LUIS DE LA CALLE

EL UNIVERSAL

El papa Francisco mencionaba esta semana que no debe escucharse el canto de las sirenas y debe rechazarse el populismo. En virtud de su atractivo, la única manera de lograrlo es con alta participación ciudadana, sobre todo en las urnas. La manifestación del domingo hace una importante contribución al defender una idea, la de la imparcialidad de la democracia, y fomentar una amplia participación. El éxito de la marcha está íntimamente relacionado con la constatación que hacen los votantes del papel ciudadano en la organización y escrutinio de los votos en las jornadas electorales. Los millones de personas que han manejado las casillas en elecciones recientes son la principal razón de la relativa popularidad del Instituto Nacional Electoral (INE). El mexicano sabe que lo único que funciona bien del proceso sucede en la jornada electoral gracias al concurso ciudadano. Los candidatos y partidos reciben mucho menos crédito, probablemente el que se merecen.

El éxito del INE está en su ciudadanización, pero no sólo de su Consejo General sino del conteo ciudadano del voto. Por ello, para mejorar el sistema democrático, cualquier propuesta que se haga debe tener como objetivo un mayor papel ciudadano. Las del Ejecutivo, sin embargo, van en sentido opuesto a pesar de que quieran disfrazarlas de ciudadanía. Tanto la propuesta de elección de consejeros del INE como de magistrados electorales, como la desaparición de los diputados de distrito, ponen una mayor distancia entre ciudadanos, sociedad y la clase política. Lo que se conseguiría sería delegar hacia arriba, a las cúpulas partidistas, la selección de las listas, y su orden, para la elección de consejeros, magistrados y diputados. Un puñado de líderes partidistas decidirían quiénes podrían salir electos para estos puestos.

Si hubiera un interés genuino de impulsar una reforma democratizadora se propondría instaurar la segunda vuelta, de tal suerte que la elección final la califiquen los ciudadanos con su voto, se quitaría el candado para que la reelección no tenga que ser con el mismo partido, se prohibiría la elección inmediata de plurinominales y se abaratarían las campañas al hacerlas más cortas para así poder recortar recursos públicos a los partidos. Nada de esto está, ni estará, en la mesa de discusión. Por el contrario, si Morena no consigue los suficientes votos para modificar la Constitución, buscará reformas que requieran mayoría simple a pesar de su dudosa constitucionalidad, reducirá el presupuesto del INE o intentará que los cuatro nuevos consejeros inclinen la balanza del Consejo General a su favor. Las próximas semanas serán decisivas para saber si en 2024 se contará con instituciones electorales que garanticen la certidumbre del resultado electoral.

Los partidos políticos, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo incluidos, tienen una alta responsabilidad no sólo en el posicionamiento que tomen y los votos que emitan en el proceso legislativo, sino en el uso de métodos democráticos en la selección de sus candidatos. Es necesario que muestren sus credenciales democráticas no sólo en la discusión de reformas electorales, sino en sus prácticas cotidianas, la más importante de ellas, la selección de candidatos.

Es tarde para que muestren su compromiso con la democracia en la definición de candidatos para el estado de México y Coahuila, pero están a tiempo de proponer un proceso competitivo y abierto para la selección de candidatos para la elección presidencial de 2024.

Los partidos políticos son de interés público y reciben financiamiento de recursos ciudadanos por medio de generosas asignaciones presupuestarias. Esta calidad los obliga a comportarse de manera congruente con los principios de la democracia y, por lo tanto, organizar elecciones primarias abiertas (de manera doble en términos de candidatos y votantes) tanto para candidatos de partidos como de coaliciones. En el pasado reciente, los partidos han abusado de las coaliciones como estrategia jurídica para darle la vuelta a sus propios estatutos. Hacerlo es contrario al espíritu de la ley y hasta contraproducente desde el punto de vista electoral, ya que las primarias funcionan como un buen filtro para medir la viabilidad electoral de las personas. Es un método muy superior a las encuestas.

En vista de la alta probabilidad de que haya coaliciones en 2024, lo más importante ahora es qué proceso se utilizará para la selección de candidatos. Las dos posibles coaliciones (Morena, Verde y Trabajo, por un lado, así como PAN, PRI y PRD, con o sin Movimiento Ciudadano, por el otro) deben optar por un proceso abierto y competitivo. La manera más sencilla de visualizarlo es la siguiente: 1. Permitir la inscripción de múltiples candidatos, aun aquéllos que no sean miembros de alguno de los partidos. 2. En función del número de precandidatos, organizar debates de hasta diez cada uno y en varios grupos con aquellos con mayor preferencia repartidos entre ellos, como en el Mundial de futbol. 3. Eliminar a dos o tres de los precandidatos en cada debate en función de las preferencias que se conciten, de manera electrónica por voto en una aplicación celular. 4. Seleccionar como candidato a aquélla o aquél que obtenga la mejor calificación en el último debate.

Los gastos de este proceso deben ser sufragados con los recursos que el INE transfiere a los partidos para la organización de campañas. El voto electrónico disminuye sensiblemente el costo del proceso. Los partidos obtienen a cambio una alta atención ciudadana, un proceso abierto y competitivo que los hace más atractivos y que representa un mea culpa sobre sus métodos anteriores cerrados y cupulares, así como la probabilidad de contar con candidatos atractivos.

Si una de las coaliciones opta por un método digital a la antigua, ese mismo hecho subrayará la naturaleza de su liderazgo y de su candidato.