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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió este jueves a trámite los recursos de reclamación presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Senado de la República en contra de la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos dictada el viernes pasado.

Además, la Corte planteó que si alguno de los ministros considera necesario sesionar de forma extraordinaria durante el periodo de receso, que inicia este viernes, presente su solicitud a la presidencia del máximo tribunal a más tardar a las 14:00 horas del 14 de diciembre.

Cabe recordar que el viernes pasado, el ministro Alberto Pérez Dayán suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual señala entre otros puntos, que ningún funcionario puede obtener un salario mayor al que perciba el presidente de la República.

Pérez Dayán admitió ese día a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la oposición en el Senado de la República, en la que se expone que la suspensión de la legislación no impide a los legisladores incrementar o reducir los sueldos como así lo consideren pero sí prohíbe utilizar la Ley de Salarios impulsada por Morena para fijar los mismos.

Senadores del PRI, respaldados por legisladores de otros partidos, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

En un comunicado, los priistas se pronunciaron en favor de acabar con privilegios y gastos excesivos en el gobierno, pero consideraron que esto no debe servir de pretexto para que el Ejecutivo se quiera situar por encima de los otros Poderes y pretenda lesionar los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

La acción de inconstitucionalidad fue suscrita por senadores del PRI, PAN, PRD, MC y hasta el independiente Emilio Álvarez Icaza, por lo que cumple con el requisito del 33% de legisladores establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que fue presentada en tiempo y forma, por lo tanto es procedente ante el Tribunal Constitucional.

Los demandantes acusan que el Poder Ejecutivo busca alzarse por encima de los servidores públicos, integrantes de los poderes Legislativo y Judicial. Los priistas reiteraron su posicionamiento a favor de eliminar los privilegios de servidores políticos pero rechazaron que esto implique el detrimento de su desempeño.

La Ley Federal de Remuneraciones Públicas prevé que a partir del próximo mes de enero ningún funcionario público tenga ingresos superiores a los 108 mil pesos mensuales que el presidente Andrés Manuel López Obrador percibirá.

Los senadores de las bancadas de oposición: PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron este miércoles una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

El recurso fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el cual argumentaron que dicha Ley violenta la división de Poderes.

La bancada del tricolor dijo que si bien estaban a favor de acabar con los privilegios y gastos excesivos donde los haya, dicho fin no debe servir de pretexto para que el Ejecutivo quiera pasar por encima de los otros Poderes, además de que no debe “lesionar” los derechos humanos ni los laborales de los trabajadores.

Expusieron que al ser suscrita por senadores de diversas fuerzas políticas, la acción de inconstitucionalidad cumple con el requisito del 33% de legisladores requerido por la Constitución Política, además de que fue presentado en tiempo y forma, por lo tanto es procedente ante el Tribunal Constitucional.

Los senadores denunciantes indicaron que eliminar los privilegios de los servidores públicos no debe ser en detrimento de su desempeño, y exigieron se reconozca su calificación profesional mediante condiciones dignos que favorezcan su superación.

“No será nunca con actitudes autoritarias ni con decisiones de mayoriteo, como la aprobación de la ley federal en cuestión, la forma en que podrá lograrse el desarrollo profesional y personal de las y los trabajadores quienes, con sus familias, aspiran a mejores estadíos de bienestar”, remataron.

 

Un grupo de 11 senadores republicanos pidió hoy al presidente Donald Trump impulsar la ratificación del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) antes del inicio de la nueva legislatura del Congreso, el 3 de enero de 2019.

“Estamos preocupados que si la administración espera al año siguiente para enviar al Congreso el borrador de la legislación de implementación, la aprobación del USMCA (nombre en inglés del T-MEC) como fue negociado, se volverá significativamente más difícil”, consideraron los legisladores en una carta dirigida al mandatario.

La carta fue firmada por Pat Toomey de Pensilvania; Lamar Alexander de Tennesse; Steve Daines de Montana; Jeff Flake y Jon Kyl de Arizona; Ron Johnson de Michigan; James Lankford de Oklahoma; Mike Lee de Utah; Rob Portman de Ohio; Ben Sasse y Deb Fisher de Nebraska; y Ted Cruz de Texas.

El llamado de los senadores llega luego de que el actual líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, haya dejado en claro que el proceso de ratificación deberá esperar hasta 2019.

En línea, la probable líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes en la próxima legislatura, Nancy Pelosi, indicó que su bancada no dará pasos en el proceso de ratificación hasta que el legislativo mexicano apruebe los compromisos laborales del T-MEC.

Sin embargo, los senadores firmantes señalaron es posible ratificar el acuerdo durante la actual legislatura utilizando las protecciones procedimentales de la autoridad de promoción comercial, incluyendo un voto por mayoría simple en el Senado.

“Su administración puede preservar la opción de aprobar el acuerdo esta sesión presentando al Congreso tan pronto como sea posible, y antes del 30 de noviembre, una copia del texto legal final del acuerdo y un borrador de la declaración de acción administrativa, plantearon los legisladores a Trump.

Está previsto que el T-MEC sea firmado por los presidentes Enrique Peña Nieto, Donald Trump, y por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el marco de la Cumbre del G20 en Argentina.

 

La bancada de Morena en el Senado respaldó la iniciativa de su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, sobre el ordenamiento en materia de comisiones bancarias.

En ese contexto el morenista y presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta Mier, anunció que se reunirá con directivos de las instituciones Scotiabank y Citibank, a fin de escuchar sus inquietudes, como parte del proceso de análisis de la iniciativa.

En su participación, el senador Salomón Jara Cruz, puntualizó que lo que se busca es terminar con las comisiones excesivas, en búsqueda de cuidar la economía de las familias mexicanas, y aclaró que seguir con el proceso de análisis de la iniciativa no significa un conflicto con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

La bancada coincidió en que lo que se busca es un equilibrio de acuerdo con los niveles correspondientes a los países de origen de los bancos, tomando en cuenta los intereses del pueblo y lejos de comisiones desmedidas.

Este lunes, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá por la tarde con diputados y senadores de Morena.

El encuentro tiene como objetivo priorizar las iniciativas indispensables para trabajar antes del primero de diciembre y sobre todo revisar los ajustes al presupuesto que se perfila será de 5 billones 677,200 pesos y tendrá como prioridad los programas: Jóvenes Construyendo el Futuro; Desarrollo con Bienestar Social; Alimentación y Salud para Todos.

Además de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores; Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad; Plan de Reconstrucción para Damnificados; la creación de la Zona Franca en la Frontera Norte, el desarrollo en el Istmo de Tehuantepec y la construcción del Tren Maya.

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió esta mañana con los presidentes del Senado, Martí Batres, y de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, para hablar sobre el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

En un breve mensaje a medios, Videgaray señaló que aún no hay un nombre para el acuerdo en español, aunque dijo que a él le gusta el nombre AMEC (Acuerdo México, Estados Unidos, Canadá).

“Me gusta AMEC, podemos todavía colectivamente definir un nombre que nos guste a todos en español”, dijo.

Videgaray informó que el próximo martes 9 de octubre comparecerá ante el Senado, en donde seguramente hablarán de “este tratado importante y de otros muchos otros temas de la política exterior, estaré a las órdenes de las senadoras y senadores con mucho interés en aportar la información que sea útil para el cumplimiento de las funciones constitucionales”.

A través de un chat, el Senador del PAN Ismael García Cabeza de Vaca recibió una foto de una chica que aparece con un escote, a la que dice querer “zumbarse”.

En fotos difundidas por el diario El Financiero, se puede leer que en el chat llamado “Three Amigos”, comparte plática con “Gero” y “Manito”.

El hermano del actual gobernador de Tamaulipas responde  con unos emojis de un cerdo, a lo que “Manito”, quien fue el que compartió la imagen de la chica en el chat, pide que le pasen el “cell del padrote no seas gacho ya me la quiero zumbar”.

García Cabeza de Vaca vuelve a responder con un “ya somos 2”.

Los hechos sucedieron mientras se desarrollaba la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya.

 

Foto: Twitter  @ElFinanciero_Mx

El Senado de la República eliminó el servicio de peluquería del que gozaban los miembros de la cámara alta, como parte de la política de austeridad republicana que impulsa el Movimiento de Regeneración Nacional.

Otros privilegios eliminados son los vales de gasolina y de despensa, vehículos oficiales, líneas de telefonía celular, aguinaldo de 40 días y los seguros de separación individualizado y de gastos médicos mayores.

“Se aprueba el acuerdo por el que se emiten las reglas del programa de austeridad del gasto y racionalización de los recursos en el Senado de la República para el periodo septiembre-diciembre de 2018”, señaló el Senado a través de un tuit.

Con las medidas promovidas por Morena, y que se aplican desde el inicio de la LXIV Legislatura, también se redujo 30% el techo presupuestal para apoyos técnicos a senadores, así como el gasto en comunicación social, publicaciones y adquisiciones.

Además, se reducirán 50% las asignaciones a los Grupos parlamentarios y sólo se autorizarán viajes internaciones que tengan el mayor interés del Senado, mientras que las comisiones legislativas pasarán por un reacomodo para fijar en 42 su número máximo.

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores indicó que los resultados del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de política interior han sido catastróficos, lo que se refleja en la crisis de violencia, corrupción, inseguridad e incertidumbre económica que se vive en nuestro país.

Al exponer la postura del partido con motivo del análisis de la glosa del Sexto Informe de Gobierno, el senador Marco Antonio Gama Basarte recordó que el Ejecutivo federal aceptó que no se alcanzó el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país.

“La respuesta es contundente: No, señor presidente, no sólo no cumplió. No sólo le faltaron rincones del país. La estrategia de seguridad falló en entidades completas del norte, del centro y del sur de México”, sostuvo. Gama Basarte afirmó que la violencia no sólo se ha manifestado en el incremento del número de homicidios, sino que le ha robado la tranquilidad a las familias mexicanas en muchos ámbitos.

El legislador advirtió que el país de la impunidad en qué se convirtió México estos últimos seis años, incluye el uso de las instituciones para amedrentar a los periodistas, activistas y líderes políticos de oposición que osaban criticar al gobierno, así como el uso del espionaje ilegal con el famoso programa Pegasus.

“Ni la violencia en la que nos tiene el actual Gobierno Federal, ni las amnistías del próximo, son la solución al grave problema de inseguridad que vive México en estos momentos. En este, como en muchos otros rubros, el gobierno del PRI le falló a las y los mexicanos. Lo único bueno que queda decir es que ya se van”, finalizó.

 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) recordó que por primera vez en dos décadas, los partidos que postularon al próximo Presidente de la República tienen mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, razón por la que les hizo un llamado a asumir su rol de poder autónomo, conservando el equilibrio entre poderes y fortaleciendo su papel como contrapeso y fiscalizador del Ejecutivo.

“Los legisladores deberán garantizar un ejercicio democrático del poder, que respete la diversidad de opiniones en la sociedad y los derechos individuales de todos los mexicanos”, indicó el CCE.

Reiteraron el interés y compromiso de la iniciativa privada por contribuir y participar en el diálogo con todos los grupos parlamentarios, los cuales dijo deben compartir el reto de contribuir a la consolidación de la democracia, al crecimiento de la economía y la inclusión de todos los mexicanos al desarrollo social.

Enlistó las seis “decisiones concretas” que los legisladores tendrán que tomar en los próximos días para cumplir con la responsabilidad que han asumido con los mexicanos.

  • Realizar designaciones pendientes, como la del Fiscal General y los fiscales especiales, así como de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembros de los órganos autónomos. “Los empresarios confiamos en que estos nombramientos darán certidumbre jurídica y mostrarán que se privilegia a los mejores perfiles”.
  • (Cámara de Diputados) Revisar y aprobar de manera responsable el paquete económico, que a su vez incluye la Ley de Ingresos y el presupuesto de la federación para el año que entra.
  • Seguir impulsando una ley de justicia laboral que recoja los principios de la reforma constitucional, que garantice la permanencia del modelo tripartito de negociaciones, y mantenga la paz laboral, fomentando el diálogo social.
  • (Senado) Discutir y en su caso ratificar el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte o el instrumento que para sustituirlo acuerden los poderes ejecutivos de cada país.
  • Impulsar las reformas pendientes que consoliden un Estado de Derecho fuerte, entre las que se encuentra un esquema adecuado y eficaz de modelo policial para combatir la inseguridad.
  • La revisión de las reformas estructurales de forma cuidadosa y valorando los logros alcanzados.

El CCE finalizó indicando que en la iniciativa privada están convencidos de que el modelo de pesos y contrapesos que contempla la constitución es un pilar de la democracia y la libertad del país. “Confiamos en que los nuevos legisladores sabrán ejercerlos y defenderlos por el bien de todos los mexicanos a quienes representan”.

 

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, acudió a San Lázaro para hacer la entrega del sexto informe del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Navarrete Prida se dirigió al Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz  Ledo; al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Martí Bastres, así como a los vicepresidentes de ambas Cámaras.

“En cumplimiento de los que dispone expresamente la Constitución (…) acudo con la representación del ciudadano Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a hacer entregar formal del informe escrito sobre el estado general que guarda la administración pública del país”, expresó el funcionario federal.

Indicó que el sexto y último informe de gobierno contenía los resultados de los programas y acciones de la administración federal, correspondientes al periodo  del 1 de septiembre de 2017 al 31 d agosto de 2018. Detalló que el informe entregado incluía tres documentos: el informe propiamente dicho, el resumen ejecutivo y los anexos estadísticos.

Luego de realizar la entrega formal, solicitó que los ejemplares del informe fueran remitidos a las Cámaras de Diputados y Senadores para su conocimiento y análisis correspondiente. Adicional señaló que todos los secretarios de estado y los titulares de las demás entidades públicas quedarían atentos del análisis de los legisladores.

En su turno, Muñoz Ledo agradeció la entrega del informe de gobierno del último año del ejercicio a cargo del presiente Enrique Peña Nieto, aunque lamento que no fue Peña Nieto el que acudiera personalmente a hacer dicha entrega.

“Independientemente del juicio que nos merezca el arreglo constitucional que permitió al Jefe del Estado (…) no asistir a la apertura del periodo de sesiones, con lo que nos coloca en una situación diferente a todos los regímenes políticos del mundo, pero es su mandato…”, dijo el morenista.

Pidió hacer llegar un saludo al Presidente, además del mensaje de que “nosotros sí pensamos acudir a la celebraciones patrias y a su informe de gobierno, que no queremos interrumpir ni por un instante la secuencia histórica y constitucional de la República”.

 

El coordinador del grupo parlamentario del Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que el asunto que “apremia” para la LXIV legislatura es la designación del Fiscal General de la República.

Adelantó que la bancada de Morena propondrá a la Junta de Coordinación Política integrar un grupo plural de trabajo para redactar la iniciativa de ley.

Anunció que desde el 1 de septiembre se trabajará inmediatamente en la redacción de la Ley de la Fiscalía General y aclaró que no se tiene a nadie prefigurado o seleccionado para ocupar la titularidad de esa institución.

El ex delegado de Cuauhtémoc indicó que está abierta la posibilidad de tener propuestas de la sociedad civil, de la academia “y de todo el mundo”; aunque primero se tiene que ver el marco jurídico, es decir la Ley General de la Fiscalía General, la Ley Orgánica o “como quiera llamársele”.

Señaló que desde el primer día van a tratar de redactar la iniciativa de Ley y “una vez aprobada, iniciar el proceso que establece la Constitución, de enviar, cuando menos, a diez personas, hombres y mujeres, al Ejecutivo Federal para el retorno de la terna”.