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Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP), dijo este miércoles que la propiedad que no se dio a conocer en la declaración patrimonial de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se omitió ya que el departamento lo tiene en copropiedad con su esposo y el sistema Declaranet está diseñado para que se proteja la información de terceros.

El diario Reforma publicó este miércoles que la titular de la Secretaría de Gobernación no incluyó en su declaración patrimonial un penthouse en Houston, Texas, con un valor de 583 mil 646 dólares.

Luego de esto, la secretaria de Gobernación aclaró en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que sí declaró el departamento en su 3 de 3 y responsabilizó a la SFP por la omisión.

“El día 30 de enero giré el oficio (de la declaración patrimonial) al titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Fernando Martínez, donde solicité hacer pública mi información y datos patrimoniales y de intereses, donde se incluía esta propiedad que saca el periódico Reforma que adquirí junto con mi esposo en el año 2009”, dijo la titular de Segob.

En tanto, Sandoval indicó en entrevista con Grupo Fórmula que la funcionaria fue atendida directamente por Fernando Martínez, quien, dijo, le aclaró que toda la información de propiedades que incluye a terceros no aparecería en la versión pública, pues los datos están protegidos en la Ley Federal de Datos Personales, y los terceros no están obligados a hacer público esto.

“En este caso ella tendría que hacer una nota informativa de puño y letra de la información que quiera compartir de su declaración privada”, dijo la secretaria de la Función Pública. “Ellos (los funcionarios) llenan la declaración, nosotros simplemente le damos la publicidad a la información”, agregó Sandoval.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, responsabilizó este miércoles a la Secretaría de la Función Pública por la omisión de un penthouse de su declaración patrimonial, propiedad señalada en una nota publicada por el periódico Reforma.

El medio publicó este miércoles que la titular de la Secretaría de Gobernación no incluyó en su declaración patrimonial un penthouse que posee en Houston, Texas, con un valor de 583 mil 646 dólares, alrededor de 11.1 millones de pesos.

“El día 30 de enero giré el oficio (de la declaración patrimonial) al titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, Fernando Martínez, donde solicité hacer pública mi información y datos patrimoniales y de intereses, donde se incluía esta propiedad que saca el periódico Reforma que adquirí junto con mi esposo en el año 2009”, dijo Sánchez Cordero.

Ante eso, la secretaria de Gobernación pidió al diario que solicite a la SFP las razones por las cuales se omitió la información sobre este penthouse pues “yo di la instrucción de que se publicara”.

Y agregó: “Solicito que el periódico Reforma haga esta aclaración una vez que pregunten el por qué el director general (de la oficina) de Responsabilidades y Situación Patrimonial no hizo públicos todos mis bienes”.

En la declaración presentada la semana pasada, Cordero declaró ser dueña de un “terreno rústico”, con un valor de 90 millones de pesos, y un departamento de 2 millones 711 mil 961 pesos.

Además, señaló que percibe un salario mensual de 120 mil 583 pesos por cargo público, 228 mil 78 pesos por concepto de “otros”, lo que da un total de 348 mil 661 pesos.

La funcionaria no proporcionó información de vehículos ni bienes muebles a su nombre.

Por otra parte, Cordero aclaró también que se encuentra bien de salud y en óptimas condiciones, “por si alguien me ha enfermado varias veces”, dijo.

 

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), confirmó este jueves que Miguel Ángel Lozada Aguilar, Héctor Salvador Salgado Castro y Luis Galván Arcos, son los tres funcionarios de Pemex que participaron como firmantes responsables de 25 convenios de prestación de servicios con instituciones de educación superior.

“En cumplimiento a las instrucciones Presidenciales, se confirma que los 3 servidores públicos; Miguel Ángel Lozada Aguilar, actual director de Pemex Producción y Exploración; Héctor Salvador Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativo y Comercial de Pemex Producción y Exploración, así como Luis Galván Arcos, actual gerente de Operaciones de Control Financiero de Procesos Industriales, que fueron señalados en la investigación conocida como ‘Estafa Maestra’, participaron como firmantes responsables no solo de 6 si no de 25 convenios de Pemex con instituciones publicas de educación superior durante el periodo de 2012 a 2018”, informó Sandoval.

Según la secretaria, el análisis arrojó que las empresas beneficiadas de los recursos del Estado están ligadas a los propios servidores públicos o a personas cercanas a ellos. Además, se localizaron empresas fantasma o que simularon la realización de trabajos.

Derivado de lo anterior, la SFP inició tres investigaciones para detectar y documentar probables inconsistencias en el patrimonio de los tres servidores públicos referidos, que pudieran resultar de conductas irregulares.

El Partido Acción Nacional (PAN) informó que el director General Jurídico de ese órgano político, Raymundo Bolaños Azocar, presentó una denuncia contra quien resulte responsable por la explosión de un ducto el pasado 18 de enero en Tlahuelilpan, Hidalgo.

En un comunicado, Acción Nacional señaló que la tragedia no puede quedar sin ser investigada y en su caso sancionada, por lo que acudieron ante la Secretaría de la Función Pública para que inicie la indagatoria contra funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de quien resulte responsable por esos hechos.

La denuncia fue presentada en las oficinas de esa dependencia, a nombre del dirigente nacional, así como del Comité Ejecutivo Nacional.

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, manifestó que los funcionarios responsables del debido cuidado, seguridad y prevención de accidentes deberán ser investigados, a efecto de deslindar responsabilidades.

Detalló que de acuerdo con el principio de eficiencia de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los artículos 6 y 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y diversas normatividades internas de Pemex, se debe actuar en consecuencia.

El líder del blanquiazul pidió que la Secretaría de la Función Pública realice una labor de investigación sobre las diversas responsabilidades de los servidores públicos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, un dictamen sobre los 3 funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), involucrados en presunta corrupción.

En conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, el tabasqueño comentó que los tres servidores argumentaron que no tenían responsabilidad, sin embargo, se les investigará para contar con todos los elementos.

“No van a ser contratados quienes tengan malos antecedentes”, afirmó López Obrador, quien exhortó a que se siga denunciando la corrupción.

El portal Animal Político reveló que tres funcionarios actuales de Pemex están involucrados en la llamada “Estafa Maestra” por haber firmado seis convenios con universidades públicas.

Ellos son: el director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP), Miguel Ángel Lozada Aguilar; el subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP, Héctor Salvador Salgado Castro; y el gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística, Luis Galván Arcos.

Durante la conferencia matutina de este jueves 24 de enero, ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional. Se abordaron estos temas:

– El mandatario dijo que apoya la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores de ‘no intervención’ en la crisis política de Venezuela.

– El gobierno federal compró 671 pipas en 92 millones de dólares.

– 700 personas aprobaron las pruebas y trabajarán en el gobierno como operadores de pipas.

– Se pedirá un informe a la Secretaría de la Función Pública sobre 3 directivos de Pemex involucrados en la ‘Estafa Maestra’.

– Se solicitará a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el homicidio del periodista Javier Valdez.

Luego de que este jueves se diera a conocer la eliminación de los seguros de gastos médicos mayores con lo que contaban diferentes funcionarios públicos con cargo al erario, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval afirmó que gracias a dicha acción se tendrá un ahorro de 5 mil millones de pesos.

“A partir de la eliminación de seguros de todo tipo (…) que eran comprados de forma masiva por el gobierno anterior, se hizo una reducción de 5 mil millones de pesos”, dijo la funcionaria.

Durante la presentación del convenio de colaboración con la Unidad de inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Sandoval negó que los ahorros que se han tenido en el gobierno federal se hayan logrado a partir de la eliminación de plazas.

“La directriz del presidente Andrés Manuel López Obrador es no pisotear derechos, no afectar a los servidores públicos que tienen su carrera hecha en la entrega al Estado. No se están tocando las plazas ni de base ni las que constituyen la estructura básica de la administración pública (…) No estamos dejando en la calle a nadie”, dijo la funcionaria.

Explicó que el convenio de colaboración entre la SFP y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación conjunta en materia de combate a la corrupción, pues tiene como objeto establecer un esquema de intercambio de información para esclarecer posibles violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Detalló que el convenio permitirá fortalecer jurídicamente, bajo los principios de legalidad y transparencia, las investigaciones por actos indebidos de los servidores públicos, como pueden ser los hechos de corrupción en contrataciones públicas, el tráfico de influencias o el desvío de recursos públicos.

Remató indicando que el convenio ayudará a cumplir con el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de erradicar la corrupción en todos los niveles, dentro y fuera de la administración pública federal.

 

Previo al arranque del 2019, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, comunicó a las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal (APF) los ajustes a las remuneraciones de los servidores públicos de mando y enlace, los cuales deberán aplicarse a partir del 1 de enero de 2019.

Los cambios a las remuneraciones que se reflejan en el nuevo tabulador de sueldos y salarios de los servidores públicos son el resultado de la política de austeridad republicana que permitirá, junto con otras acciones, generar ahorros para que los recursos de todos se destinen a los programas prioritarios para el desarrollo y el beneficio de la nación.

El tabulador, que es el instrumento administrativo para determinar las remuneraciones de acuerdo con la responsabilidad y las funciones que desempeña un puesto, fue enviado mediante oficio el pasado 27 de diciembre a las instituciones que son parte de la Administración Pública Federal.

En un comunicado, la dependencia afirmó que con esta medida se garantizará que ningún servidor público reciba una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República; tal y como lo estipula el Artículo 127 constitucional.

Con esta medida se avanza en la reducción de la brecha salarial en el sector público, ya que, mientras los puestos de los altos mandos tienen reducciones salariales de hasta 40 por ciento, los servidores públicos de mando y enlace que menos ganan, como los puestos de Subdirección, Jefaturas de Departamento y Enlaces, tendrán, en algunos casos, aumentos de sueldo.

La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, explicó que no pidió a los empresarios bajar los altos salarios de los ejecutivos de sus negocios.

Tras la polémica generada por los supuestos dichos de la funcionaria del Gobierno de México, Sandoval acusó que no exigió a los patrones una reducción salarial, sino que llamó a la reflexión sobre la brecha salarial existente en México.

“Aclaro que una servidora jamás ‘pidió’ ni ‘exigió’ a los empresarios bajar los altos salarios de sus ejecutivos, sino que, dentro del marco de un diálogo libre y respetuoso con los Senadores, invité a generar una reflexión plural y democrática sobre el tema”, explicó.

La titular de la SFP aseguró que sus dichos no son parte de una nueva política pública o “moral” del Gobierno de México, sino meramente reflexiones para el debate público.

“¿No creen que el sector privado también haría bien en reducir la brecha salarial, apoyar la economía de los trabajadores así como limitar el derroche en gastos suntuosos poco productivos, tal y como lo está haciendo desde ahora el Gobierno Federal?”, indicó.

“Me parece que todos tenemos responsabilidad en cerrar la terrible brecha de desigualdad que hoy lastima tanto a México. Los sectores público y privado deberíamos trabajar juntos para subir los salarios de todos los trabajadores y generar justicia social“, concluyó la funcionaria en una publicación hecha en su cuenta de Facebook.

Luego de que la tarde-noche de ayer, el Pleno del Senado ratificara su nombramiento como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval aseguró que actuará con firmeza para combatir la corrupción y la impunidad.

Tras rendir protesta en el palacio legislativo, la ahora titular de la Función Pública aseguró que la Institución caminará con “mucha firmeza en el combate contra la corrupción, en la auditoría gubernamental y en la fiscalización de los recursos públicos, así como, de igual forma, en el combate contra la impunidad”.

Dijo que se va a proceder a hacer un análisis minucioso de cada uno de los casos que son bien conocidos, así como de los que no se conocen tanto, para castigar a los responsables. Enfatizó que dicha tarea se hará con “imparcialidad absoluta”.

Senadores de oposición lamentaron que la ratificación de Sandoval llegará de forma tan apresurada al Congreso, pues indicaron que no se pudo sostener reuniones con la ahora funcionaria, y con ello conocer su plan de trabajo al frente de la dependencia.

 

En la conferencia de prensa que funcionarios cercanos a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrecieron la noche de ayer, Irma Erendira Sandoval, próxima titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP), aseguró que se ha interpretado de manera errónea al presidente electo, cuando se ha referido a un “perdón a los corruptos”

“Es una interpretación que no comparto, es una interpretación errónea. Al contrario las instrucciones del presidente electo son combatir la impunidad, junto con el combate a la corrupción”, dijo la futura funcionaria federal; añadió que las investigaciones que se tienen en curso continuarán, y enfatizó que no habrá perdón a funcionarios corruptos.

Sandoval puntualizó que la futura administración sí impondrán castigos a los corruptos, además de que darán paso a una era de combate corrupción y a la impunidad, y como ejemplo de ello describió que la dependencia pasará de tener tres subsecretarías a dos: la de combate a la corrupción y la de combate a la impunidad.

Explicó que a lo que se ha referido el presidente electo es a que se optará por otro tipo de justicia, la transicional. Dijo que AMLO ha mencionado poner un “punto final” y no “empantanarse” en la persecución de altos ex funcionarios.

 

Este lunes se informó que el Décimo Cuarto Tribal en Materia Administrativa anuló una de las inhabilitaciones impuestas por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la empresa Odebrecht, en la que se imponía una condena para no recibir contratos públicos, por irregularidades en contratos con Pemex.

Y es que de acuerdo a una investigación del diario Reforma, la decisión del Tribunal llegó luego de concluir que la Unidad de Responsabilidades de Pemex Transformación Industrial se negó a expedir copias certificadas del procedimiento que se siguió a los abogados de Odebrecht, lo que habría impedido que se defendieran de manera adecuada.

Al respecto, la SFP informó que respetará las determinaciones de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que se repondrá el procedimiento.

Explicó que la resolución tiene que ver con una cuestión de “forma y no prejuzga sobre el fondo del asunto”, por lo que no compromete ninguna de las otras siete sanciones impuestas sobre este tema, tres contra la empresa y/o sus filiales, dos contra sus representantes legales y dos más contra un servidor público de Petróleos Mexicanos.

“Una vez desahogadas las pruebas que ordenó la instancia jurisdiccional, la SFP emitirá la resolución que en derecho corresponda”, enfatizó la dependencia.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Al comparecer ante la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, aseguró que la rendición de cuentas sobre la situación de la administración pública es un ejercicio indispensable para el fortalecimiento de todo Estado democrático.

“Asisto a este recinto en atención a la convocatoria extendida, en términos de lo que establece la Constitución y, sobre todo, en congruencia con mi convicción de que En la presente Administración”, indicó la funcionaria.

Dio a conocer que en total se han realizado más de 15 mil 360 actos de auditorías a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Además refirió que en coordinación con las contralorías estatales, la SFP practicó mil 687 auditorías para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Derivado de las auditorias, la dependencia promovió la recuperación de recursos para resarcir daños al patrimonio público y se rescató un monto de más de 19 mil 549 millones de pesos.

Al hablar sobre los trabajos que se han realizado en materia de vigilancia, control interno y auditoría, indicó que se han llevado a cabo diligencias relacionadas con diversos temas, entre los que destacó la ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés); las contrataciones y subcontrataciones entre entidades de la Administración Pública Federal y universidades (caso en que se involucra a Rosario Robles y otros funcionarios); la reconstrucción tras los sismos de septiembre 2017, así como los hechos relacionados con la empresa Odebrecht y sus filiales.

Subrayó que por esos y otros casos, se emitieron resoluciones sancionatorias de carácter económico y administrativo, como suspensión, amonestación, inhabilitación y destitución de servidores públicos.

Gómez enfatizó que “hemos ido al fondo de todos los asuntos, sin importar cargos, en el caso de los servidores públicos, o el poder económico que representan, cuando se trata de empresas”.

Señaló que en total, durante la presente Administración, el número de sanciones emitidas superan las 58 mil, mientras que la cantidad de sancionados llegó a los 44 mil 046. Y el monto de las sanciones se elevó a 7 mil 161 millones 800 mil pesos.

 

Gracias a las auditorías practicadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde enero de 2013 hasta junio de 2018, se logró la recuperación de un total de 18 mil 679.7 millones de pesos.

Derivado de los resultados de las auditorías practicadas a los recursos federales transferidos y, como resultado del análisis a los cierres presupuestales proporcionados por los Órganos Estatales de Control, se registraron reintegros a la Tesorería de la Federación por 8 mil 305.2 millones de pesos, resultantes principalmente de la detección de irregularidades.

Además, tras las auditorías practicadas por los órganos internos de control, de enero de 2013 a junio de 2018, se promovió la recuperación de recursos para resarcir daños al patrimonio de las instituciones auditadas por 10 mil 374.5 millones de pesos.

En el mismo lapso, la dependencia practicó mil 545 auditorías para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos federales, de los fondos y programas transferidos a las entidades federativas, municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que destituyó e inhabilitó a Gustavo Rodríguez González, ex director general de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actual colaborador de Rosario Robles, debido a diversas irregularidades cuando estuvo en dicha dependencia.

El funcionario quien hasta hoy se desempeñaba como director de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a donde llegó junto a Rosario Robles cuando ésta asumió la titularidad de la dependencia, confirmó que se separaba del cargo.

En conferencia de prensa, Rodríguez González informó las sanciones impuestas por la SFP, las cuales constaron en una multa económica y en la inhabilitación, aunque no reveló el monto ni el tiempo en que no podrá ejercer cargos dentro de la Administración Pública Federal.

El ahora ex funcionario indicó que se le acusa de no haber entregado materiales que comprueban la existencia de la campaña “Cruzada Nacional Contra el Hambre, 2 años cumpliendo” en 2015 cuando trabajó en Sedesol, aunque en el Estado de Resultados 2015 de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) reconoció la existencia de los entregables de dicha campaña.

Al respecto, la SFP informó que del 1 de enero al 19 de septiembre de este año, se han impuesto tres mil 618 sanciones a dos mil 782 servidoras y servidores públicos, que incurrieron en faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo al Registro de Servidores Públicos Sancionados, de este número de sanciones, mil 001 fueron amonestaciones públicas y privadas, 214 destituciones, 897 inhabilitaciones, mil 142 suspensiones y 364 sanciones económicas, con un monto acumulado de 956 millones de pesos.

 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que destituyó e inhabilitó por 10 años a tres servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por incurrir en omisiones durante la obra del Paso Exprés, en Morelos.

La dependencia señaló que los funcionarios estarán impedidos para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público durante el periodo señalado.

Explicó que los ahora sancionados no atendieron las advertencias de vecinos, de los integrantes de la Barra de Abogados ni de las autoridades locales, sobre los peligros detectados en la obra que se realizó en el municipio de Chipitlán, estado de Morelos.

Indicó que en atención a las denuncias recibidas, la SFP, a través del Órgano Interno de Control en la SCT, inició las indagatorias correspondientes y, al corroborar las omisiones señaladas, resolvió sancionar a los servidores públicos.

Recordó que las nuevas sanciones se suman a las suspensiones, destituciones e inhabilitaciones que se han impuesto previamente a ocho servidores públicos: siete de la SCT y uno de Conagua, que incurrieron en “conductas negligentes y contrarias a la Ley en la construcción de la obra”.