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Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazara el plan de austeridad que el gobierno federal presentó para generar ahorros al interior del Instituto, alegando que quien lo generó desconocía el funcionamiento del  órgano electoral, su funcionamiento, e incluso lo considera «poco serio», este viernes el secretario de Gobernación insistió en que no hay margan para cumplir con la solicitud del INE.

«Desde luego que nosotros ayer mismo indicamos que era un trabajo a profundidad que se había realizado, se revisó todos los rubros del Presupuesto de Egresos 2022 y elevamos esa propuesta, ese análisis para que ellos pudiesen revisarlo y en todo caso aplicar las medidas de austeridad o los ajustes presupuestales, que son los que permitirían casi tres mil millones de pesos, digamos, conformarían esa bolsa, dinero suficiente para llevar a cabo la revocación del mandato, que es una obligación constitucional que reconoció incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación», respondió durante la mañanera Adán Augusto López.

El funcionario reiteró que tal como las autoridades hacendarias, la oficial mayor y el equipo de trabajo y el secretario de la Función Pública, lo informaron ayer en la mañanera, no hay margen en el presupuesto público para cumplir con la petición que presentó el INE, por más de mil 700 millones de pesos.

«Está muy acotado» el presupuesto, enfatizó el titular de SEGOB. Añadió que presupuestalmente ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales, y dijo que no es posible pensar que se vaya a reducir o a detener, por ejemplo, la entrega de las pensiones a los adultos mayores para responder a las demandas del INE.

Además, volvió a señalar que no hay ningún precedente de que a un órgano autónomo se le haya concedido un aumento o un adicional presupuestal.

El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, presentó este jueves un plan de austeridad con el que según sus cálculos, el Instituto Nacional Electoral (INE) podría ahorrar 2,972 millones de pesos, y destinarlos a la consulta de la Revocación de Mandato.

“El resultado de este ejercicio conjunto que se ha presentado le daría al Instituto Nacional Electoral una disponibilidad de 2,972 millones y yo menciono que en el transcurso de hoy vamos a enviar toda esta información», dijo Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

El llamado ejercicio de austeridad incluye recortes por 718.8 millones de pesos en salarios y prestaciones y de 554.5 millones de pesos en gastos de operación, según lo expuesto por Juan Pablo de Botton, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. En este rubro se incluye la cancelación de gastos médicos, arrendamientos, viajes, congresos, telefonía, entre otros aspectos.

Las medidas propuestas no afectarían al personal operativo ni sindicalizado, “ni implica reducir plazas de ningún tipo”, enfatizó el subsecretario de Hacienda.

A ello se suman 830 millones de pesos que el INE tiene este año adicionales a su presupuesto usual y 868.7 millones de pesos de remanentes de dos fideicomisos públicos que tiene a su disposición el Instituto.

El plan de austeridad se presenta un día después de que el INE anunció que solicitará formalmente a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal por 1,738 millones de pesos para garantizar la realización de la consulta que impulsó el Andrés Manuel López Obrador y que está contemplada se pueda realizar el 10 de abril.

El secretario de Gobernación, quien sustituye a López Obrador quien se encuentra en aislamiento por su infección de COVID-19, afirmó que aunque todavía no hay una respuesta formal a la petición del INE, pues no ha llegado de forma oficial, «el presupuesto público de la federación está muy comprometido» porque «hay que garantizar los programas sociales».

“Se concluye que no hay posibilidades, no hay margen en el presupuesto de egresos de la federación que permita destinar cantidades adicionales a una ampliación presupuestal de un órgano autónomo”, sostuvo Adán Augusto López.

Sin embargo, esta mañana, alrededor de las 11:00 horas, el INE entregó formalmente la petición a la Secretaría de Hacienda. No es la primera vez que el gobierno federal y el INE se enfrenta por el presupuesto y las políticas de austeridad de López Obrador.

“No hay precedente en la historia de los presupuestos públicos de que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos, de tal manera que esto es una respetuosa sugerencia, una invitación al Instituto Nacional Electoral», comentó el secretario de Gobernación.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral de México (INE) acordó este miércoles solicitar una partida presupuestal especial a la  Secretaría de Hacienda, con la que busca cumplir con la realización de la consulta de la Revocación de Mandato.

El instituto definió en 1,738 millones de pesos el monto solicitado al gobierno federal para organizar la consulta, la cual está prevista para realizarse el 10 de abril.

«Nadie en su sano juicio podrá acusar a la autoridad electoral de no haber hecho todo lo que está a su alcance para cumplir puntualmente con su mandato legal», dijo el presidente del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante una sesión realizada este miércoles. «Estaremos atentos a la respuesta de la secretaría de Hacienda», agregó.

La decisión del INE viene luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenara hacer ajustes presupuestarios o solicitar una ampliación de recursos a Hacienda para realizar el ejercicio, esto luego de que en diciembre pasado, el INE decidiera posponer el proceso para la consulta de la revocación de mandato argumentando falta de recursos.

Recordemos que el presidente López Obrador fue quien impulsó la consulta para que la ciudadanía decida si concluye o no su mandato hasta 2024. Y aunque el mandatario asegura que se trata de un ejercicio democrático, sus detractores señalan que se trata de un ejercicio político con miras a fortalecer su posición a la mitad de su gobierno.

Por ley, para que el INE realice la consulta se requiere la firma del 3% del padrón electoral, esto es, unos 2.7 millones de apoyos. Al respecto, esta tarde el consejero presidente calificó como «inminente» que dicho número se vaya a cumplir.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que tiene un avance del 73% en la validación de firmas necesarias para celebrar la consulta de Revocación de Mandato en la que se decidirá si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continúa en el cargo o no.

El INE confirmó que ya se ha alcanzado uno de los requisitos para la realización de la consulta, al apoyar la consulta un mínimo en 17 de los 32 estados del país.

Hasta el momento el INE ha validado 2.01 millones de firmas, lo que representa el 73.03% de las requeridas; recordemos que se necesitan 2 millones 758 mil 227 firmas, es decir, el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

Tendrían que validarse 743,878 firmas más antes del 3 de febrero, día que el Instituto tiene que entregar el informe que dictaminará si se puede llevar a cabo la consulta, prevista para el próximo 10 de abril.

El director del Registro Federal de Electores, René Miranda, dijo que hay 480 personas trabajando para avanzar en el recuento y lograr terminarlo a principios de febrero.

También explicó que el objetivo será validar 3.5 millones de firmas, con lo que se rebasaría por más de medio millón la meta mínima. «El INE no ha parado el esfuerzo. Si hay ciudadanos dispuestos a impulsar este ejercicio nosotros estamos obligados por ley», indicó Miranda.

La Revocación de Mandato es una de las principales propuestas del presidente López Obrador y ha sido criticada por la oposición por utilizarla como una «ratificación» y no una revocación de mandato. Los enfrentamientos entre el INE y el Ejecutivo han sido constantes, principalmente ante la negativa del instituto para realizar la consulta sin un aumento de presupuesto.

La semana pasada López Obrador dijo que «en una semana» presentaría al INE una propuesta de plan de austeridad aunque sin carácter obligatorio.

El Instituto Nacional Electoral (INE) actualizó su informe preliminar respecto a la captación de apoyos para la eventual revocación de mandato, la cual esta prevista pueda llevarse a cabo, en caso de cumplir con las firmas necesarias, el próximo 10 de abril.

Al corte del 5 de enero, el INE ha validado un millón 696 mil 830 firmas, de un total de 11 millones 103 mil 938 que recibió hasta el pasado 25 de diciembre, tanto en formato físico como a través de aplicación que se habilitó para las mismas.

Las firmas hasta ahora validadas representan el 61.52% del total necesario para que se realice este ejercicio de participación ciudadana; recordemos que son necesarias 2 millones 758 mil 227 firmas, es decir, el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

Del total de firmas que llegaron, un millón 382 mil 031 fueron captadas a través de la aplicación móvil, mientras que 9 millones 721 mil 907 apoyos fueron recabados en formato físico.

De las captadas por la aplicación móvil, 264 mil 235 firmas fueron clasificadas como con inconsistencia; un millón 117 mil 796 firmas fueron halladas en la lista nominal.

De las firmas en papel, 3 millones 544 mil 535 se encuentran en verificación y cuantificación; 6 millones 177 mil 372 están pendientes de verificar y cuantificar. De las ya procesadas, 3 millones 533 mil 356 cumplieron con la primera revisión.

De las firma que pasaron la primera revisión, se lleva un avance de 718 mil 842 firmas capturadas, en las que se han detectado 139 mil 808 firmas con inconsistencia. Aún quedan pendiente de revisar dos millones 814 mil 514 apoyos en físico por parte del INE.

Hasta el momento, 14 estados ya cumplieron con el requisito de que mínimo 3% de las personas registradas en la Lista Nominal de 17 entidades deben respaldar la revocación de mandato; los estados son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, CDMX, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, SLP, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el informe sobre la captación de apoyos para la eventual revocación de mandato, la cual esta prevista pueda llevarse a cabo, en caso de cumplir con las firmas necesarias, el próximo 10 de abril.

Al corte de ayer, 3 de enero, el INE ha validado un millón 620 mil 918 firmas, de un total de 11 millones 103 mil 938 que recibió hasta el pasado 25 de diciembre, tanto en formato físico como a través de aplicación que se habilitó para las mismas.

Las poco más de millón y medio de firmas representan el 58.7% del total necesario para que se realice este ejercicio de participación ciudadana; recordemos que son necesarias 2 millones 758 mil 227 firmas, es decir, el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

Del total de firmas que llegaron, un millón 382 mil 031 fueron captadas a través de la aplicación móvil, mientras que nueve millones 721 mil 907 apoyos fueron recabados en formato físico.

De las captadas por la aplicación móvil, 264 mil 235 firmas fueron clasificadas como con inconsistencia; así, solo un millón 117 mil 796 firmas fueron halladas en la lista nominal. De las firmas en papel, 3,016,523 fueron encontradas en la lista nominal. De estas, que pasaron la primera revisión, se lleva un avance de 622 mil 937 firmas capturadas, y en ellas se han detectado 119,815 firmas con inconsistencia. Aún quedan pendiente de revisar dos millones 393 mil 586 apoyos en físico por parte del INE.

Hasta el momento, 11 estados ya cumplieron con el requisito de que mínimo 3% de las personas registradas en la Lista Nominal de 17 entidades deben respaldar la revocación de mandato; los estados son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

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Será este viernes cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aborde y en su caso apruebe, el proyecto que presentó el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, el cual propone «posponer de manera temporal» la consulta de Revocación de Mandato, por falta de recursos.

«(A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, ante la insuficiencia presupuestal (…) se determina posponer temporalmente la realización del proceso de Revocación de Mandato 2021-2022», se lee en el documento que fue circulado.

El aplazamiento se daría hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia que el INE promovió, “o cuando la autoridad competente le genere a este instituto las suficiencias presupuestarias solicitadas» para la Revocación de Mandato.

La sesión del Consejo General está programada para hoy viernes a las 10:00 horas, y se discutirán diversos asuntos.

Recordemos que la Cámara de Diputados aplicó al INE un recorte de poco más de 4 mil millones de pesos, por lo que el Instituto ha señalado que no cuenta con las capacidades económicas necesarias para realizar este ejercicio.

El INE solicitaba un presupuesto para 2022 de 24 mil millones de pesos solicitados, de los cuales 5 mil millones son para prerrogativas de partidos; se consideraban 3 mil 830 millones 448 mil 91 pesos para realizar la Revocación, y se dijo que en caso de que el ejercicio no se llevara a cabo, el dinero se devolvería a la Tesorería de la Federación.

El proyecto señala que en caso de ser aprobado, se suspenderían todas las actividades relacionadas con la organización del proceso, excepto con la verificación de las firmas de apoyo y la entrega del informe del resultado de la verificación.

Rápidamente, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó la propuesta del consejero presidente del INE como un «golpe a la democracia».

Delgado dijo que el INE pretende suspender el proceso de Revocación de Mandato, justo cuando se había rebasado el número de firmas necesarias para convocar el ejercicio.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió esperar el resultado de la votación que se de la sesión del INE,  aunque dijo, lo que se resuelva es «secundario» pues todavía quedan instancias como el Tribunal Electoral o la Suprema Corte, quien dijo, ya se pronunció de manera provisional a favor de que se lleve a cabo la consulta.

«Si tienen dinero no tienen dinero, si van a poner suficientes casillas o pocas casillas; aquí el tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico, lo quieran o no lo quieran, de que el pueblo va a ejercer su derecho a la Revocación de Mandato. El pueblo que es soberano pone y quita», sostuvo el mandatario.

López Obrador reiteró con la Revocación de Mandato, nadie se podrá sentir absoluto, y sea el pueblo el que tenga las riendas del poder.

Sin embargo, criticó que el INE debería de estar promoviendo el ejercicio de Revocación de Mandato y no estar buscando aplazarlo. «Son muy conservadores los que están en el INE»; incluso dijo que está muy difícil que sorprendan con la votación de hoy.

«Son chicanadas, son tácticas dilatorias, parecen abogados huizacheros. Pero el fondo ya está resuelto», remató el mandatario.

La agrupación «Que siga la democracia», grupo de apoyo al residente Andrés Manuel López Obrador (AMLO),  alcanzó este jueves las 3.5 millones de firmas entregadas al INE para que se pueda convocar en abril de 2022 la consulta de Revocación de Mandato.

La agrupación entregó este jueves decenas de cajas con papeletas de firmas para la consulta. Recordemos que se deben reunir 2.75 millones de firmas, equivalentes al 3% de la lista nominal nacional, distribuidas en al menos 17 de los 32 estados del país.

La fecha límite para que se junten las firmas es el próximo sábado 25 de diciembre.

Según «Que siga la democracia», los más de 3.5 millones de firmas aportadas por ellos sumados con las que ya tiene el INE de otras organizaciones, tanto en físico como en digital las cuales fueron captadas a través de la aplicación que el propio Instituto puso a disposición, estarían sumando 5 millones necesarios para hacer la consulta.

Esta será la primera consulta en la historia del país en que se preguntará a la ciudadanía, ejercicio impulsado por el propio presidente, si se está de acuerdo en que A López Obrador se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República.

El proceso de la consulta ha estado lleno de críticas y señalamientos. La oposición acusa al presidente de usar el ejercicio para «estar en campaña permanente», pues pese a lo que ha señalado la autoridad electoral, el presidente ha estado promoviendo la realización de la consulta.

El INE ha pedido a los seguidores del presidente no usar la palabra «ratificación» para atraer apoyos, como lo ha venido haciendo la agrupación «Que siga la democracia».

La validación de las firmas tendrá que hacerse en los próximos días por parte del INE. Recientemente, el coordinador de procesos tecnológicos del organismo electoral, Alejandro Andrade, dijo que había hallado que algunas de las firmas pertenecían a personas fallecidas y otras inconsistencias.

La captación de firmas se hace tanto en digital como en formato físico, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que ante la falta de cobertura de internet, debían aceptarse los apoyos en papel. Además, esta semana la Corte ordenó al INE realizar ajustes en su presupuesto para garantizar la consulta después de que el Instituto solicitase judicialmente un aumento en la cantidad asignada dentro del presupuesto.

Los partidarios de la Cuarta Transformación avanzan contra reloj para conseguir las firmas ciudadanas que se necesitan para convocar en abril de 2022 la consulta de Revocación de Mandato, a la que se refieren erróneamente como consulta de Ratificación de Mandato.

La agrupación «Que siga la democracia» entregó esta tarde cerca de 260 cajas con más de 1 millón de firmas en formato físico al Instituto Nacional Electoral (INE); esto equivale aproximadamente al 30% del total requerido.

«Todavía tenemos como fecha límite hasta el 25 de diciembre. Hoy estamos a 9 de diciembre y ya tenemos un 65 % de avance. Seguramente muchísimo antes de la fecha límite estaremos cumpliendo la meta nacional», aseveró Gabriela Jiménez, presidenta del grupo.

En el eventual ejercicio se le preguntará a la ciudadanía: «¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?».

Los promoventes deben reunir antes del 25 de diciembre, 2.75 millones de firmas, es decir, el equivalente al 3% de la lista nominal nacional, distribuidas en al menos 17 de los 32 estados del país, donde también debe alcanzarse la proporción estatal de 3%, de acuerdo con la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre pasado.

Lo informado por el grupo contrasta con el informe preliminar del INE, difundido por el periódico La Razón, que señala que hasta ahora solo se han recibido 791 mil 498 firmas, es decir el 28.6% del total.

El proceso ha causado controversia porque el mismo López Obrador ha promovido el ejercicio, por lo que la oposición lo ha acusado de usar la consulta para «estar en campaña permanente». Además, el INE ha pedido a los seguidores del presidente no usar la palabra «ratificación», lo que ha llevado a los grupos afines a impugnar dicha decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Otra polémica del proceso ha sido la recolección de firmas, que en un principio debía hacerse a través de la aplicación que el INE implementó para dicho fin. Fue justo ‘Que siga la democracia’ quien impugnó la regla con el argumento que solo 60% de la población tiene conectividad.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al gobierno federal abstenerse de realizar manifestaciones que puedan influir en la Revocación de Mandato que podría llevarse a cabo en abril del próximo año.

«Desde una perspectiva preliminar y en apariencia del buen derecho, el titular del Ejecutivo Federal realizó promoción indebida del proceso de Revocación de Mandato que, posiblemente se lleve a cabo el próximo año», indicó el INE.

Esto, precisó, al invitar expresamente a la ciudadanía a participar, contraviniendo con ello la normativa constitucional y legal, y los principios de imparcialidad y neutralidad, así como al deber de cuidado para no influir de manera indebida en dicho proceso.

La decisión del Instituto llega luego de que el PRD solicitara medidas cautelares en contra de López Obrador por la presunta utilización indebida de recursos públicos al haberse referido al proceso de Revocación durante la celebración de los tres años de gobierno el pasado 1 de diciembre «con la finalidad de incidir en la preferencia ciudadana».

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, órgano que tomó la decisión, destacó que no se trata de hechos aislados pues, explicó, no es la primera vez que el mandatario emite expresiones relacionadas con dicho proceso «que son aparentemente ilícitas».

Recordemos que el pasado 8 de noviembre, la Comisión emitió un llamado al Ejecutivo y a los servidores públicos en general para que «ajustaran su contenido a fin de no infringir la norma electoral», derivado de las expresiones realizadas en las conferencias de prensa matutinas del 3 y 5 de noviembre pasados.

Adicionalmente, se ordena a la Consejería Jurídica; a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería; al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), y a cualquier otra persona servidora pública que participe dentro de cualquier formato informativo oficial, se abstengan de presentar, difundir, publicar y poner a disposición de la señal satelital, según correspondan a sus funciones, cualquier promoción al proceso de Revocación de Mandato,  así como de aquellas que vulneren los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, en cualquier espacio o medio de comunicación.

Sobre la Revocación de Mandato, este jueves, el diario La Razón informó que a 17 días de que venza el plazo para la recolección de firmas que avale el ejercicio, se han juntado 791 mil 498 firmas, es decir, el 28.6% del total que se refiere.

Basados en este dato preliminar del INE, faltarían poco más de 2 millones de firmas para lograr que se convoque a la consulta.

Los promoventes, es decir, quienes se registraron para recibir firmas, necesitarían captar 114 mil 410 firmas diarias, asumiendo que todas ellas no presenten inconsistencias. Recordemos que la fecha límite para recibir firmas es el 25 de diciembre.

El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 (PEF 2022),  en el que se aplica un recorte por 4,913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto.

Recordemos que el decreto del PEF 2022 fue publicado el 29 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El INE aseguró que el recorte determinado por el Legislativo, careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal. Además, señala que impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3,830 millones de pesos para llevarse a cabo.

«Con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna», alertó el Instituto.

El INE explicó que en la elaboración de su presupuesto para 2022, incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de una eventual Revocación de Mandato como de una nueva Consulta Popular.

El Instituto busca que la SCJN ordene a la Cámara de Diputados proveerle de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato, pues al no contar con dicho presupuesto, el Instituto no está en condiciones de cumplir sus funciones.

«El INE debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza», remató.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó los Lineamientos de la Revocación de Mandato, en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ordenó que las firmas que la ciudadanía diera en apoyo al ejercicio fueran aceptados tanto por medio de la aplicación que se dispuso, como en papel.

El INE indicó que dicha sentencia tendrá una consecuencia en el calendario y cronograma que las diversas áreas del Instituto ya habían diseñado y emitido para garantizar que el ejercicio se llevara a cabo en condiciones plenas de legalidad y certeza.

“La revisión de miles y probablemente millones de formatos de papel obliga al INE a dedicar más tiempo para verificar y validar los más de 2.7 millones de apoyos ciudadanos que se requieren para que este ejercicio pueda ser convocado, con el consecuente aplazamiento en la emisión de la convocatoria y la realización de la Jornada de votación dos semanas después de lo previsto originalmente», explicó el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Con la modificación de los lineamientos, la consulta para la Revocación de Mandato, programada inicialmente para el domingo 27 de marzo, pasa al domingo 10 de abril de 2022.

Lorenzo Córdova insistió en que es falso que el INE pretenda boicotear el proceso de Revocación de Mandato. «No es el INE quien boicotea u obstaculiza los ejercicios de democracia participativa recientemente incorporados en nuestra Constitución. Miente flagrantemente quien diga lo contrario».

Sobre el recorte que autorizaron los diputados respecto al presupuesto que se solicito, el INE advirtió que un recorte desmedido ponía en riesgo la organización de la Revocación de Mandato, señalando que el INE sólo podrá convocar y organizar si cuenta con los recursos necesarios.

Entre las modificaciones que se hicieron a los lineamientos, se amplió hasta el 25 de diciembre de este año el plazo para la recolección de firmas, es decir habrá 10 días más para que la ciudadanía de su respaldo al ejercicio. Además, se modificaron 17 artículos de los Lineamientos y 40 preceptos del anexo técnico, lo que supone el ajuste de los plazos y términos contemplados.

En más sobre el recorte, el consejero Ciro Murayama dijo que los Diputados debían aprobar el presupuesto suficiente para realizar, en su caso, la Revocación de Mandato. “Es su obligación, claro que la del INE es organizar, pero todos los recursos de los que dispone salen invariablemente del Presupuesto de Egresos de la Federación”, recordó.

Las bancadas de Morena, el Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo acordaron extender el periodo de la discusión y eventual aprobación de la reforma eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hasta el el próximo año.

Los coordinadores parlamentarios propusieron extender de diciembre, fecha en que estaba programado su análisis, al 15 de abril del próximo año; la fecha fue propuesta para esperar que la eventual realización de la consulta sobre la Revocación de Manato al presidente López Obrador.

Y es que la iniciativa de reforma que el envió el presidente no cuenta con los votos necesarios para ser aprobada en el actual periodo de sesiones. La justificación que utilizarán los diputados es la realización de Parlamento Abierto, lo que dijo, no dará tiempo de resolver el tema en el actual periodo de sesiones, que finaliza el 15 de diciembre.

Además, los legisladores afines a la 4T señalaron que la prioridad será sacar adelante la próxima semana el Presupuesto de Egresos de la Federación. Recordemos que la fecha límite es el próximo 12 de noviembre.

Debido a que durante enero y marzo del próximo año, los partidos realizarán asambleas informativas distritales y municipales con el fin de promover la Revocación de Mandato, se indicó que estas mismas se utilizarán para explicar a la ciudadanía el alcance de la reforma eléctrica.

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, retó a que los empresarios a que acudan al Parlamento Abierto y presenten sus argumentos sobre porqué dicen que la iniciativa de reforma viola los tratados comerciales, entre ellos el T-MEC, y que se atenta contra el libre comercio.

Adelantó que seguirán trabajando para «convencer» a los legisladores que les faltan, para sumar los votos que necesitan para aprobar la reforma eléctrica.

Afirmó que es urgente la reforma eléctrica que propuso el presidente, ya que de lo contrario, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá un quebranto anual de más de 435 mil millones de pesos, lo que equivale a la pensión para adultos mayores que se destinaría durante dos años.

“Insistiremos las veces que sean necesarias, acudiremos a todos los debates, daremos los mejores argumentos, nada nos detendrá; vamos a convencer a todas y todos para que apoyen esta reforma, que es de todos y para beneficio de las familias”, remató.

Sin embargo, fue el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, el morenista Manuel Rodríguez, quien a través de sus redes sociales hizo una aclaración sobre los tiempos legislativos. Afirmó que es falso que la reforma eléctrica se vaya a discutir hasta el 15 de abril.

Explicó que la nueva fecha señalada del 15 de abril se refiere a la conclusión total del periodo integral de discusión y aprobación de la reforma eléctrica.

«Es decir, el 15 de abril del 2022 se estima haya concluido el proceso legislativo, lo cual incluye la aprobación de la reforma eléctrica en el Congreso Federal y en 17 congresos locales», indicó el legislador.

Precisó que en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, la iniciativa se discutirá en el actual periodo ordinario, el cual concluye el 15 de diciembre de 2021.

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizó y discutió once medios de impugnación presentados en contra de los “Lineamientos para la Organización de la Revocación de Mandato” y diversas decisiones administrativas emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en relación a dicho ejercicio.

Las impugnaciones fueron presentados por ciudadanas y ciudadanos, así como por los miembros de Morena y del Partido del Trabajo.

El Tribunal Electoral ordenó al INE modificar los Lineamientos emitidos a fin de que se establezca que para recabar las firmas de apoyo deberán facilitarse en todo el país formatos físicos y en dispositivos electrónicos para que la ciudadanía interesada cuente con la posibilidad de elegir el medio que más les convenga.

Es decir, el INE deberá aceptar las firmas en papel, pese a haber señalado que únicamente serían válidas las firmas que se recabaran a través de la aplicación móvil que diseñó para la captación de apoyos.

La magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña consideraron que el uso de la aplicación móvil para captar el apoyo ciudadano debe ser una herramienta exclusiva de zonas urbanas, centros de población, zonas metropolitanas y las megalópolis, mientras que en zonas rurales se deben permitir el uso de los formatos impresos y de dicha APP.

Respecto al voto de los mexicanos en el extranjero, los magistrados señalaron que no es posible implementar el voto vía postal en estos momentos, por su complejidad técnica, material y presupuestal, sobre todo dado que el presente proceso ya inició. Sin embargo, instruyó al INE a llevar a cabo los estudios técnicos y financieros necesarios para analizar las modalidades de votación que se podrían implementar desde el extranjero.

El TEPJF confirmó que el plazo de quince días que el INE estableció para que todo aquel ciudadano o ciudadana interesado en participar como promovente presentara su aviso de intención, no es violatorio de la Ley Federal de Revocación del Mandato como se estableció en las impugnaciones presentadas.

Otro de los puntos que analizó al pleno del Tribunal, es que resulta violatorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato que los Lineamientos establezcan la posibilidad de que el Presidente de la República tenga “derecho a opinar e informar acerca de la continuidad de su cargo”, toda vez que la propia Ley dispone que el INE es la única entidad facultada para emplear recursos públicos en la promoción objetiva, imparcial y con fines informativos de la participación ciudadana en dicho proceso.

Resolvieron que «el Presidente de la República, y en general todos los entes de gobierno, tienen prohibido influir en la opinión de la ciudadanía durante el proceso de la Revocación de Mandato.

Representantes de la coalición «Va por México» acudieron este jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Revocación de Mandato, que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el fin de ratificar, más que revocar, su permanencia en el poder.

«Defendemos la democracia y el respeto a nuestra constitución, por eso estamos en contra de que esto se convierta en un instrumento de promoción gubernamental», dijo Santiago Creel, legislador del PAN y vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Creel acompañó a los coordinadores parlamentarios; del PRI, Rubén Moreira; del PAN, Jorge Romero y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, así como a otros liderazgo de los partidos de oposición.

Recordemos que la ley, impulsada por el propio López Obrador, permitirá realizar una votación el próximo año, si se reúnen firmas equivalentes al 3% de la lista nominal de electores, distribuidas en al menos 17 estados. De acuerdo a lo que definió la Suprema Corte, la pregunta que aparecerá en la papeleta de la consulta serpa: «¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?».

Y es que mientras el gobierno federal se refiere a la consulta como un ejercicio democrático inédito, que permitirá que el pueblo defina si AMLO debe permanecer en el cargo, la oposición ha acusado a López Obrador de buscar «ratificarse» y de seguir en «campaña permanente».

La oposición también ha cuestionado el costo de la consulta, que se estima en 3,830 millones de pesos, según el Instituto Nacional Electoral (INE).

«Esto que presentamos hoy es decirle ‘no’ a un gasto excesivo, que el pueblo necesita en otras acciones, y ‘sí’ al apego a la Constitución», comentó Espinosa Cházaro afuera de la sede de la Suprema Corte.

En tanto, el coordinador del PRI, partido que en los últimos días había dejado ver una fractura en la coalición debido a que no han rechazado la reforma energética de López Obrador, dijo que los tres partidos que integran ‘Va por México’ «estamos unidos con la convicción de proteger los intereses de los mexicanos. Ante una ley impuesta, nos hemos unido».

En ese sentido, el coordinador del PAN, Jorge Romero Herrera, indicó que la alianza tiene un poder político para poder frenar reformas constitucionales por los números electorales que les dio la gente, en referencia a que no permitirán que pasen cambios e iniciativas de Morena.

«Lo que se modificó con la Reforma Constitucional anterior, al adicionar una fracción novena del artículo 35, era preguntarle a la gente si quieren que se le revoque el mandato del Presidente, punto. Esa es la disposición constitucional y ninguna Ley secundaria puede ampliar, modificar,  sustraer lo que dice la Constitución. Y con esta Ley de Revocación de Mandato se amplía indebidamente la pregunta», acusó el panista.

La Cámara de Senadores aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, una de las ‘peticiones’ que con más urgencia hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde hace algunas semanas.

De acuerdo a lo aprobado, la Ley tendrá por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las y los ciudadanos a solicitar, participar, “ser consultados” y votar por la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República.

El Pleno agregó las modificaciones a 29 artículos del dictamen, así como la inclusión de un capítulo sobre sanciones y cambios al régimen transitorio del proyecto de decreto, que acordaron los coordinadores de los Grupos Parlamentarios y las comisiones dictaminadoras. Además, se realizó un cambio a la pregunta que había sido propuesta por Morena.

El dictamen, que se aprobó en lo general con 101 votos a favor y dos en contra de los senadores Gustavo Madero Muñoz, del PAN, y Emilio Álvarez Icaza, independiente, precisa que la pregunta que se realizará cuando se lleve a cabo este ejercicio será:

“¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

En la discusión en lo particular, el senador Ricardo Monreal Ávila retiró la reserva que presentaron senadores de Morena, que buscaba modificar el artículo 33, que planteaba que el presidente podía opinar en la revocación de mandato en defensa de su gobierno, es decir, que no se le aplicara la llamada veda. El morenista explicó que no se logró el consenso con todas las fuerzas parlamentarias, por lo que se retiraba la propuesta para evitar se judicialice el ordenamiento y dar motivos para que de nueva cuenta imperara la confrontación y la polarización.

Defendió la postura de Morena y sus aliados, al señalar que los legisladores actuaban a la altura de las circunstancias, de manera congruente, sensata y prudente, pues querían que el ejercicio de revocación de mandato sea ejemplar y “es mejor el diálogo que la confrontación. Morena tiene plena disposición de encontrar acuerdos, esta es la prueba más clara de nuestra voluntad política”.

El legislador hizo un llamado a no permitir que el Instituto Nacional Electoral (INE), ni ningún órgano autónomo, usurpe funciones del Legislativo, pues por poderosos que sean, no pueden violar el principio de legalidad. “Por eso hacemos este gran esfuerzo”.

La Ley dispone que el INE tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación, incluyendo los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.

Para dar inicio a este proceso, se procedería únicamente a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, distribuidas en, al menos, 17 estados, y que representen, como mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

Dicho ejercicio democrático, sugiere el dictamen, podrá solicitarse por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal.

Los senadores acordaron que los partidos políticos puedan promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos.

De manera puntual, el dictamen establece que queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.

Además, al Consejo General del INE le corresponderá realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados, con base en los resultados consignados en las actas de cómputo distritales, así como dar a conocer los resultados correspondientes y remitir inmediatamente toda la documentación al Tribunal Electoral.

Las y los senadores asentaron que cuando la declaratoria de validez, que emita el Tribunal Electoral, indique que la participación total de la ciudadanía fue, al menos, del 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para el titular de la Presidencia de la República.