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Después de más de 20 horas, en una sesión que se prolongó por tres días consecutivos, la Cámara de Diputados logró aprobar en lo general y en lo particular el dictamen al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 se aprobó por un gasto total previsto de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos.

El Pleno de la Cámara avaló el dictamen en lo particular, por 305 votos a favor, 151 en contra y cero abstenciones, en sesiones presencial y semipresencial.

En cuanto a la discusión de lo particular, se desahogaron más de mil reservas presentadas por diputadas y diputados de los grupos parlamentarios.

Sin embargo, solo se aprobaron 10 reservas o propuestas, todas de la bancada de Morena. Entre las aceptadas destacan el artículo 23 del proyecto de decreto; Anexo 1 del Ramo 11; Anexo 27 Programa Nacional de Reconstrucción; Octavo Transitorio; Décimo Octavo Transitorio, y la adición de tres Artículos Transitorios.

Destaca que en el dictamen se confirmó un recorte de 870 millones de pesos al INE, además de que no se le otorgaron los mil 500 millones de pesos extra que solicitó para organizar la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Por su parte el Poder Judicial de la Federación tendrá 71 mil 299 millones 339 mil 460 pesos; la Suprema Corte 5 mil 90 millones 436 mil 565 pesos; el Consejo de la Judicatura 63 mil 178 millones 622 mil pesos, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 3 mil 30 millones 280 mil pesos.

Al presupuesto de la Cámara de Diputados se le recortaron 50 millones de pesos, los cuales se destinarán al Senado de la República. La Cámara de Diputados se quedará con 8 mil 282 millones de pesos y el Senado con 4 mil 80 millones 778 mil pesos.

Y aunque las bancadas de oposición (PAN, PRI, MC y PRD) se unieron para presentar la“la reserva madre”, que buscaba reorientar 109 mil millones de pesos a la reactivación de la economía, la atención de la crisis sanitaria, apoyos al campo, impulsar lar infraestructura social con 100 tramos carreteros, el fortalecimiento a la seguridad pública, otorgar créditos a los emprendedores, y la compra de medicamentos, el bloque de mayoría logró rechazarla.

La Presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, ordenó que antes de que se remitiera el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se realizaran las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad del mismo, sin modificar lo aprobado por el Pleno.

Llamó la atención que mientras un diputado de Movimiento Ciudadano  presentaba una propuesta de modificación al PEF, diputados del bloque de la 4T se comenzaron a reunir en la tribuna para cantar las mañanitas al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien este viernes cumple 67 años de edad.

Y aunque la presidenta de la Mesa Directiva solicitó una moción de orden al considerar que llevaban tres días analizando el Presupuesto y no podían acabar, los legisladores afines al gobierno seguían con sus festejos, con pancartas y gritos como “es un honor estar con Obrador”.

Analistas y críticos del presidente han alertado que la férrea política de austeridad, que es emblema de su gobierno, estaría reduciendo los recursos para sectores clave como salud y quitándoselos a otros como ciencia y cultura.

El mandatario alega, por su parte, que se está reasignando el presupuesto para favorecer a los sectores más pobres y desprotegidos de la sociedad como niños, jóvenes en situación de marginalidad y adultos mayores.

El gasto público es crucial para reactivar la economía tras el descalabro que supuso la paralización de actividades debido al confinamiento decretado para impedir la propagación del nuevo coronavirus, especialmente durante el segundo trimestre del año.

El diputado Ignacio Mier Velazco rindió protesta como nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, después de que Mario Delgado solicitara licencia como diputado federal, tras dos años de haber ocupado la presidencia de dicho órgano.

Manifestó que, al asumir la representación del Grupo Parlamentario mayoritario en la Cámara, lo hará con estricto apego al reglamento que el propio grupo se impuso, “y lo hago con el mandato que nos dio el pueblo de México de representar la Cuarta Transformación”.

Legisladores de todos los grupos parlamentarios externaron un amplio reconocimiento a los trabajos realizados por Delgado Carrillo.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, señaló la capacidad de diálogo de Delgado Carrillo, quien facilitó la única reunión de diputados federales con el Presidente de la República, que dijo, es lo que se necesita para poder tener una mejor interlocución entre las fuerzas políticas del país.

El líder del PRI, René Juárez Cisneros, le deseó éxito a Delgado Carrillo en su nueva encomienda al frente de la dirigencia nacional de Morena, y expresó su reconocimiento por la conducción que realizó al frente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la Cámara de Diputados.

Asimismo, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de MC le deseó una exitosa labor al frente del partido Morena e indicó que “el país está muy necesitado del diálogo nacional y, como él lo hizo aquí en la Cámara de Diputados, deseamos que sea un factor para que dialoguen las diversas fuerzas políticas y sobre todo para que haya vías de entendimiento que le urgen al país”.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, también expresó su reconocimiento al diputado por su conducción al frente de la Jucopo y de su bancada, y se dijo convencida de que su elección como presidente de Morena, abrirá cauces institucionales para el diálogo.

Mario Delgado fue electo como nuevo presidente nacional de Morena, luego del ejercicio que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizara por instrucciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Legisladores de Morena y PAN, integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, informaron que presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación, a fin de sancionar a las personas que tomen las casetas de autopistas y las vías ferroviarias y marítimas.

En rueda de prensa, los diputados responsables de la iniciativa explicaron que la propuesta dotaría a la Guardia Nacional de una herramienta de trabajo para salvaguardar la seguridad de quienes utilicen estas vías generales de comunicación.

Detallaron que se trata de un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se adiciona un artículo 533 bis al mismo ordenamiento.

Recordaron que en los últimos años se han multiplicado en diversas entidades la toma de casetas por diversos grupos que, mediante el uso de violencia y la coacción a los transportistas; indicaron que en 2019 el boteo generó pérdidas al sector por más de 7 mil millones de pesos, sin considerar los daños no cuantificados.

Señalaron que dicha problemática ha adquirido relevancia nacional, al grado que incluso el Presidente López Obrador se ha pronunciado específicamente sobre el tema, señalando que “estos actos no serán permitidos” y que no existe causa social que los justifique.

Lamentaron que tanto a la Guardia Nacional como a las autoridades locales se les ha impedido el actuar, porque no cuentan con un marco legal correspondiente.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Víctor Manuel Pérez Díaz, se refirió a dicha práctica como el “nuevo huachicoleo”, y dijo que se ha convertido en “deporte nacional”.

“Nosotros, desde la Cámara de Diputados, le queremos poner un alto y decimos un ya contundente a la situación que se está viviendo en las carreteras del país, específicamente en las casetas y en las vías del ferrocarril, donde miles o millones de pesos se escurren cada día a las arcas de grupos delincuenciales, que no están precisamente protestando”, aseveró.

Dijo que han trabajado en conjunto Morena y PAN, porque se trata de un tema de seguridad nacional, ya que atrás de estos grupos está la delincuencia organizada.

Los legisladores se pronunciaron a favor de que los ciudadanos se manifiesten de manera libre y pacífica, ya que es un derecho consagrado en la Constitución; sin embargo, consideraron que hay afectaciones económicas a la cadena productiva, cuyo pilar es el uso y aprovechamiento de dichas vías.

“Que quede muy claro, que esto no es un tema de coartar la manifestación, ya que solamente están usando una laguna en la ley”, remataron.

La iniciativa plantea que quienes obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen en vías generales de comunicación, serán sancionados con penas que van de los seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a mil Unidades de Medida y Actualización vigente.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó este martes el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 77 bis 17, y se modifica el párrafo segundo del artículo 77 bis 29, de la Ley General de Salud.

Dichas modificaciones le permitirían al gobierno federal disponer de cerca de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar.

El documento fue avalado en lo general por 28 a favor, 6 en contra y cero abstenciones, y en lo particular por 29 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.

De acuerdo al texto del dictamen, los recursos acumulados en el Fondo de Salud para el Bienestar seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, las necesidades de infraestructura, abasto y distribución de medicamentos y otros insumos y el acceso a exámenes clínicos, conforme lo establece el artículo 77 bis 29 de la Ley.

Se modifica el párrafo segundo del mismo artículo para que, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 77 bis 17, los recursos que integran el patrimonio del Fideicomiso permanezcan afectos al mismo hasta el cumplimiento de sus fines.

El artículo Segundo Transitorio especifica que el Instituto de Salud para el Bienestar instruirá a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que, a más tardar el 1 de abril de 2021, concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese Fideicomiso, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Recordemos que este año se asignaron 16 mil 205.7 millones de pesos, por lo que, aplicada la fórmula de la iniciativa, el monto reservado en el Fondo sería de 32 mil 411 millones.

Sobre el dictamen, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, denunció la pretensión de Morena de apropiarse se estos recursos, destinados a la atención de enfermedades que generan gastos catastróficos.

La líder perredista sostuvo que constituye un “acto criminal” y deja situación de vulnerabilidad a aquellas personas que tienen un padecimiento grave.

El dictamen fue turnado para su eventual discusión y en su caso aprobación en el Pleno, lo cual sucedió este mismo martes.

En un documento que firmaron los líderes de las bancadas de Morena y del PT, solicitaron que se modificará el orden del día programada, y el dictamen que fue aprobado horas antes fuera discusión en el pleno.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, instruyó que a partir del próximo lunes se reforzará la realización de pruebas Covid-19 a senadoras, senadores y personal legislativo que presente alguna sintomatología.

Además se indicó, se van a seguir implementando las medidas pertinentes y oportunas para evitar que la pandemia se convierta en un problema para la institución legislativa.

Entre las medidas están la presencia de tapetes sanitizantes, la toma de temperatura, la aplicación de gel y el uso de cubrebocas para quienes acceden a las instalaciones.

Las pruebas que se harán, se indicó, serán pruebas serán PCR o de exudado nasal, las cuales se realizan luego de que hayan transcurrido cinco días “ventana” de contacto con un potencial portador del virus, tal como lo establece la norma de laboratorio.

Y es que se informó que hasta el pasado 14 de octubre, se realizaron un total de dos mil 152 pruebas rápidas a trabajadores y legisladores, para detectar posibles portadores del Covid-19. Del total de pruebas, dieron positivo 157 personas, entre trabajadores sindicalizados, senadoras, senadores y asesores, lo que representa 7.3% del total de quienes se han realizado la prueba.

A dicho reporte se le agregan tres trabajadores que se realizaron la prueba el lunes 12 y resultaron positivos, lo que suma un total de 160 personas que han padecido el virus Covid-19 en la Institución.

En el caso de la Cámara de Diputados, fuentes internas del recinto indicaron al periódico La Razón que suman más de 200 contagios entre visitantes, periodistas y asesores de legisladores. Entre puros diputados, los contagios suman 51.

El diario informó que de acuerdo a un informe obtenido por la Cámara, del 26 de junio al 13 de septiembre se realizaron tres mil 057 pruebas de Covid-19, significando un costo total de tres millones 974 mil 100 pesos.

Las pruebas se realizaron mediante un convenio con el laboratorio Salud Digna, que dio un costo de mil 300 pesos cada una.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves el dictamen a la minuta en la que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para investigar y enjuiciar a los expresidentes de México.

Con la aprobación de los Diputados, se expide la convocatoria para este proceso que se realizará el domingo 1 de agosto de 2021.

El dictamen recibió el apoyo de 272 diputados, mientras que 116 votaron en contra; no se registraron abstenciones.

El documento fue remitido para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se pidió notificar al Instituto Nacional Electoral (INE) para los efectos conducentes.

El dictamen aprobado precisa que la materia de consulta popular cumple con el requisito de trascendencia nacional que dispone el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular, por lo que se considera procedente convocar a las y los ciudadanos a Consulta Popular para que se manifiesten sobre la siguiente pregunta:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Se determina que la difusión de la consulta será en los tiempos y en la forma que determine la metodología aprobada por el INE.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Ley de Ingresos federales para el próximo año, destacando una reducción de 33,000 millones de pesos respecto a lo solicitado por el Gobierno. El monto quedó fijado en seis billones 262 mil 736 millones de pesos.

De dicho monto, 3 billones 533 mil 31.1 mdp corresponde a impuestos sobre los ingresos; 381 mil 835.8 mdp a cuotas y aportaciones de seguridad social; 58 mdp a contribuciones de mejoras; 42 mil 267.7 mdp a derechos; 9 mil 364.8 mdp a productos y 119 mil 458.2 mdp a aprovechamientos.

Además, un billón 76 mil 892 mdp corresponden a ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos; 343 mil 39 mdp a transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, y 756 mil 789.6 mdp a ingresos derivados de financiamientos.

La recaudación federal participable se proyecta en 3 billones 351 mil 759.7 mdp.

Los recursos faltantes respecto al proyecto inicial del gobierno corresponden a un fondo de salud que el Ejecutivo quería eliminar como parte de la extinción de los 109 fideicomisos; sin embargo, al momento de aprobarse previamente en Diputados, los legisladores consideraron que la maniobra vulneraba la Ley General de Salud.

El Pleno de la Cámara aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación 2021, con 274 votos a favor, 116 en contra y cero abstenciones.

Además, los diputados aprobaron en la madrugada y enviaron también al Senado la Miscelánea Fiscal del próximo año, con algunas variaciones respecto a lo propuesto por el Gobierno pero, en consonancia con lo prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto a no aumentar o crear nuevos impuestos.

El próximo paso para aprobar el paquete económico 2021 será la discusión del gasto público, es decir, la Ley de Egresos, cuya fecha límite de ratificación es el 15 de noviembre y sobre la que la Cámara de Diputados tiene competencia exclusiva, por lo que no irá al Senado.

El paquete económico 2021 planteado por la Secretaría de Hacienda es el más austero de los últimos años, al representar el 25.3% del PIB; se ha indicado que privilegia la salud, con la vacuna contra el Covid-19 y la lucha contra la pandemia, así como las obras públicas.

La guerra al interior de Morena continúa, y ahora fueron diputados afines a Mario Delgado quienes acudieron este jueves a la Fiscalía Especial en Delitos Electorales (Fede) a presentar una denuncia en contra de Porfirio Muñoz Ledo, por el “gasto millonario” que realizó en redes sociales, específicamente en Facebook, como parte de su campaña a la dirigencia de Morena.

“Aquí las tenemos todas las pruebas, un millón 300 mil pesos pagados por él de su cuenta, con su tarjeta de crédito y queremos saber de dónde salió ese dinero”, indicó el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien encabezó el grupo de legisladores que presentaron la denuncia.

El morenista indicó que nadie puede estar al margen de la ley, por lo que la intención es que las autoridades investiguen si Muñoz Ledo ha gasta más que lo que ellos han podido identificar.

Al ser cuestionado sobre el hecho de que ambos grupos se acusan de lo mismo (gasto excesivo durante la campaña), Gutiérrez Luna señaló que ellos tienen ese gasto documentado, mientras que la gente que apoya a Muñoz Ledo refiere cantidades “absurdas”. “Habló de mil 500 millones de pesos, una cantidad totalmente aberrante e incongruente”.

Sobre la acusación contra Mario Delgado por la colocación de espectaculares, indicó que algunas personas los han prestado, regalado o ayudado a colocar. Detalló que militantes que tienen imprentas han ayudado con las impresiones, mientras que otras han prestado los espacios. “Entonces pudieran no ser caros, pudieran ser regalados”.

Los diputados indicaron que la mayoría de los legisladores que apoyan la candidatura de Mario Delgado han aportado cantidades entre los 2 y los 3 mil pesos, con lo que se han solventado todos los gastos de sus recorridos por el país.

“Son falsas las acusaciones, por supuesto que está haciendo Porfirio Muñoz Ledo. Y nosotros vamos a demostrar que con voluntad podemos llegar y ganar la dirigencia de este partido”, declaró la diputada María de los Ángeles Huerta del Río.

Gutiérrez Luna afirmó que Porfirio Muñoz Ledo es un político que la mayor parte de su vida ha estado al servicio del sistema, por lo que le cuesta tanto trabajo entender la transformación que se está viviendo en el país y en Morena.

“Para él es muy sencillo difundir, calumniar, mentir, descalificar a los demás militantes de este movimiento. Lo único más grande que la obsesión de Porfirio Muñoz Ledo por el poder es su ego, por eso se le ha hecho muy sencillo denunciar y contravenir al Presidente Andrés Manuel López Obrador”, remató.

Tras una sesión de más de 19 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular, el dictamen que extingue 109 fideicomisos, y que permitirá al gobierno Federal obtener recursos equivalente a 68 mil 400 millones de pesos.

La bancada de Morena, con el apoyo de algunos legisladores del PES y del PT, lograron imponerse a la oposición. El dictamen fue aprobado por 239 votos en favor, 145 en contra diputados y cuatro abstenciones.

El dictamen fue turnado al Senado para su análisis y eventual ratificación.

En total, durante la discusión del dictamen se analizaron 398 reservas, la mayoría de la oposición, mismas que Morena y aliados lograron tirar una a una; aceptaron únicamente 12 reservas que fueron presentadas por legisladores afines. Los diputados de Morena y aliados celebraron con aplausos y gritos de “¡Lo logramos!”.

Una de las reservas que se aprobó fue la que señala que el Fonden, el Fondo de Ciencia y Tecnología y el correspondiente a MyPimes, desaparecerán hasta el 30 de junio del 2021. El resto de los fideicomisos se extinguirán a los 30 días de que entre en vigor la reforma.

Las votaciones fueron las siguientes:

  • Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en términos del dictamen y con la modificación al artículo 48, por 227 votos a favor, 6 abstenciones y 164 en contra.
  • Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Protección Civil y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (Fonden), en términos del dictamen y con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, por 226 votos a favor, una abstención y 173 en contra.
  • Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, por 216 votos a favor, nueve abstenciones y 172 en contra.
  • Ley de Ciencia y Tecnología, en términos del dictamen y con la adición del artículo 54, por 216 votos a favor, ocho abstenciones y 174 en contra.
  • Ley General de Cultura Física y Deporte, en términos del dictamen y con la modificación del artículo 116 aceptada por el Pleno, por 229 votos a favor, una abstención y 168 en contra.
  • Ley Federal de Cinematografía, y Ley Federal de Derechos, en términos del dictamen, por 230 votos a favor, una abstención y 167 en contra.
  • Ley General de Cambio Climático, en términos del dictamen, por 223 votos a favor, siete abstenciones y 165 en contra.
  • Ley General de Victimas, en términos del dictamen, por 221 votos a favor, cuatro abstenciones y 168 en contra.
  • Ley General que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, en términos del dictamen, por 228 votos a favor, cinco abstenciones y 162 en contra.
  • Artículo Décimo Tercero Transitorio del decreto, que se refiere al Fondo Metropolitano, con la modificación aceptada por la Asamblea, por 238 votos a favor, ninguna abstención y 155 en contra.
  • Artículo Décimo Cuarto Transitorio, relativo al Fondo Minero, en términos del dictamen, por 236 votos a favor, una abstención y 150 en contra.
  • Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Ley de Hidrocarburos; Ley de la Industria Eléctrica; Ley Aduanera; Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; Transitorios del dictamen, en términos del dictamen y con las modificaciones aceptadas por el Pleno, por 239 votos a favor, cuatro abstenciones y 145 en contra.

El  coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado, celebró la aprobación del dictamen, pues dijo, los fideicomisos eran mecanismos financieros en donde había corrupción, opacidad y se hacía un uso discrecional de los recursos.

Sostuvo que la eliminación de la figura de fideicomisos no significa que se acaben los apoyos a deportistas, cineastas, científicos, entre otros, como la oposición ha hecho creer; por el contrario, dijo, estos sectores seguirán recibiendo apoyo, pero sin intermediarios, de manera directa para generar las condiciones de transparencia y bienestar para México.

En la sesión, la Mesa Directiva infirmó que recibió la iniciativa del presidente López Obrador, con proyecto de decreto por el que se busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Fue turnada a la Comisión de Vivienda para dictamen y a la de Seguridad Social para opinión.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, con el apoyo de los legisladores del PES y el Partido Verde, lograron aprobar en lo general, el dictamen por el que se extinguen 109 fideicomisos.

El Pleno de la Cámara aprueba así el dictamen que se aplazó el jueves pasado, y que involucra recursos superiores a los 68 mil millones de pesos.

Morena y aliados lograron la aprobación del dictamen al reunir 242 votos a favor; mientras que se registraron 178 votos en contra y 7 abstenciones.

Los diputados del PAN, PRI, MC y PRD mantuvieron su posición en contra, mientras que en esta ocasión el PT, bancada aliada de la Cuarta Transformación, también votó en contra.

Sin embargo, en Morena no hubo “lealtad a ciegas”, ya que las diputadas Lorena Villavicencio, Isabel Alfaro, Lidia García, Rocío Barrera y Wendy Briceño, votaron en contra; en tanto, Tatiana Clouthier, Marivel Solís y Guadalupe Castañeda se abstuvieron.

Aunque se obtuvo la aprobación en lo general, los diputados proceden a discutir las cerca de 400 reservas que se presentaron, tanto de la oposición como de los legisladores que lo apoyaron el dictamen. Debido a que serán más de 300 legisladores que subirán a tribuna, se espera un debate de más de 20 horas.

Fue la tercera votación que se realizaba para aprobar dicho dictamen. La primera fue el jueves pasado cuando la oposición abandonó el recinto, ocasionando que no se alcanzara el quórum necesario. Se citó para este martes, con la intención de retomar la votación. Sin embargo, por segunda ocasión no se obtuvo el quórum requerido, pues se registraron solo 274 votos (230 a favor, 12 en contra y 5 abstenciones.

Tras la votación obtenido, la Mesa Directiva decretó un receso de 15 minutos, para así tener una tercera votación.

El dictamen señala la desaparición de fideicomisos relacionados con la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas, la cooperación internacional para el desarrollo, la cultura y el cine, ciencia y tecnología, el cambio climático y el apoyo a migrantes.

Uno de los fideicomisos cuya desaparición podría consumarse este martes es el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), justo en el día en que el sureste mexicano espera el impacto del huracán ‘Delta’, de categoría cuatro.

El objetivo oficial es el de reasignar recursos para afrontar la crisis económica derivada de la COVID-19, según señala el texto.

Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador insistió en que pese a la extinción de los 109 fideicomisos, sus beneficiarios seguirán recibiendo apoyos, aunque ahora se entregarán de manera directa.

“Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte. Tanto nos importan que queremos que no haya corrupción”, afirmó López Obrador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado, confió en que gracias al diálogo que se ha entablado con los diputados de los grupos parlamentarios aliados, Morena tendrá los tendrán los votos necesarios para aprobar el dictamen en materia de fideicomisos

El también coordinador de Morena explicó que el pasado jueves la oposición aprovechó las condiciones dadas en el Pleno para romper el quórum y evitar que avanzara esta iniciativa.

Advirtió que la oposición quiere hacer creer que la extinción de fideicomisos no es benéfica; sin embargo, insistió en que los apoyos para los sectores que se ven beneficiados con estos recursos continuarán, y sus beneficiarios seguirán recibiendo los apoyos.

“A veces no tenemos la información completa y nos dejamos ir por un debate mal informado, donde, por ejemplo, se piensa que la desaparición del fideicomiso que administra los apoyos a deportistas, significa que ‘se van a quedar los deportistas sin apoyos’, es absolutamente falso. Los apoyos van a seguir estando ahí, los beneficiarios ni se van a  enterar que ahora el gobierno administrará de manera diferente esos recursos”, señaló el legislador.

Delgado Carrillo dijo que mañana se repetirá la votación en lo general, para pasar después a la votación en lo particular, la discusión de las reservas y posteriormente la votación de los artículos en lo particular.

Al respecto, esta mañana el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue cuestionado sobre la desaparición de los fideicomisos.

Ante los señalamientos que hay de que desaparecerán los apoyos, explicó que la mayor parte de los recursos se pagan directamente a través del presupuesto. Detalló que el fideicomiso es la excepción, pues el fideicomiso es un mecanismo a través de los cuales los recursos salen de la Tesorería, para de ahí pagarse a los beneficiario.

Herrera afirmó que los recursos que se obtengan de la eliminación de los fideicomisos van a ser aplicados para su mismo fin.

“Lo que sí no va a pasar es que, antes, cuando había subejercicios los recursos se quedaban sentados en el fideicomiso y de hecho los recursos que están sentados en un fideicomiso no benefician a nadie, ni a los artistas ni a los deportistas, ni a los creadores, etcétera”, sostuvo el secretario.

El titular de Hacienda aclaró que no habrá uso discrecional de los recursos que se obtengan por la eliminación de los fideicomisos, pues si éstos salen directamente del presupuesto o de un fideicomiso, hay mecanismos específicos para la decisión y la operación de los mismos.

“Si es a través de los fideicomisos hay un comité técnico, si es a través del presupuesto, tiene que haber reglas de operación, las cuales son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, así es que no hay ningún tema de discrecionalidad; de hecho, hay un poquito más de discrecionalidad a través de los fideicomisos porque hay un comité donde los miembros deciden el destino. A través del presupuesto, las reglas son específicas”, aclaró.

 

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de ayer el dictamen que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos, cuya finalidad es trasladar funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la de Marina.

Avalado en lo general y en lo particular con 263 votos a favor, 85 en contra y 43 abstenciones, el dictamen precisa que a la Secretaría de Marina se le otorgan atribuciones para que sea la única autoridad marítima nacional, encargada de la implementación de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Sobre los señalamientos que se le han hecho a la modificación, el dictamen precisa que no existe la finalidad, expresa o tácita, de “militarizar” los puertos, sino de dar certeza sobre la autoridad que tiene competencia y facultades en materia portuaria.

“Su finalidad es fomentar el desarrollo marítimo considerando la necesidad de fortalecer la seguridad y protección marítima y portuaria, así como hacer más eficiente la prestación de trámites administrativos a la comunidad marítima”, indica el texto que fue turnado al Senado para su ratificación.

Entre los cambios se plantea concentrar, entre otras, las atribuciones en materia de seguridad y protección portuaria en la Secretaría de Marina, con la finalidad de que se pueda responder a las exigencias que el país y la comunidad marítima requieren en la materia.

También se amplía la facultad a la Secretaría de Marina para dirigir la educación naval militar y la educación náutica mercante; igualmente, de fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua, así como las tarifas para el cobro respectivo.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, la diputada Rocío Barrera Badillo, expresó que con las reformas se reafirma, fortalece y unifica la autoridad marítima nacional, papel que se le reasignó a la Semar en 2016 cuando se reincorporan a su jurisdicción las 103 capitanías de puerto.

La morenista dijo que se sientan las bases para hacer mucho más competitivo al sistema portuario y ubicar a México como potencia marítima mercante, y así modernizar los puertos, particularmente, los de altura.

Mencionó que las reformas no son inconstitucionales, pues la Secretaría de Marina es una dependencia creada para el despacho de asuntos administrativos, no tiene naturaleza jurídica distinta a la de sus pares, no tiene encomendadas funciones militares y no se encarga de asuntos de guerra.

La bancada del PAN, en voz del diputado Fernando Torres Graciano, señaló que  al escuchar a especialistas para hacer un análisis que permitiera concluir la postura de su fracción parlamentaria, resolvieron ir en contra de dichas reformas, pues lo único que se pretende es “seguir dando pasos a la militarización”.

En ese punto coincidió la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, quien expresó que la reforma tiene como objetivo avanzar en la militarización del país. Dijo que se debe reconocer el gran trabajo de las fuerzas armadas, pero con este tipo de cambios “se les expone, se les debilita y se les vulnera”.

Por parte de la bancada del PRD, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, precisó que con estas reformas lo que busca el Presidente es disponer de mayores recursos para sus megaproyectos. La Semar asumirá más de cien funciones adicionales, “será un ente monopólico en materia marítima, portuaria y aduanal”.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) afirmó este miércoles que el gobierno federal cae en una irresponsabilidad al querer cancelar los fideicomisos, esto luego de que el dictamen para eliminarlos avanzara en Comisiones de la Cámara de Diputados.

Ayer, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, una iniciativa impulsada por los legisladores de Morena para desaparecer un total de 109 fideicomisos, lo que daría al gobierno ingresos por 68 mil 478 millones 123 mil 839 pesos.

Entre los fideicomisos que desaparecerían destacan el Fondo de Desastres Naturales (Fonden); Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine); Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodaper) y Fondo para el Cambio Climático, entre otros.

Los gobernadores del PAN acusaron que además de irresponsable, la intención de acabar con dichos apoyo muestra la fragilidad de las finanzas públicas.

Los panistas afirmaron que se trata de un salto al vacío el cancelar apoyos a ciencia, tecnología, innovación, medio ambiente, campo, desastres naturales, etc. Por ello, hicieron un llamado a detener el dictamen y analizar las medidas.

Se tiene contemplado que este jueves, la iniciativa aprobada en la Comisión de Presupuesto se discuta y vote en el pleno de la Cámara de Diputados.

Los mandatarios locales que integran la GOAN son: Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes), Carlos Mendoza Davis (Baja California Sur), Javier Corral (Chihuahua), Carlos Joaquín González (Quintana Roo), Mauricio Vila (Yucatán), Francisco Javier Cabeza de Vaca (Tamaulipas), Francisco Domínguez Servién (Querétaro), José Rosas Aispuro (Durango) y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato).

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública votó con 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención, el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversos ordenamientos legales para desaparecer fondos y fideicomisos, y reorientar dichos recursos a la Federación, equivalentes a 68 mil 478 millones 123 mil 839 pesos.

El dictamen impulsado por la bancada de Morena señala que se deben realizar acciones que coadyuven a mitigar los daños de la crisis económica provocada por el descenso de la actividad económica a causa de la pandemia mundial por COVID-19.

Considera que es indispensable hacer más eficientes los recursos públicos con que cuenta el Estado mexicano, a través de su correcta aplicación para el cumplimiento de sus objetivos mediante reasignaciones.
Precisa que el monto reportado en disponibilidades de diversos fideicomisos se reasignaría a acciones para atender los efectos de la pandemia del COVID 19 en temas de salud y economía, así como garantizar la continuidad de los programas sociales de bienestar.
En la discusión, la diputada del PAN, Laura Rojas, dijo que entre los fideicomisos que se pretenden eliminar están más de 20 que están ligados a problemas muy graves e impactan poblaciones particularmente vulnerables. Destacó que son una figura jurídica que complementa los recursos públicos y en muchos de ellos no se ha demostrado opacidad ni discrecionalidad, como lo señala Morena para justificar su desaparición.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada Fabiola Loya Hernández, aseguró que no hay mecanismos que den certeza de que no se va a descuidar los asuntos relacionados con los fideicomisos, tales como la atención y protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, o el tema del fomento a la investigación, ciencia y tecnología.
El diputado del PRD, Antonio Ortega Martínez, aseguró que la desaparición de fideicomisos es un paso más en la destrucción de las instituciones, así como de los costos de la pésima política y gestión de las finanzas públicas.
Por la bancada del PRI, el diputado Ismael Hernández Deras cuestionó la desaparición de los fondos pues dijo que incrementará la incertidumbre en la población, sobre todo en los campesinos al eliminarse los seguros catastróficos y créditos otorgados por la Financiera Rural.
Sin embargo, solicitó incluir en el dictamen un artículo transitorio que establezca que los casi 70 mil millones de pesos son para adquirir la vacuna contra el Covid-19.
Morena aseguró, en voz del diputado Ignacio Campos Equihua, que lo que se busca es una verdadera transparencia en el uso de recursos, ya que “es evidente” que estos mecanismos no funcionaron. “No se va a dejar sin apoyo a investigadores, pero cómo se puede medir la productividad de los fideicomisos si no ha habido resultados”.

Cundo el diputado César Agustín Hernández de Morena presentó de última hora una reserva con la finalidad de reasignar los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que son etiquetados en el presupuesto como fondo para la salud y el bienestar, por lo que de manera automática se pondrían a disposición a la Secretaría de Hacienda recursos que podrían ir de entre 33 mil millones a más de 97 mil millones de pesos

“Las y los legisladores, en defensa de los recursos públicos, optamos por retirarnos ante la pretensión de un albazo legislativo en virtud de que ese fideicomiso no formaba parte de la lista los que originalmente consideraba desparecer el dictamen”, acusaron los diputados de oposición.

Por ello, el presidente de la Comisión ordenó un receso, sin embargo al reanudar, se indicó que ante la falta de acuerdos, la votación de las reservas se haría en el Pleno.
El dictamen será discutido mañana jueves 1 de octubre en el Pleno, que incluirá las reservas que no fueron discutidas.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, aprobó dos acuerdos sobre qué funcionarios de la Administración Pública comparecerán ante el Pleno y Comisiones, sobre el Paquete Económico para el ejercicio fiscal del 2021 (PEF 2021) y el Segundo Informe de gobierno.

El primer acuerdo aprobado fue el relativo a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, el próximo 30 de septiembre ante el Pleno de la Cámara de Diputados,

El segundo acuerdo contempla la comparecencia ante comisiones y ante el Pleno de otros funcionarios. El calendario quedó de la siguiente forma:

  • 6 de octubre.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, comparecencia ante las Comisiones unidas de Gobernación y Población, y de Asuntos Migratorios.
  • 13 de octubre.-  Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar; Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Luis Antonio Ramírez Pineda, director general Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, comparecencia ante el Pleno de la Cámara.
  • 14 de octubre.- Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, comparecencia ante comisiones unidas de Energía y de Infraestructura.
  • 21 de octubre.- Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, comparecencia ante el pleno de la Cámara;  Manuel Barlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, comparecerá ante Comisiones unidas de Energía y de Infraestructura.
  • 27 de octubre.-  Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, comparecencia ante el Pleno de la Cámara.
  • 28 de octubre.- Víctor Manuel Villalobos Arámbulo, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, comparecerá ante el Pleno de la Cámara. Graciela Márquez, secretaria de Economía, comparecerá ante las Comisiones unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo.
  • 29 de octubre.- Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, comparecerá ante las Comisiones unidas de Desarrollo Metropolitano, Urbano y Ordenamiento Territorial y Movilidad, de Vivienda y de Asuntos Frontera Sur.
  • 3 de noviembre.-  Javier May Rodríguez, secretario del Bienestar,  comparecerá ante el Pleno de la Cámara.
  • 4 de noviembre.- María Luisa Albores González, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, comparecerá ante la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.
  • 9 de noviembre.- Rocío Nahle García, secretaria de Energía, comparecerá ante la Comisión del ramo.
  • 10 de noviembre.- Alfonso Durazo Montaño,  secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, comparecerá ante el Pleno de la Cámara; Jorge Arganis Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, comparecerá ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Infraestructura.
  • 11 de noviembre.- Alejandra Frausto, secretaría de Cultura, comparecerá ante Comisiones unidas de Cultura y Cinematografía y de Radio y Televisión.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que obligará a que ningún funcionario gane más que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una de las promesas de campaña del mandatario.

Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional en mayo de 2019 la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos aprobada a finales de 2018, que obligaba a que ningún funcionario cobrara más que el presidente.

Ante la decisión, la Suprema Corte ofreció un periodo, que se vio afectado por la pandemia,  a los legisladores para modificarla.

El argumento principal de la Suprema Corte fue que la ley no establecía los parámetros para calcular la retribución del presidente y, por tanto, una modificación arbitraria de ésta podría resultar en un perjuicio para otros funcionarios.

Ahora, el nuevo texto, promovido por los legisladores de Morena, y aprobado con 300 votos a favor, 64 en contra y 41 abstenciones, establece dos indicadores para calcular un salario del presidente “acorde con la economía del país”: la media de los tres últimos años del PIB per cápita, que servirá como referencia, y el salario mínimo general.

Por debajo de la figura del presidente, la ley instaura nueve categorías de funcionarios ordenados de forma jerárquica.

Si ocurre “una caída o un incremento importante en el valor de dicho indicador”, el presidente podría sufrir una disminución en la multiplicación del PIB per cápita de referencia.

Este nuevo sistema, que ahora debe aprobar el Senado, afectará a todos los funcionarios públicos federales, entre los que se encuentran los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, tribunales administrativos, la Fiscalía General, la Presidencia y otros organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Morena asegura que este texto permite a los funcionarios de cualquier nivel proveer “de una vida digna a su familia” y destaca que reconoce en “un grupo jerárquico” el esfuerzo o la preparación que requiere cada cargo.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, indicó que la nueva ley llegaba para poner un alto, pues no puede ser que mientras el gobierno se “aprieta el cinturón”, funcionarios se amparen para defender sus grandes salarios.