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La elección de 2023 en el Estado de México será la batalla más importante que el priismo mexiquense haya librado, sostuvo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Al tomar protesta a la nueva dirigencia del Comité Directivo Estatal (CDE), ante el gobernador Alfredo del Mazo Maza, ‘Alito’ Moreno aseguró que van a permitir que Morena entre al gobierno de la entidad.

Moreno se comprometió a trabajar para que la coalición “Va por México” se haga presente en la entidad, aunque dijo que buscará que sea el PRI el que elija a la candidata o candidato para la elección del próximo año, ya que es el partido mejor posicionado y de mayor arraigo, además de que cuenta con cuadros suficientes, bien formados, bien preparados y leales.

Ante las criticas que se la han lanzado al partido y a la dirigencia, el político dijo que la alianza con el PAN y el PRD “no es convenenciera. Nuestra alianza responde a un reclamo ciudadano por ofrecer autoridades institucionales y muy responsables”.Además de Alfredo del Mazo, en el acto donde el dirigente priísta hizo estas declaraciones estuvieron presentes los exgobernadores Arturo Montiel y César Camacho.

El gobernador sostuvo que el PRI del estado se sabe crecer ante la adversidad, como lo demostró en la elección de 2021, con un resultado histórico. “Fuimos el priismo que más creció en el país, aportando uno de cada cinco votos del PRI a nivel nacional. Aquí está el mejor PRI del país”, recalcó.

Solamente Morena puede derrotar a Morena. Ante una oposición débil, poco atractiva y dividida y ante el hartazgo ciudadano que continua con los partidos que ya han ocupado la presidencia, el PRI y el PAN, Morena podría pensarse que va en caballo de hacienda rumbo a las seis elecciones gubernamentales de este año. Y sin embargo, las divisiones dentro del movimiento que no acaba de hacerse partido, de Morena, son la amenaza más fuerte para arrebatarle triunfos.

Para muestra basta ver la forma como han recibido al presidente de Morena, Mario Delgado, en Durango, Tamaulipas y Aguascalientes los últimos fines de semana. A huevazos y con el grito de ¡fuera Mario; fuera corrupto! los inconformes han dejado bastante claras las divisiones y la inconformidad con la forma como el partido ha seleccionado a sus candidatos. El cuento de que no hubo dedazo y la selección fue hecha a partir de encuestas no se lo han comprado a la dirigencia.

Morena está dividido. De un lado está a la cúpula del partido, que se asocia a Marcelo Ebrard, aspirante del 2024 a la presidencia por la cercanía que tiene de años atrás con Mario Delgado, y del otro están varios militantes más cercanos a Claudia Sheinbaum, que también quiere ser la candidata del 2024. Entre ellos decidieron reunirse el sábado pasado en lo que llamaron la Convención Nacional Morenista. A este evento fueron personajes muy vociferantes como Irma Eréndira, ex Secretaria de la Función Pública, y su esposo, John Ackerman, que fue el organizador; la candidata de López Obrador para la embajada en Panamá, Jesusa Rodríguez; el académico Jaime Cárdenas; el padre Alejandro Solalinde y el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II.

Podrán ser personajes muy radicales, pero no son menores. Y están pidiendo la cabeza de Mario Delgado a quien abuchearon en la llamada Convención. Delgado tuvo que sacar un comunicado aclarando que el evento no lo había organizado el partido pero que estaban abiertos a escuchar las propuestas que de ahí salieran. ¿Qué hará con la exigencia de cambio en la dirigencia? ¿De verdad los va a escuchar? ¿Cómo va a atender los reclamos sobre las candidaturas y sus definiciones a partir de encuestas?

En Oaxaca Susana Harp está inconforme con la selección de Salomón Jara. En Aguascalientes hay enojo por lo que ven ha sido la imposición de Nora Ruvalcaba. En Durango el senador José Ramón Enríquez piensa que Marina Vitela no es quien merece la candidatura. Lo mismo ocurre en Tamaulipas en donde hay inconformidad con la precandidatura de Americo Villarreal a quien se le reprocha su pasado priísta. Y qué decir de Quintana Roo, en donde Mario Delgado se decantó por Mara Lezama, quien es vista como demasiado cercana al Niño Verde y por ello como una cuota a su partido, el PVEM.

¿Son divisiones normales las que se están viendo en Morena? ¿Es algo natural al interior de los partidos ante elecciones en puerta? ¿Debe de preocuparse el presidente López Obrador por este enojo dentro del partido?

A decir del propio Mario Delgado en uno de los spots que subió en estos días a sus redes sociales, el tema debe de ser preocupante. A Delgado se le escucha decir que no hay proyecto político que triunfe si no tiene tres componentes: unidad, movilización y organización.

Hoy en Morena no hay unidad. Hay movilización, pero no toda en el mismo sentido y por ende demuestra falta de organización.

Columna completa en El Universal

El PAN, PRI y PRD anunciaron este martes que se presentarán juntos bajo la coalición “Va por México” en las elecciones estatales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, cuatro de los seis estados que renovarán gubernatura l próximo año.

Los principales partidos de oposición repetirán así la coalición con la que se presentaron en la elección de junio pasado, con la intención de sumar fuerzas y hacer frente a la coalición que encabezó Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estaremos sumando esfuerzos y nuestro potencial en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas (…) y lo que buscamos es evitar que el mal gobierno morenista llegue, avance y destruya los avances en estas entidades federativas”, dijo el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

Sobre los otros estados que renovarán gubernatura el 5 de junio de 2022, los dirigentes partidistas indicaron que siguen negociando una eventual coalición, tanto en Oaxaca como en Quintana Roo.

“Hemos tenido un avance muy importante, vamos muy bien y muy compactos en esas cuatro entidades donde vamos a competir. Estamos listos para ir en la coalición y eso nos permite tener una mayor capacidad de competitividad. También, estamos fortaleciendo el trabajo de la coalición legislativa en el Congreso de la Unión”, dijo por su parte el líder priísta, Alejandro Moreno.

Por su parte, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, calificó el acuerdo como “una noticia muy importante para el país”.

Recordemos que en las pasadas elecciones, la coalición oficialista liderada repitió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, aunque no alcanzó la mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales que busca el presidente. Además, se hizo de 11 de las 15 gubernaturas que estaban en juego.

Por el contrario, “Va por México” se impuso en la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México, tradicional feudo de la izquierda, lo que dio esperanzas a la derecha de un cambio político de cara al 2024.

La coalición ‘Juntos Hacemos Historia’ integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL), dio a conocer los nombres de quiénes participarán en las elecciones del próximo año, donde se renovarán 6 gubernaturas.

La lista de perfiles se reveló luego de que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena recibiera las propuestas del Consejo Nacional, y de la realización de un ejercicio demoscópico (encuesta) de reconocimiento de la totalidad de las personas aspirantes inscritas.

La medición para definir a la persona que representará al “bloque obradorista”, según lo expuesto por el propio partido, en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas para 2022,  se compone de la siguiente forma.

En Aguascalientes se contemplan seis perfiles: Flavia Narváez; Karla Espinoza; Nora Ruvalcaba; Aldo Ruiz; Daniel Gutiérrez Castorena y Arturo Ávila.

En Durango también son seis los perfiles que estarían disputándose la candidatura: Marina Vitela; Margarita Valdéz; Maribel Aguilera; Gonzalo Yáñez; José Ramón Enríquez y Santiago Fierro.

En Hidalgo, uno de los estados que más competencia dará dada la fuerte presencia del priísmo, competirán por la candidatura siete perfiles: Lisset Marcelino; María Merced González González; Simey Olvera; Abraham Mendoza Zenteno; Cuauhtémoc Ochoa; Julio Menchaca y Navor Rojas Mancera.

En Oaxaca son seis aspirantes lo que se definirán la candidatura: Irma Juan Carlos; Susana Harp Iturribarría; Benjamín Robles Montoya; Armando Contreras Castillo; Raúl Bolaños-Cacho Cué y Salomón Jara Cruz.

En Quintana Roo competirán internamente Marybel Villegas Canché; Mara Lezama; Laura Beristain; José Luis Pech y Luis Alegre.

Finalmente, en Tamaulipas son siete los aspirantes que desean hacerse de la candidatura a la gubernatura: Maki Ortiz; Olga Sosa; Américo Villarreal; Rodolfo González Valderrama; Héctor Garza; Adrián Oseguera y José Ramón Gómez Leal.

De acuerdo al informe preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras sobre las elecciones generales que se vivieron ayer, con el 51.45% escrutado, la candidata de la izquierda, Xiomara Castro sumaba 961,694 votos, es decir, el 53.61% de los sufragios emitidos.

En tanto, Nasry Juan Asfura, candidato del partido gobernante, sumaba 607,492 votos, es decir, el 33.87% de la votación, lo que constituye una ventaja nunca antes registrada en la historia política electoral de Honduras en favor de la oposición, aunque todavía las autoridades no la han proclamado como ganadora de los comicios.

Según la autoridad electoral, en los comicios de ayer resaltó la alta participación de votantes en las urnas con el 68.09% de un padrón electoral de 5.1 millones de personas, en un país con 9.5 millones de habitantes.

Castró llegó a las elecciones generales encabezando una alianza de hecho, solamente para la fórmula presidencial, con la Unión Nacional Opositora de Honduras (UNOH), liderada por Salvador Nasralla, de la que también formó parte el Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD).

También se le adhirió el candidato presidencial Milton Benítez, quien renunció a sus aspiraciones para apoyar a Castro, exprimera dama hondureña, esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía reformas constitucionales que la ley le impedía.

De seguir la tendencia, Castro se estaría convirtiendo en la primera mujer presidenta electa de Honduras y sucedería en el poder a Juan Orlando Hernández, quien el 27 de enero de 2022 concluirá su segundo mandato, de los tres consecutivos que el Partido Nacional ha ganado desde las elecciones de noviembre de 2009.

“Ganamos. Doce años de este pueblo en resistencia y hoy se ha manifestado… Hoy celebramos una verdadera fiesta cívica”, dijo la candidata poco después de que el CNE difundiera la noche de ayer los primeros resultados. “Nunca más hondureños se va a abusar del poder en este país porque a partir de este momento el pueblo será el vigente eterno”, afirmó dando por sentada su victoria.

Por su lado, el Partido Nacional no se ha pronunciado sobre los resultados.

Tras la difusión de los primeros resultados preliminares, algunos salieron a las calles a celebrar la ventaja de Castro y ondeaban banderas de su partido. “¡Se va! ¡Se va!”, gritaban decenas de hondureños, algunos brincando sobre las avenidas y otros desde sus vehículos, en referencia al gobierno actual.

Los hondureños no quieren que se repita la historia de los comicios de 2017, cuando Juan Orlando Hernández sumó un periodo más en el gobierno en medio de protestas y acusaciones de fraude.

Castro dijo que el país no aguanta cuatro años más con el partido de Hernández en el poder. “Nosotros tenemos que parar estas caravanas de hondureños y hondureñas que salen masivamente de nuestro país por la inseguridad, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, por la falta de salud, por la falta de educación”, señaló.

La corrupción es tal que los hondureños han tornado sus esperanzas en los fiscales federales estadounidenses. Los procuradores lograron una sentencia a cadena perpetua para el hermano de Hernández, Juan Antonio “Tony” Hernández, por narcotráfico, y han acusado al presidente de financiar su ascenso político con dinero de las drogas, aunque no han presentado cargos contra él. Juan Orlando Hernández ha negado las acusaciones.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que el Instituto enfrentará los retos de la democracia con una impecable capacidad técnica y organizativa, para brindar a la sociedad elecciones confiables, libres y justas.

Además, indicó que “el INE desplegará una renovada capacidad de comunicación para difundir nuevas narrativas que nos permitan mostrar a la sociedad mexicana que esta no es una institución que arriesgue a la democracia, sino que, por el contrario, es una institución que garantiza las condiciones democráticas para la renovación del poder político”.

Lorenzo Córdova destacó el trabajo realizado por el INE en el pasado proceso electoral, y dijo que a pesar de los ataques y descalificaciones que ha recibido la autoridad electoral, la confianza de la ciudadanía en la institución ha incrementado.

Sostuvo que la confianza de la ciudadanía se debe a los buenos resultados que el Instituto ha entregado como la autoridad encargada de organizar las elecciones de 2021, a partir de lo cual el INE se convirtió en la institución del Estado de mayor confiabilidad en el país.

A pesar de eso, destacó que los ataques al Instituto Nacional Electoral no han cesado, así como los intentos de reforma que han sido promovidos, paradójicamente, desde el gobierno y por parte de quienes han ganado la elección.

Ante este nuevo desafío, junto con otros ya existentes tales como el descontento social, crisis de credibilidad de partidos políticos y parlamentos, desinformación y una sociedad polarizada, el Consejero Presidente refrendó el compromiso del Instituto de seguir trabajando para garantizar a la ciudadanía elecciones confiables que permitan la renovación de los poderes por la vía pacífica en México.

Sin sorpresas y con una alta abstención, los partidarios del presidente Nicolás Maduro se perfilan a una aplastante victoria al adjudicarse la mayoría de las gobernaciones en disputa y la estratégica alcaldía de Caracas en los comicios estatales y municipales celebrados ayer en Venezuela.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, en un primer boletín preliminar, con el 90.21% de los votos contabilizados, indicó que la participación rondó el 41.80%, equivalente a poco más de 8 millones de personas, de los más de 21 millones de venezolanos inscritos en el padrón electoral.

La alianza oficialista, de acuerdo con datos preliminares, encabeza los escrutinios en la alcaldía de Caracas con la candidata oficialista Carmen Meléndez, exministra de Defensa. El oficialismo además lidera en 20 de las 23 gobernaciones en disputa en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas y Yaracuy.

Los partidos opositores, en tanto, van a la a cabeza en los comicios para elegir gobernadores en el estado de Cojedes, Nueva Esparta y Zulia.

El oficialismo, que controla casi todas las instituciones (alcaldías, gobernaciones y la Asamblea Nacional), era el favorito para adueñarse de la mayoría de los cargos. Entre más de 70,200 candidatos se elegirán 3,082 cargos, de ellos 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores de consejos estatales y 2,471 concejales municipales. En su mejor momento, la oposición conquistó seis gobernaciones y 76 alcaldías en 2008 y 2013, respectivamente.

Las presiones internacionales no fueron capaces de desestabilizar la administración de Maduro y mucho menos minar el apoyo de las fuerzas armadas, que han sido tradicionalmente los árbitros de las disputas políticas en Venezuela.

Maduro celebró el resultado y llamó a todos, ganadores o no, “al diálogo político”. “Vamos a trabajar con diálogo, con entendimiento… con buena fe”, agregó..

Los comicios marcaron el retorno a la senda electoral de los principales partidos opositores, que desde 2017 habían boicoteado los procesos electorales argumentando que no existían condiciones suficientes para garantizar que las elecciones fuesen justas y transparentes.

En el horizonte electoral venezolano esta la posibilidad de convocar el año próximo un “referendo revocatorio” para recortar a la mitad el mandato de Maduro, tal y como lo contemplan las leyes venezolanas. El gobernante fue reelecto en 2018 en unos comicios calificados como fraudulentos por sus críticos. Su segundo mandato concluye en 2025.

Recordemos que los representantes de Maduro durante meses mantuvieron conversaciones con distintos sectores opositores, incluyendo conversaciones con aliados del líder opositor Juan Guaidó, que desembocaron en diálogo formal en nuestro país. Sin embargo, a mediados de octubre, las conversaciones fueron suspendidas unilateralmente por el oficialismo en protesta por la extradición de uno de sus aliados, desde Cabo Verde a Estados Unidos.

El gobierno de Nicaragua denunció este viernes la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA)en que la que descalificó las elecciones generales del día 7 de noviembre, y anunció su salida de ese organismo.

“Estamos renunciando y desvinculándonos de la Organización de Estados Americanos, nos estamos retirando de la OEA”, declaró el ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, en una comparecencia de prensa desde la sede de la Cancillería, en Managua.

La medida, anunciada por el canciller es en respuesta a una resolución aprobada el martes por el parlamento del país centroamericano, de mayoría oficialista, en la que los legisladores pidieron al mandatario denunciar la Carta Democrática de la OEA para sacar al país del grupo.

Y es que el organismo multilateral declaró la semana pasada ilegítimas las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, donde Ortega fue reelegido, en medio de duras críticas de la comunidad internacional por la detención previa de varios de sus contrincantes y acciones contra la libertad de prensa.

En abril de 2017, Venezuela, un aliado de Nicaragua, solicitó formalmente salirse de la OEA en respuesta a lo que el gobierno izquierdista del país petrolero consideró una “injerencia” del organismo hemisférico en sus asuntos internos. El proceso de retiro toma unos dos años aproximadamente.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, enfrenta este lunes amenazas de nuevas sanciones de Estados Unidos y críticas de la Unión Europea (UE), así como de diversos países latinoamericanos, tras ganar sin sorpresas un cuarto mandato consecutivo en las elecciones celebradas ayer.

Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007, fue reelegido con un 75% de los votos, con la mitad de las mesas escrutadas, anunció esta madrugada el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Las reacciones no se hicieron esperar. Incluso apenas cerradas las urnas, el presidente estadounidense, Joe Biden, calificó los comicios de “farsa”, y la UE aseguró que “carecen de legitimidad”. El gobierno español, en particular, se refirió al proceso como una “burla”.

Ortega, quien el próximo jueves cumplirá 76 años, asumirá otros cinco años como presidente a partir del 10 de enero, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto a su esposa Rosario Murillo, de 70, que será vicepresidenta por segunda vez.

Ortega enfrentó a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de ser colaboradores del gobierno, quienes en total obtuvieron el restante 25% de los votos.

Tras 14 años en el poder, Ortega es acusado por sus críticos y opositores de “nepotismo” y de instaurar una dictadura. Pero él asegura que su gobierno es del “pueblo”. Los comicios “completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático”, dijo la UE en un comunicado. “Fue una elección solo de nombre”, estimó el Reino Unido por su parte.

Ortega solo recibió la felicitación de sus aliados: Venezuela, Cuba, Bolivia y Rusia, que condenó la postura de Washington y consideró los comicios “en pleno respeto” de la ley. En Latinoamérica, Costa Rica, vecino de Nicaragua y que da refugio a decenas de miles de exiliados nicaragüenses, desconoció las elecciones, al igual que Chile.

Los comicios también designaron a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control del gobierno.

Los comicios se celebraron tres años y medio después de las protestas de 2018 que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados, sumiendo al país en una profunda crisis política.

Desde junio fueron desintegrados tres partidos y detenidos 39 activistas sociales, políticos, empresarios y periodistas, entre ellos siete aspirantes presidenciales, sumándose a unos 120 opositores que siguen presos desde 2018.

En virtud de leyes aprobadas a fines de 2020, bajo el gobierno de Ortega, los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, de promover sanciones internacionales, de traición a la patria y  de lavado de dinero.

Ayer, Ortega acusó a los opositores de conspirar contra la “paz” del país, al tiempo que los tildó de “terroristas”, pues los opositores habían llamado a la abstención.

El CSE estimó en un 65% la participación, aunque el observatorio independiente Urnas Abiertas, que denunció el “hostigamiento a trabajadores del Estado” para forzarlos a votar, aseguró que la abstención habría alcanzado un 81.5%.

Estados Unidos considera que Nicaragua consolidará una “dictadura” con el previsible triunfo de Daniel Ortega el próximo domingo en las elecciones que vivirá el país, las cuales señaló son “una farsa”.

“Estas elecciones no tendrán credibilidad, son una farsa”, dijo Patrick Ventrell, director de Asuntos Centroamericanos en el Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden.

Al respecto, se anunció que el mandatario firmará la llamada ley Renacer, por la que su gobierno se compromete a ampliar las sanciones a Nicaragua, después de las elecciones de este domingo.

“El presidente emitirá un comunicado probablemente el domingo, y después el presidente firmará la ley Renacer que ha aprobado el Congreso”, dijo un funcionario en una rueda de prensa telefónica con un reducido grupo de medios.

Y es que Nicaragua celebra las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder.

Tres años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos, Ortega, que cumple 76 años en una semana, tiene casi seguro otro gobierno de cinco años con su esposa Rosario Murillo, a quien ha decidido nombrar  “copresidenta”.

El triunfo de Ortega es casi un hecho, ya que se enfrenta a cinco candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno, esto luego del arresto de siete aspirantes presidenciales y la anulación de tres partidos opositores, en una ofensiva que desde junio encarceló a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas.

Los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, traición a la patria o lavado de dinero, conforme a leyes aprobadas en 2020 por el Congreso, bajo control oficialista, al igual que el poder judicial y electoral.

Más de 100,000 nicaragüenses se exiliaron, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, en medio de la crisis política. Para Ortega, los más de 150 opositores detenidos desde 2018 no son políticos, sino “golpistas” patrocinados por Washington.

El próximo domingo se elegirá al futuro presidente presidente y a un vicepresidente para el período que va del 10 de enero de 2022 al 10 de enero de 2027. También se elegirá a 90 de los 92 miembros de la Asamblea Nacional, pues un asiento está reservado para el presidente saliente y otro para el candidato presidencial perdedor del segundo lugar. Igualmente se elegirá a 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) anunció que espera divulgar los primeros resultados de la votación alrededor de la medianoche del domingo 7 de noviembre, y que los resultados preliminares se publicarán el lunes 15.

Los centros de votación abrirán a las 07:00 hora local y cerrarán a las 19:00. Las personas que estén dentro de los centros de votación o en fila podrán emitir su voto después de la hora estipulada de cierre.

Unos 30,000 policías y miembros del Ejército serán movilizados en todo el país para resguardar el orden en la jornada. Destaca que el gobierno de Nicaragua no invitó a observadores internacionales reconocidos, como la OEA, la Unión Europea o el estadounidense Centro Carter, que habían cuestionado los comicios de 2011 y 2016, cuando Ortega se reeligió. En su lugar, el gobierno anunció la presencia de unos 200 “acompañantes electorales”, en su mayoría vinculados a partidos y gobiernos de izquierda.

Luego de que el periodista Claudio Ochoa Huerta, colaborador de Latinus, diera a conocer un audio en donde se escucha al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, reconocer que su partido sólo tiene posibilidades de competir en una de las seis elecciones a gubernatura del próximo año, fue el panista quien aseguró que Acción Nacional “sabe ganar en la adversidad”.

Sin referirse al audio, el panista utilizó sus redes sociales para referirse al tema.

En un mensaje publicado esta mañana, el líder del PAN dijo que “para hacer la estrategia correcta, se requiere el diagnóstico correcto”, lo cual se podría interpretar como una validación a lo que dijo en el audio que Latinus filtró.

Sin embargo, agregó que Acción Nacional sabe ganar en la adversidad, “crecer ante los retos y hoy nos necesita a todos unidos, cada uno asumiendo una responsabilidad concreta para que salgamos a enfrentar la batalla del 2022”.

Y es que de acuerdo a declaraciones que habría hecho el propio dirigente nacional, su partido se ve derrotado en cinco de los seis estados que renovarán gubernatura el próximo año.

“No hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca», sostiene Marko Cortés en el audio presentado por Latinus. Esas declaraciones se habrían producido durante una reunión con líderes del partido el pasado 25 de septiembre.

Lo dicho por Cortés ha levantado un sin fin de criticas, pues es el PAN quien se ha asumido como el principal partido de oposición, e incluso ha manifestado que frenarían a Morena en las próximas elecciones, esto de cara a la elección presidencial de 2024.

El audio filtrado de Cortés sirvió al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para asegurar que es correcto  que la 4T ganará las gubernaturas de Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo; y mandó un mensaje al panista: “no te equivoques, Aguascalientes la vamos a ganar también”.

De acuerdo a declaraciones que habría hecho el propio dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, su partido se ve derrotado en cinco de los seis estados que renovarán gubernatura el próximo año.

El periodista Claudio Ochoa Huerta, colaborador de Latinus, dio a conocer un audio en donde se escucha aceptar a Cortés que el PAN sólo tiene posibilidades de competir en la elección en Aguascalientes.

“No hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca”, sostiene Marko Cortés en el audio presentado en exclusiva por Latinus, y cuyas declaraciones se habrían producido durante una reunión con líderes del partido el pasado 25 de septiembre.

Ahí, el panista, que recién asumió su segundo periodo al frente del partido, señaló que la única elección en la que tienen posibilidades, “y muy buenas, y contundentes de ganar”, es Aguascalientes. Por eso, llamó a los militantes y líderes el partido a “hacerlo bien” en la entidad.

Lo dicho por Cortés ha levantado un sin fin de criticas, pues es el PAN quien se ha asumido como el principal partido de oposición, e incluso ha manifestado que frenarían a Morena en las próximas elecciones, esto de cara a la elección presidencial.

El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, uno de los perfiles más prominentes de Acción Nacional, indicó a través e sus redes sociales que la derrota anticipada es, en política, entreguismo.

“Las oposiciones son poderosas en el país. Hay más personas con nosotros que contra nosotros. Acción Nacional  debe sacudirse la mediocridad. Es el momento de una diálisis para darle talento, valentía y empatía”, tuiteó.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional que sea obligatorio para todos los mexicanos acudir a votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato.

Según la diputada María Eugenia Hernández Pérez, los mexicanos deberán además estimular entre sus familias y comunidades la forma de participación, para fortalecer la democracia y soberanía popular.

La propuesta para adicionar una fracción V al artículo 31 de la Constitución Política, fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

En la propuesta se señala que si bien el votar es un derecho, también es una obligación, porque de esa manera se fomenta la participación crítica y propositiva de la ciudadanía en las decisiones públicas y se garantiza la mayor asistencia a los procesos electorales.

“Esta reforma contribuiría a potenciar la disposición y el convencimiento de votar, a partir del impulso cívico y ético de las obligaciones que los mexicanos tienen respecto a la patria, en el contexto de lo establecido en el artículo 31 constitucional”, se lee en la iniciativa.

El texto expone que en México el promedio de participación ciudadana en una elección presidencial es de alrededor del 65% del listado nominal de electores, mientras que en países donde el incumplimiento a la obligatoriedad de votar se sanciona la participación es de alrededor del 80%.

Recuerda el gasto promedio por cada voto que se emitió el pasado 6 de junio, el cual fue de 664 pesos. Así, en un cálculo realizado, el voto de los mexicanos habría costado 414 pesos si todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral hubieran acudido a las casillas en la jornada del domingo pasado.

“Es patente que el costo de las elecciones es sumamente elevado en México; por lo mismo, debe la ciudadanía acudir a votar sin reservas en todos los procesos electorales. El abstencionismo, aparte de los estragos que causa en materia de legitimidad y gobernabilidad, resulta un inaceptable incremento en el costo del voto”, añade.

Fumio Kishida se alzó con el triunfo en las elecciones primarias del partido gobernante, por lo que será nombrado nuevo primer ministro de Japón, un cargo que asume con la intención de implicar más al país en retos globales como la estabilidad en Asia-Pacífico y el cambio climático.

El exministro de Exteriores y de Defensa, de 64 años, se impuso en los comicios internos del Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, una votación con aire de elecciones generales ya que en este país el presidente de la fuerza política dominante es quien ocupa la jefatura del Ejecutivo.

Kishida, con amplia experiencia diplomática y considerado una figura moderada dentro del partido conservador, superó al ministro a cargo de la vacunación contra el COVID-19, Taro Kono, quien partió como favorito con un perfil más independiente y reformista.

La investidura de Kishida como nuevo primer ministro está prevista para llevarse a cabo el próximo lunes en el parlamento, donde el PLD cuenta con una sólida mayoría que espera revalidar en las elecciones nacionales que deberán convocarse antes de que finalice noviembre.

Kishida tiene en su currículum logros importantes como la mejora de los lazos con Seúl y Moscú o la histórica visita del expresidente estadounidense Barack Obama a Hiroshima, la primera ciudad que sufrió un bombardeo nuclear. Ha señalado que entre sus prioridades estarán reforzar la alianza con Estados Unidos y aumentar las defensas nacionales frente al auge militar de China y frente a los desarrollos armamentísticos de Corea del Norte.

También señaló su voluntad de “lograr un Indopacífico libre y abierto”, la forma en la que se suelen referir Washington y Tokio a su estrategia para contener el creciente poderío geoestratégico de China, aunque no llegó a aludir de forma directa a Pekín.

En el área económica, tratará de promover una “mejor distribución de la riqueza” para apuntalar el crecimiento económico de Japón.

Alemania entró este lunes en un período de incertidumbre después de las elecciones de este fin de semana, luego de que los dos principales partidos defienden el derecho de encabezar la economía más grande de Europa, dejando sin definir quién será el sustituto de Angela Merkel.

Liderados por el ministro de Finanzas y vicecanciller saliente Olaf Scholz, los socialdemócratas del SPD se proyectan como ganadores con el 25.7% de los votos, según resultados preliminares publicados el lunes por la comisión electoral.

La alianza conservadora de La Unión, que integran La Unión Demócrata Cristiana (CDU), de Merkel, y su aliado bávaro, la CSU, encabezada por Armin Laschet, obtendría 24.1%, el peor resultado en su historia de siete décadas. Para los democristianos, las “pérdidas son amargas”, admitió Paul Ziemak, número dos de la CDU. Su partido nunca había caído por debajo del 30% de los votos. En 2017, alcanzó 32.8%.

Los Verdes aparecen de tercer sitio con el 14.8%, seguidos del liberal FDP con 11.5% y el ultraderechista Alternativa para Alemania con 10.3%.

Recordemos que en Alemania no son los votantes los que eligen directamente al jefe de gobierno, sino los diputados, una vez formada la mayoría. Pero esta vez la mayoría es especialmente complicada de formar, ya que debe reunir a tres partidos, la primera vez que esto ocurre desde los años 1950, debido a la fragmentación del voto.

Para un país acostumbrado a la estabilidad política tras 16 años bajo el liderazgo firme de Merkel, los próximos meses se perfilan como un período bastante atropellado.

Tanto Scholz, de 63 años, como Laschet, de 60, dijeron que pretenden tener un gobierno instalado antes de Navidad.

El lunes por la mañana Scholz puso toda la presión sobre los conservadores, y les dijo que su lugar está en la “oposición”. “La CDU y la CSU no solamente han perdido votos, también han recibido el mensaje de los ciudadanos de que ya no deberían estar en el gobierno sino en la oposición”, afirmó el líder socialdemócrata, que quiso tranquilizar a sus socios internacionales sobre la “estabilidad” de Alemania.

En las últimas elecciones, en 2017, Merkel necesitó más de seis meses para alcanzar un acuerdo y formar la actual gran coalición de conservadores y socialdemócratas.

Los resultados de estas elecciones ensombrecerán el fin del mandato de Merkel, quien pese a seguir siendo muy popular al término de cuatro legislaturas, parece haber sido incapaz de preparar su sucesión.

Durante sus 16 años en el cargo, Merkel fue vista en el extranjero no solo como la líder de Alemania, sino en muchos sentidos como la líder de Europa, dirigiendo a la Unión Europea a través de una serie de crisis financieras y políticas.

El resultado electoral en Alemania llega a alterar el tablero político del país de mayor peso político y demográfico de Europa.

Por su parte el candidato de La Unión, Armin Laschet, sostuvo este lunes que ningún partido ha recibido el apoyo suficiente como para formar por su cuenta un gobierno de coalición.

“Ninguno de los partidos principales ha recibido un claro mandato de gobierno”, declaró en una rueda de prensa. “La única persona que puede convertirse en canciller es aquella que logre alinear a las partes opuestas”.

Laschet manifestó que la CDU/CSU está de acuerdo en “entablar conversaciones para una llamada coalición Jamaica”, conocida así por los colores representativos de los partidos que la integrarían (CDU/CSU, Los Verdes, Partido Liberal).

A su vez, pidió humildad a su principal rival, el socialdémocrata Olaf Scholz, ya que los grandes partidos que antaño obtenían un apoyo en torno al 30 por ciento del electorado ahora deben adoptar una nueva actitud ante la realidad. “Olaf Scholz y yo estamos, creo, llamados a la misma humildad”, añadió.

Dos días antes de las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo domingo, la canciller alemana, Angela Merkel, llamó este viernes a votar por el candidato de su partido, la CDU, Armin Laschet, para mantener la “estabilidad” alemana.

“Para que Alemania siga estable, Armin Laschet debe convertirse en el canciller federal”, afirmó Merkel durante un mitin de su formación en Múnich previo a las elecciones, que auguran un pelea cerrada entre el favorito socialdemócrata y su rival de derecha.

Merkel  dejará el gobierno tras 16 años al frente de la primera economía europea.

Después de permanecer al margen de la campaña, en el último mes Merkel no ha escatimado esfuerzos en apoyar a Laschet, un político poco popular de 60 años que ha sido altamente cuestionado.

Este viernes, Merkel también se lanzó contra el candidato del SPD, advirtiendo contra el escenario de una victoria del socialdemócrata Olaf Scholz, que lidera las encuestas. “¿Se imaginan un gobierno rojo-rojo-verde?”, dijo a los representantes de la CDU y la CSU, reunidos en la mayor ciudad de Baviera para este último encuentro de campaña.

Y es que los sondeos anticipan unos resultados muy cerrados para el próximo domingo entre los socialdemócratas, con un 25% en intención de voto, y los conservadores (CDU/CSU), que subieron al 23% en la última encuesta de Civey; lo que los colocaría en un empate técnico.

Como ningún partido se cerca al 50% de los votos, se tendrá que negociar una coalición, lo cual se prevé sea un proceso largo tomando en cuenta que la coalición que hubo en 2017, entre los conservadores de La Unión Demócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata, con Angela Merkel como canciller, es poco probable que se repita. En aquel entonces, Angela Merkel necesitó cerca de seis meses para lograr el acuerdo.

Pero ¿cómo funcionan las elecciones en Alemania? Los alemanes acuden a las urnas a emitir dos votos. El primero es para el candidato que prefieran de su distrito; hay 299 circunscripciones. Quien obtenga más votos en cada uno se lleva ese escaño. El segundo voto que se emite es a una lista nacional, y los asientos se reparten de manera proporcional a esos votos obtenidos.

Llama la atención que se llega a las elecciones sin saber cuántos diputados serán elegidos, pues la composición del Bundestag varía en cada elección, con el fin de reequilibrar los asientos y mantener la proporcionalidad. La legislatura que finaliza tiene 709 escaños. Además, los partidos deben conseguir al menos un 5% de los votos para poder tener lugares en el Parlamento; lo cual deja fuera a formaciones minoritarias o que solo tengan apoyo en zonas específicas.