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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este lunes en transparentar todo lo relacionado al caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de corrupción, aunque dijo, se que debe respetar “el debido proceso”.

En su conferencia matutina, López Obrador explicó en primer lugar se debe cancelar el contrato “leonino” de la planta petroquímica Etileno XXI, relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El acuerdo a 20 años, firmado con Pemex durante la presidencia de Felipe Calderón, ha sido considerado abusivo por el mandatario, al obligar a la petrolera a importar gas para cumplir con sus disposiciones, lo que le ha generado millonarias pérdidas.

“Ese contrato se tiene que cancelar, o sea, es mi opinión, por ser un contrato leonino, se tiene que revisar”, dijo el gobernante sobre la planta ubicada en el estado Veracruz, y que ha tomado relevancia en los señalamientos de Lozoya Austin.

El consorcio entre Braskem, filial de Odebrecht, y la mexicana Idesa aseguró que ha efectuado “exhaustivos procesos de investigación interna, con abogados independientes, que concluyeron que no había actividad inapropiada o vínculo de éstas con actos de la constructora Odebrecht en México”.

A través de un comunicado recordó que el contrato, que significó 5,200 millones de dólares de inversión, se gestó en 2008 y 2009, entre tres y cuatro años antes de los actos de corrupción que se le imputan a Odebrecht en México, y si una de las partes lo incumple “debería pagar sumas o penalidades a la otra”.

Sin embargo, accedió a solucionar la insuficiente producción local de etano, incluso a “desarrollar una terminal de importación” del producto, la “única solución” al problema, según dijo. “Confiamos en que cualquier diálogo con la autoridad se dará en el marco del Estado de Derecho y la legalidad”, agregó.

AMLO indicó que el pueblo de México debe saber “toda la verdad”, además de que al ser un asunto de interés público “nacional” se debe “conocer toda la denuncia”.

Llamó a la Fiscalía General de la República, institución que denunció a Lozoya, a informar sobre la denuncia al completo, los implicados y el manejo indebido de dinero. Pidió incluso que se vea en redes sociales y la televisión “el
vídeo que se asegura entregó el señor Lozoya a la Fiscalía” y que exhibiría la red de sobornos en las altas esferas del poder durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Esto es sano y ayuda a purificar la vida pública”, remarcó el presidente.

En segundo lugar, pidió recuperar todos los bienes y recursos “mal habidos, y por último, reiteró que si el pueblo lo decide por “consulta ciudadana” se enjuiciará a expresidentes manchados por la corrupción. Aunque él, en la eventual consulta, votaría que “no” porque su “fuerte” no es la “venganza”.

Durante un conversatorio organizado por el Colegio de México, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue cuestionado sobre las diferencias en el trato de los casos de Emilio Lozoya y Rosario Robles, ambos exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Y es que la Fiscalía no solicitó prisión preventiva en contra de Emilio Lozoya, lo que sí ocurrió en el caso de Rosario Robles; en ese sentido se le cuestionó que ahora Lozoya está en su casa, mientras que Robles permanece en la cárcel.

Gertz Manero explicó que Lozoya Austin está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos, relacionada a una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos.

En el caso de Rosario Robles, dijo el fiscal, no hay un ofrecimiento de dicha naturaleza, además de que hay un daño por 15,000 millones de pesos, dónde están involucradas buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país.

“Por favor, por favor, la jerarquía de los daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra, que no solamente dañó con miles de millones de pesos sino con una conducta reiterada en donde se involucraron a las instituciones que para nosotros son fundamentales: las instituciones de educación superior”, respondió el titular de la FGR.

Sobre las declaraciones del Fiscal, el equipo legal de Rosario Robles Berlanga emitió un posicionamiento.

Señalaron que es falso que la extitular de Sedesol y Sedatu esté acusada de una afectación al erario federal. “Contrario a lo dicho por el fiscal, Rosario Robles enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción”; por ello dijeron, debería tener el beneficio de enfrentar su proceso en libertad.

Apuntaron que según el fiscal, Robles Berlanga está en prisión por “no ser solidaria con el Estado”, dejando en entredicho que está privada de su libertad por no “delatar” a otros funcionarios.

“Para esta defensa, significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía. Antes eran ‘tehuacanazos’ hoy es prisión. Pareciera que Robles Berlanga está privada de su libertad por no querer “colaborar” con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es ningún delito”, precisó la defensa.

Otra de las consultas que se le hicieron al fiscal durante el encuentro virtual, fue el opaco proceso que hubo al momento de que Emilio Lozoya llegó al país.

Se le hizo ver que faltó información sobre la decisión de trasladar a Lozoya a un hospital y no se le presentara de inmediato ante un juez.

Gertz Manero señaló que la Fiscalía teníamos la obligación “y la cumplimos pero rigurosamente” de dos cosas: avisarle al juez de control en el momento en que a Lozoya Austin lo pusieran a disposición las autoridades mexicana las españolas; “se lo hicimos saber de inmediato”.

La segunda cuestión, explicó, era que en el momento de que llagara a México lo pusiéramos a disposición del juez: “ni un minuto después, se hizo con una precisión matemática. En el momento que aterrizó y pasaron las normas aduanales se le informó formalmente al juez, ‘lo tememos’; este señor dice que tiene un problema de salud, estas son las pruebas; nos dijo ‘que se hagan los exámenes médicos, tanto los oficiales como los que él quiera ofrecer, y yo voy a decir, yo juez qué es lo que se va a hacer'”, relató el fiscal.

Afirmó que la Fiscalía hizo todo lo que el protocolo más estricto les obligaba: entregaron al juez toda la información, y fue él quien decidió qué fue lo que hizo. “No hubo la menor falla de ninguna naturaleza en ese procedimiento”.

Sobre las acusaciones que hubo de que la FGR le estaba ayudando a Lozoya, Gertz Manero dijo que no fue así. “No, no le estamos ayudando, le estamos ayudando a la justicia, estamos ayudando a que esto funcione. Se lo aseguro, porque sino el juez me lo hubiera rechazado”.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó esta tarde que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presentó una denuncia de hechos respecto a su participación en la red de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y de otros casos.

En el caso de Odebrecht, explicó el Fiscal, Lozoya aseguró que hubo una serie de sobornos por una cantidad superior a los 100 millones de pesos, los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña electoral de 2012, en las que Peña Nieto buscaba llegar a la Presidencia de la República.

Lozoya Austin señaló directamente a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de ser quienes le ordenaron que el dinero recibido de Odebrecht fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña electoral.

Gertz Manero explicó que en la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, también se menciona la compra de votos a favor de las reformas estructurales que el gobierno de Peña Nieto impulsó en 2013 y 2014.

“En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas (EPN y Videgaray) para un Diputado y cinco Senadores que él señala los nombres”, detalló el fiscal. Indicó que dichos nombres quedarán en reserva hasta que la Fiscalía pueda judicializarlos en el caso de que se encuentren las pruebas suficientes.

También se menciona el caso del complejo petroquímico ‘Etileno XXI’, lo cual ocurrió durante la administración de Felipe Calderón. Lozoya asegura que hubo una serie de beneficios económico a favor de dicha empresa, que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht, y que se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas graves.

Alejandro Gertz Manero detalló que  el exfuncionario federal precisó los sistemas que se usaron para recibir los sobornos, los cuales también fueron ordenados por Peña Nieto y Videgaray para que se les entregaran 84 millones de pesos a un grupo de legisladores y a un secretario de finanzas de un partido político;

Añade que posteriormente se le dio una cantidad superior a los 200 millones de pesos para dirigirlos a la aprobación de la reforma electoral.

Se indicó que para soportar sus señalamientos, Lozoya Austin ha apuntado directamente a cuatro testigos, ha entregado un recibo y un video.

“A partir de este momento la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente, y vamos a empezar a realizar todas las diligencias; en primer lugar las ratificaciones, después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video, y en caso de que sea procedente a las personas que él le imputa los llamaremos a declarar”, remató el Fiscal.

Se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de Control, diversas órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación, bajo la gestión del ahora senador priísta, Miguel Ángel Osorio Chong.

Y aunque los requerimientos son para exfuncionarios de la administración anterior, entre ellos está el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México, Jesús Orta Martíenez, quien renunció en octubre pasado, a la administración capitalina.

Orta Martínez es investigado por la posición que tuvo entre 2012 y 2014, como secretario general de la Policía Federal. Dicha oficina era la encargada del manejo de los recursos económicos de la hoy extinta corporación, además de cuando se desempeñó como director general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo a las investigaciones de la FGR, los funcionarios, entre los que se encuentra Orta Martínez, habrían participado en el presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

Adicional, se sabe que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México también investiga al excolaborador de Claudia Sheinbaum, por diversas irregularidades durante el tiempo que estuvo al frente de la SSC, específicamente por la renta de patrullas en 2019.

Al respecto, este fin de semana, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México habló sobre el tema; explicó que los funcionarios, por ley, son sometidos a exámenes de confianza; por lo que al conoce de la investigación en la que se le implicaba, fue que se decidió que se separaría del caso.

“Tuvimos conocimiento en algún momento de que se estaba haciendo una investigación de la Fiscalía General de la República, de sus cargos anteriores y fue una de las razones, al tener conocimiento, pues de la solicitud de su renuncia”, explicó la mandataria capitalina.

Añadió que en línea con el trabajo que se hace desde el gobierno federal, en la Ciudad de México tampoco permitirán la corrupción de ninguna manera, por lo que apoyan las investigaciones que se realizan en torno a cualquier servidor público que pudiera estar relacionado con dichas prácticas.

Al respecto, Jesús Orta negó que haya sido notificado sobre la supuesta orden de aprehensión que se giró en su contra.

“En absoluto (me han notificado) ni que haya una Carpeta de Investigación en mi contra  y además me parece que me están arrastrando por haber tenido un puesto de secretario General antes de Frida Martínez. Me están comentando que es una filtración de la propia Fiscalía General, por el perfil y porque está mi nombre”, dijo el exfuncionario en entrevista con Excelsior.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en la importancia que tiene la colaboración del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ofrecerá información sobre cómo se operó la red de corrupción, a cambio de obtener una reducción en la su condena.

“Con la detención de Lozoya, se van a clarar muchas cosas, porque se va a saber si para la aprobación de la reforma energética hubo dinero de por medio. Si se compró la reforma”, contestó AMLO al ser cuestionado sobre el tema.

AMLO celebró la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), de haber arreglado jurídicamente la extradición de Lozoya, en calidad de testigo colaborador o testigo protegido.

Afirmó que la información que proporcione Lozoya Austin va a ayudar en el propósito de limpiar de corrupción a México.

Además de la reforma energética, dijo que el exdirector de Pemex informará sobre el caso Odebrecht, los contratos que se le entregaron y los sobornos que recibieron de la brasileña, así como lo relacionado con la planta de Agronitrogenados en Coatzacoalcos, Veracruz.

“Se tiene el compromiso de Lozoya de dar información a cambio de una reducción de pena”, dijo AMLO, asegurando que además de conocer qué fue lo que pasó y cómo se operó, se busca recuperar el dinero que se involucró en todas las transacciones en que hubo corrupción.

Incluso ayer, el presidente López Obrador hizo un llamado a la FGR a cuidar a Lozoya ahora que está en el país, pues dijo, según información que se tiene, “ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la fiscalía en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo de dinero”.

AMLO reconoció que incluso podría estar en riesgo la vida de Lozoya.

Esta mañana, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, arribó a la Ciudad de México proveniente de Madrid, como parte de su proceso de extradición.

Según informó la Fiscalía General de la República (FGR), Lozoya aterrizó a las 00:46 horas en el aeropuerto capitalino. Y aunque el procedimiento señala que debia ser puesto a disposición ante los jueces que ordenaron su captura de manera inmediata, su salida de las instalaciones del AICM demoró alrededor de tres horas.

Los representantes de los medios de comunicación que realizaban la cobertura de su llegada reportaron que el convoy en el que Emilio Lozoya abandonó el aeropuerto se dio minutos antes de las cuatro de la mañana.

Seguido en tiempo real por los medios, el convoy se dirigió al Reclusorio Norte de la Ciudad, al que llegó alrededor de las 4:24 de la mañana.

Ante la presencia de la prensa, la entrada de los vehículos se dificultó, por lo que tomó un aproximado de 15 minutos para que los vehículos pudieran ingresar al complejo penitenciario.

Hasta ahí, todo parecía haber sido un traslado exitoso; sin embargo, rápidamente comenzó a circular en las redes sociales versiones de que dicho operativo había sido un señuelo para que no se supiera la verdadera ubicación del exdirector de Pemex.

La FGR reportó que al practicarle el examen médico que el protocolo señala, a Lozoya se le “encontró anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud, por lo que propuso su internación en un hospital”.

Así, la Fiscalía indicó que Lozoya fue trasladado a un hospital de la capital y no al Reclusorio como se hizo creer.

Incluso Alfonso Durazo, quien acompañó al presidente López Obrador en su conferencia matutina, aseguró que Lozoya sí había sido llevado al Reclusorio.

“Efectivamente fue ingresado en este penal pero fue trasladado inmediatamente después a un hospital por algunos síntomas de algunas molestias que presentó. Estoy tratando de localizar el reporte de la Fiscalía” dijo el encargado de la seguridad en el país.

Fue cuestión de horas para que las fotografías del traslado, con la cara de la persona que se pensaba era Lozoya, circularan en las redes, viniéndose abajo la versión de su traslado al reclusorio.

Mientras la mayoría de los internautas acusaban a la FGR de haber “montado un operativo”, algunas personas como Juan Omar Fierro, colaborador de la revista Proceso, aseguró que para poderse catalogar como un montaje, “alguna fuente oficial debió avalar el engaño y nadie confirmó en FGR que era Lozoya, nadie. Los medios nos fuimos de bruces con el operativo”.

Y es que así ha sucedido, hasta ahora ninguna autoridad ha hecho comentarios al respecto confirmando o desmintiendo el operativo, o bien informando sobre el paradero de Lozoya.

Foto: Twitter

El avión que trasladaba a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, arribó a la Ciudad de México la madrugada de este viernes, a las 00:46 horas, donde fue recibido por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentando así la orden de extradición que el gobierno mexicano presentó ante España.

Tal como se había informado, fue aplicado el protocolo correspondiente en el que el Ministerio Público Federal (MPF), le leyó sus derechos y le informó que se le estaban ejecutando las órdenes de aprehensión por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, por lo que desde ese momento quedaba detenido.

Sin embargo, al ser revisado por un médico perito de la Fiscalía, con el fin de acreditar su integridad física, a Lozoya le diagnosticada anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud, por lo que el médico perito propuso su internación en un hospital.

La Fiscalía informó que la familia de Emilio Lozoya pidió, y le fue autorizado, que un médico particular le practicara una segunda revisión, en la que encontró los mismos síntomas.

“En razón de lo anterior, el MPF ordenó su traslado a un hospital, donde permanecerá en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policíaca”, indicó la FGR.

Así, el exdirector de Pemex y excolaborador del presidente Enrique Peña Nieto, evitó pisar prisión en nuestro país. Aunque fue trasladado al Reclusorio Norte, donde se tenía previsto permaneciera recluido, solo permaneció ahí para los exámenes médicos que se le realizaron.

Minutos después de su chequeo médico, Lozoya fue trasladado a instalaciones hospitalarias, donde permanecerá recluido.

El caso de Lozoya ya levanta polémica, pues recuerda lo sucedido con la exdirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, quien pasó casi la totalidad del tiempo que estuvo recluida, en un hospital. Cuando se le concedió su libertad, fue del hospital desde donde salió.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta tarde que inició el operativo de traslado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien se encuentra detenido en Madrid, España.

A través de un comunicado, la FGR informó que la aeronave que trasladará a Lozoya despegó de la capital mexicana con rumbo a Madrid.

El vuelo tendrá una duración de 13 horas y media, al considerar que se hará una escala técnica en Canadá, en espera de que se cumplan los trámites administrativos y migratorios respectivos.

Una vez en Madrid, se procederá a hacer la entrega/recepción del exfuncionario por parte de las autoridades españolas a las mexicanas. En el vuelo de regreso, el agregado de la Fiscalía en España y Europa, Luis Alejandro Cervantes Vázquez, viajará junto a Lozoya.

La Fiscalía precisó que una vez que hayan culminado los trámites y Lozoya esté saliendo de España, el Ministerio Público Federal (MPF) le informará a los jueces de control de nuestro país la hora aproximada de su llegada a la Ciudad de México, que se prevé sea la madrugada del jueves.

Señaló que ya en México, se aplicarán a Lozoya Austin los protocolos de derechos humanos como parte de sus prerrogativas, y será revisado por un médico de la FGR para acreditar su integridad física.

Al cumplir con dichos protocolos, nuevamente se les dará aviso a los jueces de control para que señalen fecha y hora de las audiencias iniciales.

Recordemos que Emilio Lozoya aceptó su extradición a México la semana pasada, luego de haber sido detenido en España en febrero pasado.

Para aceptar su extradición, se informó que Lozoya alcanzó un acuerdo de cooperación con la Fiscalía, con lo que se busca saber lo que realmente pasó y cómo se tejieron las redes de corrupción al interior de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su compromiso de seguir trabajando para resolver el caso Ayotzinapa, esto al reunirse este viernes con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

En encuentro se da luego de la reciente identificación de los restos de uno de los jóvenes que se encontraron en la Barranca de la Carnicería en Cocula, Guerrero.

“El presidente se comprometió a continuar con la investigación, la cual debe estar hasta esclarecer (el paradero) de todos los estudiantes”, dijo a medios Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres al salir del encuentro en Palacio Nacional.

Ortega comentó que el presidente “ratificó su compromiso” con el caso, por lo que se dará seguimiento a las nuevas líneas de investigación. “El Gobierno está en disposición de avanzar en la investigación”, añadió.

“(El anuncio) nos da la esperanza de que haya un esclarecimiento del caso, este es el inicio de la nueva investigación, nos dijo el presidente y como padres vemos una ruta, y confiamos que hay que seguir”, expuso Ortega.

Durante su reunión, López Obrador reiteró a los padres de Christian Alfonso y al resto de los familiares de los estudiantes que el caso no quedará impune y habrá justicia.

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) informó el pasado martes que logró la plena identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, con base en los restos óseos hallados en Cocula.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, dijo que lo que sigue en el caso de Christian, es que los culpables materiales e intelectuales comparezcan ante la justicia. Además de que “existen más detenciones que realizar, más búsquedas que llevar a cabo, hay muchos pendientes todavía”.

Recordemos que hace 10 días, la FGR ordenó la detención de 46 funcionarios por su presunta relación con la desaparición de los normalistas. Además, se detuvo a José Ángel Casarrubias Salgado, alías “El Mochomo”, uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los jóvenes.

Con el fin de deslindar responsabilidades, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó esta tarde que se tomó la decisión de suspender a un Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, presuntamente involucrado en la liberación de José Ángel Covarrubias, alias “El Mochomo”.

El organismo indicó que derivado de la denuncia interna presentada el pasado 2 de julio, así como de la denuncia presentada este lunes por la Fiscalía General de la República (FGR), se resolvió suspender por un periodo de seis meses al funcionario del Juzgado.

“La medida cautelar se dictó para continuar con la investigación y deslindar responsabilidades por posibles violaciones, tales como cohecho, utilización indebida de información, tráfico de influencia, encubrimiento, entre otras”, precisó el Consejo.

Aclaró que la suspensión del servidor público no “prejuzga su culpabilidad” y de ninguna manera limita la investigación exhaustiva que se está llevando a cabo en la totalidad del Juzgado Segundo de Distrito.

Reafirmó que en el Poder Judicial de la Federación son muchas y muchos más los juzgadores y servidores públicos honorables, por lo que no se tolerará ningún acto de corrupción o injusticia que vulnere la autonomía e independencia de la justicia federal.

Y aunque en un principio se hablaba que la responsabilidad sería de la jueza María del Rosario Castillo Sánchez, titular del Juzgado en cuestión, tras las investigaciones, la presunta responsabilidad apuntaría al Secretario.

A inicios de mes, el CJF señaló que recibieron información que ameritaba una revisión exhaustiva sobre la decisión de Castillo Sánchez de liberar a José Ángel Covarrubias, al considerar que no había los elementos probatorios para procesarlo por el delito de delincuencia organizada.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), “El Mochomo” es uno de los principales participante en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Recordemos que fue incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien acusó que 24 horas después de que el Fiscal Alejandro Gertz Manero informara sobre la detención, “El Mochomo” logró quedar en liberad.

“O sea, no es un asunto de rutina de que un ministerio público consigna y el juez libera (…) nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad y se tienen las pruebas, o sea que hubo dinero de por medio. Entonces, se va a actuar castigando a los responsables”, expuso AMLO.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta tarde que se logró la identificación de los restos óseos de uno de los normalistas de Ayotzinapa, Cristian Alfonso Rodríguez, luego de se hallaran en la búsqueda que se efectuó del 21 al 29 de noviembre del año pasado en el municipio de Cocula, conocido como ‘Barranca de la Carnicería’.

Omar Gómez Trejo, la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía, relató que luego de comenzar con sus trabajos, recibieron información sobre el posible paradero de los estudiantes. Se acudió a cada uno de los lugares señalados, siendo uno la ‘Barranca de la Carnicería’, en el Ejido de Cocula.

El Fiscal especial precisó que dicho lugar no es el basurero de Cocula, donde anteriormente se habían realizado trabajos e búsqueda.

Indicó que en la ‘Barranca de la Carnicería’ se recuperaron 15 indicios (restos óseos) que fueron embalados en el lugar para su procesamiento en presencia de los representantes de las familias y de la Comisión Presidencial. Así, el 26 de febrero del 2020, la evidencia recuperada fue analizada por los servicios periciales de la FGR en presencia de los representantes de las familias y especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense que ha apoyado los trabajos de identificación, resultando seis piezas que podrían ser susceptibles de ser procesados para la extracción de ADN.

Fue el propio Gómez Trejo quien llevó los restos al Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck, en Austria, donde informaron que podría entregar los resultados en un plazo de 3 a 5 meses.

“El 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó que, después de realizar los análisis a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Para mayor certeza, los resultados de Innsbruck fueron analizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que concluyó de forma coincidente que una de las piezas óseas pertenece a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, correspondiente a una extremidad inferior”, informó el Fiscal en conferencia de prensa.

Ante los resultados obtenidos, el pasado 5 de julio se trasladé a Tixtla, Guerrero, para informar a la familia del normalista sobre la identificación, a quienes explicó cómo sucedió el hallazgo y  resolver sus dudas. “La familia se enteró de una forma digna”, sobre el hallazgo.

El funcionario precisó que la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre es sin un avance de primera relevancia en la investigación, pues a más de 5 años de los hechos, ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas.

“Con este nuevo hallazgo, como lo señaló el Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, la verdad histórica se acabó. Y enfatizo, el caso sigue abierto. La Unidad a mi cargo trabaja para contar con pruebas objetivas”, añadió el Fiscal especial.

Añadió que se hará otro envío de restos a la Universidad de Innsbruck, seleccionados de forma consensuada, para su respectivo análisis.

“Hemos roto el pacto de impunidad y de silencio que se encontraba el caso Ayotzinapa, que negaba el derecho a la verdad y justicia. Hoy decimos ¡Esto no es así! Está es una nueva etapa que rompe con la narrativa de una mentira que cerró más posibilidades de buscar y encontrar”, remató.

Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aceptó su extradición a nuestro país luego de haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer a detalle qué fue lo que pasó en el caso Odebrecht y en la compra de la planta de Agronitrogenados.

“Él va a declarar. Está, según entiendo, aceptando la extradición por un acuerdo con la fiscalía para lograr algunos beneficios en cuanto a su posible consignación y condena aportando información, es decir, dando a conocer lo que sucedió. Esto es muy importante”, dijo AMLO.

El mandatario aseguró que daba mucha vergüenza que en otros países, por el caso de Odebrecht, estaban en la cárcel altos funcionarios, hasta presidentes, y en nuestro país no había sucedido absolutamente nada; refirió que por eso México era el “campeón”en impunidad.

Indicó que con la información que aporte Lozoya Austin se podrá reparar el daño que se hizo, y así ayudar a sanear la vida pública del país. Dijo que se podrá conocer qué sucedió y cómo es que se recibían los soborno, y sobre todo, a dónde iba a parar y a quiénes beneficiaron.

AMLO señaló que en el mensaje que ofreció el Fiscal, Alejandro Gertz Manero, habló un poco de que había personas relevantes, lo que le llamó la atención.

Señaló que tal como lo dijo el titular de la FGR, se podrá esclarecer las responsabilidades de todos los involucrados y sus beneficiarios, incluyendo personas de relevancia, que en términos coloquiales, son los llamado “machuchones”, personas de relevancia o grupos políticos.

Añadió que una vez que se conozca toda la verdad, se podrá aclarar y evidencial cómo funcionaba el régimen corrupto, además de que cabe la posibilidad de que se recupere algo de dinero de todo lo que el se involucro en dichas operaciones.

Al ser cuestionado sobre si las investigaciones y lo que de a conocer Emilio Lozoya podría involucrar al expresidente Enrique Peña Nieto, López Obrador dijo que no tenía elementos para opinar, pues será la Fiscalía quien lo determine de acuerdo a la información que reciba y las investigaciones que realice.

El despacho Coello Trejo y Asociados, que encabeza Javier Coello Trejo, informó este martes que desde hace un mes ya no está al frente de la defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

A través de un comunicado,el abogado informó que la separación de la defensa de Lozoya se dio de común acuerdo con el exfuncionario y con su familia.

Explicó que la decisión se debió a que hubo “divergencia sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas”, pues recordó que el despacho siempre se ha caracterizado en ser leal a sus principios y convicciones.

Por ahora no se conoce qué abogado o qué despacho representará a Emilio Lozoya, pues la confirmación de los cambios en su defensa se dan luego de que se informara que el exdirector de Pemex aceptó su extradición a México, desde España, donde fue detenido en febrero pasado.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, indicó que Lozoya Austin aceptó ser entregado a las autoridades mexicanas, «ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados».

Lozoya enfrentará en México acusaciones por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, delitos derivados de la transferencia de 12.5 millones de dólares de Odebrecht y de Altos Hornos de México (AHMSA) a cuentas en Suiza ligadas a él y a su familia, que supuestamente sirvieron para adquirir dos residencias.

Tras conocerse la decisión de aceptar la extradición y colaborar con la FGR, la pregunta que se ha generado es qué hay detrás de este vuelco en la defensa de Lozoya Austin, luego de que pasaron más de cinco meses de que se formuló la solicitud de extradición y él la rechazó.

“Don Emilio logró amarrar una negociación para dar con un pez aún más gordo”, refiere la columna Bajo Reserva Exprés de El Universal, pues recordaron las declaraciones que su entonces abogado, Javier Coello, hizo en diversas ocasiones: Emilio Lozoya “no se mandaba solo”.

Esta mañana, en conferencia de prensa virtual, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó sobre los avances en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y de la extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Gertz Manero informó que la FGR solicitó 46 ordenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios de Guerrero, a quienes se les acusa de desaparición forzada y delincuencia organizada. Precisó que dichos delitos no han sido investigados ni judicializados en las dirigencias realizadas por la entones Procuraduría General de la República (PGR).

Detalló que las nuevas 46 ordenes de aprehensión se suman a las obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la dependencia, entre los que se encuentra Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quién huyó del país.

El Fiscal informó que ya hay una orden de aprehensión y ficha roja de Interpol en contra de Zerón de Lucio, para su localización a nivel internacional y su eventual extradición.

Adicional, recordó que entre los avances en la investigación está la detención de José Ángel “N”, alías “El Mochomo”, quien dijo, fue un participante de gran notoriedad en la desaparición de los normalistas.

Gertz Manero señaló que en septiembre de 2014, la PGR consignó a diversos funcionarios, mismos que fueron puestos en libertad debido a inconsistencias en el proceso, tales como detenciones arbitrarias, tortura, dilación en la puestas a disposición y violaciones al procedimiento.

En ese sentido, apuntó que en 2019, la nueva Fiscalía inició nuevas investigaciones por delitos que no habían sido tramitados, como el de desaparición forzada de las víctimas y delincuencia organizada.

Indicó que finales de esta semana, se espera poder judicializar a otros funcionarios de diversos niveles, e informar sobre los restos óseos que se han mandado a analizar.

“Se acabó la verdad histórica”, sentenció Gertz Manero al afirmar que habrá transparencia y legalidad en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Sobre el segundo caso, el titular de la FGR señaló que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presentó formalmente su solicitud por la que acepta la extradición que se formuló al gobierno de España.

Indicó que Lozoya Austin aceptó ser entregado a las autoridades mexicanas, “ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados”.

Acusó que la anterior administración, vía la PGR, inició en enero de 2017, una investigación por delitos patrimoniales en el caso de la empresa Odebrecht, la cual no se concluyó en más de dos años; razón por la  que al inicio de la FGR, se retomó el caso para establecer los delitos cometidos y los posibles responsables.

Detalló que en lo referente a Emilio Lozoya, al Fiscalía obtuvo el aseguramientos de inmuebles vinculados con el delito de lavado de dinero, aunado a que Pemex también denunció ante la FGR, delitos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso de la empresa Agro Nitrogenados.

“Investigaciones permitieron a esta Fiscalía, en los meses de mayo y julio del año pasado, obtener del Poder Judicial Federal, órdenes de aprehensión en contra de la persona referida, tanto en el caso Odebrecht, como en el caso de Agro Nitrogenados”, describió Gertz Manero.

Recordó que una filtración sobre la investigación, permitió a Emilio Lozoya huir del país, y durante ocho meses, con la participación de Interpol, se realizó una búsqueda internacional en distintos países, resultado en su aprehensión en Málaga, España en febrero pasado.

Adelantó que una vez que Lozoya Austin sea puesto a disposición de las autoridades mexicanas, se iniciarán las diligencias para esclarecer las responsabilidades de todos los involucrados y sus beneficiarios, incluyendo personas de relevancia o grupos políticos que hayan participado, o se hayan beneficiado del daño a la nación cometida.

La actual dirigencia de Morena, a cargo de Alfoso Ramírez Cuellar, presentó a inicios de semana una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra Yeidckol Polevnsky, por haber autorizado el pago de 395 millones de pesos por concepto de obras a inmuebles que no se han llevado a cabo.

Y aunque se trata de una denuncia de hechos, por lo que será el Ministerio Público quien determine los delitos que se persigan, Morena espera que a Polevnsky se le imputen los delitos de daño patrimonial y lavado de dinero.

Se espera que en breve, la Fiscalía informe sobre qué instancia se encargará de dar trámite a la denuncia, aunque se ha señalado que podría ser la fiscalía anticorrupción quien atraiga la denuncia.

Y es que de acuerdo a una auditoria que ordenó Ramírez Cuellar a su llegada a la dirigencia nacional, la Secretaría de Finanzas de Morena, aún con Polevnsk al frente, autorizó un pago de 395 millones de pesos a dos empresas pertenecientes a Grupo Ebor.

Polevnsky firmó el 29 de diciembre dos contratos por concepto de obras de remodelación, adaptación y mantenimiento, así como suministro de mobiliario, equipo de cómputo y sistemas de seguridad para las oficinas que adquiriera el partido. El pago correspondiente se realizó días después de la firma.

La actual dirigencia del partido ha señalado que los pagos efectuados constituyen un daño patrimonial al partido debido a que las obras contratadas no se llevaron a cabo.

Por su parte, la Secretaria General de Morena, ha declarado que las obras no se realizaron porque desde que dejó la dirigencia, no se ha permitido iniciar los trabajos de las empresas contratadas. La exdirigente del partido sostiene que no cometió ninguna irregularidad, y que todas las compras y contratos se realizaron conforme a la ley.

Desde 2017, cuando Polevnsky llegó a la dirigencia nacional, el partido compró inmuebles y realizó pagos por un valor de 809 millones de pesos.

Un tribunal federal confirmó este lunes la condena de 9 años de prisión impuesta al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

La resolución dictada por el Tercer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México fue emitida ante e recurso de apelación presentado por la defensa del expriísta, contra la sentencia del 26 de septiembre de 2018 en la que fue condenado a 9 años de prisión, al decomiso de 40 propiedades y a pagar 58 mil pesos como multa.

Sin embargo, lo que sorprendió este lunes es la decisión de la magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, Isabel Porras Odriozola, de anular la medida de decomiso de las 40 propiedades ligadas a Duarte.

La magistrada indicó que la anulación de la medida de decomiso a los inmuebles se debe a que dichas propiedades pertenecen a personas que aún no han sido condenadas.

Duarte cumple este 20202, 3 años de permanecer en prisión, mismos que se tomarán en cuenta sobre la compurgación de su pena, por lo que de los nueve años de condena que recibió, solo le restan por cumplir seis.