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Estados Unidos manifestó su preocupación por el impacto que podría tener en las operaciones de combate a las organizaciones criminales y la seguridad del personal el hackeo a los archivos de la Secretaría de la Defensa (Sedena).

Previo a que iniciara en Washington la segunda reunión del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (DANS) entre Estados Unidos y México, el subsecretario interino de la oficina de asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, admitió en conferencia de prensa que entre las autoridades estadounidenses hay preocupación sobre el impacto que podría generar la filtración.

“La protección de esa información siempre es algo que tenemos que trabajar internamente, tanto como con nuestros socios”, dijo Zúñiga al reconocer que el hackeo es un fenómeno que puede afectar a cualquiera.

El funcionario estadounidense se refirió a lo que a finales del mes pasado confirmó el propio gobierno federal, que un gran volumen de archivos de la Sedena fueron extraídos por un grupo de hackers llamado Colectivo Guacamaya.

Los hackers habrían robado 10 terabytes de información que incluyen correos electrónicos de las fuerzas armadas de México, El Salvador, Perú, Colombia y Chile, y de la Policía Nacional salvadoreña.

Durante las últimas semanas varios medios han difundido algunos de los archivos que fueron sustraídos a la Sedena que incluyen informaciones sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actividades de inteligencia, llegando a sugerir espionaje a activistas y periodistas, así como información de combate a grupos criminales y la participación de los militares en proyectos del gobierno.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que encabeza la delegación mexicana que se reúne hoy en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Justicia, Merrick Garland, busca darle seguimiento a los temas que se abordaron durante el primer encuentro del DANS que se realizó en la Ciudad de México.

Al hablar de los avances que se han alcanzado en el primer año del acuerdo de cooperación en materia de seguridad, llamado Marco Bicentenario, Zúñiga consideró como un éxito la nueva legislación e inversiones que se aprobaron para modernizar los puertos y aduanas, las acciones que se adoptaron para interrumpir el tráfico de armas, y el desmantelamiento de una docena de redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.

El Ejército trabaja en la creación de una nueva aerolínea que operará a través de su empresa Olmeca-Maya-Mexica, informó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmando lo que revelaron los Guacamaya Leaks.

El mandatario se mostró sorprendido por la revelación del tema, pues dijo, no sabía que el hackeo que se hizo a la Sedena tuviera esa información.

“Sí se está trabajando en eso, es la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

La aerolínea del Estado, que se sumaría a la oferta en la que ya están las privadas Aeroméxico, Volaris, VivaAerobus y Aeromar, operaría en un inicio con 10 aviones alquilados, detalló López Obrador.

Dicha compañía podría utilizar el avión presidencial, un Boeing 787 adquirido por casi 219 millones de dólares en los gobiernos anteriores que él ha intentado vender desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2018 con el argumento que es demasiado lujoso.

“Sí es muy probable que para el año próximo esté esta nueva línea aérea, hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales”, añadió el mandatario.

Argumentó que existe una oportunidad tras la disminución de rutas de otras aerolíneas y la desaparición de Mexicana en 2010 y el cese de operaciones de Interjet en 2021.

De hecho, López Obrador adelantó que buscará que la nueva aerolínea se llame Mexicana, que era la más antigua del país desde 1921 y contaba con participación del Estado, pero que se declaró en concurso mercantil en 2010 en un controversial proceso que aún no se resuelve y mantiene a sus extrabajadores en lucha.

“Lo ideal sería que fuese Mexicana porque es regresarle a la nación un símbolo, un emblema, solo que los trabajadores estuviesen de acuerdo en recibir una cantidad o quien tenga la marca, hay que ver si a lo mejor es propiedad pública”, detalló.

La aerolínea del Ejército se anuncia mientras las Fuerzas Armadas adquieren un creciente poder en el gobierno de López Obrador, quien les ha otorgado tareas de seguridad pública, construcción de infraestructura, control migratorio y administración de aduanas y aeropuertos.

Tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del Colectivo Guacamaya, se ha conocido información que refiere cómo altos mandos de las Fuerzas Armadas han maniobrado para deslindar de responsabilidad al Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre la información robada se muestra que desde que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas, los altos mandos han entorpecido las labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Una de las comunicaciones extraídas de los servidores de la Sedena es una carta atribuida al general Luis Crescencio Sandoval y dirigida al presidente López Obrador, lo que demuestra que sí ha estado informado del tema pese a que recientemente dijo desconocer la identidad de militares sobre quienes se cancelaron ordenes de aprehensión.

En la carta, el Secretario de la Defensa aboga con el presidente por el capitán José Martínez Crespo, quien la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes, fue uno de los mandos del 27 batallón de infantería que recorrió las calles de Iguala.

La noche de la desaparición, el capitán Martínez Crespo encabezó un grupo de reacción especial para patrullar la ciudad y visitar el hospital privado ‘Cristina’, donde se encontraban varios normalistas refugiados.

En lo que se conoce hasta ahora, se sabe que durante su trayecto, el capitán pasó por al menos tres de los escenarios donde se llevaron a cabo los ataques contra los normalistas, entre ellos el cruce de las calles Juan Álvarez y Periférico donde se encontraban los cuerpos de dos estudiantes.

Su presunto involucramiento en el caso derivó en que fue el primer militar encarcelado por el caso Ayotzinapa tras su captura a finales de 2020.

La carta en la que el titular de la Sedena aboga por Martínez Crespo está fechada el 18 de enero de 2021, y en ella se revela que el propio presidente López Obrador ordenó a altos mandos castrenses entrevistarse con el capitán en la prisión militar de Lomas de Sotelo en la Ciudad de México, donde se encuentra recluido.

El general Sandoval narró en la misiva, de forma detallada, el deteriorado estado anímico de Martínez Crespo en la prisión y hace hincapié en su constante colaboración para esclarecer los hechos que se le imputan.

“En esencia presenta un estado anímico depresivo, refiriendo que percibe poco avance en el proceso judicial que se le sigue”, dice el titular de la Sedena en la carta. “El Capitán Martínez Crespo se autodefine como un hombre institucional, ya que cuando ha sido interrogado oficial o extraoficialmente siempre ha mostrado voluntad por narrar los eventos de los que tuvo conocimiento o que por instrucciones recibidas tuvo participación”.

El titular de la Sedena dijo a López Obrador que la acusación contra Martínez Crespo sólo está basada en el testimonio de un testigo protegido y en una narcomanta, además de que comparte la postura del capitán sobre su inocencia.

“Negó su participación en los eventos realizados por un grupo de la delincuencia organizada en contra de los 43 estudiantes, reconoce que en su trayecto hacia el hospital privado ‘Cristina’, observó que al costado de unos autobuses se encontraban autoridades locales fijando el lugar en donde yacían dos cuerpos, continuando su movimiento hacia el nosocomio, donde tenía conocimiento que al parecer había personas armadas”, se lee en la carta.

Estas declaraciones se contraponen con mensajes de WhatsApp extraídos del Informe de la Comisión para la Verdad y publicados por el diario El País. En esos mensajes, un sujeto identificado como ‘el Capitán Crespo’ se comunica con uno de los sicarios de Guerreros Unidos apodado ‘El Chino’ para comentarle que “ai dos pendejos estudiantes tirados aquí… ai los voy a dejar que se mueran”.

En otros documentos, que también fueron extraídos de los archivos de la Sedena, se hace referencia a reuniones que el general Sandoval tuvo con el ex consejero de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien ha sido socio de dos abogados que defienden a cuatro militares implicados en el caso Ayotzinapa.

Una de las reuniones de Sandoval y Scherer se efectuó el 18 de agosto de 2022, el mismo día en que la Comisión de la Verdad publicó su más reciente informe, en el que se revelaron más indicios del involucramiento del Ejército en el caso Ayotzinapa. Días después se habría efectuado un segundo encuentro en el campo militar No. 1, de acuerdo con la agenda del titular de la Sedena.

El hackeo identificado como #SedenaLeaks también revela otras comunicaciones de asesores del titular de la Sedena y de militares de alto rango que aconsejan acciones para limpiar la imagen del Ejército en el caso Ayotzinapa. Uno de los documentos aconseja aleccionar a los soldados para declarar, además de convencer a los expertos de la CIDH de que no fue un crimen de Estado.

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció esta mañana que el Ejército sí tuvo un hackeo que derivó en la filtración de decenas de miles de documentos que incluyen información sobre su estado de salud y operativos del narcotráfico.

“Aprovecharon que están llevando a cabo un cambio en el Ejército, me decía el general, del sistema de información, por eso son profesionales los hackeadores, y se meten y sacan toda la información, pero es de dominio público, todo lo que se dice ahí es cierto”, expuso en su rueda de prensa diaria.

Ayer, Latinus reportó la filtración de decenas de miles de correos electrónicos que estaban desde 2016 hasta la actualidad en los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los documentos incluyen detalles sobre el estado de salud del presidente, del infarto que sufrió en 2013 y un cateterismo en enero pasado.

Además, según el reporte periodístico, exhiben el poder del Ejército dentro del Gobierno y disputas entre los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina (Semar), José Rafael Ojeda. También hay detalles sobre el llamado “Culiacanazo”, operativo fallido de octubre de 2019 que buscó detener a Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán en Sinaloa, en el noroeste del país.

En la filtración se revela que médicos militares diagnosticaron gota, hipotiroidisimo y “angina inestable de riesgo grave” a López Obrador.

“¿Qué es lo que dan a conocer? Lo que es de dominio público, el que nada  debe, nada teme”, comentó al respecto López Obrador. “Todo lo que se dice allí es cierto”, agregó.

Apenas ayer decía que se encontraba muy bien de salud. Sin embargo, aclaró que se atiende de todos los padecimientos, y hoy por hoy, su salud es buena. Indicó que toma un “cóctel” de pastillas por la noche para poder atender sus enfermedades, además de que está en constante actividad física.

Aunque no identificó al grupo que cometió el ciberataque, expuso que el mismo grupo ha hecho algo “parecido” en países como Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador. Denunció que son agrupaciones extranjeras.

Sin embargo, dijo, que utilizan al periodista Carlos Loret de Mola, de Latinus, para divulgar la información. En ese sentido, dijo, Loret solo es una parte de la red, pues lo importante es quiénes están detrás de todos los ataques a él y a su gobierno.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) han advertido que México ocupa el tercer lugar en ciberataques a nivel mundial.

López Obrador descartó implementar más medidas para proteger a las Fuerzas Armadas de futuros hackeos.

“Nada (de medidas adicionales), porque si se actúa con transparencia, que es la regla de oro de la democracia, si no se miente, si se habla con la verdad, pues qué problema puede uno tener”, añadió.

La Alta Comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, expresó este viernes su preocupación por la decisión del Senado de avalar el pase del control de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), es decir, integrarla en el Ejército.

Según ha expresado Al Nashif, la Constitución precisa que este cuerpo es de carácter civil.

Sin embargo, el Senado ha aprobó la noche de ayer la reforma por la que el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional pase a manos de cargos militares.

“Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México”, denunció la Alta Comisionada interina.

“Los mecanismos de Derechos Humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, añadió Al Nashif.

Enfatizó que la militarización de las fuerzas de seguridad “aumenta de forma constante” desde 2006, pero eso no se ha traducido en un descenso de la criminalidad. En cambio, denuncia, se ha producido un aumento de las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las cuerpos de seguridad.

Llamó a las autoridades de nuestro país a reforzar la supervisión civil en el sector de la seguridad y manifestó su preocupación por la reforma de la Constitución que se trata de llevar a cabo para permitir el uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública hasta 2028.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la aprobación de la reforma.

“Eso es lo más importante, que se aprobó la ley para que la Guardia Nacional (GN) esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), eso es muy importante”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

“La Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la Policía Federal, que se pudrió”, agregó.

Sobre el voto en abstención que emitió el senador Ricardo Monreal, quien ha manifestado su intención de ser candidato presidencial, López Obrador dijo que no lo compartía aunque lo respetaba.

“Es su libertad (de Monreal), no estoy de acuerdo con su postura porque está avalando la falsedad y politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres, celebro que se esté aprobando la iniciativa”, afirmó López Obrador.

Aprovechó para criticar que hay legisladores y organizaciones que se opongan a la militarización de este cuerpo de seguridad. “Me sorprende la actitud de algunos legisladores, su nivel de cretinismo y la hipocresía que tienen”, apuntó.

En ese sentido, criticó que se conviertan en “paladines de la justicia y defensores de los derechos humanos” y señaló que en realidad son “unos reverendos farsantes”.

Los acusó de que no se preocuparon en los gobiernos pasados cuando, según él, había más muertos en los enfrentamientos entre la policía, las Fuerzas Armadas y los civiles.

Finalmente, afirmó que los elementos de la Guardia Nacional, así como el Ejército y la Marina, han apoyado en la seguridad de los estados en el país y negó que se vaya a cambiar la estrategia de seguridad.

“Vamos a seguir defendiendo el derecho a la seguridad y vamos a mantener la estrategia que ha dado buenos resultados y se puede probar en los datos”, remató.

Amnistía Internacional (AI) también rechazó “categóricamente” la aprobación de la reforma, al acusar que las y los senadores legalizaron la militarización del país.

La decisión “representa un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México”, dijo Edith Olivares Ferreto, director ejecutiva de AI México.

Añadió que en los últimos 16 años se han visto “los desastrosos” resultados de la militarización de la seguridad pública en México y por ello llamó al Ejecutivo a diseñar un plan de retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las calles.

Dijo que se debe priorizar el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendientes a garantizar la seguridad pública. “Ya basta de violaciones de derechos humanos y la impunidad”, remató.

La Cámara de Senadores aprobó, en lo general y lo particular, el dictamen que modifica cuatro leyes, para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, tal y como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En lo general, el Pleno del Senado de la República avaló el proyecto con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención. Aquí llamó la atención que la abstención que se registró fue ni más ni menos que del coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

En lo particular fue aprobado con 69 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones, donde también repitió Monreal su voto en abstención, y se le sumó la senadora Alejandra Lagunes.

También llamó la atención que entre las cinco ausencias que se registraron, dos fueron de perfiles cercanos al presidente López Obrador: los morenistas Cristóbal Arias Covarrubias e Ifigenia Martínez.

Aprovechando su mayoría, Morena y partidos aliados dieron trámite a las 200 reservas que presentaron los partidos de oposición, las cuales fueron desechadas, especialmente las mociones suspensivas presentadas en contra de la minuta.

Fue una sesión de más de 12 horas de discusión, en la que no se le hizo ni un solo cambio a la minuta. Tal como fue recibida de San Lazara, así se aprobó.

“Hoy vemos que las Fuerzas Armadas gozan de mayor confianza y han participado en diversas acciones que permiten vislumbrar una organización transformada”, dijo el senador de Morena, Gabriel García Hernández, al afirmar que los Senadores debe velar por lo que es justo y necesario. 

Por parte del PVEM, partido aliado de Morena, el senador Israel Zamora Guzmán señaló que los Grupos Parlamentarios de oposición, sin ningún fundamento, acusaban que con la reforma se perdía el carácter civil de la Guardia Nacional; sin embargo, apuntó, es algo que jamás ocurre “y cualquier persona puede comprobar en el documento que no hay un solo artículo donde se pierda el estado civil de la misma”.

La senadora Cora Cecilia Pinedo del PT sostuvo que el país carece de una institución policial con visión ciudadana, presencia y alcance nacional, y sobre todo con credibilidad, por lo que resultaba de suma relevancia brindar un marco jurídico claro para la Guardia Nacional, pues es el elemento más fuerte para combatir la seguridad y la delincuencia.

En los planteamientos de la oposición, la senadora del PAN, Indira Rosales, lamentó que se pretenda “perpetuar un modelo de seguridad que es un fracaso”. Señaló que si el objetivo es lograr la paz en el país se tienen que fortalecer y profesionalizar los cuerpos de seguridad pública civiles, apostarle a la prevención, la procuración y formar nuevas policías.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI aseguró que no debía pasarse la Guardia Nacional al Ejército, porque no hay argumentos sólidos que lo justifiquen, y los que existen, son meramente políticos. Coincidió en que debe fortalecerse a las fuerzas civiles en las entidades.

La bancada de Movimiento Ciudadano precisó que el modelo de militarización de la seguridad pública del Presidente no ha logrado disminuir la inseguridad en el país, porque no entienden los roles y tareas que realizan policías y militares.

Finalmente, el senador Gustavo Madero, del Grupo Plural, afirmó que el rumbo por el que está llevando el presidente  a México es el de la creciente militarización y criminalización.

El dictamen, que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. 

Tal como lo habían adelantado, la oposición amagó con que promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden Olga Sánchez Cordero y el Rafael Espino de la Peña, ambos de la bancada de Morena, aprobaron en lo general, el dictamen a la minuta en materia de Guardia Nacional.

La Comisión de Justicia aprobó la propuesta con 9 votos a favor y 8 en contra; en tanto, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, lo avaló con 9 votos a favor y 9 en contra.

Así, la minuta fue aprobada, sin un solo cambio, con 18 votos en favor y 13 en contra. Las y los senadores acordaron discutir los artículos reservados ante el Pleno, a donde llegará este jueves para someterse a votación.

Tal como salió de la Cámara de Diputados, la minuta propone reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de la Guardia Nacional; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Olga Sánchez Cordero expuso que con las modificaciones avaladas, se consigna la tutoría de la Secretaría de la Defensa en el crecimiento sano, de la que debe ser la principal institución de seguridad pública en México, que es la Guardia Nacional.

Apuntó que esto permite superar los obstáculos administrativos que tienen origen en las particularidades mismas de la Guardia Nacional; y habilita la intervención de la Guardia Nacional, en auxilio de la Fuerza Armada Permanente para el cumplimiento de sus misiones.

En tanto, el senador Rafael Espino de la Peña dijo que la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública no representa una violación a los derechos humanos como ha acusado la oposición, y lamentó la falta de construcción de consensos debido a la extrema politización de la materia.

“Ahora más que nunca debemos apoyar la cruzada contra la inseguridad del titular del Ejecutivo federal, ya que los resultados de las administraciones anteriores no han sido los esperados”, subrayó el senador de Morena. Confió en que, con método, disciplina y rendición de cuentas, la Guardia Nacional dará los frutos que se esperan.

El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, de la bancada del PVEM, partido aliado de Morena, señaló que la propuesta es una solución “justa” a la crisis de inseguridad, la cual traerá paz a la ciudadanía.

Por parte del PAN, la senadora Indira de Jesús Rosales, acusó que el dictamen plantea que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no tenga ningún tipo de autoridad sobre la Guardia Nacional, ya que no tendría el control administrativo y operativo de este cuerpo de seguridad pública.

Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, sostuvo que esta reforma será contraproducente, pues se desvirtuará la función constitucional de las Fuerzas Armadas. De Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón afirmó que el dictamen violenta la Constitución, ya que se le dan a las Fuerzas Armadas responsabilidades que no le benefician.

El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, expresó que el dictamen contraviene el artículo 21 de la Constitución, el cual ya plantea la adscripción de la Guardia Nacional a una Secretaría de Seguridad Pública, y no a una de Seguridad Nacional.

Finalmente, el Grupo Plural afirmó que la minuta le otorga a las Fuerzas Armadas el control sobre la Guardia Nacional, algo que las luchas liberales del Siglo XIX evitaron. “Estamos en contra de la militarización porque carcome al poder militar y al poder civil”, sostuvo la bancada.

En una maratónica primera sesión ordinaria del segundo año legislativo, que se prolongó por cerca de 15 horas, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, modificaciones a diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

Las modificaciones aprobadas responden a la iniciativa presentada por el diputado Ignacio Mier Velazco, a nombre de las bancadas de Morena, PVEM y PT, retomando la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El documento aprobado señala que su finalidad es fortalecer la consolidación de la Guardia Nacional como cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El texto añade que el propósito final no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino cuidar, con la tutoría de la Sedena, el crecimiento “sano” de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México, la Guardia Nacional, con la que se garantizará el combate a la impunidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

En términos del proyecto de decreto y con 264 votos a favor, 212 en contra y una abstención, se aprobaron los Artículos Primero, Segundo, Tercero y Transitorios del proyecto de decreto, relativos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Adicional, el Pleno aprobó con 451 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el Artículo Cuarto en términos del proyecto de decreto, relativo a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

En el proyecto aprobado, se refiere que la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, responde a la necesidad de superar los obstáculos administrativos y de disponibilidad de recursos, frente a lo apremiante que resulta abordar los desafíos que plantea la violencia.

“Representa para el Estado mexicano el más grande reto, que tiene la obligación de afrontar con todos los recursos lícitos a su alcance”, señala.

Se reconoce que la complejidad, diversificación y gravedad del crimen organizado, sumadas a su capacidad logística y económica, dispersión geográfica y disponibilidad de armamento de alto calibre, constituyen amenazas para la paz, la seguridad y el desarrollo de las comunidades, la vigencia de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.

Así, la Ley de Seguridad Nacional reconoce a la delincuencia organizada como amenaza a la seguridad nacional, la cual también es un tema de seguridad pública, por constituir diversos delitos del orden federal que debe combatir y prevenir la Guardia Nacional, lo que demuestra la necesidad de que el control operativo y administrativo de la Sedena sobre la Guardia Nacional se realice de manera directa y con una sola directriz.

Se defendió que en el texto se describe una fórmula para la participación de la Defensa en el ejercicio del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, además de que se establecen reglas claras para su funcionamiento, con una estricta y clara separación y delimitación de las dependencias involucradas, para prevenir y remediar abusos por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades, o en la extralimitación en éste, en particular cuando ello sucede en el campo de la seguridad pública interior.

Las reformas se remitieron a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, donde en los próximos días se estará sometiendo a votación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que será este jueves cuando envíe a la Cámara de Diputados la iniciativa preferente para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y defendió que la gente apoya dicha propuesta.

“Hoy sale en la encuesta de EL UNIVERSAL que el 80% de la población, lo que ya dimos a conocer aquí de la encuesta del INEGI,  está de acuerdo en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, 80%”, refirió el presidente al proyectar el ejercicio que el diario publicó hoy.

El mandatario lamentó que los legisladores y los expertos no tomen en cuenta lo que la población desea y considera lo correcto, y se empeñen en descalificar la propuesta.

Y es que este martes, El Universal publicó una encuesta de la firma Buendía y Márquez, que refiere que la mayoría de los mexicanos respalda la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.

51% de los entrevistados dijo estar “muy a favor” de una mayor participación de los militares en estas tareas; 29% se dijo “algo a favor”, mientras que un 7% se dijo “algo en contra”. “Muy en contra” se expresaron solo el 10% de los encuestados.

Sin embargo, pese a este respaldo, el 55% de los consultados señalaron que el incremento de la violencia en el país constituye una señal del fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal; un 40% lo considera una señal de éxito.

El 45% afirmó que la estrategia de seguridad “abrazos, no balazos” ha hecho que México sea un país menos seguro; el 25% que opinó que ha hecho más seguro al país. El 26% de los entrevistados consideró que la estrategia de seguridad no ha afectado el nivel de seguridad.

La encuesta también señala que el trabajo del presidente López Obrador para reducir la inseguridad ha sido “muy mal/mal” en opinión del 48% de los encuestados, cifra empatada con quienes opinan que el trabajo de AMLO ha sido “muy bien/bien”.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó este jueves que será el 1 de septiembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presente al Congreso una iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional y de Seguridad Pública.

El funcionario explicó que se propondrá reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Ejército Mexicano, y a la Ley de Ascensos del Ejército, por lo que la apuesta es una iniciativa legal y no constitucional, es decir, no se contempla reformar la Constitución.

Esta ruta implica que al ser una reforma legal, no se requiere mayoría calificada para aprobar el cambio, sino se necesita mayoría simple, lo cual Morena y sus aliados tienen, con lo que se espera puedan aprobarla sin obstáculos.

“Es dotar a México de una institución que sea efectiva en los tiempos tan difíciles que enfrentamos, sea capaz de garantizar la seguridad de las personas y bienes de todos los ciudadanos”, dijo el titular de Segob al participar en la reunión plenaria de los diputados de Morena.

El exgobernador de Tabasco reconoció que el debate que se genere en torno a la iniciativa no será fácil pues la oposición se ha empeñado en decir que el gobierno federal busca la militarización del país.

“Nada tan alejado de ello, no es eso el objeto de la iniciativa del Presidente de la República, si ese fuese el objeto, pues en la pasada legislatura se pudo haber propuesto y se hubiera obtenido (…) el Ejército ya no es el de la oscura noche de Tlatelolco ni el de la guerra sucia”, sostuvo.

Y aunque por el momento la iniciativa busca lograr el cambio por la vía legal, Adán Augusto López confirmó que en un futuro sí vendrá una reforma constitucional en la materia, con el fin de terminar de consolidar a la Guardia Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que buscará la “vía legal” para que las Fuerzas Armadas se mantengan en labores de seguridad pública después de 2024, pese a su promesa de no hacerlo y que en la Constitución se establece que los militares deben volver a sus cuarteles dentro de dos años.

“Que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero que también, además de sus funciones sustanciales, tanto Marina como la Defensa, que contribuyan, apoyen en labores de seguridad pública”, respondió AMLO al ser consultado sobre el tema.

En 2019, el Congreso aprobó reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, que establecía un cuerpo de seguridad con mando civil, que sustituiría a la Policía Federal, además de que se incluyó un artículo transitorio que señala que los militares apoyaran en tareas públicas hasta 2024 mientras se consolidaba la corporación.

Sin embargo, ahora parece que la idea no le agrada a López Obrador y sostuvo pretende reformas para que la Guardia Nacional se traslade al Ejército y las Fuerzas Armadas hagan tareas de seguridad pública pasado el tiempo estipulado.

Al reconocer que enfrenta el bloqueo de la oposición, dijo que lo ideal sería una reforma constitucional, por lo que analizan leyes secundarias que le permitan dichos cambios, tal y como sucedió con la reforma eléctrica,

“Una reforma constitucional eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscar la forma porque nos están bloqueando otra vez (en el Congreso), hay la intención de que no podamos hacer nada”, comento López Obrador al recordar la moratoria constitucional que la alianza Va por México anunció semanas atrás.

El mandatario argumentó que las leyes del país impedían a las Fuerzas Armadas participar en labores de seguridad públicas porque estaban enfocadas en la seguridad del Estado y del territorio, por lo que cuando participaban en temas de seguridad lo hacían de “manera informal, violando la constitución”.

Sostuvo que, en la actualidad, garantizar la seguridad pública es lo más importante, ya que se agravó por la guerra que sexenios pasados declararon al narcotráfico, por lo que se tiene que evitar que la Guardia Nacional se corrompa.

“No quiero que el día de mañana vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva, que se corrompió”, expresó.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, indicó que la Guardia Nacional (GN) es una institución concebida bajo un mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por lo que afirmó que ningún decreto del Presidente puede alterar dicha disposición.

El priísta se posicionó después de que López Obrador informara ayer que emitiría un acuerdo para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para no esperar el trámite legislativo de la iniciativa de reforma que envió para la modificación constitucional que permitiría dicho cambio.

Alejandro Moreno precisó que la única forma de lograr la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena “sería a través de la mayoría calificada en el Congreso, la cual no tienen”, por lo cual consideró que dicho anuncio se trata de “otro distractor” del mandatario.

El CEN del PRI sostuvo que el anuncio del gobierno federal de incorporar la Guardia Nacional a la Sedena mediante un decreto es una muestra más de su desprecio a las leyes y a las instituciones. Por ello, anticiparon que “no permitiremos que atenten contra el orden constitucional”, e informó que acudirán a las instancias correspondientes para evitarlo.

Por su parte el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, coincidió en que el decreto del presidente para que las funciones de seguridad de la Guardia Nacional pasen a la Secretaría de la Defensa es claramente inconstitucional.

Acusó que una acción como la anunciada por el presidente es claramente inconstitucional, “porque al inicio de su mandato los partidos de oposición acordamos formar la Guardia Nacional, pero con dos requisitos: primero, que fuera encabezada por un civil, de inmediato lo violentó y puso a un civil como mando; segundo requisito que en su momento se puso, que fuera la participación de las Fuerzas Armadas en su integración, temporal, de 5 años a concluirse en el 2024, para fortalecer con el nombre que fuera, Guardia Nacional, una policía civil”, explicó.

Cortés Mendoza insistió en que exigen que, en México, como lo mandata la Constitución, se tenga una policía civil, no militarizada, además de que denunció que el gobierno está otorgándole a las Fuerzas Armadas atribuciones que no tienen y está sobre exponiéndolas a la corrupción y a generar todo tipo de relaciones perniciosas y peligrosas que ponen en riesgo la seguridad del país.

Señaló que en México no se puede permitir que pase lo que sucede en Venezuela, donde lo que sostiene a la dictadura de Nicolás Maduro son las Fuerzas Armadas que en ese país están coludidas con el gobierno.

Finalmente, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que el decreto que anunció López Obrador es violatorio de la Constitución y no es más que vil militarismo.

Señaló que con eso se violentan las facultades de los Poderes Legislativo y Judicial que es desde donde se deben hacer las reformas convenientes y necesarias a lo que la sociedad requiere, más no estar queriendo resolver un problema grave en materia de seguridad con una salida que traerá al país consecuencias aun más graves.

Apuntó que el pasar la Guardia Nacional a la Sedena, sin modificar la Constitución, “huele a golpe de Estado y es un vil atraco a nuestra Carta Magna, es vil militarismo por donde se le quiera ver, recuérdese que así lo hacen los dictadores, pisotean la Constitución, se pasan por encima del Estado de Derecho”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer esta mañana que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), saltándose así, gracias a las facultades que tiene, el camino legislativo que dicha adscripción requiere.

“Por acuerdo de la Presidencia, pasa la seguridad, que tiene que ver con la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Sedena, pero voy a emitir un acuerdo para que, ya por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma”, dijo López Obrador.

Rápidamente el presidente fue cuestionado sobre si dicho acuerdo no sería “brincarse al Legislativo” en un proceso que él mismo había planteado, que era enviar la iniciativa al Congreso.

Sí”, respondió el mandatario, aunque dijo que la iniciativa para la Reforma Constitucional si se presentaría, aunque lo que se busca era la forma de que se pudiera hacer en lo administrativo, pues si la reforma no pasa, por el rechazo de la oposición, se garantizaría que de todas maneras el cambio quede.

“Por si no pasa, de todas maneras, va a quedar así. Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás”, explicó”, subrayó López Obrador. Defendió que el gobierno federal utilizará todos los recursos legales a fin de garantizar la operatividad de la Guardia Nacional en las acciones de seguridad y pacificación del país a largo plazo.

Añadió que su administración se enfoca en dar resultados positivos a la población en materia de seguridad, a pesar de los obstáculos de la oposición en el Congreso de la Unión. 

“Si no violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar. (…) Tengo que entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada, (…) todo lo que beneficia al pueblo, lo rechazan”, apuntó. 

Recordó que la Guardia Nacional tiene más de 110 mil efectivos en campo, “todos formados, capacitados, distribuidos en el territorio”, e incluso señaló que hay estados de la República en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que están cuidando al pueblo que los policías estatales y municipales.

Adicional, con el objetivo de acelerar los procesos de liberación, el jefe del Ejecutivo propuso reestructurar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para atender a la brevedad este asunto de justicia. Instruyó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, revisar los casos de personas inocentes que están en prisión de forma injustificada.

Al encabezar el tercer aniversario de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó que con el propósito de consolidar a la institución, en los próximos días enviará al Congreso una reforma para que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

“Ese es el propósito. Si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de una secretaría o una institución sin el profesionalismo, la disciplina, la doctrina, vamos a cometer el mismo error y no podemos ya equivocarnos”, dijo el mandatario.

AMLO aclaró que la medida no significa militarizar al país, además de que reiteró que se seguirá actuando con respeto a los derechos humanos, área que se fortalece al interior de las Fuerzas Armadas e incluyó en este sexenio en los planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública.

Llamó a las y los gobernadores a convencer a legisladoras y legisladores de dejar consolidada en la ley a la Guardia Nacional en beneficio del pueblo.

“Hay que darle la confianza a esta institución y dejarla en buenas manos, cuidarla para que permanezca, que no sea una flor de un sexenio, de dos, que dure siglos como las guardias nacionales en otros países, que ya llevan siglos desde que se fundaron y están vinculadas en varios países a las Fuerzas Armadas”, añadió el presidente.

Recordemos que esta es una de las iniciativas que el presidente ha dicho enviará al Congreso, pese al anuncio de la oposición de no aprobarle ninguna reforma en lo que queda del sexenio. Específicamente la alianza legislativa de oposición ha dicho que no dará ningún voto a esta reforma, junto a la electoral.

López Obrador aprovechó el evento para destacar que la corporación tiene una aceptación del 80% entre la ciudadanía, aunque no detalló cual era la fuente; se limitó a decir que “en las encuestas que levantan”.

Señaló que actualmente cuenta con 118 mil 188 elementos y 241 cuarteles; 63 están en proceso de construcción, se tiene proyectado edificar 190 más y han sido asignadas 100 instalaciones por parte de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, de modo que, al finalizar el sexenio, habrá 500 concentraciones de la Guardia Nacional.

“Hemos avanzado sin duda. En este colegio militar se están formando los nuevos elementos de la Guardia Nacional. Se han construido edificios especiales para albergar a estudiantes del Colegio Militar ya con la orientación a que al egresar se incorporen a la Guardia Nacional. Esto en una palabra significa profesionalismo”, remató AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que el gobierno federal realiza una investigación a fondo sobre el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un civil en el municipio de Urique, Chihuahua, que ocurrió al interior de una iglesia.

Señaló que aunque se trata de un asunto del fuero común, instruyó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asistir a la zona.

“Hay elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; actuó de inmediato. Hay una búsqueda, ya se tiene identificado al responsable, al homicida y vamos a seguir con las investigaciones. (…) Se está haciendo el trabajo que nos corresponde con elementos suficientes del gobierno federal y vamos a tener resultados”, añadió AMLO.

El mandatario dijo que el caso lo lleva la Fiscalía del Estado de Chihuahua, aunque reiteró que habrá apoyo de la federación, pues lo que “importa” es encontrar los cuerpos y detener a los responsables.

En ese sentido señaló que el presunto responsable de los asesinatos está acusado y cuenta con una orden de aprehensión desde 2018 por asesinar a un turista estadounidense.

“Se está pidiendo que si se tienen los elementos en la Fiscalía de Chihuahua o la Fiscalía General puedan sacar una ficha para la búsqueda de los responsables, que ayude en este asunto”, apuntó.

Además, confirmó que hay dos personas desaparecidas, entre ellas, la esposa de una de las víctimas, del guía de turistas que fue asesinado, por lo que integrantes de la Sedena continúan las operaciones de búsqueda.

Sin embargo, como se ha vuelto costumbre, el presidente recurrió a señalar al pasado para tratar de justificar lo ocurrido.

“Esto de la sierra de Chihuahua, que duele tanto, pues esto no surgió ahora, esto viene de tiempo atrás, cuando existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia. ¿O el señor este acaba de empezar su carrera delictiva? No, y seguramente fue tolerado”, acusó el mandatario.

Incluso dijo que esta situación que imperaba, es algo que saben la comunidad jesuitas así como los pobladores de Urique, donde ocurrieron lo hechos. También señaló que estas conductas delictivas son sabidas por otras comunidades como Chinipas y Creel. “Saben perfectamente en Batopilas, en Morelos, saben muy bien cómo se fue creando toda esta organización y el contubernio con autoridades”, remató.

Añadió que la zona de la sierra tarahumara ha estado desde hace tiempo muy dominada por la delincuencia organizada. Puso como ejemplo lo sucedido en la Estación Creel, en 2008, cuando un comando irrumpió en una reunión y asesinaron a 13 personas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió a la Cámara de Diputados una iniciativa por la que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

“Sus disposiciones serían de orden público y de observancia general en el territorio nacional y tienen por objeto establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar la soberanía del espacio aéreo mexicano”, informó la Cámara de Diputados al señalar que el texto fue remitido a las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Defensa Nacional.

En los argumentos se señala que se busca garantizar la soberanía de la nación sobre el espacio aéreo mexicano por medio de la vigilancia y protección coordinada que sobre éste realizan las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Se detalla que sería la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) quien coordinaría la participación de las autoridades correspondientes para que, desde su ámbito de competencia, coadyuven a la vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano.

“El propósito es cubrir el vacío jurídico que subsiste en el marco jurídico mexicano para resguardar de manera adecuada el espacio aéreo mexicano, como parte del territorio nacional, generando mecanismos de coordinación interinstitucional para aprovechar las capacidades y recursos civiles y militares con que ya cuenta el Estado mexicano para este fin”, precisa el texto.

El documento presentado señala que el mal uso de la infraestructura aeroportuaria y del espacio aéreo mexicano es fomentado por la inobservancia de la normatividad aplicable, la falta de coordinación interinstitucional, la ausencia de mecanismos de cooperación y el desacato a las acciones que se planea implementar.

Añade que las disfunciones ponen en riesgo la seguridad de la aviación civil, pues permiten la circulación de vuelos clandestinos, aeronaves sin mantenimiento y tripulaciones sin calificación para pilotear el material aéreo, principales causas de accidentes aéreos.

También se busca detectar, seguir e interceptar naves que se usen para el traslado de drogas, principalmente hacia Estados Unidos.

La iniciativa, elaborada en coordinación de la Fuerza Aérea Mexicana, señala que los vacíos legales actuales termina permitiendo actos de corrupción. Y es que actualmente, se añade, se tiene en observación a 281 pilotos, 274 aeronaves y 26 empresas cuyos elementos han incurrido en anomalías de funcionamiento u operación.