignaron 16 mil 205.7 millones de pesos, por lo que, aplicada la fórmula de la iniciativa, el monto reservado en el Fondo sería de 32 mil 411 millones.

Sobre el dictamen, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, denunció la pretensión de Morena de apropiarse se estos recursos, destinados a la atención de enfermedades que generan gastos catastróficos.

La líder perredista sostuvo que constituye un “acto criminal” y deja situación de vulnerabilidad a aquellas personas que tienen un padecimiento grave.

El dictamen fue turnado para su eventual discusión y en su caso aprobación en el Pleno, lo cual sucedió este mismo martes.

En un documento que firmaron los líderes de las bancadas de Morena y del PT, solicitaron que se modificará el orden del día programada, y el dictamen que fue aprobado horas antes fuera discusión en el pleno.