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La Secretaría de Salud informó que en la semana epidemiológica número 22, que comprende del 29 de mayo al 4 de junio, se contagiaron de COVID-19 2 mil 700 personas en promedio por día en el país.

El dato llega luego de que a inicios de esta semana se advirtiera sobre el inicio de la llamada quinta ola de contagios de la pandemia, y de que las autoridades sanitarias reconocieran el aumento de casos.

La dependencia indicó que en las últimas 24 horas la disponibilidad de camas generales y con ventilador mecánico para la atención de pacientes con COVID-19 se mantiene en 97% y 99%, respectivamente, lo que evidencia que el aumento de contagios no se ha traducido en afectaciones mayores a la población.

Según el Informe Técnico Diario COVID-19, se tienen cinco millones 802 mil 672 casos confirmados en el país, de los cuales 28,473 son casos activos.

Se da seguimiento a 710 mil 050 casos sospechosos en total, mismos que incluyen los casos sospechosos sin muestra, los casos sospechosos sin posibilidad de resultado y los sospechosos con posibilidad de resultado. Se han descartado nueve millones 598 mil 405 personas de COVID-19.

El número de muertes totales asociadas al virus es de 325 mil 055 y adicional hay 14 mil 046 defunciones clasificadas como sospechosas, es decir, se encuentran en espera de un resultado de laboratorio o que están en proceso de asociación-dictaminación clínico–epidemiológica.

La Secretaría de Salud reiteró que es necesario mantener las medidas básicas de prevención: uso de cubrebocas donde sea necesario y de acuerdo con las medidas dispuestas en cada localidad; sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol-gel, además de ventilación de espacios.

Recordó que en caso de síntomas de COVID-19, la persona debe aislarse por al menos siete días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad.

La cifra de homicidios dolosos se redujo 11.35% en abril, al registrarse 2,547 crímenes frente a los 2,873 del mismo mes de 2021, informó este lunes la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Con estas cifras, hubo un total de 9,895 víctimas de homicidio, 82 diarias, en el primer cuatrimestre de 2022, una disminución de 12.3% frente al periodo de enero a abril de 2021, cuando se registraron 11,287, un promedio diario de 94.

Los datos de abril también representan una reducción de 3.92% frente a marzo, cuando el gobierno reportó 2,651 homicidios, la cifra mensual más alta de 2022.

“Este es el mes de abril más bajo desde hace 5 años, se mantiene esta tendencia con esta disminución”, dijo la funcionaria al intervenir en la conferencia matutina de Palacio Nacional, donde se presentó el reporte mensual en la materia.

Rodríguez expuso que seis estados concentran casi 50% de los homicidios del país en los primeros cuatro meses del año, con un total de 4,850 víctimas: Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Sin embargo, destacó que en los 50 municipios prioritarios que concentran casi 40% de los homicidios hubo una disminución interanual de 16.7% en este delito entre enero y abril de este año.

La funcionaria detalló que en abril de 2022 hubo 82 feminicidios, la misma cifra que en el mismo mes del año pasado; aunque  la cifra representa un aumento de 9.3% respecto a los 75 feminicidios que se registraron en marzo pasado.

Comparó el dato con otro periodo, para poder hablar de una disminución. “Respecto al feminicidio, también tenemos una baja respecto del máximo histórico que tuvimos en (agosto) de 2021 y seguimos trabajando con los diversos estados”, defendió Rodríguez.

La titular de la SSPC también notificó 47 víctimas de secuestro en el cuarto mes de este año, una disminución del 26.56% ante las 64 de igual mes de 2021. “Este mínimo histórico de abril de 2022 no ocurría, no tenemos otra cifra igual, desde hace más de 10 años”, resaltó.

Por otro lado, se informó que el robo se redujo en 1.27% interanual, con 48,520 en el mismo mes frente a los 49,146 de abril de 2021.

Además, la titular de la Secretaría de Seguridad explicó que hubo una disminución interanual de 3.01% en los delitos del fuero federal, con 6,487 crímenes en abril de 2022 comparados con 6,688 en el mismo mes del año pasado. En el acumulado, los delitos del fuero federal han decrecido 28,4 % desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder (diciembre de 2018).

“Hoy se trabaja con estrategia, con inteligencia y con acciones concretas para minar estructurar criminales. Estamos en el camino correcto”, aseguró Ros Icela Rodriguez.

En tanto, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, informó que la corporación tiene más de 105,000 miembros desplegados en todo el país, mientras que Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, señaló el despliegue de 188,485 integrantes de las Fuerzas Armadas, de los que casi 29,000 están en tareas de migración en las fronteras, y más de 123,800 en seguridad pública.

El gobierno de la Ciudad de México presentó en conferencia de prensa un informe sobre las “inconsistencias y contradicciones” técnicas del tercer informe que realizó la empresa DNV sobre el derrumbe de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro.

Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil apuntó que el objetivo del gobierno capitalino al contratar a la empresa era que investigara el accidente de la Línea 12 para conocer las causas de lo sucedido y, a su vez, contar con la información que evitara que un incidente igual o similar volviera a ocurrir en el futuro. Recordó que el 16 de junio del 2021, DNV entrego a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil el Dictamen Técnico Preliminar Fase I, en el cual se centró en el hallazgo de deficiencias en la construcción del tramo colapsado.
https://twitter.com/GobCDMX/status/1524510031332446212
 El 7 de septiembre del 2021, la empresa entregó el Dictamen Técnico Final Fase II, en el cual concluyó que el colapso se debió a problemas de diseño y construcción; específicamente, señaló la mala colocación o ausencia de pernos y soldaduras deficientes; adicionalmente, concluyó que la falta de apego a la normatividad de construcción de puentes en el Proyecto Ejecutivo también había contribuido al colapso. Precisaron que fue desde esa fecha que se comenzaron a detectar diversas deficiencias e inconsistencias en el análisis realizado por DNV, las cuales fueron señaladas en las reuniones presenciales con el Comité de Apoyo del Gobierno de la Ciudad de México. Entre otros temas, indiaron, se planteó a DNV la existencia de contradicciones importantes al señalar que se debían hacer inspecciones conforme al Manual de Mantenimiento y, al mismo tiempo, que establecieron que el manual era deficiente.  Enfatizaron que el contrato entre la empresa y el gobierno local, en su Cláusula Novena establece que la Secretaría podrá verificar la calidad del servicio contratado y en caso de detectar y/o determinar la existencia de alguna deficiencia, se le notificaría por escrito a fin de que proceda a corregirlas. Fue el 15 de febrero del 2022 cuando se envió a la empresa un oficio en el cual se le hicieron una serie de comentarios y observaciones, por considerar que el trabajo aún no cumplía con lo establecido en el contrato y, por tanto, no permitía identificar con claridad la causa-raíz del colapso. Así, las autoridades insistieron en que el Reporte Único de Resultados de Análisis Causa-Raíz Fase III contrasta con los documentos correspondientes al Dictamen Técnico Preliminar Fase I y el Dictamen Técnico Final Fase II, que sí contaron con los elementos suficientes y la calidad requerida.
Revelaron que DNV usó imágenes de Google Street View como referencia para llegar a conclusiones en el análisis estructural, pese a que los términos de servicios de Google son explícitos al señalar que las imágenes de sus servicios de Google Maps o Google Earth pueden diferir de las condiciones reales del sitio. También señalaron que se le solicitó a la empresa que se apegara a la implementación de la metodología presentada originalmente por la propia empresa, llamada “Técnica de Análisis Sistemático de Causas basado en Barreras, BSCAT”. Dicha metodología tiene como objetivo identificar las barreras preventivas que, de haber funcionado, el colapso podría no hubiera ocurrido.
Específicamente señalaron que hay una inconsistencia grave por parte de DNV al decir que una inspección rutinaria, definida en un manual deficiente, podría corregir un error de diseño grave.
“Esta es la inconsistencia: la Barrera cuatro que mencionan no podría haber corregido un error de diseño grave… que aun si no hubieran existido las fallas de construcción, existía el error de diseño grave”, dijo el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina. Otra inconsistencia es cuando la empresa mencionan que no se realizaron inspecciones rutinarias, siendo que más adelante reconocen que sí, que se entregaron los resultados de las inspecciones 2019 y 2020. El Reporte Tres también menciona que se debieron de haber realizado inspecciones basados en el Manual de Mantenimiento, cuando DNV reconoce que se debe de revisar y corregir dicho manual, dado que presenta deficiencias importantes, particularmente en lo que se refiere a inspecciones. “Entonces, por un lado dicen: debes de realizar inspecciones con el Manual de mantenimiento, y por otro lado te dicen: El Manual de Mantenimiento está mal, está deficiente y no te da elementos para hacerlas adecuadamente ni te define criterios precisos”, añadió el funcionario. Luego de exponer las contradicciones y elementos técnicos, Esteva Medina dijo que se confirmaba que el Reporte Tres contiene contradicciones y fallas técnicas respecto al Reporte Uno y Dos, razón por la cual ha sido rechazado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

La semana pasada, el gobierno de la Ciudad de México rechazó el tercer informe del peritaje independiente que realizó la empresa noruega DNV sobre el desplome de la Línea 12 del Metro, ocurrido hace un año, cuyo saldo fue de 26 personas sin vida y cerca de un centenar de heridos.

La Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que el trabajo realizado por DNV era tendencioso y falso, además de que se había detectado un conflicto de interés, pues un abogado que en el pasado litigó en contra del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El tercer informe de DNV era desconocido, por lo que se especulaba si su contenido afectaba de algún modo a la actual administración capitalina, y que ese fuera el verdadero motivo de los procesos administrativos y judiciales que el gobierno anunció en contra de la empresa.

Sin embargo, este lunes, el diario español El País, accedió en exclusiva al informe, en el que por primera vez se señalan fallas en las inspecciones y mantenimiento, como causas concurrentes del desplome, lo cual implicaría a la actual administración.

Los nuevos señalamientos se suman a los problemas de diseño, la construcción y la supervisión de la obra; se señala que de haberse atendido los problemas, se habría evitado el colapso del tramo elevado.

Se habla de un desgaste estructural provocado a lo largo de las últimas tres administraciones, por una supuesta falta de mantenimiento y de inspecciones regulares. Se señala la falta de trabajo en las administración de Ebrard, Mancera y Sheinbaum.

El informe de DNV apunta cuatro factores que pudieron haber prevenido el derrumbe; las tres iniciales se refieren al diseño de la obra; su certificación, y las deficiencias en su construcción. Sin embargo, el cuarto factor es la falta de mantenimiento e inspecciones a la Línea 12.

Al respecto, esta tarde durante su conferencia de prensa diaria, la Jefa de Gobierno reiteró que el informe de DNV tiene un sesgo político. Insistió en el conflicto de interés del abogado al que con anterioridad vinculó con MCCI.  También dijo que la empresa se había negado a hablar de los reportes, y ahora, la empresa filtró un documento pese al acuerdo de confidencialidad. “No es algo técnico, hay un sesgo político”.

Recordó que no DNV no ha cumplido metodológicamente con lo que se comprometieron en el contrato.

También mencionó que en el propio reporte se pone al mismo nivel los problemas en el diseño, la construcción, certificación y mantenimiento, a lo que dijo, ningún inspección de mantenimiento podría haber detectado una falla en el diseño.

Afirmó que todos los reportes sobre el mantenimiento que se le ha dado al Metro, son públicos y cumplen con todo lo que se necesita y lo que la ley exige. Por ello, Sheinbaum sostuvo que el gobierno de la Ciudad de México politizó un asunto que es técnico.

Al menos 3,309 civiles han muerto y 3,493 resultaron heridos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, indicó hoy el último informe actualizado de víctimas no militares del conflicto que elabora la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Entre los asesinados hay 234 niños, y otros 330 menores de edad han resultado heridos en el transcurso del conflicto, destacó la oficina dirigida por la alta comisionada, Michelle Bachelet.

Más de la mitad de las víctimas confirmadas por Naciones Unidas murieron en la región del Donbás (1,754), mientras que los 1,555 restantes perecieron en zonas bajo control del gobierno ucraniano, incluyendo regiones alrededor de las ciudades de Kiev, Járkov, Mikolaiv y Odesa, entre otras.

La mayor parte de las víctimas fallecieron por ataques de artefactos explosivos con gran área de impacto, incluyendo bombardeos con artillería pesada y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, indicó la oficina de la ONU.

El organismo insiste en que la cifra real de víctimas civiles puede ser mucho mayor a los por ahora confirmados, ya que no se tienen datos completos de lugares con intensos enfrentamientos, como las cercadas localidades de Mariúpol, Izium y Popasna.

Naciones Unidas recuerda que el ataque deliberado a civiles o infraestructuras no militares (hospitales, escuelas, etc.) es considerado crimen de guerra por el derecho internacional.

En tanto, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) añadió que sigue recibiendo pruebas de graves violaciones de derechos humanos en la invasión rusa que incluyen ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios, desplazamiento forzado de poblaciones a Rusia y Bielorrusia, así como tortura y maltrato de detenidos.

Entre las principales víctimas de estos abusos se encuentran activistas sociales, voluntarios de organizaciones humanitarias, veteranos de la guerra iniciada en 2014, soldados del ejército ucraniano o “simples ciudadanos de a pie que apoyan la integridad territorial de Ucrania”, denuncia OMCT.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ofreció hoy su conferencia de prensa matutina, ya que esta tarde ofrece un mensaje por los 100 días del cuarto año de gobierno.

Se trata de uno de los informe trimestral que ha venido ofreciendo desde que asumió la presidencia en diciembre e 2018.

“Mañana martes vamos a tener este informe y entonces no vamos a estar en la mañana, y el miércoles sí, pero no vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el lunes”, informó López Obrador ayer en su mañanera, con lo que adelantó que tomará unos días de vacaciones, con motivo del periodo de Semana Santa.

López Obrador viajará a Palenque, Chiapas, donde había indicado que seguiría de cerca la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados; sin embargo, ésta ha sido aplazada hasta el próximo domingo.

Al menos 25 defensores del medio ambiente fueron asesinados en México durante 2021 y el total de agresiones de diversos tipos fue de 238, reportó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Con estas cifras, el 2021 se apuntó como el año más violento para la defensa del patrimonio natural en México desde el año 2014, fecha en que el CEMDA elaboró su primer informe.

En el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales que anualmente elabora la ONG, se informó que en 2021 “el número de personas defensoras asesinadas fue de 25, es decir, 7 casos más que en 2020”.

Los estados de Oaxaca, Guerrero, Sonora y Morelos fueron las entidades con el mayor número de agresiones letales en contra de personas defensoras.

En el reporte se precisó que en el periodo que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 ocurrieron, al menos, 108 eventos de agresión en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

“Cabe señalar que en un evento de agresión se pueden perpetrar varias agresiones de diversos tipos, por lo cual, el número total de éstas fue de 238. Esto significa que el número de eventos de agresión se incrementó en un 66.15% y las agresiones aumentaron 164.44% respecto al año 2020”, indicó la organización.

Según CEMDA, la agresión más común fue la intimidación con 65 registros (27.31% del total), seguida por el hostigamiento con 36 registros (15.13%), las amenazas con 31 registros (13.03%), las agresiones físicas con 24 registros (10.08%) y los homicidios con 22 registros (9.24%), entre otros.

“En cuanto a los homicidios, por tercer año consecutivo se registró un aumento en el número de personas defensoras ambientales asesinadas”, señaló el reporte.

De esta manera, el año 2021 se ubica como el segundo lugar en agresiones letales desde el inicio de la labor de investigación del CEMDA (2014), solo por detrás de las 29 personas defensoras víctimas de homicidio registradas en el 2017.

La ONG expuso que “al menos 58 personas defensoras ambientales han sido asesinadas en lo que va de la actual administración federal”, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien llegó al poder el 1 de diciembre de 2018.

Entre los estados con el mayor número de ataques letales, el primer lugar lo ocupa Oaxaca, donde se contabilizó un total de 8 personas defensoras asesinadas durante el 2021, de las cuales 2 se tratan de probables ejecuciones extrajudiciales.

Expuso que el caso que destaca por la violencia que lo rodea es el de Paso de la Reina, comunidad de personas chatinas, mixtecas y afromexicanas que, desde hace décadas resiste ante la construcción de una hidroeléctrica en la cuenca del Río Verde.

Durante 2021 en dicha comunidad fueron asesinados en el marco de dicho conflicto Fidel Heras Cruz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes, Jaime Jimenez Ruiz, Manuel Cartas Pérez, Jacinto Hernández Quiroz e Isidoro Hernández.

Le siguen los estados de Guerrero, Sonora y Morelos con el mayor número de agresiones letales después de Oaxaca. En Guerrero se documentaron cuatro asesinatos (Isaías Elacio Palma, Carlos Marqués Oyorzábal, Marco Antonio Arcos y Ramiro Ventura Apolonia).

Sonora registró también cuatro asesinatos (José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega, Luis Urbano Domínguez Mendoza y Tomás Rojo Valencia), los dos últimos pertenecientes a la comunidad indígena Yaqui, y en Morelos se registraron tres homicidios (José de Jesús Sánchez García, RodrIgo Moralez Vázquez y Alejandro García Zagal).

Las autoridades federales informaron este jueves que ya tienen identificados a los dos presuntos autores materiales del asesinato del periodista Armando Linares en Zitácuaro, Michoacán, perpetrado el pasado martes.

“Hay avances muy importantes. Ayer mismo el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y la secretaria (de Seguridad) Rosa Icela (Rodríguez) instruyeron que un grupo se constituyera en la escena junto con la Fiscalía de Michoacán y se pudieron recuperar indicios y material probatorio que nos permiten tener identificados visualmente a los autores materiales”, explicó Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública.

El periodista Armando Linares, director de Monitor Michoacán, fue asesinado este martes a balazos en el municipio de Zitácuaro, afuera de su casa y frente a sus hijos.

“Ya están identificados dos sujetos, probables autores materiales del homicidio de Armando Linares”, agregó el funcionario federal.

Tal y como ya adelantó este miércoles el mandatario López Obrador, se destacó que Linares no quiso adherirse al mecanismo de protección.

“Subrayar que a esta persona fallecida, lo cual reprobamos y lamentamos mucho, se le ofreció tanto por el mecanismo estatal de protección de periodistas como por el mecanismo nacional en varias ocasiones, que se pudiera sujetar a este programa de protección y de cuidado. Él rechazó cualquier medida de protección”, apuntó el funcionario.

Dijo que dos de sus compañeros sí se ciñeron a este mecanismo y ya no están en la región, sino sujetos a un mecanismo de protección plena.

Apoyado con imágenes, el funcionario explicó la cronología de los hechos. En ellas se ve que primero dos “halcones”, como se le conoce a los informantes del crimen organizado, observaron el domicilio de la víctima mientras iban en moto. Incluso, uno de ellos se entrevistó con vecinos.

Una hora después se acercó un hombre con traje negro y corbata roja, que saludó con un apretón de manos a Linares. “Ya sabía de él”, apuntó Mejías. “Se acerca, saluda a Armando y se quedan platicando en el lugar”, añadió.

Luego, fueron caminando hasta el domicilio del periodista y allí le agrede “con armas de fuego, con una pistola, y lo asesina y después sale de la escena del crimen”.

Y aunque se presentaron los avances de la investigación que se tienen en relación a este crimen, lo que llamó la atención es que para el gobierno federal la cifra de comunicadores asesinados por su labor se reduce a seis, cuando el recuento de diversas organizaciones es de ocho.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF) y diversas fuentes más, se contabiliza la muerte de 8 comunicadores en lo que va de 2022:

  • José Luis Gamboa Arenas, de Veracruz.
  • Margarito Esquivel Martínez y Lourdes Maldonado, de Baja California.
  • Roberto Toledo y Armando Linares, de Michoacán.
  • Heber López, de Oaxaca.
  • Jorge Luis Camero Zazueta, en Sonora
  • Juan Carlos Muñiz, en Zacatecas.

Según la información compartida, el gobierno federal no contabiliza a Roberto Toledo como periodista asesinado por su labor, pese a que colaboraba precisamente en Monitor Michoacán, el mismo medio que dirigía Linares, así como el de Jorge Luis Camero Zazueta, ocurrido en Sonora el 24 de febrero de 2022.

Sobre el asesinato de José Luis Gamboa Arenas, del 10 de enero de 2022 en Veracruz, se indicó que no hay detenidos hasta el momento.

Sobre el homicidio del periodista Margarito Martínez, ocurrido el 17 de enero de 2022 en Tijuana, Baja California, hay 10 personas detenidas pertenecientes a una organización criminal, de los cuales 3 ya fueron vinculados a proceso por el homicidio. En el caso del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, también ocurrido en Tijuana, se informó que hay 3 detenidos vinculados a proceso.

Se informa que fueron detenidas 2 personas por el homicidio del periodista Heber Fernando López, en Salina Criz, Oaxaca el 10 de febrero de 2022. Fue detenido también el presunto autor material del homicidio del periodista Juan Carlos Muñiz, en Zacatecas, el pasado 4 de marzo.

En resumen, las autoridades indicaron de los 6 asesinatos de periodistas, hasta el momento se han logrado 16 detenciones.

El primer ministro británico Boris Johnson recibió las conclusiones de la investigación que ordenó sobre las fiestas organizadas por su gobierno a pesar del confinamiento sanitario ordenado por la crisis del COVID-19 que se vivía en ese momento.

Sin embargo, los hallazgos en tornos a las acusaciones más severas siguen en reserva mientras la investigación policial sigue su curso.

Sin embargo, la prensa local ha reportado que la investigación señala “fallos de liderazgo y juicio” en las oficinas del primer ministro británico. “Hubo fallos de liderazgo y juicio por diferentes partes en Downing Street y en la Oficina del gabinete en diferentes momentos. Algunos eventos no deberían haberse permitido”.

La Oficina del Gabinete informó que la funcionaria civil Sue Gray “ha entregado una actualización sobre sus investigaciones al primer ministro”.

El despacho de Johnson anunció que el reporte será publicado en breve y que el primer ministro hablará ante el Parlamento sobre el tema en las próximas horas.

Pero la “actualización” probablemente no lo dirá todo sobre las denuncias que han estremecido al gobierno de Johnson. Algunas de las conclusiones de Gray están bajo reserva a solicitud de la policía, que ha lanzado una investigación independiente sobre si algunas de las fiestas violaron las normas por el COVID-19.

Las acusaciones han provocado un descontento popular, llamados a que Johnson renuncie incluso por parte de parlamentarios de su propio partido y pugnas internas en el partido de gobierno.

Johnson niega haber cometido algún violación a las disposiciones, y ha dicho que no tiene “la más mínima intención” de renunciar.

Pero su control sobre el poder se ha visto debilitado por denuncias de que él y sus asesores violaron las estrictas restricciones que le impusieron al país en 2020 y 2021, con un total de 16 fiestas celebradas durante los confinamientos en Downing Street.

La publicación del reporte de Gray se vio demorada luego que la Policía Metropolitana lanzó su propia pesquisa en torno a las acusaciones más graves. La fuerza indicó que había pedido que el reporte de Gray haga solo “una referencia mínima” a los eventos investigados por los detectives “a fin de evitar todo prejuicio en nuestra investigación”.

La oposición acusa al gobierno de tratar de suavizar un reporte que podría desatar un intento de derrocar al primer ministro por su propio partido. Algunos parlamentarios conservadores dicen que pedirán un voto de censura si Gray halla que Johnson cometió algo ilegal o mintió al Parlamento sobre sus actividades.

No queda claro si todas las conclusiones de Gray serán publicadas una vez concluida la investigación policial.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al gobierno federal abstenerse de realizar manifestaciones que puedan influir en la Revocación de Mandato que podría llevarse a cabo en abril del próximo año.

“Desde una perspectiva preliminar y en apariencia del buen derecho, el titular del Ejecutivo Federal realizó promoción indebida del proceso de Revocación de Mandato que, posiblemente se lleve a cabo el próximo año”, indicó el INE.

Esto, precisó, al invitar expresamente a la ciudadanía a participar, contraviniendo con ello la normativa constitucional y legal, y los principios de imparcialidad y neutralidad, así como al deber de cuidado para no influir de manera indebida en dicho proceso.

La decisión del Instituto llega luego de que el PRD solicitara medidas cautelares en contra de López Obrador por la presunta utilización indebida de recursos públicos al haberse referido al proceso de Revocación durante la celebración de los tres años de gobierno el pasado 1 de diciembre “con la finalidad de incidir en la preferencia ciudadana”.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, órgano que tomó la decisión, destacó que no se trata de hechos aislados pues, explicó, no es la primera vez que el mandatario emite expresiones relacionadas con dicho proceso “que son aparentemente ilícitas”.

Recordemos que el pasado 8 de noviembre, la Comisión emitió un llamado al Ejecutivo y a los servidores públicos en general para que “ajustaran su contenido a fin de no infringir la norma electoral”, derivado de las expresiones realizadas en las conferencias de prensa matutinas del 3 y 5 de noviembre pasados.

Adicionalmente, se ordena a la Consejería Jurídica; a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería; al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), y a cualquier otra persona servidora pública que participe dentro de cualquier formato informativo oficial, se abstengan de presentar, difundir, publicar y poner a disposición de la señal satelital, según correspondan a sus funciones, cualquier promoción al proceso de Revocación de Mandato,  así como de aquellas que vulneren los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, en cualquier espacio o medio de comunicación.

Sobre la Revocación de Mandato, este jueves, el diario La Razón informó que a 17 días de que venza el plazo para la recolección de firmas que avale el ejercicio, se han juntado 791 mil 498 firmas, es decir, el 28.6% del total que se refiere.

Basados en este dato preliminar del INE, faltarían poco más de 2 millones de firmas para lograr que se convoque a la consulta.

Los promoventes, es decir, quienes se registraron para recibir firmas, necesitarían captar 114 mil 410 firmas diarias, asumiendo que todas ellas no presenten inconsistencias. Recordemos que la fecha límite para recibir firmas es el 25 de diciembre.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó este miércoles un aumento global del 22% en el salario mínimo, decisión apoyada por todos los sectores: gobierno, sindicatos y empresarios, según informó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Con el nuevo aumento, el salario mínimo a nivel nacional pasa de 141.70 pesos a 172.87 pesos al día, mientras que en la zona especial de la frontera norte crece de 213.39 pesos diarios a 260,34 pesos.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebró el aumento, pese a que hace un año se opuso a la subida de 15% aprobada por el gobierno y los sindicatos.

“El CCE y los organismos que lo integran refrendan su solidaridad y el compromiso de mejorar el ingreso de las y los trabajadores que menos ganan”, indicó.

Con este aumento, el salario mínimo cubrirá el 74% de la línea de bienestar familiar definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), mientras que en la frontera norte alcanzará el 112%.

Aun así, el CCE advirtió de los riesgos de la inflación, que tuvo un aumento anual de 7.05 % en la primera quincena de noviembre, la tasa general más alta desde hace 20 años.

“Iniciamos una fase de recuperación económica con altos niveles de inflación que es necesario contener para evitar implicaciones adicionales a la caída económica que sufrimos a causa de la pandemia”, argumentó el organismo empresarial, cuyos socios representan 80 % del producto interno bruto (PIB).

El salario mínimo ha aumentado un 42% en términos reales desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en diciembre de 2018, según presumió el mandatario la semana pasada. Además el anuncio de este nuevo aumento coincide con el mensaje que ofrecerá en el Zócalo para conmemorar los 3 años de llegar al poder.

López Obrador defendió que el incremento del salario no aumenta la inflación. “Los incrementos al salario mínimo en el periodo neoliberal en 36 años eran si acaso la inflación y en algunos años el aumento al salario estaba debajo de la inflación, por eso se deterioró completamente el poder adquisitivo del salario”, sostuvo el mandatario en su conferencia del viernes.

El incremento que entrará en vigor en 2021 se suma al de 15% de inicios de año, al del 20% de 2020 y al de 16% en 2019, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebra este 1 de diciembre tres años de llegar al poder, con una popularidad resistente pese a los diversos señalamientos y críticas a su gobierno, especialmente por la crisis de violencia que se vive en gran parte del país.

Tras años en la oposición, López Obrador llegó al poder el 1 de diciembre de 2018 tras un rotundo triunfo electoral que lo erigió como el líder del cambio en el país. Pero tres años después, la gestión del fundador de Morena se ha caracterizado, en buena medida, por la polarización del país y los choques con sus opositores, su mejor arma para tapar la falta de resultados en muchos rubros. Todo ello en medio de la crisis económica y social derivada de la pandemia.

El presidente encabeza de lunes a viernes su conferencia matutina, que suele ocupar para explica sus programas de gobierno y defender sus decisiones. La “mañanera” se ha convertido en una gran estrategia comunicativa que, sumada a sus incesantes giras por el país, han conseguido que su popularidad continúe inusualmente alta.

De acuerdo al promedio de encuestas de Oraculus, 62% de los mexicanos aprueba la labor de López Obrador; 33% lo desaprueba.

A 71 meses de gestión, AMLO se encuentra solo por debajo de uno de sus antecesores. Ernesto Zedillo registraba una aprobación del 67%. Supera a Vicente Fox quien gozaba de una aprobación del 61%, Felipe Calderón con 59% y Enrique Peña Nieto con 23%.

Aunque López Obrador llegó al poder apelando a la unión de todos los mexicanos y, como ha dicho en muchísimas ocasiones, “sin afán de venganza”, ha ocupado la tribuna presidencial para arremeter constantemente contra sus “adversarios”, que cada vez son más abarca a más grupos: la oposición, los empresarios no afines, los intelectuales contrarios, las ONG’s, los medios de comunicación e incluso a esa parte de la clase media que ha tachado de “aspiracionista”.

Y aunque el mandatario tiene una reunión de seguridad diaria, y sostiene que la estrategia que su gobierno ha seguido es la mejor, las cifras de inseguridad y violencia no han disminuido sustancialmente. El país ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato de López Obrador, con 34,690 homicidios en 2019 y 34,558 en 2020.

A esto se suma el desempeño económico. El Producto Interno Bruto (PIB) cayó 8.2% en 2020 debido a la pandemia de covid19. Pero el país ya registraba una preocupante debilidad económica tras el descenso del 0.3% de 2019. AMLO confía en que el país crezca este año un 6% en buena medida gracias a la entrada en vigor en 2020 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

López Obrador ofrece esta tarde un mensaje desde el Zócalo capitalino, a donde regresa en medio de las alertas por una posible cuarta ola de la pandemia y la preocupación que ha generado la propagación de la variante Ómicron. Pese a esto, el presidente ha hecho una invitación masiva en la que ha dicho que no se prohibirá nada. Solo se ha limitado a decir que quien quiere portar cubrebocas, estará libre de hacerlo.

“Vamos a reunirnos en el Zócalo todos los que quieran asistir. Si se llena mucho, no dejen de llevar su cubrebocas. Miren, aquí lo traigo para cuando se requiere, pero es libre” su uso, apuntó el mandatario esta semana en su conferencia matutina.

 

 

Suman ya 24 detenidos por el caso de nueve miembros de la familia LeBarón, pertenecientes a una comunidad mormona del norte del país, que fueron asesinados en noviembre de 2019, informó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR).

“Cinco han sido acusadas por homicidio calificado, tentativa de homicidio, y daños y participación directa en los hechos. El resto han sido judicializados por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego”, expresó en un comunicado la FGR, que atrajo el caso pocos días después de estos hechos que cumplen dos años este jueves 4 de noviembre.

El organismo detalló también que todos los detenidos se encuentran vinculados a proceso y nadie ha obtenido libertad. Además, se indicó que el personal de la instancia se reunió 18 veces hasta el momento con las familias de las víctimas directas para informarles sobre los avances.

“Integrantes de las familias de las víctimas han estado presentes en cinco audiencias judiciales de formulación, de imputación y de vinculación, por los delitos de homicidio y delincuencia organizada”, preció la Fiscalía.

Por último, compartieron que durante toda la investigación la FGR contó “con el apoyo permanente y decidido” de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La comunicación de la FGR llega después de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fuera preguntado sobre el tema en su conferencia matutina.

“Decir que se avanzó en la investigación, eso es lo que puedo decir, que están detenidos los responsables, que se hizo justicia en este caso lamentable de los niños y las señoras que perdieron la vida en Bavispe y que vamos a seguir nosotros con la investigación y atendiendo a los familiares, y es probable que hoy informe la Fiscalía”, respondió el mandatario.

Apenas el pasado 23 de octubre fue detenido el presunto responsable de la masacre en el municipio de Maderada, en Chihuahua, según informó entonces la Fiscalía estatal. Adicional, derivado de un enfrentamiento, elementos de la SEDENA detuvieron a cuatro personas, entre ellos Francisco Javier Arvizu, alias “El Jaguar”, quien es el presunto responsable de un enfrentamiento que derivó en la masacre de las familias mormonas.

Recordemos que el 4 de noviembre de 2019, hombres armados con rifles de asalto dispararon en una emboscada en la sierra entre Sonora y Chihuahua, contra tres camionetas en las que viajaban mujeres y niños que salieron de la comunidad La Morita en el municipio de Bavispe.

Según una de las versiones oficiales, en el ataque un grupo criminal confundió a las familias con sus rivales, dejando a tres mujeres y seis niños muertos.

La comisión del Senado brasileño que investigó la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro frente a la COVID-19 anunció que presentará mañana su informe final, el cual contendrá graves acusaciones contra el mandatario.

El presidente de la comisión, Omar Aziz, confirmó este martes que mañana será presentado el informe, redactado por el senador Renan Calheiros, que en su condición de instructor ha sido un permanente crítico del negacionismo de Bolsonaro ante la crisis sanitaria, que ya ha matado a más de 600,000 brasileños.

Según han adelantado fuentes próximas a la comisión, el informe contendrá acusaciones contra Bolsonaro, varios de sus ministros y otras autoridades del gobierno, empresarios vinculados al oficialismo y activistas de la negacionista ultraderecha.

La comisión, integrada por once senadores de los cuales cuatro son del oficialismo, fue instalada el pasado 27 de abril y desde entonces ha celebrado 67 audiencias, en las que ha escuchado el testimonio de casi un centenar de personas, incluidos ministros y altos funcionarios del gobierno. También ha analizado documentos electrónicos, muchos todavía de carácter reservado y que, según la propia comisión, contienen el equivalente a casi 10 terabytes de informaciones.

Según Calheiros, el informe recomendará que tanto el mandatario como algunos funcionarios del gobierno y personas del entorno oficialista respondan ante la justicia por múltiples delitos contra la salud pública, los cuales serán detallados en su informe, que será sometido a votación la semana próxima; aunque se ha filtrado que uno de los delitos podrían ser homicidio masivo.

En caso de ser aprobado con mayoría simple por los once miembros de la comisión, el informe será remitido al Ministerio Público, al Tribunal de Cuentas, a otros organismos responsables por fiscalizar la actuación del gobierno y a la Justicia ordinaria, que tendrán la última palabra sobre eventuales enjuiciamientos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) concluyó que el desplome del tramo elevado de la línea 12 que ocurrió en mayo pasado y que dejó un saldo de 26 personas sin vida y cerca de 100 heridos, fue consecuencia de errores en la construcción.

A cinco meses de la tragedia, la Fiscalía capitalina presentó en conferencia de prensa los resultados de las investigaciones realizadas sobre el colapso ocurrido la noche del 3 de mayo.

El Ministerio Público determinó que si bien la falla en la estructura “fue súbita”, la evaluación determinó que el diseño presenta deficiencias que ponían en duda la estabilidad a largo plazo.

“El colapso fue fundamentalmente originado por los errores en su construcción”, afirmó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, al presentar los resultados del informe.

La fiscal general Ernestina Godoy indicó que tras una rigurosa investigación se determinó que la instalación deficiente de los pernos y fallas en las soldadura causaron el colapso del tramo elevado del Metro, tal como se había indicado en informes previos.

Godoy anunció que la Fiscalía cuenta con elementos para imputar penalmente a las personas morales y físicas que tenían a su cargo asegurar que las estructuras el Metro no colapsaran, y agregó que el caso de las personas morales se buscará la reparación de las víctimas.

La fiscal indicó que los implicados en el caso serán imputados por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad.

El dictamen de la Fiscalía coincide con el informe que presentaron el mes pasado autoridades capitalinas y la empresa que se contrató para hacer el peritaje, y que determinó que unos pernos mal soldados, mal ubicados o completamente ausentes que debían unir unas vigas de acero a una capa de hormigón que sostenía la plataforma de las vías fueron los causantes del colapso de la estructura.

El gobierno de la Ciudad de México contrató a la empresa noruega DNV para que determinara las causas del incidente. El informe final llegó a conclusiones similares a las del reporte preliminar de la misma empresa publicado en junio.

La instalación descuidada de los pernos creó una situación en la que la estructura elevada “estaba operando como dos vigas paralelas independientes: una viga de concreto y una viga de acero, que experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas”, según el informe.

Tras presentar el informe, la fiscal Ernestina Godoy anunció que se presentarían las primeras denuncias, aunque no reveló los nombres de los implicados con el argumento de respetar el debido proceso.

“La Fiscalía General de Justicia solicitará en unas horas audiencias ante el Poder Judicial para presentar imputaciones penales por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad en contra de personas físicas”, dijo ayer Godoy.

Pese a los reclamos de los deudos, quienes han denunciado el atraso de las investigaciones, la fiscal aseguró que la prioridad han sido y seguirán siendo las víctimas. Godoy Admitió que primero buscará que existan acuerdos reparatorios entre los implicados y las víctimas para evitar un largo proceso penal.

“Estamos promoviendo este mecanismo antes de que se inicie un proceso complicado y un largo proceso penal ante los jueces, que podría tardar años y con ello generar altos costos emocionales y económicos a las víctimas del colapso”, manifestó.

Recordemos que la línea 12 del Metro se construyó a un costo de 1,300 millones de dólares entre 2010 y 2012, cuando el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, era el Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Sin embargo, el proyecto estuvo plagado de sobrecostos y supuestas fallas de diseño, así como de corrupción y conflictos de interés. Se tuvo que cerrar dicha línea en 2014, apenas 17 meses después de haber sido inaugurada, para reparar o sustituir las vías.

Los ingresos públicos del país, entre enero y agosto de 2021, fueron superiores a lo programado luego de alcanzar 164,901 millones de pesos, un crecimiento real de 5.5% respecto al mismo periodo de 2020, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En su informe “Finanzas públicas y deuda pública a agosto 2021”, la dependencia destacó que los ingresos tributarios sin Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a combustibles, hilaron en agosto cuatro meses consecutivos de crecimiento, y en los primeros ocho meses de 2021 superaron lo proyectado en 88,300 millones de pesos.

“Lo anterior está en línea con la recuperación sostenida de la economía y los esfuerzos constantes por mejorar la recaudación”, señaló la dependencia en el informe ‘Finanzas públicas y deuda pública a agosto 2021’.

Hacienda también señaló que el gasto neto total se ubicó en 4.2 billones de pesos, superior en un 4.5% anual con respecto al periodo enero-agosto de 2020. Además, al interior se observa un mayor gasto programable en 72,700 millones de pesos con respecto a lo calendarizado, “el cual incide directamente en la recuperación”.

La secretaría indicó que como reflejo del manejo estratégico y activo del portafolio de la deuda pública, el costo financiero fue menor en 30.600 millones de pesos a lo programado y disminuyó un 9.2% con respecto a enero-agosto 2020.

Recordó que con el objetivo de ampliar el perfil de vencimientos y reducir el costo financiero del portafolio de deuda gubernamental, el pasado 13 de agosto llevó a cabo una operación de manejo de pasivos en el mercado de deuda local.

En el informe se señaló también que en línea con la recuperación del precio de la mezcla mexicana de petróleo, los ingresos petroleros exhibieron una tasa real anual del 66.4% con respecto al periodo enero-agosto de 2020. Con esto, los ingresos petroleros sumaron 609,586 millones de pesos, pero esta cifra es 7,585 millones de pesos inferior a lo programado.

En tanto, la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 9.8 billones de pesos. El 77% se encuentra denominada en moneda nacional y el 79.9% de valores gubernamentales está a tasa fija y a largo plazo, “reflejando una estructura sólida del portafolio ante los riesgos de los mercados financieros”.