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Los diputados de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández e Hirepan Maya Martínez, presentaron una nueva iniciativa que busca regular el consumo lúdico de la mariguana en México y establecer impuestos a su compra y venta.

En conferencia de prensa, Salazar Fernández expuso que se propone modificar la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de regular el mercado.

Destacó que el objetivo principal es que el Estado reciba ingresos de los impuestos que se establecerían a la compra y venta de marihuana y productos derivados.

Del mismo modo, abonaría a la no criminalización de los consumidores, a evitar su venta de forma ilícita y desincentivaría el consumo en la población más joven a partir del factor precio.

También se plantea modificar la Ley de los Impuestos Generales a Importaciones y Exportaciones para modificar las fracciones arancelarias que mantienen prohibida la entrada y la salida de cannabis al país.

El diputado expuso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que, derivado del cobro de impuesto de la venta de marihuana y sus productos, recaudaría alrededor de 18 mil millones de pesos anuales.

“Este dinero puede destinarse a programas de prevención y educación; a nuestro sistema de salud; a prevenir riesgos y daños; y al desarrollo económico de las comunidades azotadas por el crimen organizado”, apuntó.

Se desarrollaría una industria nueva, que contaría con la supervisión del Estado y permitiría generar empleos y oportunidades en un nuevo mercado productivo.

Indicó que también se busca liberar a las pequeñas comunidades indígenas y los campesinos que están sometidos bajo el yugo del crimen organizado, pues dijo que en muchos casos son perseguidos por la justicia de manera injusta.

Salazar Fernández añadió que esta reforma también busca implementar sanciones más graves o altas a quienes vendan mariguana a menores de edad.

El legislador aclaró que esta iniciativa es complementaria de la propuesta del coordinador de su bancada, Mario Delgado; aunque dijo, la del líder parlamentario establece un impuesto muy elevado.

“Hay que cuidar el mercado en un sentido. Si tú aplicas impuestos muy elevados a un producto de mariguana te puede ocurrir como en el estado de Washington, Estados Unidos, que aplicaron impuestos tan elevados que la gente sigue consumiendo en el mercado negro”.

Mientras los campesinos reciben ayuda económica a través de Segalmex, que les compra sus productos a precios de garantía; los adultos mayores reciben su cheque mensual; los jóvenes que ni estudian ni trabajan reciben tres mil 600 pesos… por mencionar solo tres de los programas del gobierno actual, las afectaciones a las mujeres trabajadoras se siguen sumando.

Primero vino el anuncio de la cancelación de los refugios a mujeres víctimas de violencia, que afortunadamente no prosperó, por la serie de reclamos de que esto era una barbaridad. Después vino la cancelación del programa de estancias infantiles, del cual son beneficiarias más de 300 mil mujeres que acuden para que sus hijos estén cuidados mientras ellas trabajan. Y ahora, en el nuevo paquete económico 2020, se incluye una iniciativa para modificar la Ley de Impuesto sobre la Renta, en donde se busca gravar con impuesto a personas físicas dedicadas a la venta por catálogo.

Este impuesto va a afectar primero que nadie, a mujeres, ya que arriba del 90 por ciento de quienes venden productos por catálogo son mujeres que son el sustento de su casa. O no tienen trabajo y ganan a través de estas comisiones que reciben por vender distintos productos como maquillaje, zapatos, suplementos alimenticios, electrodomésticos, etc. O que tienen un trabajo y mediante estas ventas complementan un ingreso para cubrir las
necesidades de sus familias.

Sea cual sea su situación, el trabajo es honesto.

Pero ahora, con el gobierno sufriendo la baja recaudación de ISR e IVA por el frenón que provocaron en la economía y con la necesidad de cumplir con la promesa que hizo el presidente desde campaña de que no habrá alza a los impuestos en los primeros tres años de gobierno, la novedad es querer inventar nuevas formas de recaudar más de quienes ya son causantes del fisco. Solo así podrán siquiera pensar en cumplir sus metas.

Así, el secretario de Hacienda llegó la semana pasada a la Cámara de Diputados, en donde  se encontró a un grupo de mujeres pidiéndole que no se aplique este nuevo impuesto a la venta por catálogo. Herrera respondió que no se trata de un nuevo impuesto porque es el mismo que se aplica ya en otros establecimientos como restaurantes o librerías, en donde el consumidor paga a la hora de hacer el consumo vía el IVA.

Pero el asunto no es tan sencillo. Cuando uno llega a un restaurante o a una librería paga un impuesto al consumo. Pero a las mujeres que llegan a empresas como Avon, zapatos Andrea etc., a donde llegan a comprar para revender, se les quiere cobrar como si fuera consumo. Los números que dieron a conocer ante la Cámara de Diputados las mujeres que recibieron al secretario de Hacienda es que ellas en promedio compran al mes 3 mil pesos de mercancía. De ahí, al ir puerta por puerta para vender a amigos, conocidos o familiares, acaban recuperando lo invertido más 750 pesos al mes, en promedio, cuando venden todo.

La nueva ley que se está discutiendo en el legislativo dice que de esos tres mil pesos, la empresa de venta de catálogo les va a retener el 20 por ciento a las mujeres, después de darlas de alta, para así cobrarles el ISR mensual, vendan o no su mercancía. Esto será así aun si en ese mes las mujeres no vendieron el total de esa mercancía que compraron.

 

Columna completa en El Universal

La cadena de tiendas de autorservicio, Walmart, anunció este martes que dejará de vender municiones para pistolas y algunos rifles de estilo militar, al calificar de «inaceptable» la situación del control de armas en Estados Unidos.

La medida se produjo un mes después del tiroteo una de sus sucursales en El Paso, Texas, que dejara sin vida a 22 muertos, entre ellos ocho mexicanos.

El presidente ejecutivo de la compañía, Doug McMillon, hizo un llamado al Congreso y La Casa Blanca para que aprueben medidas de «sentido común», incluyendo verificaciones de antecedentes más estrictas para la compra de armas.

«Como hemos visto antes, estos eventos horribles ocurren y luego la atención se desvanece. No debemos permitir que eso suceda», dijo McMillon en un comunicado. «El Congreso y la administración deberían actuar».

Walmart espera que la medida reduzca su participación en el mercado de balas de cerca de 20% a un rango entre 6% y 9%. Aclaró que la compañía seguirá vendiendo rifles y escopetas para caza y buena parte de las municiones que utilizan estas armas, con el fin de que sus tiendas estén «aún más enfocadas en las necesidades de los entusiastas de la caza y el tiro deportivo».

Walmart ya ha restringido en el pasado el acceso a algunas armas en sus tiendas, incluyendo una decisión de 1993 de cancelar las ventas de armas cortas en todos los estados menos en Alaska. En 2015 dejó de vender armas semiautomáticas del tipo utilizado en tiroteos masivos.

El martes, Walmart anunció que también dejará de vender armas cortas en Alaska. No obstante, la cadena ha resistido los pedidos para detener por completo la venta de armas.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó esta mañana sobre la venta y comercialización de armas en el país, negando que haya una venta indiscriminada de armamento como se ha señalado en diversos reportajes periodísticos.

Indicó que de conformidad a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la responsabilidad de llevar el registro federal de armas de fuego, y a través de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos ejerce esta responsabilidad para mantener el control del armamento que ingresa y que se comercializa.

Aclaró que para la portación de armas se necesita tener una licencia, la cual se expide a través de la secretaría previo la acreditación de los requisitos que la propia ley exige. Detalla que existen diferentes tipos de licencia, las licencias oficiales y particulares para el caso de autoridades y personas físicas o morales.

Explicó que en los últimos 10 años, las Fuerzas Armadas han adquirido 18 mil 212 armas en total para el cumplimiento de las diferentes misiones, para reponer armamento que se tienen o que queda fuera de servicio o que por su antigüedad es necesario sustituir.

Sobre las armas comercializadas en el mismo lapso de tiempo a entidades, dependencias, empresas y particulares, dijo que se registraron 450 mil 625.

Los gobiernos de los estados en los 10 años, han adquirido 228 mil 391 armas. Las dependencias, entre las que se encuentran: Pemex, CFE, Banxico, entre otras que tienen licencias oficiales colectivas para la gente que está desarrollando actividades de seguridad, han adquirido 76 mil 820 armas.

Sobre las personas físicas, el secretario puntualizó que han adquirido 113 mil 74 armas.

«En lo que va de la presente administración solamente 7 mil 927 armas se han adquirido, no se está haciendo una venta indiscriminada de armamento como se cita», respondió Sandoval a los reportes que han circulado en los medios de comunicación.

En lo referente a empresas que se dedican a la seguridad privada, indicó que han adquirido en los últimos 10 años 32 mil 340 armas; en el 2019, en la presente administración, solamente 2 mil 267 armas.

Reconoció que respecto al ingreso ilegal de armas y comercialización no se tienen datos con precisión, pero tomando en cuenta un reporte de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos, se calcula que 200 mil armas al año que ingresan al país.

Reportó que en los últimos 10 años se han asegurado 193 mil armas; el año en que más hubo aseguramientos fue en el 2011. Según la ATF, del total de armas aseguradas, el 70% provinieron de Estados Unidos y el 30% restante de España, Italia, Austria y otros países.

De las que provienen de Estados Unidos, el 41% tuvieron su origen en Texas; 19% de California; 15% de Arizona y el 25% en el resto del país vecino. Los principales puntos identificados en el tráfico de armas son San Diego-Tijuana. El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Browning-Matamoros.

Ricardo Rodríguez Vargas, director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) insistió esta mañana en que la casa del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon fue declarado en abandono desde 2007, una vez que se agotaron los procedimientos y plazos que marca la ley para que se hubiera reclamado.

Tras declararse en abandono, en 2012, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) transfirió la propiedad al SAE.

Sobre el amparo que presentó el equipo legal de Ye Gon, Rodríguez Vargas indicó lo que los abogados pretenden es realizar una estrategia legal «carente de sustento jurídico con el objeto de entorpecer la venta del inmueble».

En ese sentido, el también director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, indicó que siempre actuarán con apego al Estado de derecho en los procesos comerciales.

El funcionario afirmó que es «algo sospechoso, es algo extraño» el equipo legal del empresario haya presentado hasta ahora su amparo, y dijo, «llueve, truene o relampaguee vamos a transformar esta propiedad en recursos que se vayan a los deportistas mexicanos» que participan en los Juegos Panamericanos de Lima.

Insistió en que en términos jurídicos la subasta del próximo fin de semana es completamente procedente,

En ese sentido, el presidente López Obrador criticó la presentación del amparo, pues recordó, ya hubo la entrega de la mayor parte de los bienes que le fueron incautados al empresario. «El billullo ya se repartió». Refirió que han pasado dos sexenios desde que se decomisaron los bienes y durante ese tiempo nunca se dijo nada.

AMLO aprovechó para decirle a los posibles compradores que, ante la polémica que hay en relación a la venta del inmueble, el gobierno será aval y garantía.

«Nosotros somos aval, que somos garantía, que el gobierno es garantía porque así lo establece la Ley de Extinción de Dominio. Si hay un juicio que implica devolver un bien, el gobierno, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado tiene que entregar el recurso, es decir, está garantizado, existe un aval de acuerdo a la ley. Entonces, no hay ningún problema».

Finalmente, el director del SAE indicó que la propiedad tiene un adeudo de servicios de alrededor de un millón y medio de pesos, monto que se va a descontar de la venta.

El gobierno federal, en voz del director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que hay seis posibles compradores interesados en adquirir el avión presidencial, todos ellos particulares de Estados Unidos.

El funcionario indicó que para la venta del avión “José María Morelos y Pavón“, se trabaja en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Tenemos seis interesados, de los cuales creemos que son propuestas serias y pues más adelante estaremos tomando una decisión, como gobierno, cuál de esas es atractiva y si conviene o no”, expuso Mendoza Sánchez desde San Luis Potosí, donde acompaña al presidente en su gira.

Dijo que se está en proceso de revisar las propuestas, con el fin checar de dónde vienen los recursos, la seriedad de cada una de ellas, para después hacer una recomendación al gobierno federal de cuál podría ser el comprador.

Reconoció que se tiene información de las ofertas, pero no están en condiciones de publicar el monto, “lo vamos a hacer público más adelante, una vez que se tome la decisión”, y aseveró que será el postor con el precio más alto, siempre y cuando califique y muestre la seriedad de su oferta.

Aclaró que debido a que el avión lo compró Banobras y se lo arrendó al gobierno federal, esperan que con lo que se recaude por su venta se pueda liquidar el arrendamiento que es alrededor de dos mil 100 millones de pesos.

Precisó que es Naciones Unidas quien lleva el proceso de la enajenación de la aeronave, pues durante este mes ellos han revisando los manifiestos de interés de cada una de las seis propuestas que se tienen.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en un operativo efectuado en Naucalpan de Juárez, Estado de México, fueron detenidas tres personas a quienes se les decomisaron insignias falsas de la Guardia Nacional.

En respuesta a denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado sábado, elementos de la División de Investigación acudieron a la colonia Residencial Lomas de Sotelo, donde inspeccionaron distintos puestos semifijos que exponían a la venta dichas insignias falsas.

En un comunicado, la SSPC del Gobierno de México señaló que se continuarán interponiendo denuncias penales contra este delito ante la FGR, e invitó a los ciudadanos a colaborar y delatar los casos de falsificación y ventas de este tipo.

La dependencia federal destacó que cualquier conducta que afecte la imagen y el desempeño de la Guardia Nacional se investigará y castigará penalmente, de acuerdo con la legislación vigente que se señala en el Artículo 32 de la Ley de la Guardia Nacional, la cual señala que «los grados y las insignias de la Guardia Nacional no podrán ser usados por personas, corporaciones o dependencias ajenas a ella. Quienes violen estas disposiciones quedarán sujetos a lo previsto en el Código Penal Federal».

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que las críticas que se han hecho a la nueva reforma educativa, sobre que regresará la venta de plazas, no tienen sustento, pues es un problema que nunca estuvo superado.

Expuso que las afirmaciones de que antes se vendían o heredaban las plazas y que con la reforma educativa de la anterior administración se evitó ese problema, son una mentira.

El funcionario dijo que lamentablemente sigue habiendo casos de corrupción al interior de la SEP, acciones que alcanzaron a la relación que la Secretaría tiene con los sindicatos.

«Esa crítica no tiene sustento en cuanto a que es un problema ya superado con la reforma educativa  anterior, y que ahorita volvería, no es que vaya a volver, es que desafortunadamente existe», dijo Moctezuma.

Dijo que incluso la pasada reforma educativa representó un problema mayor para los docentes en cuanto a cualquier cambio administrativo, promoción o pago de adeudos, pues para lograr cualquier trámite,se enfrentaban a extorsiones y casos de corrupción.

Adelantó que el manejo de las plazas recaerá directamente en el SEP, el cual se hará de acuerdo a un esquema transparente. Dijo que la Secretaría presentará las plazas vacantes, las plazas que se van a asignar, los aspirantes que buscan una, el presupuesto que se tiene y la planeación de las necesidades de servicio, esto con el fin de que tomando en cuenta todos los factores se lleve a cabo el proceso.

“Plazas y nómina es algo que maneja el gobierno federal. Además, nosotros no vamos a asignar plazas sino el uso de la plaza. La plaza es del Estado mexicano, no hay dueños de las plazas».

Moctezuma Barrangán resaltó que a diferencia de la anterior reforma educativa, la que fue aprobada este jueves por los Diputados fue producto de la construcción de un gran acuerdo democrático entre las diferentes fuerzas parlamentarias.

Afirmó que más que tener a la evaluación en el centro de la reforma, la nueva reforma educativa apostará por un tema de capacitación.

El gobernador del estado de Michoacán presentó su Plan para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Estatales para hacer frente a la difícil situación económica que atraviesa la entidad.

En conferencia de prensa, Silvano Aureoles Conejo señaló que las finanzas del estado están particularmente lastimadas a causa de malas decisiones en gobiernos anteriores y a la gran presión que significa para el presupuesto estatal la nómina magisterial, lo que ha dado como resultado un “déficit estructural” que supera los 5 mil millones de pesos.

Aureoles recalcó que al asumir el gobierno en 2015, “reconocimos que uno de los principales problemas que frenaba y frena el desarrollo del estado es la debilidad financiera del Gobierno”, lo que obliga a realizar ajustes y reasignaciones presupuestales.

“En consecuencia, se emitió el decreto de austeridad con el que se limitó la contracción de personal, se redujo el salario de funcionarios públicos y se eliminaron gastos de celulares, viáticos, combustible y gratificaciones, entre otras cosas”, dijo Aureoles.

Por ello, el gobierno estatal preparó el plan presentado hoy que tiene como meta ajustar el presupuesto y generar ahorros por 2 mil millones de pesos, reduciendo el estrés financiero que atraviesan.

Entre las principales medidas emergentes, Aureoles detalló que buscan:

«Fortalecer fuentes de ingreso del gobierno del estado aplicando los recursos públicos en aciones prioritarios y estrategias, lo que incluye la desincorporación de un paquete de activos del estado de bienes muebles e inmuebles donde se incluye la venta de vehículos así como los helicópteros propiedad del gobierno del estado”.

También prometió una mayor disciplina financiera y contención del gasto de dependencias del gobierno “sin afectar educación, salud, seguridad pública y la atención a grupos prioritarios como mujeres, infancia, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad”.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se retractó en su promesa de vender el jet privado que era utilizado por los ex Mandatarios locales, argumentando que la transacción es poco rentable.

«Yo no entiendo para qué el gobernador de Jalisco necesita un jet si lo más lejos que puede volar en todo caso en una emergencia es a la Ciudad de México”, dijo Alfaro el pasado 9 de diciembre.

En ese sentido, destacó que se pagaban alrededor de 300 mil pesos por mes para costear el combustible de la aeronave, por lo que al asumir la gubernatura, dijo que vendería el jet y en su lugar adquiriría otra aeronave que consumiera menos.

«Por lo viejo que está el avión, nos daban un precio muy bajo por él, que no podría obviamente costear el monto de una aeronave de otro tipo», indicó, según declaraciones recogidas por el periódico Reforma.

Alfaro, quien se ha sumado ya a la lista de Gobernadores que utilizan la aeronave, remató: «Entonces decidimos frenar la venta”.

El Mandatario local señaló que cuando viaja por la entidad prefiere utilizar coche, pero utiliza la aeronave cuando debe atender situaciones de emergencia en la Ciudad de México.

«La bitácora de vuelo es pública y la verdad es que yo, cuando puedo me voy a México en vuelo comercial», manifestó.

El Gobernador negó que oculte este tipo de traslados, por lo que se dijo abierto a exhibir los documentos donde se detallan sus viajes.

Mientras el Partido Encuentro Social peleaba en el tribunal electoral por mantener su registro como partido político, sus oficinas centrales estaban en oferta al mejor postor.

La sede del PES, en Avenida Chapultepec 478 de la Colonia Roma Norte, se ofrece en renta por 390 mil pesos mensuales o a la venta en 98 millones de pesos.

Hasta hace un par de meses, el inmueble aún era ocupado por el partido, dijeron vecinos al diario Reforma, que además consultó a la empresa que ofrece el edificio y confirmó los montos de renta/venta.

La suerte del PES hubiera sido distinta de mantener el registro, puesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) hubiera estado obligado a darle más de 283 millones de pesos de prerrogativas.

En tanto, Hugo Eric Flores, líder de ese partido, afirmó que el inmueble era rentado y que sólo tienen pendiente la liquidación de adeudos por 30 millones de pesos.

«La verdad es que todo está cubierto con los recursos que se fueron acumulando del año pasado de las propias prerrogativas», señaló Flores.

Y en cuanto a la pérdida del registro dijo que en el TEPJF hubo «mano negra» y que los magistrados sucumbieron ante las presiones de partidos como el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, los cuales cabildearon abiertamente en contra de ese instituto político.

Cabe recordar que el Partido Encuentro Social (PES) perdió su registro porque no alcanzó el porcentaje mínimo de votación que exige la Constitución de 3 por ciento en las pasadas elecciones.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar a conocer el convenio suscrito con la empresa Boeing para el resguardo del avión presidencial hasta que éste sea vendido.

El Instituto indicó que conocer el convenio dará certeza a la población de las condiciones y costos acordados previos a su venta, ya que los mexicanos tienen el derecho a saber con claridad a qué se destinan los recursos públicos.

“Los ciudadanos entienden que el tema del avión es más que una decisión gubernamental común, es una medida con significado. Los ciudadanos quieren un gobierno que actué de manera austera y que sus resultados reflejen el principio de ahorro y austeridad. Para que la medida contenga el significado esperado no basta con los gestos y el discurso, solo la transparencia permitirá a las autoridades demostrar que realmente cumplen con estos principios”, sostuvo el comisionado Joel Salas Suárez.

Afirmó que la resolución se da en el marco de que la austeridad y la transparencia son tareas a las que el actual gobierno federal se ha comprometido, aunque dijo que la austeridad sin evidencia de ahorro no es más que una aspiración o el deseo de concretar una buena intención.

Los comisionados afirmaron que con la información pública se podrá poner una cifra clara y concreta de cuanto se ahorra al implementar medidas de austeridad como la venta del avión presidencial y utilizar vuelos comerciales.

La resolución llega luego de que dos particulares requirieran a la Sedena una copia del convenio firmado con la empresa aeronáutica; sin embargo la dependencia alegó que no encontró en sus archivo dicho convenio, por lo que el particular recurrió al INAI para acceder a la información. La otra solicitud se presentó ante la SHCP misma que se declaró incompetente para divulgar el convenio referido

 

La ex diputada Lucero Guadalupe Sánchez, mejor conocida como la «chapodiputada», relató hoy ante un jurado estadounidense su relación sentimental con el narcotraficante, así como su entrada en el negocio de la marihuana por amor al capo.

Sánchez, quien en su momento fue la legisladora local más joven de Sinaloa, se declaró confusa sobre la clase de relación que mantenía con Guzmán Loera. «Hasta el día de hoy yo estoy confundida, porque pensé que era una relación de pareja».

«Yo me confundía con mis propios sentimientos, a veces lo quería y otras no, por sus diferentes actitudes trataba siempre de tenerlo contento», relató la joven de 29 años, al reconocer que inició un romance con «El Chapo» cuando tenía 21; Por sus parte la Fiscalía leía en voz alta distintos mensajes que intercambió con el narcotraficante.

En varios de los mensajes de texto, en los que ambos se dirigían el uno al otro como «amor», el narcotraficante daba órdenes a Sánchez sobre cómo quería que enviara los paquetes de marihuana, que debían ser de 10 kilos cada uno.

La «chapodiputada» reveló que se inició en el negocio por amor, ya que «El Chapo» la envió al área del Triángulo Dorado, en las montañas de Durango, para que comprara marihuana para él, dado que ella había vivido en esas comunidades y tendría facilidades para ello.

Dijo que las instrucciones de «El Chapo» eran claras: que le mandara droga «que tuvieran las tres B de calidad: buena, bonita y barata».

Sin embargo, relató que empezó a enviar a «El Chapo» marihuana «con semilla» (de peor calidad). «Quería que se molestara conmigo y me mandara venir (traer), pero no lo conseguí». Contó algunas de las desventajas de trabajar en zonas de montaña, donde tenía que subir cada mañana y cada tarde a un cerro para obtener señal telefónica y poder recibir los mensajes con las órdenes del narcotraficante.

«El Chapo», notablemente incómodo, apenas dirigió la mirada a la testigo, a diferencia de que buscó con los ojos en diversos momentos de la audiencia a su esposa Emma Coronel.

Coronel, quien como de costumbre acompañó al narcotraficante, reaccionó al inicio del testimonio de la amante de su marido, riéndose cuando Lucero Guadalupe Sánchez relataba la «confusión de sus sentimientos».

 


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